Por: Juan Gabriel Tokatlian
La convocatoria a una "guerra contra las drogas" fue formulada en 1971 por el presidente norteamericano Richard Nixon. Ella obedeció a la decisión de los civiles, se manifestó en la noción de soluciones prontas, se orientó en clave de seguridad, se afincó en el respaldo de una opinión pública que pedía "hacer algo" ante el aumento del abuso de drogas y contó con un apoyo amplio en el legislativo. Al llegar a la presidencia Jimmy Carter se produjo, por un corto lapso, un relativo freno a esa campaña. Sin embargo, Carter fue abandonando su criterio moderadamente "liberal". Ya para finales de los setenta el Departamento de Estado alentó a que en algunos países -en particular, Colombia- las fuerzas armadas asumieran un rol visible en el combate antidrogas. Así, por ejemplo, en 1978 unos 10.000 soldados colombianos lanzaron la "Operación Fulminante" con el propósito de acabar con la producción y el tráfico de marihuana. A pesar de que el operativo fue un fracaso, el Departamento de Estado insistió en ese modo de confrontación.
Hasta comienzos de los ochenta las fuerzas armadas se mantuvieron renuentes a involucrarse en la lucha antinarcóticos en el exterior -de hecho, por la Ley Posse Comitatus de 1878 no podían ser usadas domésticamente en labores destinadas a aplicar la ley y el orden. El ascendente papel de los militares cobró vigor a mediados de la década: A Public Law 97-86 modificó la Ley Posse Comitatus autorizando una participación "indirecta" de las fuerzas armadas en el combate antidrogas. En abril de 1986 Reagan firmó la Directiva Presidencial número 221 que declaraba que las drogas constituían una amenaza letal a la seguridad nacional.
Tres meses después -el 15 de julio- Washington envió una unidad de la Brigada de Infantería 193 (estacionada en Panamá) con seis helicópteros Black Hawks a Bolivia para llevar a cabo la "Operation Blast Furnace", dirigida a localizar y destruir laboratorios y centros de producción de cocaína.
En septiembre de 1989 el entonces secretario de Defensa, Richard Cheney, determinó que el combate contra las drogas pasaba a ser una misión prioritaria para el Pentágono. Eso implicaba que las fuerzas armadas asumirían el liderazgo en dos tareas: detección y monitoreo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Tres meses después -el 20 de diciembre-Washington ordenó la invasión a Panamá: como parte de la "Operation Just Cause" se depuso al presidente de facto, el general Manuel Antonio Noriega, y se lo llevó a Estados Unidos, donde fue juzgado por narcotraficante. En ese marco, el rol del Comando Sur -por entonces ubicado en Panamá- fue adquiriendo importancia en la "guerra contra las drogas". A partir de 1990 logró -vía la "Operation Coronet Nighthawk"- un incremento de la capacidad aérea para labores de identificación e intercepción de aviones que pudieran transportar drogas. A ello se agregó un vasto despliegue de radares en el Caribe y en la zona andina.
Entre noviembre de 1990 y octubre de 1993 el Comando Sur estuvo bajo el mando del general George A. Joulwan; un hombre convencido de la necesidad de proteger los intereses corporativos de los uniformados en un escenario internacional sin la amenaza del comunismo. El Comando Sur identificó un "nicho" de financiamiento a través de una activa participación en tareas antidrogas. Los sucesivos comandantes fueron asegurando e incrementando ese papel: mayor presupuesto, más bases y radares y menos limitación desde el Departamento de Estado.
La aprobación del Plan Colombia en 2000 robusteció el rol del US Southern Command en ese frente. El 11/9 facilitó aún más esta gravitación del comando localizado en Miami: mientras la atención y los recursos de Washington se concentraron en la lucha contra el terrorismo y Asia, el Comando Sur acrecentó su influencia en la política exterior y de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Así, el informe de 2007 del Comando Sur -US Southern Command Strategy 2016 Partnership for the Americas- resultó clave. La misión que se asignó el Comando fue colosal: se arrogó ser la organización líder, entre las agencias oficiales, para garantizar "la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América".
En ese sentido, la aprobación del Plan Mérida para México y Centroamérica en junio de 2008 y el redespliegue de la IV Flota (que operó entre 1943 y 1950) a partir del 1 de julio de ese año se insertaron en esa tendencia a una mayor proyección del Comando Sur en el área. A su vez, el acuerdo que se ha forjado en 2009 entre Washington y Bogotá para el uso de bases colombianas por parte de tropas estadounidenses reafirma la tendencia descripta.
En breve, la "guerra contra las drogas" iniciada por civiles la han ido asumiendo los militares. En el trayecto sectores de las fuerzas armadas en Estados Unidos -en especial, el Comando Sur- han ido asumiendo el liderazgo. Miami fue llenando un papel que Washington fue relegando. Con ello creció la gravitación de un Comando usualmente inferior en capacidad, poderío e incidencia. En ese marco, asistimos a una nueva dimensión de la "guerra contra las drogas": ahora ésta le sirve al US Southern Command para tener un alcance más ambicioso y autónomo.
Clarín, 17-12-09
