Por la Lic. Virginia Gamba
La guerra contra el terrorismo iniciada por orden del gobierno constitucional argentino en 1975 fue naturalmente continuada por el régimen de facto a partir del 24 de marzo de 1976 no porque los militares lo desearan sino por imposición del enemigo, que mantuvieron la ofensiva contra la sociedad argentina.
Pero desde 1983 se decidió llevar a los militares combatientes en ella a los estrados judiciales a fin de juzgar sus conductas por procedimientos para tiempos de paz a la luz del Código Penal ordinario, habiendo generado ello una fenomenal confusión que se ha ido agravando a través del tiempo pues es sabido que las acciones de guerra deben juzgarse por las leyes que la gobiernan ante tribunales especiales y no por las leyes penales ordinarias aplicadas por los tribunales previstos para juzgar delitos comunes en tiempo de paz.
Los jueces que han procesado y los que están juzgando a militares por sus responsabilidades durante la guerra contra el terrorismo, actuaron y actúan ignorando lo que es la guerra, las normas que la regula y la historia de la formación por parte del Estado Argentino de los cuadros militares para desempeñarse en ella.
El conflicto en su variante netamente “revolucionario”, a partir de la década de los cincuenta, comenzó a preocupar a estudiosos militares y ya en el año 1958 en la Escuela Superior de Guerra contribuían en la cátedra dos Tenientes Coroneles franceses con experiencia en la guerra de Argelia, habiéndose llevado a cabo el primer ejercicio denominado “Barcala” en el Valle de Punilla, Córdoba.
Desde entonces comenzaron a ser entrenados en forma específica por el Estado Argentino los cuadros militares tomándose más adelante, como guía escrita, reglamentos dictados e impresos oficialmente a partir de 1968 en los cuales se explicaba y definía a ese tipo de conflicto y se preveían las acciones para combatir en él.
Hoy en día el conflicto es aún peor, y tanto Colombia, como Venezuela, como Chile, Bolivia y por supuesto Brasil están tomando medidas preventivas para que - y Dios no lo permita- evitar la guerra.
Las miles de víctimas del terrorismo se merecen que encontremos una forma eficaz de detener a los terroristas y evitar que sigan amenazando la vida republicana, aunque sea bajo la apariencia de “democracia”. Porque no es lo mismo República que “democracia”, para los socialistas del siglo XXI.
Los terroristas no funcionan como ejércitos convencionales: nunca llevan uniformes o defienden un territorio. Sus combates son para infundir pánico y, a través del miedo, su ideología. Por tanto, para que el ejército pueda responder al auge del terrorismo global hace falta plantear medidas que estén en constante evolución dentro de una estrategia global.
El apartamiento voluntario del mundo civilizado obedece a la política desarrollada por parte del actual gobierno de la familia Kirchner, que sumergió al país en una falta de seguridad jurídica crítica. Eso trae necesariamente consecuencias: situaciones críticas que pueden llegar a ser violentas cuando el encauzamiento de los problemas trascienden lo jurídico.
Con la autoridad de haber sido asesora permanente del Ministerio de Defensa argentino desde 1983 hasta 1988, y además Profesora Titular de la Escuela Superior de Guerra, antes de radicarme en Europa, puedo sostener científicamente que la falta de preparación de los militares en Argentina, su anulación y desarme absolutos, garantizan que el país será un blanco fácil del próximo conflicto, de una naturaleza absolutamente distinta que los anteriores.
Como lo he expresado claramente en mi último trabajo “Society under siege - Crime, Violence and Illegal Drugs” (Sociedad bajo asedio - Crimen, Violencia y Drogas), publicado en Dublin, considero que el desarme y la desmovilización de las fuerzas armadas argentinas son garantía de la violencia.
Virginia Gamba - Capetown - Sudáfrica
www.politicaydesarrollo.com.ar, 2-10-09
