Por Enrique
Guillermo Avogadro
Tribuna de periodistas, 23/03/2024
Atribuyen a Julio
César, que habría acuñado la frase para justificar su divorcio de Pompeya,
haber dicho que su mujer no sólo debía ser honesta sino parecerlo. Como he
afirmado infinidad de veces desde el 10 de diciembre, aplaudo y apoyo
decididamente a Javier Milei por la forma en que está actuando el Gobierno, ya
que está alcanzando, con inusitada velocidad y pese a lo catastrófico de la
herencia, éxitos notables en economía, defensa, seguridad y acción social, y en
la permanente exhibición y denuncia de hechos y nichos de corrupción de las
anteriores administraciones.
Pero ello no obsta
para que me produzcan enorme escozor algunas decisiones que adopta. La primera,
como he dicho en otras notas, fue la designación para ocupar el crucial cargo
de Ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, un abogado penalista con
máculas importantes en su pasado reciente (haber representado a connotados
narcotraficantes y funcionarios corruptos). Si bien es correcto el argumento
que ahora esgrime, en el sentido de que todos tienen derecho a una defensa
letrada, no lo es menos que cada profesional tiene idéntica libertad para
rechazarlos; para ello, el Estado dispone de un cuerpo de defensores públicos
que asumen ese rol cuando un imputado carece de abogado particular, cualquiera
fuera la razón.
Esta semana, esa
categoría de cuestionable llegó a un extremo más grave aún: la inexplicable
propuesta del actual Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. El vocero
presidencial arguyó que contaba con gran experiencia en materia penal para
justificar la decisión de Milei, pero el argumento cae por su propio peso
cuando se sabe que hay multitud de profesionales intachables y con extensos
pergaminos académicos con mejores cualidades que este extraño candidato, si lo
que se hubiera buscado era llevar al máximo Tribunal un especialista en el
tema.
Los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Penal, en especial los doce –muchos de
ellos vacantes- que tienen su asiento en la Capital Federal, tienen un rol
fundamental: de su decisión, revisable por la Cámara Federal de Apelaciones,
depende que una causa llegue o no a juicio oral; en resumen, tienen el “pasa o
no pasa” de las denuncias, con todo lo que ello implica en materia de
permanentes y efectivas tentaciones. Algunos de los jueces que ocupan ese cargo
son verdaderamente intachables y, por eso, sólo tienen un buen pasar, mientras
que otros exhiben una riqueza injustificable, siempre producto de favores
políticos o criminales. Como pueden “dormir” las causas durante años (Marcelo
Martínez de Giorgi es un claro ejemplo de ese expertise), demoran su
juzgamiento y permiten que accedan a la prescripción, equivalente a la
impunidad más absoluta.
Milei le está
pidiendo a la sociedad que tenga paciencia y aguante el monumental ajuste que,
tal como había dicho en campaña, está aplicando y que recae sobre las pymes y
las clases media y baja con salarios formales. Pero los tragos tan amargos
resultarían digeribles porque también la “casta” se vería perjudicada y, en
gran medida, parece estar haciéndolo; por eso, no se entiende qué buscó con la
proposición de Lijo, tal vez el mejor exponente de ella en la Justicia. Esa
falta de visible razón da pábilo a sospechas y genera rumores acerca de algún
pacto subterráneo con el kirchnerismo dado que, para la efectiva designación,
se requiere del voto afirmativo de 48 senadores, una cifra imposible de
alcanzar sin la aprobación de Cristina Fernández, que conserva una enorme
influencia sobre los legisladores de su facción; ayer mismo, una de sus
principales espadas, el Senador José Mayans, expresó su complacencia por la
intención de cubrir la vacante en la Corte. Reconozcamos que suena raro.
El Presidente está
pagando un enorme costo político con esta propuesta, una tonelada de barro que
cayó sobre su impoluta imagen. Si lo hizo sólo para intentar subordinar a los
tres ministros (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que se niegan a actuar con la
ductilidad que mostraba su colega Lorenzetti al tratar con la Casa Rosada
cuando ejercía la Presidencia del cuerpo, no lo logrará, por mucho que haya
jubilado anticipadamente (avisándole que no permitirá su permanencia cuando
cumpla 75 años) al tercero de los antes mencionados.
La otra
posibilidad, claro, es que se busque compensar políticamente a la “casta”, con
el ingreso de Lijos a la Corte, la conformidad simultánea para la designación
de Manuel García-Mansilla, un constitucionalista intachable, que reemplazaría a
Maqueda al cesar éste. Si bien creo que la política es el arte de la
negociación, que se torna esencial cuando se carece de volumen numérico en el
H° Aguantadero, me parece que el Tribunal supremo, árbitro de la constitucionalidad
de las leyes y como tal necesariamente incuestionable y transparente, no debe
ser un ámbito donde esas transacciones puedan llevarse a cabo, en especial en
un Gobierno que, como vemos todos los días, se resiste siquiera a dialogar con
la oposición para alcanzar sus objetivos legislativos.
Por el bien de la
República y de sus instituciones, espero que el Presidente dé marcha atrás y
desista de cometer tamaño disparate, porque con una Justicia independiente,
seria, rápida y limpia, todo será posible; sin ella, nada lo será. Concluyo
felicitando a Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación, por la forma en
que se está desempeñando, plasmada en la entrevista que concedió a Joni Viale
el jueves, que le permitió desmentir las especulaciones, emanadas de las
múltiples usinas destituyentes afectadas por la liberación de la economía y las
desregulaciones, acerca de su presunta intención de reemplazar a Milei en el
sillón de Rivadavia.
