La locura verde
que intenta destruir los Países Bajos
Hugo Bos *
Brújula cotidiana,
10-12-2020
Publicamos un
extracto del ensayo de Hugo Bos sobre las consecuencias del ecologismo
ideológico en los Países Bajos, contenido en el XII Informe sobre la Doctrina
Social de la Iglesia del Observatorio Cardenal Van Thuân, titulado
“Ambientalismo y globalismo, nuevas ideologías políticas” (Cantagalli 2020).
A principios de
2020 tuve el honor de publicar el libro “Green is the New Red - El verde es el
nuevo rojo” junto con un comité de estudio de la Civitas Christiana Foundation.
El objetivo era denunciar las maniobras ambientales y ayudar a los Países Bajos
a hacer frente a las amenazas que, en nombre de la ecología, ponen en peligro a
los sectores que siguen haciendo funcionar nuestra sociedad día tras día.
Este nuevo
socialismo verde es muy activo en el norte de Europa. Transmite la idea de que
la agricultura moderna, la construcción, las carreteras, los barcos, el
transporte, la industria, la producción industrial, etc., se basan en un
sistema que explota el medio ambiente y pone en peligro la tierra.
Según el
socialismo verde, la legítima búsqueda de beneficios basada en el derecho a la
propiedad privada, al tiempo que hace posible ese sistema productivo, es
responsable también del cambio climático que tiene consecuencias catastróficas
para las generaciones futuras.
Hoy en día el
pueblo holandés se enfrenta a un grave problema de conciencia según una falsa alternativa:
o bien continuamos produciendo y manteniendo nuestro modo de vida, emitiendo
CO2 y nitrógeno, considerado responsable de una catástrofe medioambiental; o
bien inclinamos la cabeza ante los profetas de la ecología, producimos menos,
vivimos un modo de vida más primitivo y sin pretensiones, bajo un gobierno
global, y así “calmamos la furia de la naturaleza”.
Este problema de
conciencia está muy extendido hoy en día en los Países Bajos: tenemos que
reducir el número de ganado; se nos invita “amablemente” a pagar un impuesto de
compensación de CO2 cuando compramos un billete de avión o un garaje para el
coche; se reduce la industria de la construcción; las autopistas han impuesto
un límite de velocidad considerablemente reducido; estamos abrumados por la
propaganda verde en las gasolineras, hoteles, escuelas y centros comerciales
que infunde un sentimiento de culpabilidad, describiéndonos como insensibles y
codiciosos.
A principios de
siglo, la Comisión Europea lanzó una “idea brillante”: el Programa Natura 2000,
cuyo objetivo era crear una red europea para proteger “los lugares de cría y
descanso de las especies raras y amenazadas”. En los Países Bajos, se han
identificado al menos 180 áreas como parte de esta red. Cubriendo más del 18%
de la superficie terrestre de la UE y casi el 9,5% de su territorio marino,
Natura 2000 es la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. El
impacto en los Países Bajos es enorme.
Para unirse a
Natura 2000 se puso en marcha en las Tierras Bajas el Programa Aanpack Stikstof
2015-2021 (PAS), que comenzó a aplicarse más estrictamente a partir de 2019.
Esto ha provocado una serie de protestas de agricultores y constructores.
Las medidas para
reducir las emisiones de nitrógeno están obligando a los agricultores a reducir
drásticamente la producción. En
el caso de los Países Bajos, esta reducción nos quita la posibilidad real de
competir en el mercado. Hasta la fecha, somos el segundo mayor exportador de
productos agrícolas de Europa. Debido a las medidas medioambientales, muchos
productores ya están pensando en dejar el país para trabajar en otro lugar,
mientras que miles de inmigrantes están entrando en el país sólo para vivir de
los subsidios estatales.
La reducción de
las emisiones de nitrógeno ha sido cuestionada científicamente. El nitrógeno
enriquece el suelo. Es
irónico que el PAS, que tiene como objetivo proteger las zonas con suelos
pobres donde sólo pueden crecer plantas raras, quiera al mismo tiempo reducir
la emisión de un nutriente que podría enriquecer esos suelos. Es como si
quisieran que esas zonas sigan siendo pobres.
Los Países Bajos
tienen una de las densidades de población más altas de Europa, por lo que el
sector de la construcción es de gran importancia. Esto también se ve socavado
por el PAS. Al remover la arena del suelo se emite nitrógeno. Para los
ecologistas esto no es aceptable, aunque está científicamente probado que los
riesgos y daños son muy limitados. Y sin arena, la industria de la construcción
simplemente se detiene.
Leemos en el PAS:
“La razón del programa es el hecho de que en muchas zonas de Natura 2000 la
sobrecarga de depósitos de nitrógeno es un grave problema para el logro de los
objetivos de conservación de la naturaleza sensible al nitrógeno en las zonas a
las que los Países Bajos se han comprometido en virtud de la Directiva sobre
aves y la Directiva sobre hábitats”. Estas medidas internacionales preventivas
interfieren con nuestra soberanía, economía y propiedad privada. La Directiva
de Aves fue emitida por la UE en 2009 y la Directiva de Hábitats fue adoptada
después de la Convención de Berna en 1992, inspirada en la ECO-92.
Los trabajadores, en general, están mal
informados sobre las medidas a las que seguramente se habrían negado si se les
hubiera advertido de sus verdaderas consecuencias. Estos tratados han estado
pendientes durante décadas. De repente un nuevo gobierno llega y dice: “Ahora
estamos obligados a aplicarlos porque firmamos un tratado hace más de 30
años...”. Si se acordó en 1992, ¿por qué no se aplicaron entonces? ¿Por qué
deberían aplicarse ahora? Una vez más, es evidente que hay una Agenda que juega
con los estados de ánimo de la opinión pública siempre que es conveniente para
su objetivo.
Dice en el PAS:
“Regularmente, la autoridad competente tiene que rechazar solicitudes de
autorización o bien el Tribunal anulará las autorizaciones concedidas
anteriormente si la persona que pretende llevar a cabo dicha actividad no puede
demostrar suficientemente que los tipos de hábitats sensibles al nitrógeno y
los hábitats de especies en una zona Natura 2000 no se verán afectados”. En la
ley existe un principio conocido como Auctori incumbit onus probandi, a saber,
“la carga de la prueba corresponde al acusador”, y no al acusado. En este caso,
es lo contrario. El agricultor, el constructor o cualquier otro propietario
no recibirán un permiso para una determinada actividad y también se le retirará
un permiso anterior si no demuestra suficientemente que su actividad no
afectará a la pequeña porción del pantano o al pobre nido de avispas que se
encuentra junto a su propiedad.
Además, los
ambientalistas ya han anunciado que después de la expiración del PEA en 2021,
habrá nuevas medidas aún más estrictas. Leemos en el PAS: “Después del período
de validez de este programa, habrá otro programa durante otros seis años. En
todo caso, habrá un segundo programa (para el período comprendido entre el 1 de
julio de 2021 y el 1 de julio de 2027) y un tercer programa (para el período
comprendido entre el 1 de julio de 2027 y el 1 de julio de 2033). En 2030 será
necesario evaluar si –en función de la carga de nitrógeno y del estado de
conservación de los hábitats sensibles al nitrógeno y de los hábitats de las
diferentes especies en los lugares de la red Natura 2000 de que se trate- será
necesario continuar con un enfoque programático y la obligación jurídica de
llevarlo a cabo”.
Una vez más, ¿qué
plan serio se puede hacer para el futuro con este cambio regulatorio constante
y esta inseguridad jurídica?
En 2018, el Primer
Ministro Mark Rutte emitió el conocido “gasverbod”, una política de eliminación
gradual del gas natural para calefacción, por razones ambientales. El gobierno
quiere reemplazarlo con un sistema geotérmico que “bombee” el calor de la
tierra. El primer paso ha sido prohibir
la construcción de nuevas casas con el sistema de gas.
El calentamiento
geotérmico es ineficiente. También requiere un cambio drástico en la
infraestructura de las casas y edificios, junto con el uso excesivo de la
electricidad. Si el “gasverbod” se sigue implementando, la familia media
holandesa tendrá que gastar entre 25.000 y 40.000 euros sólo para cambiar el
sistema. Esto representa un costo nacional inicial de alrededor de 200 mil
millones de euros. Según el Instituto Holandés de Economía de la Construcción,
esa cifra podría aumentar a 500.000 millones si las tiendas y empresas también
se incluyeran en la política.
Esto ha llevado a
otro absurdo. Como la mayoría de la gente no dispone de fondos tan fácilmente
disponibles, el Gobierno ofreció comprar el terreno de la familia a cambio de
instalar el nuevo sistema. Esto significa que la familia seguirá siendo
propietaria de la casa, pero el terreno en el que está construida ya no será
suyo hasta que devuelvan el dinero. Una vez más, un sutil pero feroz ataque a
la propiedad privada, por el que la población se hace cada vez más dependiente
del poder central.
A partir de 2020,
ya hay 39 consejos municipales que han aplicado medidas según las cuales las
casas de nueva construcción ya no pueden tener un sistema de calefacción de gas
natural. La infraestructura de gas holandesa tiene actualmente un valor de 100
mil millones de euros. Toda esa riqueza pronto podría ir al basurero,
reemplazada por un sistema mucho más caro y menos efectivo. Así que, dentro de
unos años, otro fundamentalista verde podría decir que la energía geotérmica no
es lo suficientemente verde. Entonces una nueva regulación robaría de nuevo a
la población.
Podríamos
continuar con ejemplos de cómo la “locura verde” está tratando de asaltar
nuestro país, pero los descritos aquí son suficientes para dar al lector una
idea. Este asalto, inspirado y apoyado por las instituciones internacionales,
en particular la ONU y la UE, junto con los movimientos social-socialistas
radicales, quiere destruir lo que queda en Europa del orden social y económico,
sustituyéndolo por una sociedad verde semi-hippy, sin religión, con una
producción reducida y sin otra moral que la de los acuerdos medioambientales.
*Director de la
Civitas Christiana Foundation - Países Bajos
