Por Dante Caputo
El autor fue canciller
La Nación, 2-4-15
Los tres candidatos que encabezan las encuestas
presidenciales han hecho silencio desde que la denuncia del fiscal Nisman fue
rechazada dos veces. La primera por el juez Rafecas, luego por dos de los tres
miembros de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital federal.
Sólo la prensa y unos pocos dirigentes políticos
-entre los que se destacan las intervenciones de Margarita Stolbizer-
expusieron las debilidades de las decisiones judiciales.
Si no hubiese diarios, radio y televisión, nadie se
enteraría de nada, porque buena parte de la oposición calla sobre las
cuestiones mayores que enfrenta nuestro país. Sin duda, los medios privados
tienen tendencias, intereses y no son siempre un ejemplo de objetividad. Pero
imagine el lector dónde estaríamos si no existieran. Estaríamos en la oscuridad
y el silencio.
Es natural que los candidatos prometan, pero también
debería serlo actuar, tomar decisiones, cuando hay ocasión de hacerlo.
Al rechazar la ley de pacificación nacional o de
autoamnistía en 1983, en plena campaña presidencial, Raúl Alfonsín no hizo una
mera promesa. Creó un hecho político decisivo para la transición democrática.
¿Qué deberían decir hoy nuestros dirigentes? Lo que
resulta obvio para muchos: que frente a un cúmulo de evidencias, datos,
grabaciones, no puede desestimarse la necesidad de investigar como hicieron
Daniel Rafecas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. A estas alturas no se trata
de decidir por la inocencia o culpabilidad de los involucrados en la denuncia
de Nisman, sino sencillamente de investigar, en términos judiciales,
"iniciar la instrucción".
Me gustaría saber si Mauricio Macri, Daniel Scioli y
Sergio Massa están o no de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Justicia,
frente a un amplio conjunto de evidencias, "verosímiles" en los
términos del juez Eduardo Farah, que votó en disidencia en la Sala I.
Candidatos: ¿es un sí o un no? Si fuera sí, entonces
están de acuerdo. Bien, nos queda claro. Habrán generado un hecho político. Si
es no, ¿qué van a hacer?
Me permito una sugerencia para actuar ya, si ésa fuera
la voluntad de algunos de estos candidatos.
Como lo señaló el fiscal Germán Moldes, "la
desestimación de la denuncia no causa estado. Puede mañana presentarse alguien
con nuevas evidencias y podría reabrirse". Pues bien, mañana es ahora.
Desde que la Sala I bloqueó la investigación hasta
hoy, ya han sucedido hechos nuevos. Por ejemplo, la denuncia aparecida en el
diario Clarín, en la nota de Daniel Santoro, sobre la eventual existencia de
cuentas en Irán, Estados Unidos e islas Caimán, con depósitos de más de 45
millones de dólares que estarían vinculadas a funcionarios del actual gobierno.
La mera probabilidad de que esas cuentas existan requiere ser investigada, no
sólo por un diario, sino por la Justicia de nuestro país. La gravedad del hecho
es evidente: esas cuentas, si existieran, daría un contenido concreto a las
triangulaciones entre Irán, Venezuela y la Argentina, como denunció la revista
Veja de Brasil hace unas semanas. Además, no es forzar la imaginación, si
pensamos que en las 40.000 grabaciones saldrán nuevas conversaciones
comprometedoras para las personas denunciadas por Nisman.
Entonces la cuestión es sencilla. Sólo hay que decidir
y dejar que la opinión pública se entere de la voluntad, real, actual, de los
candidatos. ¿Hay algún candidato que quiera decir que está en desacuerdo con el
rechazo a la posibilidad de investigar la denuncia de Nisman? ¿Hay algún candidato
que informe a la opinión pública que promoverá una nueva denuncia ante la
Justicia agregando las nuevas evidencias que se produjeron y que se producirán?
No se trata de ninguna promesa sobre el impuesto a las
ganancias, sobre la inflación o la seguridad ciudadana. Es sólo un breve
comunicado que se transformará inmediatamente en un hecho político.
De otra manera, todo irá desvaneciéndose. Nunca se
sabrá si la Presidenta y su canciller fueron infamemente denunciados o
complotaron contra el interés y la seguridad nacional; nunca sabremos si el
Gobierno recibió plata de un país que sospechamos de haber atacado al nuestro;
probablemente se bloqueare el castigo a los responsables del mayor atentado
terrorista sucedido en América latina; tampoco sabremos si Alberto Nisman fue
asesinado o se suicidó, mucho menos, si lo hubieran matado, conoceremos el
nombre del o los asesinos.
En fin lector, como verá, cuestiones menores que
huirán de la memoria.
