YPF y su valor de
mercado, a principios de año, se situaban en 66 mil millones de pesos, mientras
que hoy su valor es de 28 mil millones
Franco Tealdi*
Con bombos y
platillos, rodeada de una atmósfera propia de un estadio de fútbol, el 16 de
abril de este año Cristina Fernández anunciaba el envío al Congreso de un
proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento del paquete accionario de YPF,
por entonces en manos de la española Repsol.
Dicho evento,
precedido por una gesta de acoso a la compañía desde principios de 2012, fue
usado como bandera política y, además, como cortina de humo para disimular los
graves baches de la política energética K.
Así las cosas, la
mayor empresa del país e ícono sentimental para muchos, volvía a ser del
Estado. El nacionalismo infantil y la demagogia populista característica del
kirchnerismo habían encontrado su causa perfecta.
Pero, una vez más, la
realidad cacheteó el relato. En efecto, el 13 de noviembre, la acción de la
empresa cerró a 72 pesos en el mercado local, situándola, una vez más, en
mínimos históricos.
Desde el comienzo del
maltrato oficial a hoy, dicho papel perdió más del 60 por ciento de su valor,
si consideramos que se llegó a negociar a 188 pesos el 23 de enero de 2012.
Un cálculo sencillo
pero revelador demuestra con números concretos la crónica del vaciamiento. YPF
y su valor de mercado, a principios de año, se situaban en 66 mil millones de
pesos, mientras que hoy su valor es de 28 mil millones. Unos 38 mil millones de
capitalización bursátil se pulverizaron en las 209 ruedas que tuvo este año.
Si tenemos en cuenta
que cada jornada bursátil es de seis horas (de 11 a 17), por cada hora que YPF
cotizó en la Bolsa
de Buenos Aires perdió 30 millones de pesos de valorización, o 500 mil pesos
por minuto, es decir, más de 100 mil dólares tomando la cotización oficial.
¿Los motivos?
Abundan. En pocas palabras: este gobierno y su cóctel de medidas antiinversión,
que van desde la confiscación de la empresa, pasando por el cepo al dólar y la
pesificación de facto, el “efecto Chaco” y los fondos buitre, en el marco de un
país donde reina la inflación, el estancamiento, la desconfianza y la
incertidumbre económica, hacen que YPF se vea acéfala de una dirección (que
todos sabemos es política) responsable y previsible.
En concreto, existen
numerosas razones para que los inversores huyan. Tanto es así que, aun pagando
a tasas superiores al 15 por ciento, le cuesta conseguir financiamiento, a no
ser que venga de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses) o de algún otro prestamista bajo presión.
Mención aparte
merecen todos los anuncios de posibles sociedades con petroleras extranjeras de
la talla de Chevron, Sinopec o la rusa Gazprom, que, según parece, no marcharon
como se esperaba.
El panorama a futuro
se ve sombrío, a no ser que se produzca un drástico cambio en la política
económica, orientado a generar previsibilidad y reglas claras, que ayude a
paliar y disminuir el riesgo soberano argentino, se restaure la confianza en el
país y sus empresas, lo que permitiría volver al mercado de deuda a tasas
razonables, para financiar los planes de expansión de la empresa.
El otro camino es
seguir manoteando cuanta caja se cruce en el camino, obligando a los actores
económicos ?sean bancos, aseguradoras u organismos estatales? a prestar dinero
a tasas negativas, alimentando así el circuito devastador de la desconfianza.
Este parece ser el
camino que por ahora elige el Gobierno, en virtud de su economista estrella
Axel Kicillof, quien destruye todo lo que toca. Después de todo, para él ?y
para el relato en general? “la seguridad jurídica es un concepto horrible”.
*Investigador del
Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad (Libre),
www.libertadyresponsabilidad.org
