jueves, 21 de noviembre de 2013

UN PASO ATRÁS PARA LA TRANSPARENCIA


POR DANIEL SANTORO


El nuevo sistema de consulta de declaraciones juradas de bienes de funcionarios es mucho más rápido que el anterior: en menos de cinco minutos uno puede acceder a ese documento clave para la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia pública. En el anterior sistema -que rigió durante más de diez años- se tardaba 48 horas en recibir una copia. Pero ofrece menos dato s que el viejo sistema. Es decir, se ganó en velocidad y se perdió en profundidad.

Por ejemplo, no incluye el porcentaje accionario de un funcionario en una empresa, ni tampoco permite el control de posibles incompatibilidades, en tanto no se registran antecedentes laborales. Ayer se supo que CFK tiene acciones por 2.867.388 pesos en la empresa “Los Sauces” -la nave insignia de la actividad económica de los Kirchner- pero se desconoce que porcentaje representa en esa sociedad anónima que comparte con Máximo Kirchner y compró dos departamentos y cuatro cocheras en el edificio Madero Center, el año pasado.

Otro pérdida de información para la ciudadanía es los bienes de los cónyuges e hijos menores de edad no emancipados de los funcionarios, que antes sí estaban. Así, esta vez, no se puede saber que pasó con el patrimonio de la pareja de Boudou, Agustina Kämpfer, durante el año pasado.

Ese tipo de antecedentes permitió, antes de los cambios, que la Oficina Anticorrupción determinara que Cristina no pueda ejercer el cargo de directora suplente de la consultora económica, financiera y comercial El Chapel que creó en el 2007.

Bajo al bandera la “transparencia” y en el marco de la “democratización de la Justicia”, el Gobierno incluyó las declaraciones juradas de bienes de los jueces y los legisladores nacionales en esta base de datos. Pero la Corte dijo que era inconstitucional y d ejó las de los jueces en manos del Consejo de la Magistratura. Incluso, las declaraciones de algunos legisladores como Carlos Menem ayer brillaban por su ausencia.

Todo sin contar el contexto de un Gobierno que dispuso que los periodistas no puedan acceder a los balances de las empresas en la Inspección General de Justicia, ni a la titularidad de los propiedades en la dirección General de Inmuebles. Y con respuestas cada vez más restrictivas al decreto de acceso a la información pública 1172/03, que Cristina impidió como senadora en el 2003 se convirtiera en ley.

Según el ex perito contador de la Corte, Alfredo Popritkin, “la concordancia que esta declaración con la de Ganancias y Bienes Personales de la AFIP es un paso atrás y un obstáculo para detectar irregularidades”. Y en el caso de Cristina Kirchner, las 17 herencias que recibió de Néstor representan por un lado, un pecado de origen, y por otro el gran enigma del crecimiento de la fortuna del matrimonio en un 928 % entre los años 2003 y el 2010.


Clarín, 20-11-13