Por: Alcadio Oña
Para empezar, la Ley de Emergencia Pública, mucho más que la emergencia económica como se la conoce. Es una amplísima delegación de facultades del Parlamento en el Poder Ejecutivo, que permite, llegado el caso, hasta bloquear sentencias judiciales o apelar al per saltum, ir derecho a la Corte en otros fallos adversos al Estado.
El Gobierno también puede declarar la emergencia social, administrativa, financiera o cambiaria. Sanitaria, como la que se aplicó con la Gripe A, ocupacional o alimentaria. Y disponer las medidas que considere encuadradas en cualquiera de estas situaciones extremas.
Excede de lejos, pues, el carácter de una ley que lo autoriza a renegociar los contratos con las empresas privatizadas y a fijar y subir retenciones a las exportaciones petroleras, así también contemple esto. Tanto, que además le da poder para intervenir mercados y regular precios de insumos, bienes y servicios críticos.
Como puede advertirse, resulta una poderosa herramienta sólo asimilable a tiempos de crisis. Eso pasaba, precisamente, cuando se la sancionó, en 2002.
El punto es que el oficialismo logró prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2011. Ni más ni menos que hasta el final del mandato de Cristina Kirchner.
Lo que también hubo, luego de la derrota electoral de junio, fue la extensión de un paquete de leyes impositivas fuertes que solían discutirse de año en año. Entre ellas, Ganancias y Bienes Personales hasta el 31 de diciembre de 2019 y con el actual sistema de reparto de la recaudación: claramente favorable al gobierno central.
En el mismo raid legislativo entró el Impuesto al Cheque, que durante 2010 y 2011 seguirá distribuyéndose tan desequilibradamente como hasta ahora. Un 85 % para la Nación contra apenas el 15 % entre todas las provincias.
Nuevamente, plata y poder asegurados en lo que resta del mandato presidencial. Salvo, claro está, que el nuevo Congreso cambie el sistema de reparto. Fue algo que ningún legislador provincial planteó cuando se debatió la ley, a pesar del ahogo que enfrentan los Fiscos del interior.
Y la cuenta sigue. Gracias a algunos votos ajenos, el oficialismo frenó los embates que un sector de la oposición desplegó para establecer restricciones al manejo del Código Aduanero. Es una de las tantas facultades delegadas por el Congreso que vienen desde la dictadura, aunque este fue un dato que el kirchnerismo prefirió pasar por alto.
Significa, llanamente, manos libres para aumentar las retenciones agropecuarias: otra vez, muchísima caja. Y el llamado fondo sojero, por el cual el Gobierno aceptó compartir el 30 % de los ingresos con las provincias, no es una ley sino un decreto. O sea, nada que esté remachado para siempre.
El listón continúa con los superpoderes. La Presidenta había anunciado una autolimitación, que mandó al Congreso y votó el Senado. Después, por orden de Olivos, el kirchnerismo cajoneó el proyecto en Diputados. Conclusión: siguen en pie las facultades del Jefe de Gabinete para mover partidas presupuestarias de un lado al otro, según convenga al poder político.
Otra estación del tren oficial fue la denominada ley cerrojo, que prohibía la reapertura del canje de la deuda para los bonistas que no habían entrado en 2005. Sin conocer un sólo dato sobre cuál sería la oferta oficial, el Congreso votó levantarlo.
Hoy se sabe que en los hechos la quita será menor a la de 2005 o, si se prefiere, que habrá una oferta mejor. Según cual sea el menú final, la poda resultará del 54 % o del 47 %. En ningún caso, el 70 % que hubo en el primer canje.
Entre otros, existieron un par de golpes fuertes más. La ley de medios K y la reforma electoral K, de apuro y sin admitir discusiones ni dilaciones.
Por donde se mire el recorrido completo, es evidente que el kirchnerismo se dio una estrategia para el tiempo que iba hasta el recambio de las cámaras. Al modo de siempre: negociando sólo lo imprescindible, imponiéndole su modelo hasta a legisladores propios, a veces con alianzas y muchas más cooptando votos a como fuese. Algo de esto hubo o se intentó el jueves, con el resultado conocido.
En adelante el kirchnerismo estará imposibilitado de hacer todo a su antojo, aunque la oposición no siempre será el bloque monolítico que acaba de derrotar sonoramente al oficialismo. Puede preverse ya un sistema de acuerdos móvil, según el proyecto que se trate.
Pero en cualquier caso, con las leyes que ya cargó en su mochila, el Gobierno despejó una zona bien compleja del campo que tiene por delante. Y así ya nada sea igual, también se garantizó recursos para la caja.
Clarín, 5-12-09
