hay casi tantos represores condenados como
fallecidos sin escuchar sentencia
Sandra Crucianelli
y Iván Ruiz
Infobae, 16 de
Octubre de 2022
Argentina 1985, la
película que narra distintas instancias del Juicio a la Juntas, volvió a poner
bajo la lupa la relevancia de la Justicia para condenar los delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura. Desde 2006 en adelante, los
tribunales tramitaron un aluvión de expedientes para investigar por torturas,
secuestros, robos de bebés y abusos sexuales, entre otros delitos.
La Justicia
federal condenó a 1.088 militares en los últimos 15 años, un 30% sobre el total
de los ex funcionarios investigados, según datos de la Procuraduría de Crímenes
de Lesa Humanidad, que analizó Infobae. Los organismos de derechos humanos y las autoridades
destacan la ejemplaridad del proceso judicial en comparación con otros países.
Sin embargo, este fenómeno se opaca con otra cifra: hubo casi tantos militares
condenados como los que murieron sin ser juzgados, a la espera de un juicio
oral que dictamine si fueron culpables o inocentes. Fueron 1.023 las
personas imputadas por delitos de lesa humanidad que nunca escucharon su
sentencia.
Este fenómeno
ocurre por varios factores. Primero, por la avanzada edad de la mayoría de los
acusados, que se desempeñaron como funcionarios públicos entre 1976 y 1982, más
de 45 años en algunos casos. Pero también ocurre por el tiempo que transcurre
en los tribunales desde que comienza la investigación hasta que se llega a una
condena. Algunos procesos han tomado más de 10 años en conseguir la sentencia.
“Ya no tenemos
obstáculos jurídicos, como eran las leyes de obediencia debida y punto final.
No hay tampoco una impunidad política, porque el proceso de justicia es una
política de Estado. Estamos atravesando un período de impunidad biológica
provocado por el paso del tiempo. Las demoras en la Justicia no permiten que
sean juzgados a tiempo los imputados y tampoco permite que las víctimas sean
testigos de ese momento”, aseguró Andrea Pochak, Subsecretaría de Protección y
Enlace Internacional en Derechos Humanos.
Distintas
decisiones legales allanaron el camino para que comenzaran los juicios contra
los represores de la última dictadura militar desde 2006 en adelante. El
Congreso derogó en 2003 la ley de punto final y obediencia debida y, en 2006,
la Corte Suprema avaló la decisión. Eso motivó la reapertura de causas que
habían sido archivadas y también que muchas víctimas denunciaran los tormentos
sufridos durante la represión ilegal.
La primera condena
llegó en agosto de 2006 con el caso Simón, un ex suboficial condenado a 21 años
de prisión. La segunda condena llevó el tema a la agenda pública: el represor
Miguel Etchecolatz fue condenado, pero el caso tuvo relevancia por la
desaparición del testigo Jorge Julio López en la ciudad de La Plata.
Las demoras
judiciales
La Procuraduría de
Crímenes de Lesa Humanidad indicó en su informe de septiembre que el 45% de los
casos ya se resolvió con sentencias (286 expedientes) que mayormente condenaron
a más de 1000 personas. El resto de las investigaciones (351 casos) está
actualmente en curso con distintos estados procesales.
El 43% de los
casos está en la etapa de instrucción, es decir, la primera parte de la
investigación que llevan adelante un juez y un fiscal donde se formaliza la
acusación contra los imputados o se los sobresee.
¿Cuáles son los
expedientes más avanzados? El 10% de las investigaciones (63 causas) ya fueron
elevadas a juicio oral, aunque permanecen a la espera de que comience ese
proceso. Apenas un 2% están en esa etapa en este momento, es decir, ahora se
están desarrollando 14 juicios por estos crímenes.
Son 198 imputados
y casi 2.000 víctimas que esperan una resolución en procesos que suelen ocupar,
como mínimo, un par de años. El debate oral más largo está ahora en curso: es
la Megacausa Jujuy, que lleva 4,3 años. Un juicio oral por crímenes de lesa
humanidad lleva, en promedio, dos años y cuatro meses desde el comienzo del
debate hasta que se lee el veredicto, según datos del Ministerio Público
Fiscal.
“El proceso de
justicia es un logro que no hay que minimizar. Sin embargo, nos preocupan las
demoras porque consideramos que estos procesos judiciales deberían ser
prioritarios. Son causas complejas que aunque son delitos gravísimos que
sucedieron hace más de 46 años no son prioritarios para la justicia. Por su
edad, las víctimas necesitan una respuesta lo antes posible”, indicó Sol
Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
Los tiempos
judiciales motivaron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, que
elaboró un plan para empujar el avance de los juicios junto con otros actores
como las organizaciones sociales. “Los principales obstáculos que encontramos
son las demoras en las distintas etapas de las causas judiciales. Hay
expedientes que son demorados durante años antes de llegar a juicio. Otros
casos que ya están en juicio, pero que no se convocan a las audiencias y,
cuando lo hacen, es apenas una por semana”, sostuvo Pochak.
Desde el comienzo
de los juicios por crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos
humanos comenzaron a registrar estadísticas sobre estos casos. La Procuraduría
especializada está a cargo del procesamiento de estos datos informados
periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que
intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.
La Secretaría de
Derechos Humanos, a su vez, desarrolló un Monitor de Velocidad judicial en el
sitio web que recopila todos los datos antes mencionados. Allí puede verse, por
ejemplo, que durante el último mes el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fue el
que prestó menos tiempo de audiencia (6 horas) y, en el otro extremo, el
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca asignó casi 21 horas.
Menos presos
La cantidad de
detenidos por delitos de lesa humanidad bajó en los últimos años motivada
principalmente por la muerte de muchos de los imputados. El Servicio
Penitenciario tenía 603 presos en 2015, pero ese número cayó hasta 113 en la
actualidad. A pesar de los fallecimientos, los arrestos domiciliarios, con la
pandemia de Covid-19 de por medio, se mantuvieron: son 551 los presos en esa
condición.
La edad de los
detenidos también es el principal motivo que, en muchos casos, evita la prisión
preventiva para los investigados. Sólo el 32% de los investigados están
detenidos (725 personas), este universo implica tanto individuos que están en
la primera etapa de la causa judicial como otros que ya fueron sentenciados
pero cuya condena todavía no quedó firme. La mayoría de los investigados, 1514
personas, esperan la definición judicial en libertad.
No todos los
imputados en estos expedientes son finalmente condenados. La Procuraduría de
Crímenes de Lesa Humanidad indica que 166 personas fueron absueltas en los
últimos años. “Es un proceso modelo, entre otras cosas, porque también tenemos
personas absueltas. Eso deja en claro que se trata de un proceso transparente,
que cumple con las garantías. Siempre hubo un 10% de personas sobreseídas. Nos
llamaría la atención si todos fueran condenados”, agregó Pochak
Otro delito que
ocurría con frecuencia en las detenciones clandestinas que es mencionado en la
película Argentina 1985 son las violaciones. El 15% de las sentencias dictadas
por crímenes de lesa humanidad aplicó penas por delitos de violencia sexual. La
primera sentencia que visibilizó la violencia sexual en el marco de estos
juicios fue dictada en 2010 y fue la única de ese año. En 2012 se dictaron dos
más. Los años 2013, 2017 y 2018 fueron los años con más sentencias en ese
sentido, con cinco en cada uno.
“La justicia está
avanzando recién en esta etapa sobre los delitos sexuales, aunque todavía queda
mucho por hacer. No sólo en juzgar a quienes cometieron violaciones, sino
también a los responsables jerárquicos que permitieron la comisión de esos
delitos”, agregó Hourcade del CELS.
¿Cómo se procesó
la información?
La Unidad de Datos
de Infobae accedió al último reporte de la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, publicado el 15 de septiembre pasado. También se consultó el Monitor
de Juicios de Lesa Humanidad, una herramienta digital que permite acceder a
estadísticas de los juicios orales, así como al análisis de la velocidad de los
debates.
