domingo, 11 de noviembre de 2012

LA DEMAGOGIA COMO PROYECTO POLÍTICO



Laura Sesma*

Para la Real Academia ­Española, el cinismo ­significa “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”.
El cinismo es un presupuesto esencial de lo que Aristóteles, en La Política, denominaba demagogia: “Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.
La demagogia caracterizó a la gestión de Luis Juez, que siempre hizo y dijo lo que le
era útil para su armado electoral y no lo que demandaba el bien común.
En la misma línea, dirigentes del Frente Cívico critican hoy el aumento de impuestos, cuando les consta que el municipio estaría paralizado si el actual intendente no hubiera decidido recomponer en un sentido progresivo los impuestos municipales de acuerdo con la inflación real, así como arbitrar los medios para que la Provincia no se quede con fondos que por coparticipación le corresponden a la ciudad.
Son “demagogos de manual” cuando critican los 100 pesos que se cobrarán como derecho de examen en los concursos públicos, mientras que en su gobierno se repartían puestos de trabajo o certificados de conducta falsos previo pago del canon correspondiente.

Números reales. En el artículo publicado en la sección de Opinión de este ­diario, el 24 de octubre pasado, bajo el título “Estado, trabajo
en negro y dignidad”, apelando a la mentira y a una de las ­necesidades más sagradas de cualquier persona –el trabajo y el salario digno–, se pretende reivindicar las acciones del ­gobierno municipal entre 2003 y 2007 en materia de recursos humanos.
Se miente cuando se expresa que al finalizar la intendencia de Juez sólo había 606 empleados nuevos.
Desde 1983 a la fecha, Juez fue el intendente que triplicó el ingreso de empleados, si lo compara con sus antecesores. Además, incrementó el gasto salarial a través del pago ilegal de horas extras y adicionales al sueldo, para intentar comprarse el apoyo de la familia municipal en reemplazo de la estructura política que no tenía.

El exintendente Ramón Bautista Mestre redujo la planta de personal de 6.300 a 5.100 empleados, si deja fuera este número a los empleados de las escuelas municipales y a los que pasaron de la Provincia a la Municipalidad cuando se municipalizó el servicio de cloacas.
El exintendente Rubén Martí recibe, en 1991, una planta de casi seis mil empleados, y cuando se retira quedan alrededor de 6.900, entre agentes permanentes, transitorios y contratados, de los cuales pasa a planta permanente alrededor de 900 agentes, cuando aún no estaba vigente la ordenanza 10.174 de concursos, que se aprueba en diciembre de 1999.

Juez recibe del exintendente Germán Kammerath alrededor de 7.250 empleados y,  cuando se va, deja más de 9.400, cifra que no refleja los más de tres mil empleados que tienen fecha de ingreso durante su gestión, ­porque los agentes que se jubilaron en esa época dejaron cargos que fueron ocupados por los nuevos.
El exintendente Daniel Giacomino incrementó le­vemente la cantidad total de empleados y pasó 1.500 agentes de contratados a transitorios, aumentando el número de monotributistas.
En los números informados, no están contemplados monotributistas ni funcionarios.

Otras mentiras. También se miente cuando se dice que los agentes ingresaron en 2007 a planta permanente de acuerdo a la Carta Orgánica.
El 9 de septiembre de 2003, el juez de Conciliación de Segunda Nominación admitió la acción de amparo que interpuse para dejar sin efecto el decreto 1.555 dictado por Kammerath, que establecía un concurso para contratados y otro para ciudadanos comunes.
En la sentencia expresaba que “... la ordenanza 10.174 regula el ingreso a la administración comunal dentro de un marco de condiciones, pero sin condicionamientos, otorgando prioritariamente la igualdad de oportunidades para los aspirantes, y que el decreto número 1.555 se aparta totalmente de dichas pautas... al discriminar la selección de postulantes...”.
Confirmado el fallo por la Cámara de Trabajo Sala Primera, el 7 de octubre de 2003 se suspendieron esos concursos y la Justicia impidió el ingreso del personal contratado a planta permanente.
Aprovechando esa situación y con el objetivo de nombrar a sus “militantes”, cuando asume Juez en 2003 rescinde casi mil contratos, de los cuales sólo reincorpora alrededor de 500 a pedido del Suoem.

Por mérito. En 2007 inicié un amparo en contra del decreto 670/06 y otros similares dictados por el en­tonces intendente Juez, que ­per­mitían el ingreso de los contratados y de ningún otro ciudadano.
La Cámara Primera en lo Civil y Comercial sostuvo que tal criterio chocaría con el artículo 16 de la Constitución Nacional, conforme al cual si bien “... el acceso al empleo público encuentra como condición esencial la idoneidad, exige respeto a la igualdad de oportunidades...”, y obligó al municipio a admitir a los ciudadanos demandantes en esos simulacros de concursos cerrados.
Pero, lamentablemente, pese a tratarse de un amparo de incidencia colectiva, esta vez la Justicia no impidió el ingreso a planta permanente de más de tres mil empleados.
Algunos, los menos, eran contratados de antes de 2003, pero la gran mayoría había ingresado entre 2004 y 2006, ele­gidos a dedo por el entonces intendente Juez, sin ningún sistema de selección por mérito, no respetando de esta forma a los miles de ciudadanos que también tenían derecho de trabajar en el Estado.

De la caótica situación que heredó el actual intendente, no se saldrá con más demagogia sino con cambios estructurales, cuyos beneficios sólo suelen verse con el tiempo y, por ende, no cosechan aplausos inmediatos.
Uno de esos cambios estructurales será institucionalizar mecanismos que garanticen, para el ingreso al Estado, “igualdad, mérito y oportunidad”, lema actual de la Comisión Nacional de Servicio Civil de Colombia, uno de los más de ocho países en América latina que, a través de la capacitación y de sistemas meritocráticos de concursos públicos y masivos, se han propuesto cambiar la administración pública para hacerla eficiente y eficaz al servicio del ciudadano.

*Subsecretaria de Capacitación y Formación  de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

La Voz del Interior, 11-11-12