“Existen
serios indicios que
en
las elecciones legislativas del año próximo
pueda
ser manipulada la voluntad popular
de
los argentinos”
A la opinión pública:
Los miembros del
Equipo Esperanza Federal, convocados por Civilitas, que venimos trabajando en
la formulación de propuestas superadoras de las actuales distorsiones que vive
el país a nivel político, económico y social, expresamos nuestro rechazo a
ciertas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y leyes propuestas y
promulgadas recientemente que tienden a aumentar el poder del Estado en su
capacidad de condicionar la voluntad popular en las sucesivas elecciones, y que
en su conjunto se muestran como indicios claros de un posible intento de
manipular la voluntad popular en las elecciones del próximo año.
1) El Poder Ejecutivo
Nacional ha impulsado un cambio en la Ley Electoral para permitir que voten los menores
de 16 y 17 años, en forma voluntaria. El art. 37 de la Constitución Nacional
establece que el sufragio es obligatorio por lo que allí se presenta la primera
contradicción flagrante con principios constitucionales. Si se desea fomentar
la participación de los jóvenes, la misma debería ser obligatoria.
Esta modalidad de
voto adolescente y voluntario, consignada en la nueva Ley N° 26.774 genera la
sospecha fundada de que el Gobierno Nacional intente coaccionar para un voto a
favor de sus candidatos a aquellos menores que, debido a su situación de
exclusión y de falta de oportunidades, necesitan de la ayuda estatal para
subsistir.
De este modo, la fría
lógica electoral, ha venido a suministrar al Gobierno de turno -y a futuros
gobiernos- una nueva, y aún más vulnerable, base poblacional para operar a
través de dádivas disfrazadas de planes sociales, mediante los cuales se
constriñe a una gran cantidad de personas a votar por los candidatos de los
oficialismos.
2) Se impulsa también
el voto de extranjeros, que hasta ahora sólo podían sufragar -voluntariamente-
en elecciones municipales. Es de una gravedad inusitada que personas que no han
solicitado la ciudadanía argentina, incidan en la selección de las autoridades
de la República.
El agravante de que
sean extranjeros con pocos meses de residencia en el país abre fundadas
sospechas de que el objetivo sea operar electoralmente sobre estos grandes
grupos poblacionales inmigrantes que se encuentran en situación de precariedad
social, a través de la ya mencionada mecánica de promesas de reparto de planes
sociales y de concesión de derechos nacionales.
3) Se ha “facilitado”
al extremo la entrega de documentos nacionales de identidad que, en el marco de
las posibles manipulaciones aquí denunciadas, podrían resultan herramientas
claves, entregados en forma indiscriminada o no sujeto a los controles
necesarios.
4) En contraste con
estos sospechosos rápidos avances, no se ha sancionado una reforma del Sistema
Electoral vigente para avanzar en la boleta única u otros mecanismos que
eliminen toda posibilidad de realización de acciones vandálicas de militantes
que roben boletas del cuarto oscuro o intervengan indebidamente en el conteo
final de los votos, distorsionando el resultado efectivo del acto eleccionario.
A esta altura de
nuestra democracia -y de avance tecnológico-, ya debiera contarse con un
mecanismo electoral que garantice que ningún aparato partidario tenga a su
alcance los medios para modificar los resultados de una elección.
5) Tampoco se ha
avanzado en la implementación y regulación de efectivos controles sobre el
mecanismo de financiamiento de las campañas políticas, pese a las constantes
sospechas sobre el origen de esos fondos que, campaña tras campaña, quedan
latentes sin investigación ni sanción. Semejante inacción sólo puede alimentar
sospechas y dudas en torno a la transparencia de esos fondos.
Recordemos que la ley
25.600 fue promulgada parcialmente, pues el Decreto 990/02, vetó 20 artículos
que reglamentaban la intervención de la Auditoría General
de la Nación
en el financiamiento de los partidos políticos, anulando por tanto el progreso
que implicaba dicha ley.
Este estado de
situación, en definitiva, pone en manos del Gobierno de turno poderosas
herramientas que permiten manipular y/o torcer ilegítimamente la decisión
popular.
Y esto adquiere
particular gravedad cuando estamos en la antesala de una elección legislativa
en la cual estará en debate una eventual reforma constitucional que permita un
tercer período de gobierno para la actual presidente.
Nuestras sospechas en
este sentido no son injustas elucubraciones si tenemos en cuenta los
antecedentes de acciones arbitrarias, avances sobre derechos fundamentales y
atropello a la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones
republicanas y federales que posee este gobierno dispuesto –según las propias
expresiones de la presidente- a “ir por todo”.
Por ese motivo,
convocamos a todas las instituciones de la República , las fuerzas políticas, las
instituciones religiosas, sindicales, empresariales y sociales, ONG,
universidades y organizaciones comunitarias a levantar la voz junto con
nosotros para reclamar transparencia, una auditoría independiente, prudencia y
previsibilidad en la manipulación de variables que puedan distorsionar la
voluntad popular el año próximo.
Córdoba, 2 de
Noviembre de 2012.-
