El titular de la
Asociación de Fiscales Nacionales se refirió al discurso que brindó ayer el
Presidente en el Congreso
La Nación, 2 de
marzo de 2021
El día después del
discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación para dar
inicio a las sesiones ordinarias, el fiscal Carlos Rívolo salió al cruce de las
declaraciones sobre la Justicia y afirmó que las modificaciones de la ley
orgánica del Ministerio Público que quiere impulsar el Gobierno no es una
reforma, es "casi un pelotón de fusilamiento".
"La ley de
reforma que se impulsa es criticada porque no es una reforma, es casi un
pelotón de fusilamiento. Queremos procesos más rápidos, ¿vamos a crear un
tribunal de garantías federales cuando esa competencia ya la tiene la
Corte?", indicó el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de
la Nación (AFFUN) en diálogo con radio Mitre.
"Es cierto
que el régimen del Poder Judicial, como muchos otros, es especial. Pero decir
que jueces, fiscales y defensores no pagan ganancias es falso. Esto se modificó
en 2017. Son 141, entre jueces, defensores y fiscales, los que pagan ganancias
a pleno. Hoy el Poder Judicial es el que más aporta al sistema solidario",
dijo.
Además, y tras el
pedido de apoyo al Congreso que hizo ayer el mandatario, Rívolo aseguró que si
estos cambios avanzan, dejarán "un Ministerio Público Fiscal completamente
endeble", porque investigar las causas vinculadas al poder se va a
convertir en un trabajo "imposible".
Las declaraciones
del fiscal llegaron horas después de que Fernández destacara como uno de los
ejes de su discurso de ayer sus embates contra la Justicia y su funcionamiento.
En ese sentido, el mandatario anticipó la presentación de una batería de
proyectos de ley para insistir en la reforma del Poder Judicial, entre ellas
una nueva modificación en la ley de Consejo de la Magistratura para
"despolitizar" su composición.
Asimismo, reclamó
a los legisladores la aprobación de los proyectos para modificar la Justicia
Federal y la ley orgánica del Ministerio Público, ambos con media sanción del
Senado y demorados por falta de apoyo en la Cámara baja.
Esta iniciativa
busca concretamente: modificar las mayorías necesarias para designar y remover
al Procurador General, limitar temporalmente a cinco años en el cargo al
Procurador General, dar mayor injerencia a la Comisión Bicameral de Seguimiento
en funciones propias del Ministerio Público, y modificar la integración y
funcionamiento del tribunal encargado de sancionar y remover a los fiscales.
