Los agujeros negros que tiene la ley de gastos de campaña
“Hecha la ley, hecha la trampa, reza el refrán. En este caso, la víctima sería -otra vez- la ley de financiamiento de los partidos políticos, si se comprueba que los 800.000 dólares venezolanos que ingresó Guido Antonini Wilson en nuestro país en agosto pasado iban a solventar la campaña presidencial del oficialismo. La norma vigente prohibe taxativamente el aporte de fondos por parte de entidades o gobiernos extranjeros.
La ley de financiamiento de los partidos políticos se sancionó en 2002 para intentar reparar el descrédito en el que habían caído los políticos tras la crisis de diciembre de 2001. Si bien fue aplaudida en su momento, los partidos políticos (en especial, el oficialismo) no tardaron demasiado en incumplirla o en buscar atajos para zafar de los límites que allí se establecen. Lejos quedó aquel espíritu de búsqueda de una mayor transparencia que bregaban los políticos a comienzos de 2002. De hecho, la propia Cristina Kirchner, por entonces senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue una de las abanderadas de la ley de financiamiento de los partidos cuando aquel 23 de mayo -día en que se aprobó la norma- rescató la necesidad de transparencia que reclamaba la sociedad.Estamos tratando una norma donde el bien jurídico tutelado es la necesidad de reducción del gasto y del costo político que ha sido demandado por la sociedad. No sólo por una cuestión del gasto en sí mismo, sino esencialmente porque en la sociedad argentina existe la convicción, la certeza, de que los ingentes gastos políticos que demanda una campaña electoral convierten a los partidos del sistema democrático en presas fáciles de capturar por parte de los grupos económicos, que son normalmente los que aportan a las campañas, fueron sus premonitorias palabras.No bien se sancionó, la ley debutó con problemas.
En 2003, la Justicia detectó que los balances de los tres candidatos presidenciales del justicialismo, Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, mostraban diferencias entre el monto de gastos de publicidad acreditados y lo declarado por los candidatos.Tres años después, la jueza federal María Servini de Cubría acudió en su auxilio y, en un polémico fallo, aseveró que los candidatos no violaron la ley, pues no sabían que las contrataciones proselitistas que hicieron consultoras, agencias de publicidad e imprentas iban a favorecerlos. El fallo, cuestionado por la oposición, y por el mundo académico y jurídico, provocó que la ley de financiamiento de los partidos políticos se modificara a fines del año pasado; se prohibió que terceros contrataran publicidad a favor de un candidato y, de paso, se aumentó el límite de gastos autorizados para las campañas.También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los partidos políticos buscaron eludir las obligaciones que impone la ley.
Recientemente, la Legislatura porteña sancionó una virtual amnistía que benefició a todos los candidatos que participaron en las elecciones para jefe de gobierno porteño que burlaron la ley local.Nosotros hicimos un simulacro de los costos de la campaña porteña y concluimos que, por la cantidad de contrataciones publicitarias realizadas, la campaña electoral debió haber costado cinco veces más que lo que declararon tanto Filmus como Macri y Telerman, enfatizó Pablo Secchi, de Poder Ciudadano. Secchi lamentó el manoseo de la ley tanto por parte de los partidos políticos como de la Justicia, a excepción de la Cámara Nacional Electoral, aclaró. Pese a que existe la ley, hay financiamiento oculto a los partidos, sostuvo. ¿Qué controles se están ejerciendo sobre la última campaña presidencial? Según los plazos que estipula la ley, a fines de enero próximo los partidos políticos deberán presentar el informe final sobre los aportes públicos y privados que recibieron para solventar sus respectivas campañas. El oficialismo declararía gastos totales por casi 20 millones de pesos.
El problema es que siempre aparece un flujo de dinero que se escurre de los controles oficiales. ¿Cuántas valijas como la venezolana habrían pasado sin que hayamos podido detectarlas? Lamentablemente, siempre hay atajos para eludir los controles, sostuvo Cristian Gruemberg, de Cippec.”
(La Nación, 23-12-07)
Los juicios por corrupción
“Robe hoy y pague en 14 años. Podría ser un aviso muy tentador para funcionarios corruptos, pero la realidad es aún más generosa. Catorce años dura en promedio un juicio por corrupción, pero lo más probable es que, al final del camino, el acusado sea declarado inocente, que la causa se cierre por falta de pruebas o prescriba porque, claro, ha pasado tanto tiempo.La corrupción es noticia cuando se la denuncia, cuando un funcionario tiene que dar explicaciones o cuando renuncia a su cargo, como acaba de ocurrir con Felisa Miceli, quien se apartó del Ministerio de Economía. Lo que sigue es un lento, silencioso y complejo trámite cuyo resultado conocemos: hoy no hay ningún detenido por causas de corrupción y en los últimos cinco años, sobre un total de 750 causas, sólo se ha condenado a 15 personas -en general a funcionarios de segunda línea-, entre ellos a María Julia Alsogaray, hasta hoy toda una excepción.
Esa estadística pertenece al Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que sigue de cerca estos procesos y está terminando un informe sobre la duración de los procesos de corrupción. Clarín accedió a ese estudio, hecho en colaboración con la UBA, donde se pone en evidencia la lentitud de la Justicia a la hora de investigar al poder. De allí surge que el promedio de los juicios consume 14 años. Y que el 20 % acaba por cerrarse con la prescripción del delito, una figura que anula cualquier definición porque se considera excesivo el tiempo dedicado a buscar la verdad.”
“La corrupción no es sólo un asunto de ética. El CIPCE ha calculado que desde 1980 hasta el 2006 la corrupción ha privado al Estado de unos 10 mil millones de dólares, el equivalente a lo que gastaría durante 10 años el Ministerio de Desarrollo Social con sus planes de asistencia a pobres.”
“Gerardo Sofovich estuvo al frente de Canal 7 (entonces ATC) en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. La Justicia lo investigó por supuesta administración fraudulenta y comprobó que durante su gestión el canal estatal perdió 8 millones de pesos. Tras 9 años de proceso, el año pasado la Justicia cerró la causa por prescripción.” “Las causas más viejas sobre corrupción son de la década del ochenta. En aquellos años se iniciaron decenas de investigaciones contra empresas y bancos, a los que se acusó de estafar al fisco en complicidad con funcionarios. La demanda contra la firma Ciccone Calcográfica, que imprime los pasaportes, lleva ya 21 años.”
(Clarín, Zona, 22-7-07) [DP, 153]
El Presupuesto no se revisa desde 1994
“¿Cómo gasta el Estado? ¿Cumple con lo que estipula el presupuesto anual o ejecuta las partidas a su antojo? Imposible saberlo: desde hace más de una década el órgano a cargo de ese control, el Congreso, no debate las ejecuciones de los sucesivos presupuestos, llamadas cuentas de inversión. Nunca en la historia de nuestro país había sucedido una demora semejante según los anales del Congreso.
Basta un ejemplo para dimensionar la gravedad del problema. De acuerdo con la cuenta de inversión 2004 que envió la Contaduría de la Nación al Congreso, el Estado aumentó ese año la friolera de 10.000 millones de pesos el total de sus gastos respecto del presupuesto original. ¿Qué hizo con todos esos recursos adicionales? Los reasignó hacia distintos fines, ya sea por medio de decisiones administrativas del jefe de Gabinete o bien por decretos de necesidad y urgencia. ¿Los hizo conforme a la ley, o hubo irregularidades en estas reasignaciones? Para saberlo, el Congreso debería revisar este mismo año esa cuenta de inversión, pero con la demora de más de 10 años que hay en el control de las ejecuciones presupuestarias esto suena a utopía.
La última cuenta de inversión que se sancionó data de 1993. El Senado luego aprobó las tres subsiguientes (94, 95 y 96), pero la Cámara de Diputados se rehusó a tratarlas. No hay que ser demasiado perspicaz para averiguar la razón: se trata del período más controvertido de la gestión del ex presidente Carlos Menem, sobre todo 1994, cuando se concretaron algunas de las privatizaciones de servicios públicos. Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, en 2003, aquellas controvertidas cuentas de inversión estaban en el temario de la Cámara baja para su debate. La oposición anticipó su rechazo y puso en aprietos al flamante oficialismo: si las rechazaba, podía originar un pleito jurídico de alcances impredecibles, pero si las aprobaba, el Presidente iba a aparecer avalando las cuentas de su adversario. La decisión que se tomó fue no tomar ninguna decisión. El oficialismo miró para un costado y las cuentas de inversión están demoradas en algún cajón, actuando como verdadero tapón de las siguientes. Fue el camino menos costoso políticamente, aunque no así en términos institucionales.
Pocos legisladores en el Congreso dimensionan la envergadura de una cuenta de inversión. Tal vez por eso la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de revisar estos informes, como también todos aquellos relevamientos que realiza la Auditoría General de la Nación (AGN), pasa más que inadvertida.” “Pese a las versiones optimistas de los distintos responsables, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que sigue con lupa la labor de la Comisión Mixta, es lapidaria. La comisión legislativa no tiene plazos para el control, lo que le resta efectividad. Además, está integrada en su mayoría por el PJ, lo que significa que el controlante es del mismo signo político que el controlado, advierte.” (La Nación, 20-9-05) Denuncian fallas en el control del Estado“Los organismos que deben controlar al Estado funcionan mal, en algunos casos no tienen independencia del poder político, carecen de presupuesto o, directamente, no cuentan con las herramientas necesarias para actuar. Esa es la opinión de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), como Poder Ciudadano, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro Social para la Transparencia, entre otras, que fueron consultadas por LA NACIÓN.”
“Cometer un delito o actuar en forma perjudicial para el Estado en cualquiera de los cientos de miles de oficinas de la Administración Pública Nacional y no ser detectado no resulta hoy una tarea de especial dificultad. Esto es así no sólo por la enorme cantidad de decisiones que miles de funcionarios -de alta y baja jerarquía- toman a diario, sino también por las deficiencias en el sistema de control. Las principales debilidades de los organismos encargados de esa tarea son la falta de cooperación entre sí, la excesiva injerencia de cuestiones políticas, la fragilidad institucional, la escasez de presupuesto y de personal y los problemas normativos, de acuerdo con el diagnóstico de organizaciones civiles que trabajan por la transparencia y de funcionarios de esas dependencias consultadas por LA NACIÓN.” “A la vez, sigue sin conformarse la Comisión Nacional de Ética Pública, creada por ley en 1999 para vigilar el comportamiento y patrimonio de funcionarios de los tres poderes. La necesidad de fortalecer los órganos de control no es nueva: fue la recomendación que hizo hace dos años un comité de expertos encargados de verificar el cumplimiento en el país de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. En el documento final, se instó a la Argentina a “tomar medidas tales como mecanismos públicos transparentes de selección, designación y remoción de los funcionarios [de los organismos de control superior], mayor autonomía de las unidades de auditoría interna y autarquía de la OA [Oficina Anticorrupción]”. “El problema de los entes de control es cómo despolitizar su actividad. Si no se logra, existe la posibilidad de que el partido de turno utilice al Estado con fines políticos o electorales, como puede estar pasando con los planes sociales o con los excedentes presupuestarios”, dijo a LA NACIÓN Cristián Gruenberg, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).”
(La Nación, 19-9-05)
El Estado
Mariano Grondona
“Sean verdaderas o no, lo cierto es que las ideas gobiernan el mundo. Cuando son claras y distintas, dan lugar a estrategias coherentes. Cuando no lo son, generan la Babel de las frustraciones. Estas reflexiones vienen a cuento porque, de los muertos de Cromagnon a las valijas de Southern Winds, diversos indicios nos están diciendo que los argentinos no tenemos una idea clara y distinta del Estado. Esta falencia, al parecer puramente intelectual, le está acarreando, sin embargo, las peores consecuencias prácticas, las más graves conmociones, a nuestra atribulada sociedad. Basta nuestra historia reciente para comprobarlo.”
“Cada cual desde su propia óptica, pues, Alfonsín y Menem probaron hasta donde podía llegar una idea falsa del Estado. ¿En qué consistía esta idea que ambos aprobaban desde opuestos ángulos? En que el Estado es, por lo pronto, gestión. Alfonsín probó, al aceptarla, hasta qué abismo puede llegar un país sometido casi totalmente a la gestión del Estado. Menem extrajo del fracaso de Alfonsín una consecuencia aparentemente lógica: si la Argentina se había hundido porque el Estado la gestionaba íntegramente, habría que recurrir a las empresas privadas para que fueran ellas las que la gestionaran, también íntegramente. Pero los años finales de Menem también fueron los de un alto desempleo, una profunda recesión y un endeudamiento insostenible por que el sucesor de Alfonsín pensaba, como él, que el Estado es gestión. Si la causa de nuestros males había sido entonces la gestión estatal de la economía o estatismo, la solución sería dejarlo al Estado sin gestión. Pero ésta no fue tampoco la solución, por el Estado no es gestión.
¿Qué es el Estado entonces? ¿Cuál es la idea clara y distinta que nos permitiría reubicarlo como un factor positivo de nuestra vida en común? Esta otra: que el Estado no es gestión sino control. En tiempos de Menem, si bien el Estado dejó de gestionar nuestra economía, no por eso controló la actividad privada. Al dejar de gestionar, también dejo de preocuparse por aquello que no gestionaba, desde los servicios públicos hasta la salud o la educación. El cerebro no realiza directamente las funciones corporales. No es mano ni pie, pulmón ni corazón. Pero controla, a cambio, todas las funciones corporales. Decimos que una persona está descerebrada cuando ha perdido el control. Lo que estamos viendo y padeciendo es una Argentina descerebrada. Una Argentina ni estatista como en tiempos de Alfonsín ni privatista como en tiempos de Menem. Simplemente, una Argentina sin Estado. Una Argentina a-estatal.”
“En su último libro “La construcción del Estado” (State building, Cornell University Press, 2004), Francis Fukuyama distingue dos aspectos del Estado. Uno, al que llama fuerza (strenght), tiene que ver con la capacidad del Estado para cumplir sus funciones de control. El otro, al que denomina alcance (scope), tiene que ver con las áreas que pretende abarcar el Estado. Lo característico de los Estados de los países subdesarrollados es, según el autor, que tienen mucho scope y poco strength. Lo característico de los Estados de los países desarrollados es, al contrario, que limitan su scope a las áreas donde pueden mostrar su strength porque saben que el que mucho abarca, poco aprieta.” “Un verdadero Estado podrá tener más o menos alcance. Lo que no puede no tener es, en cambio, la fuerza necesaria para aplicar las leyes. Cobrando, por ejemplo, los impuestos. Que la evasión llegue entre nosotros al 50 por ciento, ¿no lo dice todo? Ya pretendan gestionar mucho o poco, en suma, ni los socialistas ni los liberales pueden prescindir del control. Llegar a tenerlo es, por encima de sus divergencias ideológicas, su interés común. Ningún socialismo, ningún liberalismo, pueden funcionar sin Estado.”
(La Nación, 20-2-05) [Publicado en Documentación Política, Nº 48, 3-3-05]
