MALVINAS

 y la tentación de no hacer lo que hay que hacer

 

Por Santiago Lucero Torres

Foro Patriótico, 06/09/2026

 

 

Las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición de Estados Unidos respecto de las islas Malvinas despertaron en la Argentina un entusiasmo comprensible. Pero conviene no apurarse. Malvinas es demasiado importante como para interpretar cada gesto desde Washington como aquello que nos gustaría que fuera.

 

El episodio nació en el marco de una presión mucho más amplia de Estados Unidos sobre sus aliados europeos. Washington dejó trascender que podría revisar su respaldo diplomático a determinadas posesiones de ultramar como parte de la discusión sobre gasto militar y compromisos dentro de la OTAN. Malvinas apareció en ese contexto como una herramienta de presión sobre Londres, no como consecuencia de una repentina revisión por parte de EE.UU. de los derechos argentinos en el Atlántico Sur.

 

Trump, consultado sobre el tema, mantuvo una necesaria ambigüedad. Dijo que Estados Unidos revisa permanentemente sus posiciones y no profundizó. Y eso nos obliga a separar el dato del deseo. Hasta ahora, Washington no modificó formalmente su posición histórica sobre la cuestión Malvinas.

 

Tampoco sería la primera vez que Estados Unidos usa las Malvinas para incomodar a Londres. Durante la administración Obama acompañó llamados a la negociación e incluso Hillary Clinton ofreció mediar. Nada de eso alteró la posición británica. Y mucho antes, en 1982, cuando fracasó la mediación de Alexander Haig, Washington terminó brindando apoyo decisivo al Reino Unido. Los antecedentes nos obligan a mirar estos gestos con bastante cautela.

 

Pero tampoco hay que subestimarlos. La política estadounidense volvió a poner al Hemisferio Occidental en el centro de su estrategia y, dentro de esa lógica, la permanencia de una potencia europea en el Atlántico Sur puede empezar a ser vista de otra manera en Washington. Eso no significa que Estados Unidos haya adoptado la posición argentina, pero sí que se abre un escenario novedoso y que tiene que ser trabajado con inteligencia.

 

Hay una convicción que sostengo desde hace años y que estos acontecimientos vuelven a poner en evidencia. Las Malvinas se recuperan en Washington. No porque Estados Unidos vaya a entregarnos las islas, sino porque el Reino Unido difícilmente se siente alguna vez a discutir seriamente la soberanía mientras tenga asegurado el respaldo estratégico estadounidense. El día en que Washington considere más conveniente para sus propios intereses una solución negociada que la continuidad indefinida del statu quo, la posición británica habrá cambiado de manera sustancial. Pero esto es solamente una parte del problema. La otra, y más importante, depende completamente de nosotros.

 

La Argentina tiene que volver a estar en condiciones de defender lo que dice que le pertenece y, antes incluso, aquello sobre lo que hoy ejerce soberanía efectiva. Durante los próximos años nuestro territorio debería incorporar una enorme cantidad de nueva infraestructura crítica. Vaca Muerta, la minería, los puertos, las redes energéticas, los gasoductos, las plantas de GNL, las centrales eléctricas, las comunicaciones, los corredores logísticos y la infraestructura antártica van a multiplicar activos estratégicos que alguien tiene que proteger. Hay una inconsistencia grave en pretender convertirnos en una potencia energética, minera y de alimentos, con un sistema de defensa diseñado para un país cuyos dirigentes de repente decidieron que ya no existen amenazas.

 

Necesitamos recuperar la capacidad de controlar nuestro espacio aéreo y nuestro mar, proteger nuestras rutas marítimas, recursos naturales e infraestructura estratégica. Eso requiere radares, satélites, inteligencia, ciberdefensa, comunicaciones seguras y sistemas modernos de comando y control. Pero también aviones de combate y patrullaje, drones, buques de superficie, submarinos, defensa antiaérea, artillería de largo alcance, cohetería, misiles y capacidad para operar de manera sostenida en el Atlántico Sur y la Antártida.

 

También requiere recuperar una base industrial y tecnológica para la defensa. INVAP, FAdeA, Tandanor, Fabricaciones Militares, nuestros astilleros, universidades, empresas tecnológicas y una industria privada de defensa mucho más importante tienen que formar parte de ese esfuerzo. No con la fantasía de fabricar todo en la Argentina, ni la coartada de industria nacional boba. Se trata de decidir qué capacidades no podemos perder, en cuáles necesitamos autonomía y en cuáles podemos asociarnos con países aliados o comprar en góndola.

 

Además, hay otro factor que la política no ha querido ver, y es que la disuasión también pasa por la economía. Después de 1982 el Reino Unido tuvo que realizar un esfuerzo extraordinario para asegurar las islas. Sólo en 1983/84 el gasto de defensa vinculado con Malvinas fue de 637 millones de libras y al año siguiente 644 millones. A medida que la Argentina dejó de representar una preocupación militar concreta, ese costo cayó abruptamente. A fines de los años ochenta ya rondaba los 60 a 100 millones de libras anuales.

 

Gran Bretaña construyó Mount Pleasant, consolidó su dispositivo militar y, con el tiempo, comprendió algo todavía más conveniente: no necesitaba mantener indefinidamente el esfuerzo de los primeros años porque la propia dirigencia política argentina se ocupó de degradar durante décadas su sistema de defensa. No hizo falta que Londres destruyera nuestros aviones, nuestros buques, nuestros submarinos ni nuestra industria de defensa. Lo hicimos nosotros mismos.

 

Gobiernos de distinto signo político postergaron inversiones, desprogramaron capacidades sin reemplazarlas y aceptaron como normal que un país con casi cinco mil kilómetros de litoral marítimo, enormes recursos naturales, presencia antártica y un conflicto de soberanía pendiente prácticamente renunciara a la disuasión. Ese terminó siendo uno de los mejores aliados de la ocupación británica.

 

Por eso una política seria sobre Malvinas debería perseguir también un objetivo muy concreto: que sostener militarmente la ocupación vuelva a ser una decisión costosa para el Reino Unido y sus contribuyentes. Estoy hablando de construir suficiente capacidad nacional para que ningún planificador británico pueda partir de la premisa de que la Argentina carecerá indefinidamente de medios para proteger sus intereses en el Atlántico Sur y/o recuperarlos.

 

La disuasión funciona precisamente cuando evita la guerra. Una Argentina capaz de controlar su espacio aéreo, vigilar su mar, operar submarinos, disponer de aviación de combate moderna, desarrollar misiles y drones y mantener una presencia permanente en el Atlántico Sur modifica inevitablemente los cálculos de cualquiera que pretenda proyectar poder sobre nuestros espacios de interés.

 

Ahí se encuentran las dos políticas. Malvinas se recupera en Washington, porque la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido es una pieza central del problema, pero también se recupera reconstruyendo poder argentino. Una cosa sin la otra es insuficiente. La diplomacia sin poder termina convirtiéndose en una sucesión de declaraciones. Y el poder sin una estrategia diplomática inteligente conduce a aventuras que nuestra historia ya conoce bastante bien.

 

Por eso cualquier cambio favorable en la posición estadounidense debe ser aprovechado y trabajado diplomáticamente, pero sin construir nuestra política alrededor de una expectativa que dependa de Donald Trump, de su relación con Londres o de una discusión circunstancial dentro de la OTAN. La única variable sobre la que la Argentina tiene verdadero control sigue siendo su propio poder nacional. Una economía que funcione, presencia efectiva en el Atlántico Sur, capacidad militar creíble, infraestructura patagónica, desarrollo científico y tecnológico, marina mercante, energía, industria para la defensa y una política exterior seria y sostenida.

 

Trump puso Malvinas sobre la mesa. Es una oportunidad y debemos prestarle atención. Pero no confundamos una oportunidad con un cambio histórico que todavía no ocurrió. Nuestra obligación es trabajar para que, si ese momento llega, encuentre a una Argentina capaz de aprovecharlo.

MALVINAS

 

del dicho al hecho

 

Cnel My (R) Gabriel Camilli

La Prensa, 05.09.2026

 

El mensaje presidencial recupera principios históricos verdaderos. Pero la soberanía no se demuestra mediante anuncios: se ejerce con continuidad, autonomía de decisión y Poder Nacional.

 

La sabiduría popular suele condensar en pocas palabras aquello que los discursos procuran disimular: del dicho al hecho hay mucho trecho. En materia de soberanía, ese trecho se mide en presupuesto, capacidades militares, desarrollo científico y tecnológico, control territorial, inteligencia estratégica, infraestructura y libertad de decisión frente a las grandes potencias.

 

Las Malvinas son argentinas. Fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833 mediante un acto de fuerza. Sus habitantes actuales constituyen una población implantada y, por lo tanto, no pueden invocar legítimamente el principio de autodeterminación para resolver una disputa territorial. La Constitución Nacional establece que la recuperación de las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

 

Hasta aquí, en esa enumeración de verdades, el reciente mensaje presidencial no merece objeciones. Su introducción histórica y jurídica recupera principios que la Argentina nunca debió relativizar. También corrige algunas ambigüedades peligrosas que durante los últimos años otorgaron una importancia indebida a la voluntad de los isleños, aproximándose al argumento sostenido por Londres.

 

¿CAMBIO ESTRATEGICO?

El problema comienza después. Porque de la verdad de aquellas premisas no se desprende necesariamente la conclusión que el discurso pretende instalar: que nos encontramos ante una nueva política soberana, que la Argentina ha comenzado a reconstruir su Poder Nacional y que los anuncios realizados demuestran un cambio estratégico profundo.

 

¿Estamos ante un razonamiento falaz en el sentido estricto de la palabra? No porque todo lo afirmado sea falso, sino porque se utilizan verdades indiscutibles para otorgar credibilidad a conclusiones que los hechos todavía no permiten demostrar.

 

La secuencia argumental parece sencilla: la explotación británica de nuestros recursos constituye una amenaza; el Estado argentino habría comprendido finalmente la dimensión estratégica del problema; por consiguiente, las medidas anunciadas demostrarían que el país ha comenzado a ejercer efectivamente su soberanía.

 

El primer enunciado es verdadero. El proyecto petrolero Sea Lion representa una amenaza concreta y urgente. Porque es una apropiación indebida que deriva de la usurpación. Pero los otros dos enunciados necesitan ser probados.

 

Una administración puede pronunciar correctamente la doctrina argentina sobre Malvinas y, al mismo tiempo, debilitar los instrumentos necesarios para sostenerla. Puede anunciar una política de seguridad nacional mientras reduce recursos destinados a la Defensa. Puede invocar el Poder Nacional y, simultáneamente, subordinar decisiones estratégicas a los intereses de otra potencia.

 

Puede presentar como novedosas iniciativas concebidas, financiadas y comenzadas muchos años antes. (y que, en julio pasado dispuso vender terrenos en esa zona estratégica) Ya lo señalamos en estas páginas: la soberanía no se declama, se ejerce. Ejercerla exige continuidad, autonomía de decisión y capacidades materiales. Exige Fuerzas Armadas equipadas, industria naval, vigilancia y control del mar, protección aeroespacial, inteligencia estratégica, ciencia, tecnología, diplomacia e infraestructura.

 

Nada de eso nace con una cadena nacional ni pertenece exclusivamente al gobierno que circunstancialmente ocupa la Casa Rosada. Son políticas permanentes de la Nación.

 

UNA OBRA CON HISTORIA

La denominada Base Naval Integrada de Ushuaia ofrece una primera oportunidad para contrastar el discurso con la realidad. Fue presentada como una decisión vinculada con el fortalecimiento de la Defensa y con una nueva proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, la iniciativa posee una historia mucho más extensa.

 

Desde la década de 1990, los gobiernos de Tierra del Fuego promovieron diferentes proyectos para convertir a Ushuaia en un centro logístico antártico. En 2011, la provincia presentó formalmente, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la propuesta de un enclave logístico multimodal. En 2017 cobró impulso el denominado Polo Logístico Antártico, concebido principalmente desde una perspectiva civil y comercial.

 

La Base Naval Integrada, con ese nombre y con una finalidad específicamente militar y conjunta, tampoco nació con el anuncio reciente. Su piedra fundamental fue colocada el 3 de marzo de 2022. El proyecto contemplaba la participación de las tres Fuerzas Armadas y de Tandanor-Cinar, debía financiarse con recursos del Fondo Nacional de la Defensa y tenía como objetivo fortalecer la presencia argentina en el extremo austral.

 

La obra ya poseía antecedentes, presupuesto, organismo ejecutor y una fecha estimada de finalización y fue paralizada por esta administración. Por lo tanto, no estamos ante la creación de una nueva base, sino frente al anunciado reimpulso de una infraestructura concebida, iniciada y parcialmente ejecutada con anterioridad.

 

Reconocer esta continuidad no disminuye la importancia de terminarla. Por el contrario, permite comprender que las obras estratégicas pertenecen a la Nación y deben trascender a los gobiernos. Lo que resulta discutible es apropiarse de una iniciativa preexistente y presentarla como demostración de un cambio histórico.

 

También aparece una contradicción que no puede soslayarse. ¿Cómo puede utilizarse esta obra como prueba de una nueva política de Defensa cuando, al mismo tiempo, se debilita o elimina el instrumento presupuestario creado para garantizar su financiamiento?

 

Una base naval no existe porque sea mencionada en un discurso. Existe cuando posee recursos asegurados, muelles terminados, talleres, depósitos, sistemas de comunicaciones, defensa aérea, vigilancia marítima, unidades asignadas, personal capacitado y una cadena logística sostenible.

 

El decreto anunciado podrá constituir un primer paso. Pero todavía pertenece al terreno de la intención. La voluntad estratégica se demostrará mediante recursos presupuestarios, obras concluidas, medios incorporados y capacidad operacional efectiva.

 

Del dicho al hecho, también en Ushuaia, queda todavía mucho trecho.

EL DISCURSO DE MILEI

 

 SOBRE MALVINAS, ES HUMO Y NO UN MANTO DE NEBLINAS

 

Dr. CESAR AUGUSTO LERENA

 

Quién podría creer que Milei se ha transformado de repente en un patriota, cuando  ayer mismo, manifestaba admiración por Margaret Thatcher; entendía que los  administradores británicos (ilegales) tienen derechos; aceptaba graciosamente que  los isleños (implantados) decidieran sobre su futuro y su gobierno no efectuaba  hasta fecha reclamo ni acción legal alguna sobre las múltiples violaciones por parte de los británicos de  nuestro territorio insular y marítimo y la explotación de nuestros recursos.

 

Es decir, violando  flagrantemente la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la Ley 24.543. Sus escribientes, -naturalmente probritánicos- como no podría ser de otra manera, han llegado a declarar que “las  Malvinas no son ni nunca fueron argentinas” (Sabrina Ajmechet) desconociendo los derechos argentinos, su  enorme potencialidad geopolítica y económica y, las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065, 31/49 y  muy especialmente la Resolución de posguerra 37/9 (4/11/1982).

A algunos de sus adeptos, como Fernando  Iglesias, se lo premia con la embajada en Bruselas, que en su libro “La Cuestión Malvinas” (2012) se le atribuye  haber escrito: “Cualquier idea de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es inaceptable para mí (y) defiende contemplar la autodeterminación de los kelpers” (Senado, 2026). Hay una veintena más de  declaraciones contrarias a los derechos argentinos, pero curiosamente, en su gran mayoría adhieren a LLA. Claro, no sabemos cómo habrán de mutar ahora -agarrados del pincel- después del paño blanco exhibido por los  jugadores de futbol, luego de ganarle a los ingleses y, al escuchar la cambiante y arrojada opinión de su líder en  la cadena nacional.

 

Pero, “rompamos el manto de neblinas que impera en Malvinas” como refiere la Marcha Patria (1940, José Tieri;  Carlos Obligado). Es solo humo colonial y la Cadena Nacional de Presidente tiene gran parecido a las  declaraciones del Vicepresidente Julio A. Roca en 1933, cuando dijo que la Argentina era, “desde el punto de  vista económico, una parte integrante del Imperio Británico” al firmar el pacto Roca-Runciman; manifestación  que fue considerada una humillación colonial por Lisandro de la Torre y otros. Hoy diría de Estados Unidos e  Israel.

 

Los ministros sentados a la retaguardia del Presidente, son una Guardia Pretoriana con balas de fogueo: Para  acompañar a Milei, que dice tener “su futuro asegurado” (no el de todos los argentinos) por sus trabajos c omo  Presidente: el Ministro de Economía no provee los fondos para poner en valor los puertos estratégicos; admite la  intervención del Puerto de Ushuaia y sus subordinados facilitan las operaciones de capital chino y otros  extranjeros en las aguas continentales argentinas y desalienta con sus medidas económicas la industria nacional y  su radicación en el litoral marítimo.

 

El Ministro de Defensa reduce las capacidades operativas de la Armada  Argentina; no aporta los recursos económicos para disponer de una flota disuasiva y empobrece a los miembros  de las fuerzas armadas.

 

El Ministro de Desregulación y Transformación desmantela el Estado y promueve una  legislación de extranjerización de las tierras, aún las fronterizas; la Ministra de Seguridad no instruye a la  Prefectura Naval para que controle el transporte extranjero de mercaderías ilegales en la Zona Económica  Exclusiva y las capturas igualmente ilegales sobre la plataforma extendida argentina hasta las 350 millas  marinas. La Ministra de Capital Humano no lleva adelante los programas de empleo y radicación en la  Patagónica; área que es la de más baja densidad poblacional del país, además de desatender los crecientes  desempleos en todo el país; pero, muy especialmente en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del  Atlántico Sur. El Ministro de Relaciones Exteriores que ignora cuánta acción ilegal ha realizado el Reino Unido  en el territorio insular y marítimo argentino y, desatendido las relaciones con nuestros vecinos estratégicos: Brasil, Chile y Uruguay. Con el primero no tenemos relaciones; el segundo es un excelente socio de los  británicos y con el tercero un fue ni fa; pero es el principal puerto de descarga y transbordo de la pesca ilegal en  Malvinas y alta mar.

 

Avancemos. Es evidente, por lo dicho, que al Presidente no lo ha movido reivindicar los derechos argentinos  sobre Malvinas y las aguas correspondientes; ya que en dos años y medio de mandato no ha hecho todo lo  contrario. Pareciera que su objetico es servir fielmente a las necesidades del Presidente Donald Trump de presionar al Reino Unido de Gran Bretaña por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y el control del Estrecho  de Ormuz y, por otra parte, lavar su imagen con los argentinos que, de cara a las elecciones de 2027, lo ven  como un antipatriota, contrastando con la posición mayoritaria de los ciudadanos que consideraron una cuarta  estrella el triunfo ante Inglaterra y el levantamiento de la consigna “Las Malvinas son Argentinas” por parte de  los jugadores del seleccionado.

 

Diego Armando Maradona hubiese dicho “la pelota no se mancha” ante un  gobierno que viene transgrediendo los más puros sentimientos nacionales.

El que le redactó el mensaje no puede hacer milagros y, es fácil entender, que estos fueron los objetivos de la  Cadena Oficial; porque Milei, refirió exclusivamente a la cuestión hidrocarburífera que habrá de significar por  parte del Reino Unido una gravísima apropiación de recursos argentinos del orden de los 1.700 millones de  barriles de petróleo; pero, omitió los graves daños a la pesca que implica el impacto ambiental de la explotación  petrolera sin control argentino; los graves daños ambientales que implican la explotación pesquera sin control  argentino (véase la cancelación en Malvinas de la segunda campaña de captura del calamar Loligo) y los  económicos y sociales por la apropiación por parte de la Corona Británica de los recursos pesqueros argentinos  que por un lado llevan a depredar el ecosistema que alcanzan, según cifras oficiales del gobierno ilegal de  Malvinas, “una extracción anual promedio -a través de 201 licencias ilegales- del orden de las 250.000  toneladas; es decir, que desde 1976 a la fecha, se han capturado en las aguas argentinas de Malvinas, unos 12,5  millones de toneladas de recursos pesqueros, cuya valuación estimada asciende a los cincuenta mil millones de  dólares aproximadamente, sin evaluar la utilidad final comercial; los derechos aduaneros; los derechos de  captura y exportación y los impuestos a las ganancias -entre otros- que se han evadido…” (César Lerena  “Pesca. Industria y Soberanía”, Ed. CESPEL, 2026). 

 

Ha omitido el presidente Milei, que al margen de las exploraciones que en Sea Lion realizan la empresa israelí  Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, también hay empresas petroleras extranjeras que han  mantenido vínculo directo e indirecto con Malvinas violando la Ley 26.659 (Ley Solanas) y realizan  explotaciones offshore en el Área Austral dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Sería bueno, que  además revisaran los Estudios de Impacto Ambiental -copia y pegue- presentados y cuyos estudios -de haberse  realizado in situ- ya hubieran provocado un grave daño a la pesca. Daño que habitualmente el gobierno de  Noruega tiene, por ello, previstas indemnizaciones.

 

El descontrol es total “TotalEnergy, según nos informa “Agenda Malvinas” (4.9.2026) blanqueó a su socia que  operó en Malvinas con quien hoy extraen el petróleo de Tierra del Fuego…Se trata de Harbour Energy, ex socia  de Rockhopper y quien vendió el 65% de los activos que hoy posee Navitas”.

 

Ya a esta altura nos tenemos que preguntar: ¿al margen de las sanciones que deban aplicarse a las empresas  británicas qué habrá de hacer el gobierno argentino con Israel, a quien Milei ha considerado un aliado estratégico  y apoyado en el conflicto armado que mantiene en Oriente y se apropia de nuestros recursos? Y ¿qué habrá de hacer con España, que reconoció nuestra independencia y consecuente soberanía en Malvinas y, que, asociado a empresas isleñas británicas, se apropia de nuestros recursos pesqueros en los archipiélagos?

 

Les  damos una idea: Bastaría que nuestro Canciller lo llame al embajador español en Argentina y lo intime a que los  buques gallegos se retiren de Malvinas y, después de ello, iniciar las acciones legales correspondientes para  recuperar los recursos pesqueros que se han apropiado sin habilitación de la Autoridad de Aplicación conforme  la Ley 24.922, además de las pertinentes multas.

Nada ha hecho el gobierno de Milei desde que asumió, que preanunciara esta repentina y enérgica decisión  respecto a la invasión de Malvinas; que, si bien es insuficiente, nos ocuparemos de recordarle que debe presionar  ante sus aliados Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, no para discutir una supuesta disputa, sino para que la  Argentina recupere la soberanía plena sobre los archipiélagos y las aguas correspondientes.

 

Durante este tiempo el gobierno, teniendo 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular invadido por el Reino  Unido, un espacio equivalente a casi toda la argentina continental, no tiene “hipótesis de conflicto”. A lo que  habría que agregar “la imposición de un Consejo de Seguridad en el marco del Escudo de las Américas que  Milei-Presti firmaron…” (Instituto de Estudios Nacionales, 4.9.2026).

 

Por otra parte, la Cancillería ha desactivado el Consejo Nacional de Malvinas y su actual Secretaria de Malvinas  es cofundadora de la Fundación Argentina Global, que junto con la Embajada británica y el programa de becas  Chevening (del Foreign Office), lanzó en 2026 el Future Leaders Programme Argentina, un programa de formación para estudiantes avanzados y jóvenes profesionales con talleres sobre política internacional, que no  parece otra cosa que alinear cuadros argentinos a los intereses británicos. Se suma a ello el programa de la  Embajada Británica en la Argentina destinado a jóvenes de “conozca a sus vecinos”; olvidando, pequeño detalle de los ingleses, que las Malvinas no son vecinas, son parte integrante de nuestro territorio.

 

La Argentina sigue autorizando la importación de buques construidos en España. Los mismos Astilleros que  proveen buques a las empresas españolas que pescan en Malvinas y a las empresas nacionales de capital español  que operan en la Zona Económica Exclusiva Argentina con habilitación de la Autoridad de Aplicación.  Autoridad que, además, acaba de autorizar el ingreso de buques poteros chinos para empresas nacionales ( ¿?) y  les otorga permisos para operar en jurisdicción nacional. ¿Qué opinarán los norteamericanos, al respecto?

 

Por otra parte, el gobierno mantiene el puerto de Ushuaia intervenido y carece de un proyecto estratégico destinado a reafirmar la presencia argentina en la parte meridional del Atlántico Sur; el paso al Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida y, “Las fuerzas armadas sospechan que el anuncio de Milei es la antesala para dejar  una Base Naval en manos de Trump” (Augusto Taglioni, La PolíticaOnLine, 3.9.26); Base “que se empezó a  construir en 2022 y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero” (Jorge Taiana, 3.9.2026).

 

La presencia de fuerzas militares y navales de Estados Unidos en el Río Paraná-Paraguay y elmar argentino no  encuentra otro sustento que tercerizar en terceros países el control de nuestra jurisdicción fluvial y marítima y,  coincide con la reducción de fuerzas navales nacionales.

Ya nos hemos referido, que se agregan los buques chinos, españoles, británicos, coreanos y taiwaneses se  apropian de los recursos pesqueros originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar, sin  ninguna acción efectiva del gobierno nacional para erradicar la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental, ocasionando un grave perjuicio económico, biológico y social a la Argentina, a pesar de la legislación vigente y  ello es una muestra elocuente de desinterés del gobierno nacional pese a la gravedad de los daños que provoca  (Artículo 5º de la Ley 23.968; Artículo 2º inc. c de la Ley 24.543; Artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley  24.922); además de debilitar la soberanía argentina en el Atlántico Sur y en Malvinas.

 

Parece una cuestión menor, pero no descartamos que la falta de campañas para aumentar el consumo de pescado  en la Argentina -el más bajo de Latinoamérica y de África, con 4,8 Kg per cápita/año- tiene como objetivo  desalentar al argentino a que tenga alguna preocupación por el mar y su riqueza.

«¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la Patria en la  extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol, nuestro ideal: Las Malvinas argentinas en dominio ya  inmortal».

 

 

Experto en Atlántico Sur y Pesca

Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)

 

IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS

 

 Y EL RIESGO DE ABUSO EN MENORES

 

NOTIVIDA, Año XXVI, Nº 1424, 1 de septiembre de 2026

 

En Córdoba se desarticuló una red de grooming y abuso sexual en Villa María de Río Seco. Las víctimas eran tres adolescentes de 13 y 14 años, extremadamente vulnerables, que tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde los 11 años.

 

El caso abrió una doble línea de investigación: por un lado, la responsabilidad penal de los abusadores; por otro, la posible responsabilidad institucional del sistema de salud en la colocación de los implantes a menores de edad.

 

A raíz de este hecho, la semana pasada se presentó en la Legislatura de Córdoba un pedido de informes (Expte. 47399/R/26) impulsado por el Bloque del Frente Cívico. La resolución, dirigida al Ministerio de Salud provincial, busca esclarecer los protocolos y controles aplicados para evitar que el “chip anticonceptivo” se convierta en un facilitador involuntario de situaciones de explotación o abuso.

 

El expediente solicita:

La cantidad de implantes entregados por año y el stock actual en depósitos provinciales.

El rango etario de quienes acceden al procedimiento y si existe una edad mínima establecida por protocolo.

Qué ocurre cuando una menor concurre sin adulto responsable, cómo se evalúa la “autonomía progresiva” y la capacidad de comprender el procedimiento.

Si en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica intervienen equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales) y si se realiza un seguimiento posterior.

Qué medidas administrativas (auditorías internas o sumarios) se iniciaron tras las investigaciones judiciales por presunta responsabilidad hospitalaria en casos de abuso infantil con implantes colocados precozmente.

En los fundamentos del proyecto se subraya que las indicaciones técnicas de los dispositivos sugieren un rango etario a partir de los 18 años para garantizar seguridad.

 

Compra de implantes

 

El gobierno nacional está culminando un proceso de adquisición de 150.000 implantes, mientras que la provincia de Buenos Aires compró 40.000. Otras jurisdicciones que realizaron compras recientes son Río Negro y Salta.

FEDERALIZAR EL C0NURBANO

 

https://www.perfil.com/noticias/politica/ex-intendente-san-miguel-propone-federalizar-conurbano-quitarlo-orbita-gobierno-bonaerense.phtml

FRANCIA

 

 el obispo en el funeral del masón amigo de Macron

 

Brújula cotidiana, 01_09_2026

 

Masón y partidario de la eutanasia, pero enterrado (o mejor dicho, incinerado) con un funeral eclesiástico oficiado por el propio obispo. Ocurre en la diócesis francesa de Dijon, donde parece que no ha llegado el eco del doble veto procedente de Roma y San Remo a los funerales de dos miembros de las logias. Y tras el mantra entonado desde el púlpito de una iglesia de Como, nos toca una vez más relatar una anomalía funeraria. El ilustre difunto, afiliado a la logia, era el senador François Patriat, fallecido a los 83 años el 19 de agosto, a raíz de un accidente de bicicleta. El 25 de agosto, monseñor Antoine Hérouard, obispo de Dijon, ofició los ritos fúnebres en la colegiata de Notre-Dame de Semur-en-Auxois, localidad natal del político fallecido, en presencia de una nutrida representación de políticos, desde el Elíseo hasta los niveles más bajos.

Patriat no era precisamente un desconocido; es más, además de por su afiliación masónica, era muy conocido por su cursus honorum en la política local y nacional: ministro de Agricultura en el Gobierno de Jospin, presidente del consejo regional de su Borgoña natal y senador desde 2008 hasta su fallecimiento. Una larga carrera que comenzó en el Partido Socialista y que, desde su fundación, le llevó al partido Renaissance de Emmanuel Macron, del que fue una figura destacada.

 

El presidente del Elíseo entretuvo a los presentes desde el púlpito con su largo y emotivo recuerdo de «François el invencible», conocido por sus amigos como «Fanfan». Durante nada menos que 13 minutos, Macron ensalzó al difunto y a sí mismo con un discurso más propio del escenario de un mitin que del templo de Dios. Recordó el 6 de abril de 2016, fecha de fundación del partido —y él, Fanfan, estaba allí («il était là!»)—, e incluso, durante el trayecto, se detuvo en la catedral de Amiens para encender una vela porque «era un socialista que creía en la providencia», palabras que recuerdan a los antiguos «panegíricos» en honor a los santos.

En cuanto al obispo, calificó de «en evolución» la relación de Patriat con el catolicismo y centró la homilía en el camino —que se articula en «compromiso», «esperanza» y «alianza»— —, ya que «para los cristianos, la verdad no es un sistema filosófico ni un sistema político; la verdad es, ante todo, alguien en quien depositar nuestra confianza y que nos invita a caminar con él», precisando que «creemos que Jesús nos abre el camino de la vida». Pero lo que signifique esa relación «en evolución» es un misterio que bien podría permanecer en la esfera personal del difunto si no fuera porque entra en juego una esfera pública y, más concretamente, política, en contraposición con la Iglesia, al menos (y eso no es poco) en cuestiones éticas.

 

Quien sacó a relucir el asunto el mismo día del funeral fue la web católica Tribune Chrétienne, recordando que «François Patriat también era conocido por su pertenencia a la masonería, una pertenencia que reconoció abiertamente a lo largo de su carrera». Tanto es así que la publicación francesa pro-masónica 450. fm precisamente al referirse al «paso al Oriente eterno» del «hermano François Patriat», se lamenta un poco de que, ante la muerte de algunos representantes públicos de las logias, la afiliación pase a un segundo plano en los medios de comunicación en general y solo la destaquen los medios hostiles a la masonería (con referencia directa y explícita al artículo de Tribune Chrétienne).

 

Volvamos al partido fundado en aquel «histórico» 6 de abril de 2016 con el apoyo indispensable de Fanfan, quien fue su portavoz en el Senado hasta su muerte. Se trata del partido que impulsó con firmeza la inclusión del aborto en la Constitución y, más recientemente, la ley sobre la eutanasia, promulgada en el mes de agosto. Ley a la que Patriat no se oponía en absoluto; es más, el 28 de mayo de 2025 acogió positivamente su tramitación parlamentaria, con la esperanza de que la «resonancia en la opinión pública» se abriera paso también en el Senado: «Dado que el 85 % de los franceses está a favor, es evidente que este movimiento está llegando a los representantes electos, incluidos los senadores, que a veces pueden ser un poco más reaccionarios».

 

En cuanto al aborto, basta con releer el entusiasmo de Patriat en una publicación en X del 4 de marzo de 2024, el día en que el aborto se convirtió en un derecho constitucional: «Corresponde a Francia, que a los ojos del mundo sigue siendo el símbolo de la libertad y la igualdad», comentaba la senadora, «reafirmar solemnemente esos principios y garantizar, en el texto sagrado de la Constitución, esa libertad fundamental de la mujer para decidir sobre su propia maternidad».

 

¿No es esto motivo suficiente para aconsejar a monseñor Hérouard que no asistiera, o incluso que no concediera los ritos fúnebres eclesiásticos (según el derecho canónico) a un miembro destacado de la masonería que ha trasladado su agenda también al ámbito político? La presencia del prelado sorprende aún más, dado que, en general, los obispos franceses se han mantenido firmes en lo relativo al final de la vida, contribuyendo a «arrancar» al menos la objeción de conciencia para las estructuras privadas, incluidas las católicas, que el texto de Macron había excluido.

 

 Lo que ocurrió en el alma de Patriat hasta el último instante es asunto suyo (y de Dios), pero no se puede decir lo mismo del «hecho» externo, la celebración del funeral —más bien, de unos funerales que constituyeron más bien una celebración, incluso política, de un masón, defensor del aborto y de la eutanasia, que, por muy «en evolución» que esté, no parece haber renegado públicamente de ciertas posturas.