DE LA MERLUZA NEGRA
César Augusto
Lerena
STDP, marzo 27,
2024
La cuestión no se
limita a una violación de la ley del empresario chino Liu Zhijiang, titular de
la empresa PRODESUR SA, que le indicó al capitán de su barco que pescase
Merluza Negra sin disponer de cuota y además capturar y procesar un 55% de
juveniles; es decir, ejemplares de menos de 90cm que no han alcanzado la
primera madurez sexual para reproducirse, cuando tienen unos 9/10 años (peces
marinos de Argentina, INIDEP, 1999) y asegurar a perpetuidad la sostenibilidad
de esta especie y de las que intervienen en su cadena alimentaria en el
ecosistema.
Este no es un
hecho aislado, es solo, un “caso testigo” del descontrol que impera en la pesca
y, son muchos los responsables anteriores y actuales, en el campo privado y
público.
La política
La Ley 24.922
(1998) está vetusta; propicia el extractivismo, no promueve una administración
sostenible y sustentable al no regular sus tres ejes principales: la
investigación, la conservación (control) y la distribución equitativa; ni se
afecta a éstos los recursos económicos derivados de los derechos de captura.
Además, no se ha
llevado adelante ninguna acción respecto a la pesca en alta mar de los recursos
migratorios originarios de la ZEE. ¿Cómo puede otorgar el Consejo Federal
Pesquero (CFP) permisos para pescar en la ZEE a empresas del Estado chino,
mientras buques igualmente del Estado chino pescan ilegalmente los recursos
migratorios argentinos en alta mar?
Y, ¿cómo el CFP
admite la radicación en la Argentina empresas de capital español mientras otras
de la misma nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas? El CFP debe
reformularse para asegurar un manejo cristalino y equitativo de los recursos.
Modificarse y modernizar la ley.
Sin embargo, no
confundamos, el proyecto de modificar la ley por parte del actual gobierno
hubiese agravado el descontrol de la actividad a partir de extranjerizar la
explotación de los recursos en la ZEE; no exigir el desembarco en los puertos
nacionales; no requerir ninguna antigüedad a los buques (el buque Tai An tiene
43 años) ni tripulación argentina, lo que hubiera agregado más evasión y
trabajo esclavo.
Aparecen como
responsables quienes han defendido este proyecto que agregaba además de un
atraso de 100 años más caos al actual: la Canciller Diana Mondino; el ex
presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el Diputado Bertie Benegas
Lynch, son aún promotores de la liberación del mar y de la reforma de la Ley
Ómnibus. Están ajenos a la preocupación mundial de cuidar la soberanía de sus
mares y ríos troncales.
La Autoridad de
Aplicación
Son responsables
del descontrol todos los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy de
Bioeconomía) que delegaron en el Subsecretario de Pesca su condición de
Autoridad de Aplicación. Igualmente son responsables los subsecretarios que
presiden el Consejo Federal Pesquero (CFP) que demostraron su incapacidad para
establecer la política pesquera, conforme establece la ley.
En este caso de la
pesca ilegal de Merluza Negra, el secretario Fernando Vilella, el subsecretario
Juan Antonio López Cazorla y el director de Fiscalización Pesquera Julián
Suárez, quienes violaron la ley Pesca (24.922, art. 7º; 17º; 20º; 21º; 23º;
27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º) y en particular el 55º cuando no se exigió el
inmediato destino a puerto del buque infractor y, debería confirmarse, si fue
Vilella quien ordenó no cumplir la exigencia de la ley; aunque ello, no
deslindaría la responsabilidad de López Cazorla, quién como presidente del CFP,
no pudo admitir presión alguna.
El 14 de
septiembre de 2023, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciaba
pomposamente: “El Certificado de Trazabilidad de Transacciones Comerciales y el
Parte Final de Producción a bordo de Merluza Negra (Disp SSPyA 186/2022)
permitirá consolidar internacionalmente las exportaciones desde nuestro país”
y, continuaba “la Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de
gobernanza y administración pesquera. Ha sido reconocida a nivel internacional
por Chile, Japón y la Unión Europea”.
¡Alicia en el País
de las Maravillas! con un descarte del 30% (INIDEP, FAO, AGN), prohibidos en
Argentina en 1998 y en la Unión Europea en 2004 no pueden admitirse más. Mucho
marketing y una Administración poco transparente y eficaz y un empresariado que
no está a la altura del mundo moderno que exige el cuidado del medio marino y
la pesca.
La Cancillería
No encontramos
ninguna razón para que un representante de este Ministerio integre en forma
permanente el CFP; diplomáticos que, en todo caso, debieran intervenir en
cuestiones vinculadas a las explotaciones pesqueras en las aguas de Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur y en los espacios marinos relacionados a la Convención
de los recursos vivos marítimos antárticos. Flojos de papeles en estas
materias.
La Canciller Diana
Mondino y la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, al igual que los
funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el CFP, deberían explicar porque
no aplican desde 1976 a la fecha la Ley 24.922 y 27.564 y sancionan a los
buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos que pescan ilegalmente en
Malvinas los recursos pesqueros argentinos comprometiendo la sostenibilidad de
todo el ecosistema.
No se puede
garantizar sostenibilidad de los recursos en la ZEE sino se acciona sobre estos
buques y se han llevado, a un promedio de 250.000 toneladas por año, unas
11.750.000 por un valor estimado en 47 mil millones de dólares.
Ahora, no se
entiende, por qué la Canciller Mondino habría designado, además de Coordinador
del Ministerio de Relaciones, representante ante el CFP (un asiento
habitualmente ocupado por diplomáticos) a quien sería su sobrino político Pablo
Ferrara, un abogado que carece de todo conocimiento marítimo y pesquero, quien
habría sido quien presionó al referido director Suárez.
Sobre esto nos
formulamos las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario de menor jerarquía
de Cancillería impedir por sí la acción de un Secretario de Estado como Vilella
o fue una orden de la Canciller? ¿Cuál sería la motivación para impedir el
método de control de un buque pesquero que se presumía que estaba realizando
pesca ilegal? ¿Hay algún vínculo entre la pesca ilegal que realizaba el buque
Tai An con la pesca igualmente ilegal de esta especie que realizan sus
nacionales chinos en alta mar y con otros buques en Malvinas? ¿Forma parte de
la política de liberar el mar?
Economía
Dos nombres de
Toto Caputo suenan para integrar el CFP. En otro momento no hubiese sido mejor
noticia que Economía se interese por la pesca. Hoy es distinto. Ya no importa
si saben o no de la materia, la cuestión pareciera ser desregular el mar y, ¿el
sector? mandando notas o visitando diputados. Atrasan.
La empresa
Prodesur y las empresas
No somos ingenuos.
Al margen del gravísimo daño del ecosistema que una empresa provoca si captura
sin cuota Merluza Negra y el daño económico que le podría provocar este hecho a
quienes sí disponen de cuota para pescarla, hay una cuestión de intereses:
3.700 toneladas anuales otorgadas a tres empresas nacionales de capital
extranjero Argenova, Estremar y Pesantar, un negocio de entre 70 y 90
millones/año.
No es frecuente
que empresas pesqueras concesionarias denuncien a otras, por aquello de que “quien
esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La detección de
irregularidades debiera estar en manos del gobierno; pero, no obstante, las
empresas y las Cámaras empresarias debieran promover y contribuir en la
regulación y con sistemas, que den mayores garantías de sostenibilidad,
sustentabilidad, equidad y transparencia al conjunto de la actividad.
Por ejemplo, es
fácil evaluar, que 5 toneladas de Merluza Negra son más valiosas que 50
toneladas de Surimi, para lo que estaba autorizado el buque Tai An; por lo cual
la captura de Merluza Negra, más que pesca incidental es una pesca objetivo. ¿A
quién se le pasa por alto esto?
El portal de
Prodesur dice: «el buque captura y procesa especies como Merluza Negra…haciendo
una explotación sustentable de los recursos marinos». Es obvio que la captura
de Merluza Negra era una pesca objetivo y no incidental, salvo para la
Autoridad de Aplicación y el resto de las empresas.
Por otro lado,
porqué las Cámaras no le exigen al gobierno que vea si hay buques en la Argentina
con doble registro que les evita pagar derechos de importación, por ej. China o
porqué hay empresas de nacionalidad china y otras que facturan por debajo del
valor internacional. La autogestión, los planes HACCP, las Certificaciones, son
un marketing caro que nos genera dependencia. Ellos nos dirán quién exporta y a
qué precio.
Los gremios
No pueden seguir
admitiéndose pagos en negro ni “coparticipaciones” que distorsionan en favor de
unos pocos los salarios de los trabajadores y oscurecen costos y utilidades
empresarias en la actividad.
La Prefectura
Naval Argentina
¿Quién se ocupa de
la seguridad en el mar? El portal de esta Institución indica: “Autoridad
Marítima; cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; protección
ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y
sanitaria”. ¿Dónde estaba la PNA para preservar el medio marino y la
sostenibilidad de las especies cuando el buque Tai An pescaba ilegalmente
Merluza Negra?
Estados Unidos, el
Reino Unido y la Unión Europea consideran a la pesca ilegal desde el 2014 un
problema de seguridad nacional y, la pesca argentina, ya tiene antecedentes de
narcotráfico, en 1988 la operación langostino (600Kg de cocaína); en 2005 pez
blanco (500Kg); en 2006 merluza blanca (387Kg); en 2013 langostino (110Kg); en
2015 calamar (49Kg).
Si la prefectura
no puede controlar la pesca ilegal dentro de la ZEE, a los transbordos y en la
plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas evitando
la pesca de arrastre de fondo por parte de buques extranjeros, hay que
transformarla en una fuerza capaz de hacerlo. Hoy no lo hace -por más spots de
TV- y, el caso testigo “Merluza Negra” se muestra su ineficiencia e ineficacia.
Los Observadores e
inspectores
¿Dónde estaban o a
quién respondían? No es posible pescar 163 toneladas de Merluza Negra en un
solo lance. ¿No sabían estos funcionarios que el buque no tenía cuota y que se
capturaban juveniles? ¿Tal vez confundían la especie o no estaban capacitados?
En los ambientes portuarios se dice que “el sistema funciona de otra forma”,
como suele ocurrir en la inspección de un local, pero en el mar.
SENASA, AFIP y
Aduana
El día que se
crucen los partes de pesca, se inspeccionen a “cara de perro” los desembarques
y no haya sustituciones o las balanzas estén desequilibradas; los transportes;
los ingresos a las plantas procesadoras o los transbordos; se controlen en
serio los stocks de cámaras; se analicen los rendimientos de productos
terminados a bordo y en tierra; las materias primas que circulan por plantas
fasoneras y cooperativas; los consumos internos y la exportación y, todos los
productos circulen certificados, las estadísticas serán otras.
En este caso, de la Merluza Negra, pero también
importante es la relación merluza común-langostino; SENASA ya debería estar
coordinando un operativo conjunto de los tres organismos para verificar las
toneladas de Merluza Negra que están depositadas en las Cámaras Frigoríficas y
cuántas de éstas tienen una talla superior a 90 cm.
A SENASA y a las
delegaciones de la Subsecretaría de Pesca habría que agregarle que su
descrédito y la falta de confianza internacional en estos organismos genera la
dependencia del país en certificadoras extranjeras.
El pescado se
pudre por la cabeza. Todo está por hacerse, que sea antes que se lo lleven
otros.
