Hugo Alconada Mon
LA NACION, 14
DE AGOSTO DE 2016
Todos los viernes, un grupo de empresarios se reúne a
comer. Asado, por lo general. Cena "de camadería" -así la definen-,
en la que comparten buenos vinos, chistes malos, se alertan sobre riesgos,
cruzan información y, de ser necesario, coordinan cómo encarar los proyectos
más jugosos. O cómo lidiar con algún funcionario. Es apenas un atisbo de la
"cartelización" de la obra pública, según afirman algunos de ellos
que aceptaron dialogar con LA NACION.
"Para ciertas licitaciones, el «armado» es a
través de la Cámara [Argentina] de la Construcción (CAC), pero para los de
Vialidad, es la 'Camarita' la que juega", cuenta un veterano con más de 30
años en el sector. Alude a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con sede en
Piedras al 300, frente a Vialidad Nacional.
"Veinticuatro horas antes de una licitación podía
armarse una reunión en la oficina de la «Camarita» para coordinar las
presentaciones de cada empresa", cuenta otro empresario, que recuerda una
vieja anécdota: "En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de
Luján, protectora de los caminos, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta
para que no presenciara lo que hacíamos".
El presidente de la "Camarita", Rodolfo
Perales, lo niega, indignado. "No existe la cartelización. Absolutamente
no. Pensar en algo así cuando hay cien empresas que compiten es
imposible", dijo a LA NACION, para luego añadir: "Espero que quienes
hablaron con usted no sean socios de nuestra cámara".
-Lo son.
-Lo lamento. No deberían...
Los empresarios consultados, sin embargo, descargaron
toda o parte de la responsabilidad por la cartelización -y los sobreprecios- en
los funcionarios de turno, a los que algunos constructores aluden con el
eufemismo de "el socio" al que no pueden citar por su nombre.
"La corrupción viene de arriba y los empresarios
nos adaptamos al sistema porque así los negocios son más fáciles", argumentó
uno. "El Estado es el que carteliza. Y las empresas la aceptan para
protegerse. Hay muchas familias que dependen de eso", añadió otro que
recordó el caso de un constructor que se negó a pagar y le secuestraron a un
hijo.
Otro empresario ofreció una visión más crítica.
"En teoría, si no te metés en los arreglos no ganás un contrato, sí. Pero
los empresarios callaron y ahora varios encima hacen lobby para que no salga la
ley del arrepentido, no jodamos", se sinceró. "Fueron... fuimos -se
corrigió a sí mismo- cómplices".
¿Cómo eran las negociaciones, en la práctica, con los
funcionarios?
"Durante el gobierno de Menem los contratos
chicos pagaban hasta el 0,5% y los grandes 2%; ya con Duhalde subió al 3%; y
con Kirchner, llegó al 10%", detalló un empresario. "La primera obra
que recuerdo era para Bariloche, y bajó el mensaje que a partir de entonces
había que «poner el Diego». Néstor era un desaforado", agregó.
A partir de ese momento, cuentan, un interlocutor
clave pasó a ser el financista Ernesto Clarens, quien recibía a empresarios en
oficinas de la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones, en Pasaje
Carabelas. Luego en otra de la calle Maipú. Después, en Puerto Madero.
"Clarens te recibía y adelante tuyo llamaba a
Kirchner para reportarle las novedades", contó un ejecutivo que lidió
varias veces con el financista. "Lo llamaba y le decía, 'Lupín, anotá', y
le pasaba las novedades".
El presidente de la "Camarita" también lo
negó. "Conozco a Clarens. En algún momento trabajamos con él. Es una
excelente persona y es falso lo que cuentan sobre él", indicó Perales a LA
NACION.
"Además eso del 10% es falso", añadió el
referente de Perales Aguiar SA, que en los '90 afrontó una tormenta por un
presunto pago de sobornos al entonces ministro de Obras Públicas, Roberto
Dromi, acusación que se diluyó en Tribunales. LA NACION intentó consultar a
Clarens a través de sus abogados, pero no fue posible.
El ex número dos de Vialidad nacional, Sandro Férgola,
se convirtió en otro interlocutor habitual de los empresarios. Primero en su
oficina de Vialidad y luego en las de Rovella Carranza, donde recibió a más de
un ejecutivo con un latiguillo que los descolocó. "¿Esto? Esto es de
José", en alusión a José López, su superior de Obras Públicas devenido en
depositario de bolsos millonarios en un convento que no es tal.
La constructora Rovella Carranza ya salió al cruce de
esas versiones, que investiga la Justicia, y negó toda relación societaria o
laboral con López.
A Clarens y Férgola se suman otros nombres. Entre
ellos, los del entonces interventor del Occovi, Claudio Uberti, quien
"atendía" en el café Volta, sobre avenida del Libertador, y operó
para López hasta su caída por el "caso Antonini". Entonces lo
reemplazó -en el Occovi y para todo lo demás- un histórico de Vialidad, Gustavo
Gentili, que llegó de la mano de su mujer, Laura Andino, a la que ubicó como
interventora de Autopistas del Sol, bajo su ala.
A ellos se sumaron otros interlocutores habituales
para los empresarios. Entre ellos, el contador Andrés Galera y Guillermo
"el ñoqui" Fernández, que solían actuar como emisarios de José López
-algo que negaron ante la Justicia-. También, Osvaldo de Sousa, hermano de
Fabián, el socio y lugarteniente de Cristóbal López, más conocido como "el
burrito" -porque decía que la tenía "más larga que todos" los
empresarios- y solía atender en el hotel Hilton de Puerto Madero, o en la
avenida Córdoba.
"Círculo cerrado"
"El reparto de obras es un círculo cerrado en el
que se simula una competencia entre las constructoras", simplificó otro
empresario. "Al punto de que a veces la empresa que se acuerda que va a
ganar -añadió-, se encarga hasta de preparar los sobres que las otras empresas
van a presentar para perder la licitación".
Otro constructor cuenta que cada empresa primero
calcula su oferta, en la que incluye su costo directo (materiales, equipos y
otros rubros), indirecto (capataces, jefes de obra, etc) y un adicional por
riesgos. Eso arroja el costo total directo, al que se añaden los gastos
generales de empresa, que refleja el costo total de obra, al que luego se
añaden los costos financieros. "Y a eso, los sobreprecios para repartir
entre los funcionarios y las empresas que van a simular la competencia."
-¿Qué significa eso?
-Digamos que el funcionario pide el 10%, ¿ok? Bueno, a
eso súmele otro 5% para el ganador (porque no voy a correr el riesgo sin un
premio para mí, ¿no?). Y a eso, añádale otros 2 puntos para las empresas que
perdieron. Total, 17% de sobreprecio. ¿Se entiende?
La cartelización -que además suele darse por regiones
o provincias-, incluye prácticas propias. Entre otras, "el remate",
como lo calificó un veterano de la obra pública.
"El «remate» es que cada empresario pone en un
papelito cuánto repartirían entre sus competidores de lo que van a ganar si se
quedan con la obra. Entonces, el contrato se lo queda el que promete repartir
más y así todos ganan", explicó. "Claro que depende de un «pacto de
caballeros». Y acá -añadió sin ironía-, todos lo son."
