sábado, 22 de febrero de 2014

DESMINTIENDO LO AFIRMADO POR "PABLO ESCOBAR" BERNI:

Fue capturado un jefe del narcotráfico

22/02/14

Joaquín "Chapo" Guzmán, considerado por Estados Unidos como el narcotraficante más poderoso del mundo, nació en el poblado mexicano de La Tuna de Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, el seno de una familia de escasos recursos. Junto con sus siete hermanos, durante su infancia vendió naranjas para paliar la pobreza y en la década del 80 ingresó en el negocio del tráfico de drogas, creando en 1989 el cártel de Sinaloa.

El "Chapo", quien tiene 56 o 59 años según las fechas de nacimiento que se manejan, estaba prófugo desde hacía 13 años. En 2001, cuando cumplía una condena de 20 años de cárcel y llevaba ocho detenido, se escapó en un carrito de lavandería del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el oeste de México, con complicidad de custodios.

Su captura había tenido lugar en junio de 1993 en la frontera entre Guatemala y México. Después de ser detenido las autoridades lo presentaron a la prensa en el patio de la cárcel de Almoloya de Juárez. Un periodista le preguntó: "Oye, Chapo, ¿es cierto que eres rey de la coca?" "Yo no me dedico a eso", respondió. Aseguró que era agricultor y cultivaba frijol.

Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares de recompensa por información para su captura, mientras que la Procuraduría General de México le puso un precio dos millones y medio de dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogaba a Guzmán Loera como líder de un "imperio criminal" de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas. Y para la revista Forbes, era uno de los hombres más ricos del mundo.


Su fama se viralizó el 24 de mayo de 1993, cuando pistoleros que respondían a sus órdenes y del cártel rival de Tijuanase se enfrentaron en el aeropuerto de Guadalajara. En ese tiroteo perdió la vida el cardenal Juan José Posadas Ocampo, que había ido a recibir al nuncio apostólico, supuestamente al ser confundido con Guzmán Loera.

viernes, 21 de febrero de 2014

DESPENALIZAR NO AYUDA A COMBATIR EL NARCOTRÁFICO


por MDZ , 21 de Febrero de 2014


Jaime Bermúdez conoce tanto la Argentina que, cuando diario La Nación lo consultó, en 2009, sobre la existencia de conexiones del país con el Cartel de Juárez, asintió con la cabeza, sin dejar terminar la idea.

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, abogado, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y principal asesor mediático del ex presidente Álvaro Uribe, Bermúdez no puede ignorar lo que significa cualquier declaración pública para el kirchnerismo: fue, hasta junio de 2008, el embajador colombiano en Buenos Aires.

Aun así, y aunque cuidada, su advertencia suena controvertida: la experiencia de Colombia, dice, indica que despenalizar la droga no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario.

El tema es espinoso: funcionarios del gobierno argentino impulsan la idea de no sancionar la tenencia de estupefacientes con el argumento de que el adicto merece sólo atención médica.

"No voy a opinar sobre la situación argentina", se ataja Bermúdez en algunos tramos de la charla, que mantuvo con diario La Nación y otros medios internacionales, todos invitados por el gobierno colombiano.


Venta por acumulación

El ministro prefiere en cambio tocar la cuestión en términos más o menos generales, aunque la referencia se vuelva, en cada momento, inevitable hacia la Argentina y México. "Hay que dar un debate sobre cómo controlar, ver en qué medida la despenalización de la droga es utilizada como mecanismo de distribución".

¿A qué mecanismo se refiere?, preguntó ese diario. "Es muy simple: en estos casos, se vende por acumulación —contestó—. No se vende el kilogramo de droga, se vende de a gramo. A usted lo dejan tener una pequeña cantidad y entonces vende rápidamente esa cantidad. Después lo hace con otra pequeña porción, después con otra, y así."

Históricamente, Aníbal Fernández fue el más entusiasta de los defensores gubernamentales de la despenalización, cuando llamó "trogloditas" a quienes se oponían (la Iglesia, entre otros). "Nosotros —dijo el ministro— queremos recuperar a nuestros jóvenes de la mejor manera y no metiéndolos presos."

Bermúdez es tan locuaz como Fernández. "Por supuesto que hay cuestiones de salud que un país debe atender, como darle asistencia al adicto", afirma.

"No voy a opinar sobre la Argentina —sostuvo—. Pero, dada la experiencia que hemos tenido en Colombia, con los elementos que acabo de describir, te darás una idea bastante acabada de cuál es mi postura."

El pensamiento del ministro se sustenta en un concepto que Uribe ha repetido varias veces por aquí: el país demandante también moviliza el narcotráfico.


Corresponsabilidad

"Debe haber un principio de corresponsabilidad: son tan responsables en el tema de las drogas quienes consumen como quienes producen —insistió Bermúdez—. No puede ser que se responsabilice más a los países que producen que a los que demandan. Antes, aquí se creía lo mismo, pero el consumo en Colombia ha aumentado muchísimo. Y en América latina está muy difundido", afirmó.

Colombia todavía lucha contra el flagelo y sus derivaciones. Aunque, subida a una fuerte alianza con los Estados Unidos, que empezó con el gobierno de George W. Bush y que tiene aún críticos por aquí, exhibe ahora una mejora en los indicadores de seguridad: logró bajar el año pasado a 437 los 2882 secuestros que había sufrido en 2002.

Los datos del Observatorio de Crímenes de este país permiten ubicar a Bogotá con un índice de 18,2 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. Mejor que San Pablo (55), Río de Janeiro (48,3), Washington DC (34), México (20,4), pero todavía peor que Buenos Aires (12) o Santiago (6).


Por un Estado débil

¿Qué es lo que ha descuidado un país que le abre la puerta al narcotráfico?, se le preguntó a Bermúdez. "Yo hablo de Colombia, ¿no? En primer lugar, lo que lo provoca es un Estado débil y ausente. Aquí, la sociedad subvaloró el tema, lo toleró e incluso se benefició. Y, cuando nos dimos cuenta de que esta gente no sólo se enriquecía, sino que mataba, que secuestraba, ya era tarde", contestó.

Bermúdez quiere también ser prudente con México, país con cuyas autoridades, reconoce, el gobierno colombiano se ha reunido varias veces para tratar el tema.


Y finalizó: "Uno, como gobierno, como país, como ser humano, no debería dar consejos, como no sea en algunos casos específicos, como el de nuestros hijos. No me atrevería a darle consejos a México. Pero tenemos toda la voluntad de colaborar con México. Para resolver este problema debe haber, en primer lugar, una autoridad decidida verdaderamente a combatir el terrorismo."

AEROSTATO UTILIZADO PARA COMBATIR NARCOTRÁFICO EN PUERTO RICO



AGENCIA EFE | FEBRERO 20 DE 2014

El Gobierno de EE.UU. reinstalará un radar del aerostato que vigilaba desde el sur de Puerto Rico para combatir el narcotráfico procedente del Caribe hasta que fue destruido por causas meteorológicas en 2011, informó hoy una fuente oficial.

Según un comunicado emitido por el director de la Administración de Asuntos Federales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Juan Eugenio Hernández Mayoral, el aerostato será reinstalado en la noche de este jueves en la localidad puertorriqueña de Lajas y será operado por la Agencia de Aduanas y Protección de las fronteras.

El globo quedó totalmente destruido hace tres años debido a que, según hallazgos de una investigación que llevó a cabo la Fuerza Aérea de EE.UU., resultó afectado por los fuertes vientos que provocaron una tormenta eléctrica en el área.

El nuevo aerostato contará con tecnología de vanguardia que le permitirá ampliar su rango de alcance alrededor del área marítima caribeña que rodea a Puerto Rico por el sur, y que se ha convertido en una gran puerta de entrada de las drogas que terminan llegando a territorio estadounidense.

Está previsto que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que viajó este jueves a Washington, le agradezca personalmente al presidente de EE.UU., Barack Obama, su compromiso con la seguridad de la isla a través de ésta y otras iniciativas.

El secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda Rodríguez, celebró esa noticia que, según dijo en otro comunicado, "abona ese enfoque de colaboración que venimos implantando" con las autoridades federales de EE.UU.

El proyecto del radar del aerostato de Lajas tiene como misión ayudar a las agencias federales que trabajan en el control del tráfico de drogas ilícitas.


El radar fue diseñado para detectar e identificar a una distancia de hasta 161 kilómetros de distancia la presencia de embarcaciones sospechosas e instalado a finales de la década de 1980 para vigilar la costa suroeste de la isla. 

martes, 18 de febrero de 2014

INSÓLITA REFLEXIÓN DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD


Narcotráfico: Berni está a favor de despenalizar la producción de marihuana

Lanoticia1.com, 18-2-14

En medio de los cruces por el narcotráfico y las reiteradas muertes en torno a esta problemática, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se mostró a favor de la despenalización de la marihuana si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo.

"Yo estaría de acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Despenalizar sólo el consumo no termina de ser efectivo", expresó Berni en declaraciones a Tierra de Locos. "Esto lo pienso a título personal, después de mucha experiencia y estudiar diferentes modelos", agregó.

Berni se mostró desesperanzado en la lucha contra el narcotráfico  y para justificar su posición, citó al capo narco colombiano Pablo Escobar: "Él decía que no hay posibilidades matemáticas de que la persecución policial le gane al narcotráfico, y es verdad. Es la lucha del gato contra el ratón".

Al ser consultado sobre si había probado droga alguna vez en su vida, respondió: "Nunca probé ni marihuana ni cocaína. Si me hubiera llamado la atención, no necesitaría que despenalicen la marihuana para haberla probado. Igualmente, el alcohol y el cigarrillo son las dos adicciones más grandes de Argentina", resaltó.


Este lunes, Berni cruzó al Ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien admitió que la Argentina pasó a ser un paísde consumo y elaboración de estupefacientes. "En Argentina no se produce droga, más allá de aquellas plantas de marihuana que algunos consumidores pueden tener en su casa", respondió Berni.

AUTODEFENSAS, ¿AL RESCATE DE LA SOBERANÍA NACIONAL?



Alejandro Ledesma Solórzano


Yoinfluyo, 17 Feb 2014.

Al menos así lo confirmaron líderes autodefensas quienes ya trabajan con el gobierno federal para rescatar más comunidades desplazándose hacia la región de Tierra Caliente y de la Sierra Occidental.

De acuerdo con el comandante Cinco, coordinador de los grupos de avanzada de los comunitarios, luego de que el pasado 22 de enero arribaran a la localidad de La Cofradía, municipio de Parácuaro, e instalaran una Base de Operaciones Mixtas (Bom) con apoyo de elementos federales,  decidieron continuar por la brecha hacia Las Cruces, lugar donde se asientan (aseguran) integrantes de Los Caballeros Templarios, y junto con Arteaga se estima podría ser la guarida de Servando Gómez, “La Tuta” y de Nazario Moreno,” El Chayo”.

Por su lado, Estanislao Beltrán, vocero de los grupos de autodefensa en Michoacán urgió al gobierno federal para que junto con el movimiento que integra capturen a los líderes de los Templarios, los cuales indicó podrían ocultarse en la ubicación señalada.

“Papá Pitufo” declaró a medios locales que aunque el panorama de la nueva estrategia que realizan las autodefensas con el gobierno federal y corporaciones del Estado es bueno, plantearán a las autoridades “ir al grano” y juntos exterminar la organización criminal que desde hace años ha atentado con la estabilidad del estado.

“El pueblo, jamás va a permitir que desarmen a las autodefensas porque son los que le están dando la seguridad al pueblo, los que se preocupan por el pueblo y los que sienten la seguridad con las autodefensas, esa es la realidad”, expresó Beltrán.

En entrevista con yoinfluyo.com, el ingeniero en Desarrollo Rural Edmundo Venosa quien participa en la sociedad desde la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos consideró que el tema de las autodefensas es importante para los mexicanos, puesto que constitucionalmente están siendo vulnerados los derechos.

“Si empezamos a partir de Derechos Humanos, dice que el gobierno debe garantizar la vida en desarrollo y el bienestar social, cosa que no está sucediendo. Entonces, o la Constitución debe ser readecuada o sencillamente la sociedad tendrá que ir más adelante que la constitución”.

El analista señaló que en muchos países no sólo se limita el acceso a las armas por la cuestión de seguridad, sino porque los gobiernos temen que la ciudadanía pueda en un momento dado generar un foco de atención internacional que ponga en entredicho la legitimidad de un gobierno.

“El tema de que una sociedad se arme con el fin de defenderse, es polémico, pero hemos visto que en muchos países esta capacidad de tener respuesta armada por parte de la sociedad en un momento dado se convierte hasta en la última garantía de defensa de la soberanía de un país”, el especialista se refirió a Estados Unidos como ejemplo, donde se vive el derecho para armarse y donde los grandes luchadores sociales establecían que la única forma de que la sociedad podía defenderse ante excesos del ejercito o de autoridades era precisamente el formar milicias para hacer frente al problema.

“Creo que en México el tema de una legislación que permita a la sociedad en legitima defensa portar armas vale la pena y merece un debate público y especializado, y que esto sea un referente para que los grupos delincuenciales lo piensen dos veces antes de cometer un delito”, expresó.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a participar de manera pacifica pero siempre con una crítica de las malas funciones ejercidas por el gobierno, “si no es así perderemos toda capacidad de respuesta organizada y seguiremos siendo presa de los criminales y del mal trabajo de las autoridades”.

Entre opiniones

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, quien fungió como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, en declaraciones consideró que el desplazamiento de los autodefensas en diferentes estados son el resultado del vacío de autoridad.

“Las autodefensas existen desde hace muchos años, en Guerrero es una tradición de muchos años, en Michoacán no lo había al grado tal que hay ahora y estas autodefensas son el resultado del vacío de autoridad”, aclaró.

Y agregó “que eso sea una solución a largo plazo y a fondo, pues no lo puedo creer porque entonces para qué serviría la autoridad… hay que reconsiderar, no solamente hacer el esfuerzo de dialogar con ellos y tener una relación menos ríspida, sino de encontrar una fórmula de gobierno que funcione”.

Respecto a si se debe de reforzarse la seguridad en el país manteniendo al el ejército en las calles, Gertz Manero enfatizó, “si volvemos a repetir los mismos modelos, vamos a tener los mismos resultados”.

Cabe mencionar que de acuerdo la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta el momento alrededor de 600 integrantes de los grupos de autodefensa de Tierra Caliente se han mostrado interesados en sumarse a los Cuerpos de Defensa Rurales.

El general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán aseguró que ya está por entregarse el equipo identifique a las autodefensas como guardias rurales.

Analistas aseguran que los miembros de las autodefensas que quieran pertenecer a estos cuerpos serán una guía para que el Ejército y la Policía Federal capturen a los criminales.


Aunque la lucha persiste, el pueblo michoacano poco a poco va ganando la batalla, al menos eso parece hasta ahora, ya que la unión, organización y porque no decirlo, el respaldo del gobierno federal han hecho que los autodefensas cada vez se envalentonen más y continúen hasta limpiar su estado de todo criminal.

domingo, 16 de febrero de 2014

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO (FPA) EN CÓRDOBA

Antidrogas: con dudas, comienza a debatirse la nueva Policía
Por Juan Federico y Javier Cámara

La creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), anunciada por el gobernador José Manuel de la Sota ante la Legislatura provincial el 1º de febrero último, todavía no se ha concretado. Pero el contenido del proyecto que comenzará a debatirse esta semana ya desató dudas y prevenciones en la oposición, en la Justicia federal y en la Policía Judicial, que también será alcanzada por las reformas.

Las graves irregularidades detectadas el año pasado en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico –cuyos jefes y algunos integrantes permanecen detenidos e imputados por la Justicia federal– generó un consenso generalizado en torno a la necesidad de modificar lo que se estaba haciendo. Pero apenas se conoció el proyecto de ley del Ejecutivo, surgieron cuestionamientos.

La duda central es si la FPA estará realmente a disposición de la Justicia federal; si se comprometerá en la investigación de los grandes casos de narcotráfico o si, en cambio, se limitará a perseguir la venta de droga al menudeo. Si corresponde, como se desprende del proyecto, que los magistrados federales tengan que informar a un organismo provincial antes de solicitar la colaboración de la FPA; y los motivos por los cuales no está prevista en la nueva estructura de la Policía Judicial el Centro de Investigaciones Criminales (CIC).

Relación complicada

Uno de los aspectos más discutidos es si la FPA restablecerá la relación entre las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia federal, vital para el éxito de cualquier política de persecución del narcotráfico.

El jueves pasado, De la Sota se reunió con fiscales y jueces del fuero federal y comprometió que van a existir todas las colaboraciones que se sean necesarias. En ese encuentro, los fiscales y el juez Alejandro Sánchez Freytes le remarcaron al gobernador que durante los últimos meses la asistencia de los policías provinciales había sido nula. También hubo reproches sobre la implementación del Fuero de Lucha contra el Narcomenudeo, ya que desde su implementación, en diciembre de 2012, no hubo contactos entre la órbita federal y la provincial.

“Hay que corregir una gran falla que nos sacó una gran fuente de información, porque a través de los ‘quioscos’ se pueden rastrear a los proveedores más grandes”, advirtió el fiscal federal Enrique Senestrari, a cargo de la investigación de los narcopolicías.

El legislador provincial Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) dijo que con esta nueva Policía, “el Estado provincial rehúye de investigar la droga grande. Del texto del proyecto –agregó– se desprende que sólo se prepararán para el menudeo. ¿Quién controlará la droga en tránsito? ¿quién manejará el territorio? Yo le respondo: los malos policías de siempre”.

Desde el Frente Cívico, la parlamentaria Liliana Montero tiene la misma percepción.

Exigencia polémica

Otra de las inquietudes que generó el proyecto tiene relación con la creación de un organismo de Control Jurisdiccional que dependerá del Ministerio Público Fiscal, y que será un nexo entre la Provincia y las otras jurisdicciones.

Así, cuando un fiscal o juez federal necesite colaboración de la FPA, deberá pedírsela a este organismo de la Fiscalía General de la Provincia. No está claro si el funcionario a cargo solicitará información sobre el operativo o para la investigación para la que se requiere la intervención de la FPA.

La posibilidad de que se exija esta información como paso previo a la actuación de la FPA resulta polémica.

El legislador oficialista Sergio Busso consideró “más que acertada la decisión del Gobierno provincial de dotarlo (al Ministerio Público Fiscal) de mayores facultades, por cuanto le permitirá mejorar ostensiblemente la modalidad de investigación, persecución y represión de delitos, sobre todo, los vinculados con el narcotráfico”.

También estimó que resulta un gran avance en materia de “despolicialización de la investigación criminal”.

¿Y el CIC?

Otro punto del proyecto de ley que ha generado controversia es la reestructuración de la Policía Judicial y la inexistencia, en el texto, del Centro de Investigaciones Criminales (CIC), una dependencia vital para la investigación de los delitos.

Según se lee en la misiva que el Gobierno envió a la Legislatura para presentar la reestructuración de la Policía Judicial, aparecen dos áreas: la Policía Científica (que desarrolla todo lo inherente al trabajo en la escena del crimen: huellas, distancias, vainas de balas, objetos contundentes, pruebas de luminol, etcétera), y la Administrativa y Recursos Humanos. En ningún párrafo se menciona al CIC, encargado de develar cómo se producen los crímenes.

Entre otras acciones, en el CIC realizan autopsias ambientales, reconstrucciones virtuales, rastreos de aparatos telefónicos, y también ha servido para investigar a policías provinciales involucrados en causas penales. En algunos casos, fiscales han elegido a esta dependencia en lugar de la División Homicidios de la Policía.




La Voz del Interior, 16-2-14

sábado, 15 de febrero de 2014

OTRO PROYECTO PELIGROSO

Los 25 cambios más importantes del Código Penal

Una comisión de juristas ya entregó el anteproyecto a la Presidenta. Cuáles son las propuestas más importantes.

El jueves pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el anteproyecto de ley de un nuevo Código Penal elaborado por la comisión de juristas que ella designó hace un año y medio. ¿Cuáles son los principales cambios?

1.Exención o reducción de la pena. El juez deberá prescindir de las penas por la “insignificancia”, es decir, cuando el daño o el peligro para el bien jurídico fueren insignificantes (en caso de hurto, por ejemplo, de una fruta).

2. Pueblos originarios. El juez podrá poner una pena menor al mínimo, e incluso no imponer ninguna pena, cuando quien cometió el delito sea parte de un pueblo originario, el delito se cometa entre sus miembros y hubiere sufrido una sanción conforme a sus costumbres. Se contemplan otros supuestos para que el juez reduzca la pena, como en los delitos “cometidos por imprudencia o negligencia, cuando las consecuencias hubieren afectado gravemente al autor”.

3.Supresión de la “peligrosidad”. En el Código vigente, la “peligrosidad” (como la edad, la educación, conducta precedente, la calidad de la persona, las costumbres) es un criterio para determinar una mayor o menor pena (dentro del mínimo y máximo previamente establecidos). En el proyecto se suprime este criterio. Sólo se tendrá en cuenta “la naturaleza y gravedad del hecho”, “la magnitud del daño o peligro causados” y la “mayor o menor comprensión de la criminalidad del hecho”.

4. Circunstancias atenuantes. El proyecto incorpora, entre muchas otras, las siguientes circunstancias para disminuir la pena: ser menor de 21 años o mayor de 70, “cualquier padecimiento que disminuya considerablemente las expectativas de vida” y “la cooperación en el esclarecimiento del hecho”.

5. Sin perpetua. La pena de prisión tendrá un máximo de 30 años. El actual código contempla la prisión perpetua.

6. Penas alternativas. El proyecto prevé “penas alternativas” a la prisión: detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, trabajos comunitarios, cumplimiento de las instrucciones judiciales (como adoptar un trabajo u oficio), multa reparatoria (la paga el condenado a la víctima o su familia, sólo si la víctima o familia acepta).

7. Condiciones. El juez sólo podrá imponer las penas alternativas si se dan ciertas circunstancias, por ejemplo: en todos los casos de penas inferiores a tres años; si la pena fuera entre tres a 10 años, sólo corresponderá cuando se hubiera cumplido la mitad del tiempo en prisión.

8. Personas jurídicas. Se prevén sanciones a las personas jurídicas privadas (como empresas o asociaciones).

9. Perdón de la víctima. El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por los delitos de acción privada (aborto culposo, injuria, calumnia, violación de secretos, entre otros).

10. Homicidio plural. Cuando se mate a más de una persona, se incrementa la pena.

11. Infanticidio. Se restablece la figura de infanticidio que beneficia “a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal”, con penas de uno a cuatro años. Si hoy se produce un infanticidio, se puede aplicar la pena más grave: homicidio agravado (por el vínculo).

12. Homicidio piadoso. Se contempla, con pena más baja que el homicidio simple (uno a cuatro años de prisión), los casos de eutanasia. Siempre que la víctima “sufriere una enfermedad incurable o terminal” y el homicida “estuviere unido a ella por un vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco”. El juez incluso podrá eximir la pena.

13. Aborto: violación. Establece de manera clara que la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación está dentro de las causales del aborto no punible. Así, sigue el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).  Y se incorpora el delito de “lesión al feto”.

14. Injurias y calumnias. Se mantiene la criminalización de la injurias y calumnias con penas de multa.

15. Secuestro de personas. Se bajan las penas del secuestro extorsivo por ser “desproporcionadas” (consecuencia de las denominadas “leyes Blumberg”).

16. Acceso ilegítimo a información. Se agravan algunas penas. Además, se suman supuestos importantes, como el uso de una identidad ajena, en medios electrónicos, para causar algún perjuicio.

17. Trabajo ilegal. Se incorporan delitos para sancionar contrataciones y condiciones laborales ilegales que no lleguen a ser tan graves como la servidumbre. Por ejemplo, se pena a quien, mediante engaño, contrate a una persona en forma clandestina y le imponga condiciones de trabajo que afecten gravemente su dignidad.

18. Deudores alimentarios. Se eleva la pena de prisión para el “incumplimiento de deberes de asistencia” y se elimina la opción de pagar una multa.

19. Orden de restricción. Se incorpora como delito especial la desobediencia de “una orden judicial de restricción, de acercamiento o de contacto, en protección de menores o impartida en prevención de violencia familiar”.  

20. Robo y hurto. El hurto hoy sólo se sanciona con prisión. El proyecto incorpora la opción de multa para casos de escaso valor de la cosa hurtada. Robo: se disminuye el máximo del robo agravado (de 15 a 12 años) por ser desproporcionado.

21. Venta de productos “truchos”. Se despenaliza la simple comercialización de los productos falsificados “pues la experiencia judicial muestra que se emplean en esas actividades a personas de sectores sociales vulnerables, que suelen ser las únicas en pasar por el sistema penal por estos delitos”.

22. Tenencia y portación de armas de fuego. Se disminuyen muy poco las penas, aunque se suben cuando el arma no tuviese el número grabado o lo tuviese adulterado.

23. Tráfico de órganos. Se incopora el delito de tráfico de órganos.

24. Drogas. Se despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal, en consonancia con el criterio de la CSJN. “La punición de esa tenencia ha sido el pretexto para un dispendio enorme de actividad policial y judicial contra meros usuarios en su mayoría no dependientes, en detrimento de la persecución y prevención del tráfico”, dice el proyecto. Se incorpora el delito de “prescripción ilegal de estupefacientes”.

25. Ambiente. Se incorpora el capítulo (técnicamente, el “título”) “Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora”. Así, se reagrupan distintos delitos contemplados por diferentes leyes. Además, se crean nuevos delitos, como el de “contaminación”.


La Voz del Interior, 15-2-14