se lo demanden
Félix Lonigro
Abogado
constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires
Infobae, 12 de
Enero de 2023
El juicio político
es un mecanismo institucional que sirve para remover de sus cargos al
presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Tal como lo prevé
la Constitución Nacional, el procedimiento es desarrollado por el Congreso de
la Nación, dentro del cual, a la Cámara de Diputados le corresponde formalizar
la acusación con los dos tercios de sus miembros presentes, y al Senado, con el
mismo quórum, proceder eventualmente a la destitución del funcionario sometido
a juicio político, y hasta aplicarle una inhabilitación a perpetuidad, o por
tiempo determinado, para ocupar cargos públicos.
El pedido de
juicio político puede formularlo uno o más diputados, a través de un proyecto
de resolución, o bien puede ser solicitado, a la Cámara de Diputados, por el
presidente de la Nación o por cualquier ciudadano. En cualquier caso la primera
intervención le corresponde a la Comisión de Juicio Político de la referida
cámara, la que tiene la potestad de efectuar la pertinente investigación,
recabar pruebas, solicitar testimonios y citar a declarar a testigos o a los
mismos acusados. Vale la pena señalar que, en ningún caso, la Comisión, en
ejercicio de esa atribución, puede allanar domicilios, ni efectuar secuestros o
arrestos: para ello debe hacer el debido requerimiento ante el juez competente.
Efectuada la
investigación, la Comisión elabora un dictamen con la mitad más uno de sus
integrantes, mediante el cual aprueba o rechaza la formalización de la
acusación, y luego es la Cámara la que decide al respecto.
No hay
antecedentes en nuestro país, de destitución, mediante juicio político, de
presidentes o vicepresidentes de la Nación. Sí respecto de jueces de la Corte
Suprema de Justicia, pudiéndose citar, como ejemplos, los casos de los
magistrados Benito Nazar Anchorena, Antonio Sagarna y Federico Ramos Mejía, en
1947 -durante la presidencia de Juan Domingo Perón-, y de Eduardo Moliné
OConnor y Antonio Boggiano, en 2005, durante la gestión de Néstor Kirchner.
Las causas
constitucionalmente previstas para someter a juicio político a un funcionario
son mal desempeño o comisión de delitos. En el caso de la coyuntura, se
pretende enjuiciar a los actuales cuatro jueces del Máximo Tribunal por el
contenido de una sentencia (aquella por la cual se declaró la
inconstitucionalidad de la ley que regulaba, hasta 2016, al Consejo de la
Magistratura), y de una medida cautelar (concedida en favor del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se ordenó al Gobierno Nacional que no
continúe efectuando el recorte que venía haciendo, desde 2020, en los fondos
que aquella recibe en concepto de coparticipación federal).
La inconsistencia
es alarmante, porque no solo se toma incorrectamente en cuenta el contenido de
una sentencia para acusar a los magistrados de mal desempeño, sino además el de
una medida cautelar, en la que éstos ni siquiera habían resuelto el fondo de la
cuestión planteada en el expediente.
El “profesor
universitario” Alberto Fernández, deberá encontrar una muy buena justificación
para poder explicar a sus alumnos, en la Facultad de Derecho de la UBA, por
qué, habiendo jurado “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la
Nación Argentina”, ha promovido semejante dislate jurídico contra los jueces de
la Corte.
Tal vez también
sea necesario analizar, en alguna oportunidad, si al promover esta aventura
institucional definitivamente antirrepublicana
-que con toda seguridad naufragará en la Cámara de Diputados-, no es
acaso el Presidente de la Nación el que está incurriendo en la causal de “mal
desempeño”, que justifique la promoción de un juicio político en su contra;
sino también en la causal de “deshonestidad intelectual”, que lo haga pasible
de un juicio académico en la Universidad de Buenos Aires.
En cualquier caso,
que tal como lo espetó el mismo Presidente el 10 de diciembre de 2019, al
finalizar su juramento, que por éstas y otras tantas barbaridades realizadas en
su paupérrima gestión gubernativa: ¡que Dios y la Patria se lo demanden!
