POR DANIEL SANTORO
El nuevo sistema de
consulta de declaraciones juradas de bienes de funcionarios es mucho más rápido
que el anterior: en menos de cinco minutos uno puede acceder a ese documento
clave para la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia pública.
En el anterior sistema -que rigió durante más de diez años- se tardaba 48 horas
en recibir una copia. Pero ofrece menos dato s que el viejo sistema. Es decir,
se ganó en velocidad y se perdió en profundidad.
Por ejemplo, no
incluye el porcentaje accionario de un funcionario en una empresa, ni tampoco
permite el control de posibles incompatibilidades, en tanto no se registran
antecedentes laborales. Ayer se supo que CFK tiene acciones por 2.867.388 pesos
en la empresa “Los Sauces” -la nave insignia de la actividad económica de los
Kirchner- pero se desconoce que porcentaje representa en esa sociedad anónima
que comparte con Máximo Kirchner y compró dos departamentos y cuatro cocheras
en el edificio Madero Center, el año pasado.
Otro pérdida de
información para la ciudadanía es los bienes de los cónyuges e hijos menores de
edad no emancipados de los funcionarios, que antes sí estaban. Así, esta vez,
no se puede saber que pasó con el patrimonio de la pareja de Boudou, Agustina
Kämpfer, durante el año pasado.
Ese tipo de
antecedentes permitió, antes de los cambios, que la Oficina Anticorrupción
determinara que Cristina no pueda ejercer el cargo de directora suplente de la
consultora económica, financiera y comercial El Chapel que creó en el 2007.
Bajo al bandera la
“transparencia” y en el marco de la “democratización de la Justicia ”, el Gobierno
incluyó las declaraciones juradas de bienes de los jueces y los legisladores
nacionales en esta base de datos. Pero la Corte dijo que era inconstitucional y d ejó las
de los jueces en manos del Consejo de la Magistratura. Incluso ,
las declaraciones de algunos legisladores como Carlos Menem ayer brillaban por
su ausencia.
Todo sin contar el
contexto de un Gobierno que dispuso que los periodistas no puedan acceder a los
balances de las empresas en la Inspección General de Justicia, ni a la
titularidad de los propiedades en la dirección General de Inmuebles. Y con
respuestas cada vez más restrictivas al decreto de acceso a la información
pública 1172/03, que Cristina impidió como senadora en el 2003 se convirtiera
en ley.
Según el ex perito
contador de la Corte ,
Alfredo Popritkin, “la concordancia que esta declaración con la de Ganancias y
Bienes Personales de la AFIP
es un paso atrás y un obstáculo para detectar irregularidades”. Y en el caso de
Cristina Kirchner, las 17 herencias que recibió de Néstor representan por un
lado, un pecado de origen, y por otro el gran enigma del crecimiento de la
fortuna del matrimonio en un 928 % entre los años 2003 y el 2010.
Clarín, 20-11-13
