Por José Antonio
Riesco
Instituto de Teoría
del Estado
Con un discurso
largo, apasionado, tipo führer, la Sra. Presidente dio severas instrucciones al
Poder Judicial de la Nación. Necesitamos –dijo—jueces “con decoro,
independientes de las corporaciones”, y con ello que “respeten la voluntad
popular”. Un mensaje directo y claro a la Corte Suprema de Justicia. En la
calle y en la prensa sus ministros y aplaudidores acusaban a los jueces de
beneficiar al Grupo Clarín y al Alto Tribunal de promover un alzamiento y hasta
un golpe institucional.
¿Qué quiso decir la
Presidente con eso de que la Justicia debe responder a la “voluntad popular”..?
O sea a Ella que, con uso y abuso de los
recursos públicos, logró el 54% de los votos hace un año…? Da la impresión de que la Presidente, en los
años que dicen concurrió a la Facultad de Derecho seguramente faltó a clases
muy seguido y no escuchó las lecciones de derecho constitucional ni leyó los
apuntes del caso. O sea, no aprendió eso de la “supremacía constitucional”.
En el Estado de
Derecho , y máxime en una república, cuando los jueces resuelven un caso
mediante el fallo pertinente, están obligados a cumplimentar, ante todo, a la
Constitución. Y desde este primer nivel
del orden jurídico interpretar las leyes y decretos en relación a las pruebas y
alegatos de las partes. Tienen encima eso de que “esta Constitución, las leyes
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación…” – O sea,
primero la Constitución. (art. 31 CN)
Respecto a la
jerarquía, pues, de las normas que regulan la conducta de los gobernantes, de
los funcionarios y de los ciudadanos, cuando se habla de la “voluntad popular”
en estas cuestiones, es la que el Poder Constituyente dejó impresa en dicha Ley
Suprema. A ella se deben los jueces y no al ruido de los bombos o a las
presiones de los punteros y aplaudidores. Esto es, asimismo, lo que pone en
juego a los Derechos Humanos como garantía de su autenticidad y eficacia. Y
esto vale también para el Ejecutivo y el Legislativo.
Alguno de los
abogados que representan al gobierno en esta pelea con Clarín (y luego seguirán
otros medios) debería romper la norma de que “con Cristina no se habla, sólo se
escucha”, y explicarle algo esencial. “-Sra. Ud. no fue elegida jefe de una
horda o de una patota – Ud. es la Presidente de una república donde se debe
respetar la división de los poderes, y dentro de ello la independencia de los
jueces; por que es precisamente lo que nos separa de una tiranía”.
La pretensión de que
el concepto de “voluntad popular” se reduce a la voluntad del gobernante de
turno y que a ésta deben subordinarse las decisiones judiciales para que los
magistrados no pierdan “el decoro” (incluidos los miembros de la Corte
Suprema), hace recordar el caso del juez Jeffrey. Un funcionario con plenos
poderes para enviar a la cárcel o al cadalso a quien se le ocurriera y según
las instrucciones de Jacobo II (estuardo) el último de los monarcas del
absolutismo en la Inglaterra del siglo XVII. Alguien le preguntó sobre el
fundamento legal de sus resoluciones y respondió : “-Yo fallo para la Corona y
nada más”.
