ATENCIÓN LEGISLADORES, HAY UN TRABAJO PARA USTEDES

La Voz del Interior, 8 de septiembre de 2017

Por Adrián Simioni

Pasan los años, pero algunas cosas no cambian. Por ejemplo, las políticas de contratación de empleados públicos. En forma sistemática, los planteles crecen, a tasas elevadas, sin que se sepa bien por qué ni para qué y sin que el tema se evalúe a fondo allí donde están los representantes de los ciudadanos: la Unicameral, en el caso de Córdoba.

En nuestro Primer plano de hoy publicamos un informe de Cippes según el cual desde 1999 los empleados de la Provincia se incrementaron en más de 77 por ciento, en comparación con una población general que apenas aumentó en torno al 19 por ciento en el mismo período.

La traducción es que hay que pagar cada vez más impuestos per capita para poder sostener a un sector que, además, tiene, a diferencia de quienes son pagadores netos de impuestos, enormes privilegios: estabilidad laboral plena (la Provincia debe tener el mejor departamento de reclutamiento de  personal porque jamás nos enteramos de que alguien pierda su empleo); sueldos ostensiblemente mayores a la media; y, en muchos casos, un cono protector que los excluye de las exigencias de mayor productividad y eficiencia que rigen para el resto de los mortales, dado que el Estado, como se sabe, nunca quiebra (siempre traslada su rojo, sea con inflación, default, emisión de bonos o impuestos).

Cippes le puso datos al peso de esos impuestos. En 2006, hace apenas 10 años, para pagar los sueldos provinciales los contribuyentes cordobeses debían aportar el equivalente a 5,7 por ciento de todo lo que producían. En 2016, pagar los sueldos públicos demandó el 11,5 por ciento de todo lo que esa población se las ingenió para producir.

Es difícil medir si tanto esfuerzo vale la pena. Queda al ciudadano evaluar si la Provincia le da 10 veces más obras, servicios y bienes que hace una década. Piénselo. Mientras, podríamos pedir que la Legislatura ponga algún cerrojo a la discrecionalidad con la que los gobernantes conceden puestos públicos que, luego, los contribuyentes deberán sostener durante largos 30 años.

LA RESPUESTA DEL EMPRESARIO SEÑALADO POR MACRI

 durante el acto por el Día de la Industria

Al hablar sobre la lucha contra las mafias, el jefe de Estado nombró a Miguel Doñate y apuntó contra un sector de la actividad marítima y fluvial

Por Fernando Morales

Infobae, 5 de septiembre de 2017

"Sr. Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo, perjudican a muchas personas". La contundente frase fue pronunciada por el presidente de la Nación Mauricio Macri, casi sobre el cierre de su alocución durante el acto por el Día de la Industria que se llevó a cabo en Pilar el jueves pasado.

Los principales actores del quehacer naval interpretaron el llamado de atención como un "redoblar la apuesta" en la cada vez más tensa relación que la gestión de Guillermo Dietrich mantiene con empresarios y algunos gremios del sector.

Las distintas fuentes consultadas dan cuenta de una serie de desencuentros sucesivos que van desde el ingreso de empresas navieras multinacionales en condiciones de "dumping" para competir en el mercado local, pasando por la dilatada intervención del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) hasta la reciente "marcha atrás" que decretó el Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó a los proyectos de ley de Marina Mercante e Industria Naval. Ambas iniciativas cuentan ya con media sanción del Senado y habían obtenido dictamen favorable de comisión para su tratamiento en Diputados, pero por un detalle técnico el presidente del cuerpo anuló el pronunciamiento de la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara baja.

Tal como ha reiterado el Presidente, una de las banderas de la gestión es el aumento de la competitividad. Para lograrlo se apunta a la mejora de la productividad y la reducción de costos logísticos. En ese contexto, el Gobierno viene propiciando la reforma de algunos convenios laborales del personal que tripula los buques mercantes y asimismo la baja de las tarifas de los servicios portuarios privados, no así de las tasas que el Estado cobra a las navieras por los distintos servicios que brinda.

En relación a estos costos y como informó Infobae oportunamente, Dietrich convocó a la Oficina de Defensa de la Competencia para intentar poner un tope a los honorarios que perciben los prácticos (profesionales que guían los buques en su entrada y salida a los puertos). Las autoridades entienden argumentan son los más altos de la región y encarecen las tarifas de los fletes marinos.

El servicio público de practicaje estuvo en manos del Estado por intermedio de la Prefectura Naval hasta que en la década del 90 fue privatizado por Carlos Menem. A partir de allí, los Capitanes de Ultramar habilitados como prácticos se agruparon en distintas cooperativas y salieron a ofrecer sus servicios a las navieras nacionales e internacionales. Al ser profesionales privados, se consideran en libertad de pactar sus honorarios con las navieras que también lo son. "El Estado parece ignorar que mientras no cambien la ley, hoy por hoy somos solidariamente responsables con todo nuestro patrimonio, en el caso que un buque entrando o saliendo de un puerto tuviera un accidente", señala un miembro de la Asociación Argentina de Prácticos. Al mismo tiempo sostienen que una rebaja en sus honorarios beneficiaría la ecuación económica de las navieras extranjeras, pero no redundaría en una baja del precio de los fletes ya que estos están tabulados en base a otros conceptos.

Así las cosas hace pocas semanas los prácticos decretaron "48 horas de reflexión" que implicaron que durante dos días ningún buque pudiera entrar o salir de los puertos nacionales, lo que fue un duro golpe a la tan anhelada "competitividad". Este hecho fue interpretado como una declaración de guerra a la gestión de Cambiemos y más aún la ya casi segura realización de otra "reflexión" por 96 horas ante la ruptura total del diálogo entre el equipo de Dietrich y buena parte la actividad marítima y fluvial.

Si bien Doñate es Capitán de Ultramar, no es práctico. Sin embargo, una de sus muchas empresas presta el servicio de traslado de los prácticos desde tierra hasta los buques que se encuentran en los antepuertos por intermedio de las llamadas "lanchas de practicaje". También tendría intereses en algunos emprendimientos comerciales relacionados con este servicio.

En una sobria pero dura solicitada que fue publicada este martes en el diario La Nación, Doñate se dirige al presidente Macri. Entre otras consideraciones, el empresario dice haber recibido amenazas desde la Subsecretaría de Puertos y destaca la imposibilidad de dialogar con las autoridades a cargo del área.

Miguel Doñate

Miguel Doñate

También señala que el sector con el cual se lo relaciona entregó al Secretario de Políticas Públicas documentación que avalaría la convicción que reina en el sector sobre lo erróneo de las cifras tomadas por Defensa de la Competencia para proceder al cálculo del reajuste tarifario que se le quiere imponer a la actividad del practicaje.

Luego de un párrafo dedicado a exaltar la tarea social que su grupo empresario realiza en comedores comunitarios, Doñate entra de lleno en dos temas sensibles. "Me enfrenté a toda forma de corrupción e injusticia… iniciando acciones en la Justicia contra el Señor Omar Suárez cuando el aún gozaba de la protección de la gestión anterior". Se trata de una obvia alusión a las denuncias que en 2012 y 2014 presentó Doñate contra el sindicalista y que son las que lo llevaron a prisión.

"De modo irrisorio hoy todos parecen adjudicarse ese hecho [la captura de Suárez], que a mí me llevó a tener que cambiar la bandera de toda la flota", dice el texto. De esta manera, Doñate cuestionó la visión del oficialismo sobre la tarea de la hoy candidata a senadora Gladys González cuando fue interventora del SOMU.

El segundo asunto es la referencia a la reciente denuncia penal que el empresario realizó ante la justicia federal contra el actual Director Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial Gustavo Deelesnyder (también práctico de profesión) por el presunto delito de lavado de activos y evasión impositiva. En tal sentido, Doñate asegura que él en persona llevó las pruebas ante el Ministro de Transporte y posteriormente ante el fiscal antilavado quien dio curso a las actuaciones que hoy tramitan en los tribunales federales.

Al margen de la controversia generada a partir de las duras frases del Presidente hacia su persona, Doñate asegura no solo haber votado al actual mandatario, sino que también agrega que lo volverá a hacer. Al mismo tiempo, le pide a Macri que "no vuelva a utilizar la investidura presidencial para hacer imputaciones a ningún ciudadano en particular".

En la noche del mismo jueves, el ministro Dietrich participó de la cena anual de camaradería del gremio de los Capitanes de Ultramar, al que pertenecen el propio Doñate y la mayoría de los prácticos. Esta entidad tuvo en el pasado reciente varios emprendimientos comerciales y culturales con el SOMU, pero ahora se ha reconvertido y es uno de los que más fervientemente apoya la revisión de convenios laborales para hacer más eficiente a la actividad. A pesar de ello, el ministro se limitó a un breve saludo protocolar y abandonó el lugar ante la dura mirada de los profesionales marinos.

SEGÚN UN INFORME DE INTELIGENCIA, RAM APUNTARÍA A LLAMAR LA ATENCIÓN DURANTE LA CUMBRE DEL G-20

por Alexis Di Capo

Informador Público, 5-9-17

Un informe de inteligencia -atribuido a la Gendarmería Nacional- que está siendo analizado por distintos sectores del gobierno se explaya sobre la situación y probable evolución del conflicto mapuche. “Pese al significativo aumento de los atentados a personas y a propiedades realizados en los últimos dos años tanto en Chile como en la Argentina, la capacidad operativa de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) sigue siendo limitada y el nivel de entrenamiento de sus componentes es insuficiente para acciones de mayor envergadura”. 

El paper continúa señalando que “las contramedidas tomadas por las autoridades chilenas recientemente demostraron su eficacia”. Se cita como ejemplo “El retorno del mayor de Carabineros, Patricio Marín, al puesto de jefe policial en La Araucanía, luego de haber revelado hace tres años la identidad de uno de sus infiltrados en las comunidades mapuches, Raúl Castro Antipán, quien le anticipaba a los policías hechos de violencia en la zona. La nueva gestión de Marín, iniciada un año atrás, sumó al anuncio, conocido desde la comisión de Seguridad del Senado, respecto de la llegada a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos de 266 efectivos policiales, que reforzaron el trabajo preventivo en la macrozona de la violencia rural”.

Este operativo de los carabineros, siempre según el informe, habría sido “un factor importante para que RAM trasladase buena parte de su accionar a Neuquén y Chubut, que hasta poco tiempo atrás eran usadas casi totalmente como retaguardia o santuario para escapar a la persecución de las fuerzas chilenas.

Objetivos más ambiciosos

En su parte final el informe se refiere a “los objetivos políticos de RAM y su intención de instalarse internacionalmente como un movimiento separatista de Chile y Argentina, cuyos reclamos sean discutidos en los foros diplomáticos multinacionales”.

Con origen en “fuentes propias” el documento alude a que “la conducción de RAM estaría planteándose un plan de lucha dirigido a escalar en la figuración internacional del grupo y el escenario ideal para alcanzar este objetivo sería la decimotercera cumbre del G 20 a realizarse en Buenos Aires durante el 2018”. En función de este marco es que -continúa el texto- “RAM podría ir aumentando sus atentados en distintas ciudades patagónicas, para crear un clima mediático que los haga más notorios cuando los principales jefes de estado del mundo se encuentren en Buenos Aires”. Obviamente, este objetivo incluiría la probable realización de atentados durante la cumbre y tal vez en Buenos Aires, aunque se estima, como ya se dijo, que la limitada capacidad operativa del grupo no sería suficiente para afectar la seguridad del evento.

MACRON: ARABIA SAUDÍ Y QATAR FINANCIAN EL TERRORISMO

ABC, 31/08/2017

En una entrevista exclusiva concedida al semanario Le Point, el presidente Macron declara: «He comenzado por establecer una relaciones de franqueza con todas las potencias del Golfo. En mi diálogo con los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar he abordado la cuestión de la financiación del terrorismo. Qatar y Arabia Saudita han financiado grupos que, siendo distintos, han contribuido al terrorismo».

No era un secreto que saudíes y qataríes llevan años, quizá décadas, financiando grupúsculos y actividades directa e indirectamente relacionadas con el terrorismo. Arabia Saudí y Qatar, por su parte, se han acusado mútuamente de financiar grupúsculos terrorista rivales.

Macron consuma una aparente ruptura de fondo, denunciando la financiación saudita y qatarí. Sus antecesores, Nicolas Sarkozy y François Hollande, practicaron una política de «entendimiento y cooperación», diplomático, económico y militar. Francia es una de las grandes potencias en el terreno estratégico de la venta de armas. A los cuatro meses de su instalación en el Elíseo, Macron anuncia una posible «nueva doctrina» nacional, en ese terreno.

Macron comenzó por subrayar que la lucha contra el terrorismo islámico era la primera y gran prioridad de la nueva diplomacia nacional.

Confirmado ese objetivo, el presidente de la República anunció la próxima convocatoria de una conferencia internacional destinada a combatir la financiación del terrorismo. En sus declaraciones al semanario «Le Point», Macron afirma que dos grandes potencias musulmanas, con mucho poder e influencia, incluso en la escena deportiva mundial, son dos de los primeros proveedores de fondos del terrorismo islámico.

Macron pone el dedo en otra llaga cancerosa: Arabia Saudí y Qatar han financiado y continúan financiado las actividades de grupúsculos terroristas «rivales». Cuando es harto frecuente presentar el terrorismo islámico como un «frente único», Macron recuerda otro detalle bien conocido de los especialistas: Qatar y Arabia Saudí financian actividades religiosas y menos religiosas, terroristas, que llegan a enfrentarse con derramamiento de sangre en varios frentes estratégicos, como en Siria.

LOS DOBLES ESTÁNDARES DEL CASO MALDONADO

Por Pablo Esteban Dávila

Alfil, 4-9-17

El nivel de paroxismo del caso Maldonado es preocupante. Primero, porque importantes sectores de la política argentina dan por supuesto cosas que no se encuentran comprobadas en absoluto; segundo, porque exhibe impúdicamente el doble estándar moral de la izquierda nacional.

A nadie le consta que Santiago Maldonado haya sido desaparecido por la Gendarmería Nacional. Sólo hubo dos testigos, encapuchados y sin que aceptaran ser identificados, que sostuvieron esta especie ante la fiscalía interviniente. Fuera de estos testimonios, imposibles de ser considerados como pruebas legítimas, no existe ninguna certeza que vincule a Gendarmería con este hecho.

Sin embargo, el asunto se da por sobreentendido por mucha gente. El progresismo necesita que efectivamente exista una desaparición forzada para mantener su ontología discursiva. Si Gendarmería es la culpable, entonces lo es el gobierno de quién ella depende. ¿Y qué mejor que sea Mauricio Macri el presidente? Esto ratifica que cualquier expresión política que no provenga de su propio distrito ideológico es, forzosamente, algo parecido a la dictadura de Videla y compañía.

El reduccionismo es burdo, pero así funciona la psiquis colectiva de estos sectores. Es un hecho que necesitan estar siempre en lucha y que si el actual motivo es, nada menos, una rémora de los procedimientos de la dictadura, la protesta llega a la epifanía. Lástima que no siempre se muestren dispuestos a protestar, a lo largo del tiempo o de la geografía, con la misma pasión frente a acontecimientos que son objetivamente idénticos.

Tómese, por ejemplo, la desaparición de Julio López, el primer desaparecido en democracia. El señor López había atestiguado contra el comisario Miguel Etchecolatzen un juicio por crímenes de lesa humanidad en 2006. En septiembre, poco después de declarar y un día antes de que se dictara la sentencia condenatoria, López se esfumó. Desde aquél entonces nadie sabe dónde se encuentra, ni cuál fue su destino.

La izquierda, convenientemente adocenada por el kirchnerismo, no pareció entonces escandalizarse en demasía. El gobierno, a tono con su costumbre, repartió algunas culpas entre improbables servicios de inteligencia y mano de obra desocupada, como si los ’80 no estuvieran aun señoreando el almanaque. No se recuerda que Néstor se haya mostrado particularmente atribulado por la desaparición, ni que hubiera ordenado marchar para la aparición con vida del desdichado. López era responsabilidad del oficialismo pero, fiel al arte de quitarse el sayo, los K prefirieron mirar hacia el costado y ensayar explicaciones conspirativas. Los que hoy se escandalizan por el caso Maldonado se mostraron, en aquella oportunidad, llamativamente comprensivos con pasividad de la Casa Rosada.

La falta de coherencia respecto a esta diacronía se magnifica cuando se toma en consideración el silencio ensordecedor de la izquierda respecto a lo que sucede en Venezuela. No hay, que se sepa, manifestaciones en contra de la dictadura bolivariana ni los crímenes de Nicolás Maduro. Tampoco escándalo alguno por la pérdida de los derechos humanos más elementales en aquél país, o por el hecho de que la oposición sea encarcelada o torturada por sus fuerzas armadas. De no ser porque el señor Maduro es un teórico heredero del socialismo del Siglo XXI, podría decirse que es lo más parecido a la reencarnación de los Pinochet o los Videla por estos tiempos.

Pero tal certeza parece no serlo tanto cuando se trata de juzgar lo que ocurre con el particular prisma ideológico de estos grupos, que mezclan indigenismo, derechos humanos y marxismo sin ton ni son. Una muerte (o una desaparición) a manos de lo que ellos consideran “la derecha” es una manifestación de la represión inherente a tal expresión política, en tanto que las muertes o las desapariciones en sistemas nominalmente de izquierda son asumidas como consecuencias necesarias –y hasta cierto punto, inevitables– de sus programas de “liberación” o purificación social.

Esta es la gran diferencia con la sociedad que realmente pretende vivir bajo pautas democráticas, que es lo mismo que decir bajo un Estado de Derecho. Para la ley, las desapariciones no tienen mayor o menor relevancia conforme a la adhesión política de las víctimas; todas son igualmente preocupantes y requieren de los máximos esfuerzos por esclarecerlas. Esto significa que el Estado debe extremar sus acciones para dar con el señor Maldonado y ofrecer una explicación adecuada de lo que ha ocurrido. Tanto su familia como la sociedad en su conjunto necesitan una respuesta, más allá de los atributos que se reclamen del afectado.

Claro que el doble estándar que se manifiesta por doquier no ayuda a que el consenso basado en la ley se derrame pacíficamente sobre la sociedad. La oposición a Cambiemos enarbola el caso Maldonado como una prueba de la maldad inherente del gobierno, en tanto que quienes lo apoyan se muestran particularmente irritables con las manifestaciones, destrozos e iracundia de quienes dicen buscar justicia en su nombre. La tragedia del asunto es, por lo tanto, doble: por un lado (y, por cierto, lo más importante) es que una persona ha desaparecido sin que nada se sepa de ella; por el otro, que la percepción social de este acontecimiento se encuentre dividida en posiciones irreconciliables que muestran, una vez más, los alcances y las dimensiones del enfrentamiento que, con paciencia monacal, los líderes del movimiento Nacional & Popular supieron urdir durante sus largos años en el poder.

DESCRIPCIÓN DEL GREMIALISMO

El gremialismo chileno designa una corriente de pensamiento social, político y económico, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, que sostiene que todo recto ordenamiento social debe basarse en que las sociedades intermedias entre las personas y el estado, libremente generadas y conducidas por sus integrantes, cumplan los fines propios y específicos de cada una de ellas (y no otros).

El fundamento doctrinario del gremialismo se apoya en cuatro principios fundamentales:

*Reconoce al ser humano, poseedor de una dignidad inviolable y de un destino trascendente. Tanto su ser, como su fin son superiores al de cualquier sociedad de orden temporal. El hombre es capaz de agruparse para poder realizarse como persona. El estado, en consecuencia, debe estar al servicio de la persona humana y no al revés.

*Toda institución humana tiene una finalidad propia y específica. Cada agrupación humana puede determinarse objetivamente, sin necesidad de recurrir a ideología política alguna.

*Toda sociedad por definición, es apta para alcanzar por sí misma esa finalidad propia y objetiva: "autonomías sociales". Encaminarse libremente al propio fin específico.

*Tanto las ideologías como los partidos políticos han de situar su acción a nivel de la conducción del Estado.

Diferencias con el corporativismo

En el libro "El gremialismo y su Postura Universitaria", el cual es utilizado para formar a las nuevas generaciones de gremialistas, se señala que el gremialismo se diferencia del corporativismo por tres razones:

*Radicar en las entidades regionales y gremiales la tarea de legislar o gobernar (el gremialismo se opone a esto mientras que es lo que sostiene el corporativismo), conduciría por el contrario a que ésta fuera permanente compadrazgo entre intereses particulares, donde los más poderosos pactarían siempre en desmedro de los más débiles.

*Si el gremialismo busca la despolitización de las agrupaciones regionales y gremiales, mal podría aceptar un sistema que - como el corporativismo - incentivara su politización, porque es evidente que al ser transformadas dichas entidades intermedias en fuentes de generación de las autoridades políticas, resultaría explicable y hasta justo que sus integrantes procuraran orientar todo su funcionamiento y decisiones conforme a la doctrina política de cada cual.

*El corporativismo tiene siempre implícita la supresión de los movimientos o partidos políticos como únicas agrupaciones válidas para intervenir en la generación de las autoridades políticas.

Para el gremialismo, los partidos políticos deben plantear sus ideas en torno a la conducción del estado, pero no intervenir contra la autonomía de los cuerpos intermedios.

Fuente: Wikipedia 

EN SUS 50 AÑOS, EL GREMIALISMO COMO ESCUELA DE SERVICIO PÚBLICO

ha sido una de las fuerzas políticas generacionales que más ha aportado a la vida pública de Chile.

El  Líbero (Chile), 30.08.2017

Emiliano García

“Siempre imperfectos, pero siempre perseverantes”. Así definió Jaime Guzmán hace 30 años el estilo gremialista. Y los 50 años de historia del Movimiento Gremial de la Universidad Católica y el Gremialismo nos dan el mejor ejemplo de lo que ha sido esa impronta, el sello de una forma de ser y actuar.

Por una parte, el gremialismo como doctrina política, cuyo eje es la persona en una dimensión trascendente, permite construir una estructura coherente y armónica de la relación de las personas, las familias, las organizaciones intermedias y el Estado. Esto es posible precisamente porque esa coherencia no es un invento teórico, ni un antojadizo ejercicio especulativo, sino una constatación profunda de la realidad. Jaime Guzmán no inventó nada. 

No concibió ex nihilo las ideas que sustentan el ideario gremialista, éstas no son más ni menos que las mismas de la tradición de la filosofía perenne y la Doctrina Social de la Iglesia. Y es aquí donde podemos ver la mayor virtud de Guzmán: no fue tanto su conceptualización —coherente y sólida—, sino la capacidad de tomar la decisión exacta en el momento concreto, cuestión que resalta finalmente sus extraordinarias cualidades de líder.

Por otra parte, el gremialismo como escuela de servicio ha sido una de las fuerzas políticas generacionales que más ha aportado a la vida pública de Chile, y al decir del historiador Cristián Gazmuri en Notas sobre las élites chilenas, una de las tres agrupaciones más influyentes surgidas de la Universidad Católica. No podría ser de otra forma, porque ese ideal no es una motivación más o simple filantropía, es el genuino deber de contribuir al Bien Común, derivado de la virtud de la caridad. Esto es lo que hace la diferencia en entender la política como voluntad de poder o como servicio público. Las ideas, los valores y el testimonio de los gremialistas, y sin duda alguna el testimonio de Jaime Guzmán, no dejan lugar a dudas de que ha sido lo segundo lo que ha impulsado la voluntad de cientos de gremialistas en esta trayectoria de 50 años.

Celebraremos medio siglo de gremialismo al servicio de Chile. Una iniciativa universitaria, acotada en principio a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que disputó la federación de estudiantes aun cuando la efervescencia revolucionaria parecía ser mayoría. Una fuerza estudiantil que con los años se convirtió en el movimiento civil opositor al gobierno de Salvador Allende, aglutinando organizaciones de todo tipo en defensa de la sociedad libre. Ideas que cambiaron Chile y le dieron a un modelo de desarrollo centrado en la persona y permitieron construir una mejor nación para todos.

Cada generación de gremialistas ha aportado desde nuestras ideas en momentos determinados de la historia patria, algunos con más o menos heroísmo, pero siempre con la convicción en el ideal y la verdad. Asimismo, a las generaciones vigentes les toca aun dar más, abandonar la comodidad e involucrarse en los acontecimientos de nuestro país, porque serán estos acontecimientos por los cuales algún día deberemos responder ante el tribunal terrenal y de hombres que nadie puede eludir: el de la Historia.

Emiliano García, licenciado en Ciencias Jurídicas UC, investigador de la Fundación Jaime Guzmán