VENEZUELA

Violencia en Venezuela

7.523 fueron las ejecuciones sumarias de la policia y otras fuerzas de seguridad.

330.000 muertes violentas desde la llegada al poder del chavismo en 1999.

(La Nación, 28_12_18)

MÁS GASTO PÚBLICO

 previsional que en Japón

por Informador Público, 26-12-18

Finalmente, la Corte emitió su fallo sobre el caso “Blanco c/ ANSES s/ reajuste” en el que hace lugar al pedido del jubilado Blanco para que entre los años 2002 y el 2008 no se aplique el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), como pretendía la ANSES, sino el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). La Corte no cuestionó el índice usado por ANSES, sino que lo haya aplicado por resolución y no por ley. Quiere decir que si el Congreso actúa rápido enmendando este error formal se evitará otro golpe sobre la frágil situación de la ANSES.

El juicio testimonia hasta qué punto llega el oportunismo y la ligereza en materia previsional. El gobierno anterior viola la Constitución al no haber actualizado los haberes superiores a la jubilación mínima entre los años 2002 y 2008 para generar el promocionado superávit fiscal de aquella época. Ahora, el gobierno actual aplica el índice correcto, pero con un instrumento deficiente. Dado que esta mala praxis previsional es sistemática, cabe preguntarse si es soportable seguir acumulando improvisaciones.

Una forma de responder la pregunta es contrastando con la experiencia internacional. Según datos de la OECD, el INDEC y el Ministerio de Hacienda se observa que:

Australia tiene el 15% de su población con edades mayores a 65 y su gasto público previsional es de 4,3% del PBI.

Japón tiene el 27% de su población con edades mayores a 65 y su gasto público previsional asciende a 10,2% del PBI.

Argentina tiene apenas el 11% de su población mayor a 65 y su gasto público previsional, sumando el nacional y el provincial, llega al 11,9% del PBI.

Estos datos muestran que la Argentina es un país con una población relativamente joven, pero con un gasto previsional propio de un país envejecido. Australia, con características demográficas similares a Argentina, gasta 3 veces menos en jubilaciones. Argentina, teniendo casi 3 veces menos adultos mayores que Japón, gasta en jubilaciones más que el país nipón. Se trata de evidencias muy ilustrativas y contundentes de que el sistema previsional argentino, con sus reglas actuales, es inviable.

El paso del tiempo no resolverá el problema sino que lo agravará. Según las proyecciones que publica el INDEC, en la próxima década la población joven menor a 20 años se mantendrá constante en alrededor de 14,5 millones de personas y sólo crecerán en número las personas en edades activas (20-65) y los mayores de 65. Esta dinámica demográfica muestra una oportunidad pero también una amenaza. La Argentina, a diferencia de los países más envejecidos, todavía disfruta de la última etapa del “bono demográfico”, es decir, crece la población en edad activa, pero transitoriamente.

El fallo Blanco pone en evidencia la necesidad de simplificar integralmente la legislación previsional a los fines de evitar casuísticas y ambigüedades que dan pie a la judicialización espuria. Pero también es necesario avanzar sobre temas técnicamente complejos y políticamente sensibles. Entre los principales están: tender a la igualación en la exigencia de años de servicios y edad de retiro y establecer un mecanismo automático de actualización gradual en función de la dinámica demográfica, eliminar la posibilidad de duplicar jubilación y pensión por fallecimiento del cónyuge y suprimir los regímenes especiales o de “privilegio” tendiendo a que todas las jubilaciones se calculen y actualicen con la misma modalidad. En otras palabras, tender a que el sistema público de reparto garantice el acceso equitativo a la cobertura previsional. Sería recomendable que esto fuera complementado con mecanismos de ahorro individual para quienes pretendan acceder a beneficios superiores a los previstos en el régimen general.

Es muy importante cumplir con el “déficit cero” planteado en el Presupuesto 2019. Pero hay que ser conscientes de que para ajustar las cuentas públicas se está apelando a herramientas muy rudimentarias (aumento de impuestos distorsivos, caída de la inversión pública, transitoria licuación de jubilaciones y salarios). Para que la estabilidad fiscal sea estructural es ineludible hacer una reforma previsional responsable. 

(IDESA)

VUELTA DE CAMPANA

 A LOS FRESQUEROS LANGOSTINEROS

Y A LA INDUSTRIA NACIONAL

CESAR LERENA, 26-12-18

El langostino (Pleoticus muelleri) es una especie de aguas templado-frías y, hábitos demersal-bentonicos, es decir que viven en el fondo del mar y se capturan entre tres y cien metros de profundidad y, tienen, un ciclo de vida considerado anual. En la Argentina, representan el 61% de los dólares exportados pesqueros y, pese a ello, el Consejo Federal Pesquero (CFP) carece de la idoneidad suficiente para administrarlo representando el interés del conjunto de la actividad y, asegurar su preservación en el tiempo.

Solo, para los que no lo saben y, según dicen los expertos, la vuelta de campana (capsize) es uno de los accidentes marítimos más temidos, que suele llegar de manera inesperada y en la que hay escasa posibilidad de escapar de ella. Lo mismo puede ocurrir con la sustentabilidad del langostino y sus especies acompañantes, en una explotación incierta y sin control.

En la actividad pesquera, como en los ecosistemas, el canibalismo es posible, sobre todo, por los intereses que están en juego, donde el pez grande se come al chico y, donde el Estado, en lugar de armonizar, se vuelca hacia un sector que, vaya a saber por qué, dicho muy ingenuamente y con cierta sorna, es el que más grande tiene los barcos. El canibalismo ocurre, incluso, en la naturaleza, por ejemplo, en el Tiburón Toro, que tiene dos úteros y, durante la gestación, el más fuerte de los embriones se come al resto sus embriones hermanos, razón por la cual, al finalizar la gestación nace solo uno de ellos.

Es el mismo canibalismo brutal que ocurre desde hace décadas en la lucha entre congeladores y fresqueros, pero, daría la sensación, que se está llegando al final, porque, a instancias del Consejo Federal Pesquero, por Acta CFP Nº 12 del 17 de mayo de 2018, se pretende aplicar la Res. del Consejo Federal Pesquero Nº 7/2018 de «Medidas de Administración del Langostino» que, en el artículo 8° del Anexo I indica que los buques fresqueros, que capturan langostino y utilizan cajones de hasta 17 kilos, a partir del 1 de enero de 2019 deberán acomodarse en cajones de no más de 15 kilos. Ello significa, que a partir de esta fecha el peso neto de esta especie no podrá superar los 12 kilos más 3 kilos de hielo para su conservación (20% del total neto de producto para asegurar el mantenimiento de este a 0º C), según lo previsto en los Considerandos de la citada Resolución, en los que el CFP precisa que: «deberán utilizar para la estiba a bordo, cajones plásticos con capacidad total de hasta quince (15) kilogramos entre langostino y hielo».

     

Esta errónea Resolución Nº 7/2018, sintetiza las contradictorias políticas iniciadas en esta materia a partir de la Res. Nº 1113/1988 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero que en sus considerandos incurre en la falsedad de que por las Res. Nº 153/2002 de la SAGPyA y la Res. CFP Nº 3/2014 se hubiesen establecido un tope de 15 kg de langostino por cajón a los buques fresqueros; omitiendo, al mismo tiempo, la Resolución Nº 65/2016 de la SAGyP, que autorizó la estiba de esta especie en cajones de hasta 18 kilogramos. Normas que, accesoriamente de dejar de manifiesto el desorden administrativo, muestra las incoherencias del CFP y la atomización en la fijación de las políticas pesqueras: ¿La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca o el Consejo Federal de Pesca?          

Esta arbitraria Res. CFP Nº 7/2018, de aplicarse, será el certificado de defunción de los buques fresqueros langostineros cuya ecuación económica puede resultar inviable -en especial a los que trasladan menos cajones- y, a la par, promoverá la captura de esta especie con buques congeladores tangoneros existentes o nuevos (¡!), a los que podrían transferírseles unas 38.853 toneladas de langostino por año.

La norma es claramente discriminatoria porque, si tuvo como intensión reducir las capturas, no es equitativa, teniendo en cuenta que durante 2017 las capturas entre ambas flotas fueron similares, ya que los fresqueros capturaron el 54% y los congeladores el 46%; técnicamente infundada, ya que no existen diferencias de calidad entre cajones que contengan 17 o 15 kg. de langostinos, si estos se mantienen con el porcentual de hielo indicado y su manipulación se hace en forma adecuada e, irresponsable por parte del del CFP, porque puede producir un serio quebranto económico a unos cien buques fresqueros y, por cierto, pérdida de ingresos a las tripulaciones, estibadores y procesadores en tierra, a par de los conflictos laborales que se generarían en la discusión de las nuevas tarifas de estos cajones de menor peso.   

No desearía, además, pensar que esta eventual transferencia de toneladas al sector congelador, es la apertura de nuevos negocios a buques extranjeros o a las empresas concentradas, pero no puedo evitarlo, porque ya ocurrió en años anteriores, bajo pretexto de contar con supuestos excedentes pesqueros, donde unos pocos pícaros hicieron pingües negocios en perjuicio del conjunto de la actividad, las empresas, los trabajadores y las ciudades que se desarrollaron en base a la pesca.

¿Y cuál sería el aporte del sector congelador ante esta cesión de los fresqueros?     

Esta transferencia, viene ocurriendo desde hace muchos años y, es conocido que hacia 1976 la flota no costera estaba compuesta por 113 buques fresqueros y 10 buques procesadores congeladores; es decir, la relación era de 92% y 8% respectivamente. Este porcentual se ha venido revirtiendo en forma notable y, en la actualidad ambas flotas están en el orden del 50%. Ello, ha producido una importante reducción de la mano de obra total, teniendo la particularidad en el caso del langostino, de que la explotación por parte de los fresqueros es en su gran mayoría (71%) a través de buques costeros y de rada, lo que permite una mayor distribución del recurso del Estado y, el saldo restante, con buques de altura que procesan el producto en tierra, con la consiguiente mayor ocupación.

A esto se agrega el pésimo manejo del recurso por parte del CFP, incluido el dictado de la referida la Res. Nº 7/18 y, la autorización de permisos, que agregan nueva presión sobre el recurso y, la incapacidad de sus miembros -pese a la integración en este cuerpo de representantes de las provincias del litoral marítimo patagónico- para armonizar la explotación del recurso, denunciándose, todo tipo de prácticas depredadoras sobre la pesca objetivo (caso el buque Vierasa dieciséis-Newsan, etc.), relativas a pescas ilegales, descartes al mar de las especies incidentales, sustitución de especies, etc.

Por ello, no es casual que la Certificadora Monterey Bay Aquarium Seafood Wath haya sacado de la calificación verde o amarilla «Mejores opciones o Buenas alternativas» a nuestro país y, pasado a color ROJO al langostino argentino, recomendando a los consumidores: «No compre, están sobreexplotados o capturados de manera que dañan a otras especies marinas o al medio ambiente»; es decir, la peor calificación posible a la administración nacional pesquera, conducida por el CFP presidido por el Subsecretario de Pesca Bosh, por considerar insustentable la explotación del langostino que, en la actualidad, representa para la Argentina 1,2 miles de millones de dólares anuales de sus exportaciones y, ello significa, paralelamente, calificar de igual forma negativamente, a la explotación de merluza, que es una pesca incidental del langostino. En suma, una dura crítica al manejo del administrador de todo el ecosistema.

A todo ello, agrega la certificadora, que la administración «sólo a veces sigue el consejo científico y hay una falta de políticas de largo plazo, falta de experiencia en temas de gestión, y una fuerte influencia de la política o económica sobre decisiones técnicas» y, en este sentido, los científicos ya dejaron en claro, que en la evolución creciente de esta pesquería «no hay evidencias que puedan sostenerse en el tiempo»; que ella «no parece explicarse solo como el resultado de la estrategia actual de explotación» y, que debe «comprender a todo el ecosistema, incluyendo a las poblaciones de peces que cohabitan las mismas áreas» teniendo en cuenta que «de acuerdo con la bibliografía consultada, la disminución de la abundancia de poblaciones de peces ha sido en algunos ecosistemas, la causa de la aparición de altas e inusuales densidades de invertebrados comercialmente valiosos, que devienen en pesquerías monoespecíficas muy exitosas.

La instrumentación de este enfoque ecosistémico, al involucrar a varias especies y a su contexto ambiental y socioeconómico, debe coordinarse desde una perspectiva superior a la del Programa de Pesquerías de Crustáceos (Fischbach C.E., Bertuche, D. “El aumento sostenido (de langostino) del desembarco total anual declarado a partir de 2006”; Informe Técnico Oficial Nº 014. 19 pág. 04/08/2015). Ello también es coincidente, con el informe del programa de Merluza y fauna acompañante del INIDEP, donde se destaca que, las recomendaciones de los investigadores han sido desestimadas por la Autoridad de Aplicación, en especial, en lo relativo a los descartes y a las pescas incidentales, lo cual resulta absolutamente grave, porque la propia Res. Nº 7/18 desatiende la cuestión del ecosistema citado. A ello se agregan, los distintos informes relativos a la sobrepesca de la especie merluza (Auditorías de AGN, Defensoría del Pueblo, etc.) que acompaña a la captura de langostino y los propios informes del INIDEP que indican que en 2018 hubo un bycatch (captura incidental) de merluza de la flota congeladora tangonera de unas 38 mil toneladas dentro de la zona de veda y 37 mil toneladas fuera de ella, sin obtenerse datos de las flotas fresqueras, porque operando unos 150 buques sobre el langostino no hubo observadores controlando, de modo que las toneladas podrían ser significativamente mayores.  

  

Los resultados de la certificadora internacional, no nos deberían asombrar, porque son una constante de las últimas décadas y, derivan, entre otras razones, de la participación en la política pesquera de los representantes de los sectores concentrados y del Poder Ejecutivo Nacional ante el CFP, que han llevado adelante una reiterada acción negativa para el conjunto de intereses del sector y, un modelo obsoleto que se inicia en la Argentina con la firma de los Acuerdos Marco con Rusia y Bulgaria.

Pero, en el medio de esta lucha, para ver quién se queda con el recurso pesquero -que, no nos olvidemos es propiedad del Estado Nacional y Provinciales- que incluye la mutación de los fresqueros por congeladores -en varios casos, pese a la prohibida transformación- los que más sufren los efectos son las empresas chicas y medianas y, los operarios que ven desaparecer sus fuentes de trabajo.      

En esta misma tónica de no asegurar una actividad sustentable, la Res. CFP Nº 7/18 establece que los buques tangoneros con una eslora superior a los 40 metros, que se encuentren habilitados para la captura de langostino, conservarán el derecho a capturar esta especie y, recién se les exigirá reemplazarlos por buques de hasta 40 metros en el caso de transferir o reformular el respectivo permiso de pesca, en lugar de establecer un período máximo para hacerlo, del mismo modo que la excepción respecto a los buques autorizados a capturar por encima de las dos mil toneladas y, otro tanto, cuando «se fija de manera temporaria el máximo de concentración por empresa o grupo empresario en la cantidad de dieciocho buques congeladores o dieciocho fresqueros autorizados para la captura de langostino, siempre que no se supere el número total de veintiséis buques congeladores y fresqueros en conjunto», es decir que, bien podría un grupo empresario tener dieciocho congeladores y ocho fresqueros; lo cual favorece la concentración en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, porque en la población total de buques destinados a la captura de esta especie, un solo grupo empresario podría quedarse con el 15% de los recursos y del negocio; sin tener en cuenta que por vía de contratos entre empresas se distorsionan los cupos y toneladas autorizadas por buque y por empresa.

Siendo todo esto -además- una verdadera entelequia, porque, con una Autoridad de Aplicación que no controla la depredación propia, no ya la extranjera, mucho menos podría controlar los contratos comerciales a partir del manejo oligopólico de la actividad y, todo ello, en un marco de la imprecisión, que en los propios considerandos de la Res. CFP Nº 7/18 indican: «que la característica altamente fluctuante del recurso langostino impide establecer rangos absolutos para los indicadores que se emplean en la administración dinámica de este recurso, mediante aperturas y cierres de áreas y subáreas, puesto que dependen del contexto de las pesquerías de langostino y merluza común, como así también de aspectos socioeconómicos de las mismas». 

Como lo indica el artículo 1º inc b) de la Res. 1113/88 de la SAGyP no deben incorporarse barcos de más de 40 metros de eslora a la captura de langostino y, contrario a aprobar excepciones, habría que ir retirando a los que están autorizados, porque la pesca de esta especie no lo justifica: por su distribución geográfica, la velocidad media dada por su mayor eslora, porque resultan más ineficientes como lo demuestran las estadísticas de capturas de fresqueros-congeladores, y en la relación capturas-empleo-valor agregado y una distribución más equitativa del recurso, además, de tener muy en cuenta, que la eficiencia no la da la eslora del buque, sino la tecnología hidro-acústica, las artes de pesca y la habilidad del Capitán de Pesca.

Finalmente y, como muy importante, deben restringirse estos buques, por el principio 15 de  precaución establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 que estableció que «con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar el criterio de precaución (y)…la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente» y ello, encuentra fundamento, en las recomendaciones y opiniones científicas (Bertuche et al: langostino, pesquerías de Argentina, pág. 186, 2000)  que indican que «no es posible establecer un rendimiento máximo sostenible (MSY) anual o semestral con un sólido fundamento biológico».

A todas estas demostraciones de falta de manejo adecuado del recurso por parte de la Subsecretaría y el CFP se agregan las transferencias de decenas de permisos irrestrictos de lanchas amarillas a buques, etc. En biología, y, en un ecosistema interdependiente como se ha dicho, no puede improvisarse, y menos aún, basar un plan pesquero global en la explotación del recurso que más se extrae o más valor tiene. La sola presencia de altos volúmenes de langostino, de por sí, puede hacer pensar en un eventual desequilibrio biológico y, la fórmula del éxito, basada en «mayores capturas-mayores valores» es falsa, cuando el 61% de las exportaciones son commodities de una mono-explotación de langostinos, en lugar de una «mayor diversidad-menor volumen-mayor valor agregado». 

      

Por cierto, la Res. CFP Nº 7/18 y sus antecesoras tienen muchos otros defectos técnicos y, expresan el referido modelo que rompe con el paradigma de una pesca sustentable, que no es solo una herramienta económica, sino social, laboral, ambiental, de radicación industrial y estratégica y, ello significa, entre otras cosas, agregar valor a las capturas, cuestión que, en la explotación del langostino, en esta norma, no ha pasado, de establecer un insólito plazo de tres años para reducir a 20% la congelación en bloque y, en el caso de Chubut, más avanzado, de aceptar la exportación de bloques pelados y clasificados, lo que da lugar, en general, a la  exportación del 65% de langostinos enteros a terceros países para su descongelación y reprocesamiento e incluso, su reexportación (Perú, China, etc.) y, ello, entre otras cosas, es debido al modelo extractivo imperante y a una falta de acuerdo nacional en las políticas pesqueras, aunque insólitamente estén en el CFP representadas la nación y todas las provincias.

No asegurar una explotación sustentable y, no agregar valor a las materias primas es ya una administración inepta del recurso, conforme lo establecido en la Ley 24.922, el denominado régimen federal de pesca.

ACUSACIÓN INJUSTA

Malvinas: otro uso espurio de los derechos humanos

La aplicación de las normas no puede dejar de lado la ecuanimidad a expensas de interpretaciones ideologizadas o mezquindades económicas

Se trata de la citación a 18 militares alegando eventuales torturas a soldados durante la Guerra de las Malvinas.(…)

Además de la falsedad de los hechos denunciados, corroborada por los múltiples testigos convocados, las sentencias explican que la lesa humanidad y su consecuente imprescriptibilidad requieren que exista un objetivo sistemático de destrucción de un grupo social, étnico, religioso o político y que, por lo tanto, la tortura o la muerte no distingan ni la edad, ni la salud, ni la inocencia de las víctimas. 

Los jueces que desestimaron hasta ahora las denuncias, encontraron que esas condiciones no se dieron en este caso. Los testigos coincidieron en que no hubo torturas y que los sufrimientos por insuficiencia alimenticia y por frío fueron consecuencia de las dificultades de abastecimiento generadas por las acciones de la propia guerra.

Refieren incluso la muerte de un soldado en el hospital de campaña a causa de trastornos físicos y psíquicos creados por esas insuficiencias. También relatan una degradación frente a la formación, como castigo, a un suboficial que se apropió y carneó una oveja de propiedad de un lugareño, desoyendo claras instrucciones en sentido contrario. 

Claramente, los casos reales ocurridos en relación con los militares acusados se encuadran en conductas no punibles tratadas por el Código de Justicia Militar vigente en la época de la Guerra de Malvinas, y que nada tienen de crímenes de lesa humanidad.

…..

(La Nación, editorial, 23-12-18)

MALA FORMACIÓN

 de los formadores

Alfil, 21 diciembre, 2018

Por Javier Boher

Finalmente, con casi seis meses de demora, se presentaron los primeros resultados de la Evaluación Enseñar, destinada a los estudiantes de último año de profesorados de casi todo el país. Sin diferenciación entre distritos, es sólo una previa para calmar a los responsables de la educación en cada provincia.

La evaluación Enseñar es el segundo paso dentro de un diagnóstico encarado por los responsables de la educación del país desde la asunción del presidente Macri. El primer paso fue la evaluación Aprender, que se dirigió a los alumnos de los distintos niveles de la educación obligatoria. El de ahora, sobre los futuros educadores. El tercero y último es el que falta, sobre los docentes que están en actividad.

Los datos que se difundieron desde el Ministerio de Educación de la Nación no desentonaron respecto a las malas marcas logradas en los Aprender. De lo poco que se pudo conocer, el 40% de los estudiantes de profesorado evidenciaron problemas respecto a la lectoescritura y a las estrategias pedagógicas que se pueden implementar en el aula.

Si se accede al detalle del documento se puede observar un dato no menor: el peor rendimiento está entre los estudiantes de los profesorados de nivel primario, justamente los que tendrán a su cargo los años más importantes para la formación de la persona.

Por supuesto que esto se enmarca en una realidad mucho más larga, que debe buscarse en políticas implementadas hace y durante años. Suponiendo que los evaluados en 2017 hubiesen estado cursando en tiempo y forma, serían casi en exclusividad un producto de un sistema educativo que hizo implosión después de diciembre de 2001.

En aquellos años de crisis la educación pasó a un segundo plano, con docentes mal pagos, mal formados y peleando para no caer en la pobreza. Lo que siguió no implicó una reversión del daño, sino sólo una mano cosmética para esconder que a ninguno le interesaba realmente lo que pasara con los niños y adolescentes.

Los planes fueron entregar computadoras sin capacitar a los docentes en el uso de las TICs (con el claro negociado por detrás), modificar los nombres de los eventos (como el “Día de la Raza” por el “Día del respeto y la tolerancia entre los pueblos”) y flexibilizar los criterios de evaluación, “porque los chicos son todos distintos y no se los puede evaluar a todos por igual”.

Córdoba, después de unos primeros años de premiar a la militancia y los amigos con cargos en el ministerio de educación (¿cómo olvidarse del inefable Ricardo Jaime como viceministro del área?) hoy la provincia parece haberse decidido a encarar una serie de reformas que -aunque no logren resolver todos los problemas- mostraron sus frutos en los buenos resultados de la evaluación Aprender.

Pese a todo, hay datos que no se pueden pasar por alto en lo referido a la educación. La obsolescencia de la propuesta pedagógica de numerosos institutos privados de formación docente (controlados en su mayoría por la Iglesia Católica) atenta contra las nuevas destrezas que requieren los docentes, no sólo en cuestiones técnicas sino también en lo referido al manejo de grupos y las nuevas problemáticas sociales de una realidad cada vez más diversa y heterogénea.

Hay otras tres cuestiones muy íntimamente ligadas entre si que afectan el nivel de los futuros docentes. En primer lugar, los bajos sueldos en comparación al resto de los trabajadores (especialmente los públicos). Eso genera el segundo problema: que los sectores con mejor formación de base esquiven la docencia. En la vereda opuesta, los sectores bajos de la sociedad ven en esto una posibilidad de ascenso social, estabilidad laboral y prestigio que otras generaciones de su familia no tuvieron.

En tercer y último lugar, el corrimiento de los educadores de vocación y la irrupción de los “trabajadores de la educación”, que no ven en los niños a futuros ciudadanos sino a una herramienta para extorsionar a los gobiernos por mejoras salariales. La expulsión de alumnos desde las escuelas públicas a las privadas ha dejado a los dirigentes sindicales como “socios” en el diseño e implementación de políticas, cuando sólo deberían velar por los derechos de docentes y alumnos.

Falta conocer los detalles de la evaluación. Lamentablemente, aunque Córdoba obtenga buenos resultados, lo que se conoce hasta ahora de todo el país es desalentador. Y aún peor es el tiempo que puede llevar revertirlo.

ESTADOS UNIDOS RECHAZÓ

 el compacto migratorio de Naciones Unidas; por qué es la decisión correcta

 HANS VON SPAKOVSKY & BRETT SCHAEFER

El Ojo Digital, 13 de Diciembre de 2018

En Marruecos, entre el 10 y el 11 de diciembre, una mayoría de países en todo el mundo suscribió el Compacto Global de Naciones Unidas para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Conforme ya ha sido consignado, Estados Unidos decidió no ser signatario del convenio—y debe subrayarse que se trata de una decisión correcta, en materia de política pública, seguridad nacional y soberanía nacional.

El compacto sobre migración dio inicio cuando, de forma unánime, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, en septiembre de 2016. Dado que la Administración Obama promocionó esa declaratoria con entusiasmo, lo cierto es que la Administración Trump expresó serias preocupaciones en torno de las provisiones y requisitos contemplados en el acuerdo, los cuales se exhiben incongruentes y plenamente contrarios a la política inmigratoria de los Estados Unidos de América.

El 2 de diciembre de 2017, EE.UU. anunció oficialmente que no tomaría parte del compacto migratorio, conforme lo explicara en su oportunidad la Embajadora de los EE.UU. ante Naciones Unidas, Nikki Haley:

Estados Unidos se muestra orgulloso de su legado inmigratorio, y de nuestro tradicional liderazgo moral en el respaldo a las poblaciones de migrantes y refugiados en todo el mundo.

En rigor, ningún país ha hecho más que los Estados Unidos, y nuestra generosidad no se verá interrumpida. Pero nuestras decisiones en materia de política inmigratoria deberán siempre ser tomadas por estadounidenses, de manera exclusiva. Nosotros seremos quienes decidamos el modo en que controlaremos nuestras fronteras, en tanto también decidiremos quién tendrá permitido ingresar a nuestro país.

El enfoque global corporizado en la Declaración de Nueva York es, sencillamente, incompatible con la soberanía de los Estados Unidos de América.

La decisión estadounidense de poner fin a su participación fue controvertida, y criticada injustamente por funcionarios de Naciones Unidas y por grupos vinculados a los derechos humanos. Desde registrada la decisión estadounidense, sin embargo, otras naciones han certificado que no firmarían el compacto, a raíz de preocupaciones que el mismo consigna para la 'seguridad nacional', en tanto 'no distingue con claridad a migrantes económicos de aquellas personas que en verdad necesitan contar con la protección de la comunidad internacional'.

Al menos otras diez naciones se han unido a los Estados Unidos en su decisión de no convertirse en signatarios del compacto migratorio; entre ellas, se incluye a Australia, Bulgaria, República Checa, Israel y Polonia. Adicionalmente, el compacto ha generado una marcada controversia política y se ha convertido en objeto de turbulencias en determinadas geografías -allí donde los propios simpatizantes del convenio no las esperaban-, como ser Bélgica, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos.

Las preocupaciones refrendadas en tales países consignan un espejo para aquellas que dieron a conocer funcionarios del gobierno estadounidense. Por ejemplo, mientras que el compacto migratorio tipifica que a los Estados les asiste el derecho de 'gobernar la cuestión migratoria en sus respectivas jurisdicciones', solo pueden hacerlo al punto en que sus políticas obren 'en conformidad con la legislación internacional'. Esto se exhibe como una franca limitación a la autoridad constitucional de, por ejemplo, el gobierno de EE.UU. a la hora de determinar su propia política inmigratoria, más allá de la ley internacional citada.

De igual manera, el compacto migratorio explicita que los derechos que hacen al debido proceso y el acceso a la justicia para migrantes deberá 'ser coherente con la legislación internacional'. Lo cual impone una novedosa limitación a la autoridad de los Estados Unidos cuando se trata de determinar su política inmigratoria y el formato en que el debido proceso se aplicará a inmigrantes ilegales.

También existen otros desperfectos similares, contenidos en el compacto migratorio, como ser aquel que señala que la política inmigratoria de una nación habrá de ser coherente con la Agenda No Vinculante para el Desarrollo Sustentable Para 2030 -de Naciones Unidas. Consigna este apartado que un inmigrante ilegal solo deberá ser detenido como 'medida de último recurso', limitación que forzaría a los Estados Unidos a poner en libertad a una cifra importante de inmigrantes ilegales en el interior del  territorio estadounidense, donde podrían desaparecer y desafiar las leyes inmigratorias del país. El compacto migratorio, sin más, identifica también otras provisiones que se extienden al otorgamiento del derecho de asilo -forzando a cada gobierno a ofrecer beneficios que van mucho más allá de lo que la ley inmigratoria estadounidense propicia.

En general, se asiste aquí a la agenda que portan consigno numerosos grupos de extracción política progresista, los cuales tienen el objetivo de eliminar toda frontera entre aquello que es inmigración legal y lo que se conoce como inmigración legal -en todo lo que sea posible. Amén de esto, el compacto migratorio explicita que su contenido se respalda en una miríada de otros convenios internacionales, lo cual reviste importancia, considerando las frecuentes referencias del compacto en torno de la legislación internacional.

Lo que resulta curioso es que el convenio no efectúa distinción alguna entre los compromisos legalmente vinculantes y aquellos que no lo son -citándose, por ejemplo, el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención sobre Acuerdos de Naciones Unidas para Cambio Climático, junto con los acuerdos de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El compacto falla a la hora de consignar que no todos los Estados han ratificado los tratados enumerados. Estados Unidos, por ejemplo, ha rehusado ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; ha rechazado ser signatario del Acuerdo Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; tampoco ha firmado la Convención de los Derechos del Niño; ni la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, como ha hecho lo propio con otros tantos convenios a los que el compacto hace somera referencia. Estados Unidos deberá evitar siquiera implicar que los acuerdos y tratados que no ha ratificado constituyen compromisos vinculantes para éste país.

Lo cierto es que los defensores del compacto migratorio argumentan que las preocupaciones de los Estados Unidos comportan una visión sesgada, porque los compromisos de un país con el mismo no son vinculantes. En efecto, los simpatizantes del citado compacto lamentan la ausencia de un tratado vinculante sobre migración. El propósito del compacto, sin embargo, es un paso adelante en ese sentido. A tal efecto, se superpone con compromisos y prácticas comunes relativos a 'todos los aspectos sobre migración internacional' que los signatarios serán obligados a honrar.

Los Estados que se retrasen en las expectativas e interpretaciones de tales compromisos elaborados por Naciones Unidas y organizaciones no-gubernamentales, serán acusados de mala fe, y de abandonar unilateralmente sus compromisos. Hemos asistido a críticas semejantes cuando Estados Unidos decidió retirarse de los acuerdos no-vinculantes de París, que versaban sobre cambio climático. Con todo, en el reciente cónclave del Grupo de los 20 de Buenos Aires, Argentina, los gobiernos de terceros países insistieron en que el acuerdo no-vinculante de París es 'irreversible'.

A la postre, será necesario subrayar que el acto de no firmar el compacto migratorio en nada comprometerá las generosas políticas de los Estados Unidos en el andarivel inmigratorio. EE.UU. en tal sentido, habrá de trabajar en conjunto con la Organización Internacional para la Migración y con otras entidades relevantes, a los efectos de implementar las provisiones más sensibles del compacto. Pero es, en esencia, lo correcto el proteger con celo la autoridad soberana y la discrecionalidad de los EE.UU. a la hora de construir sus propias políticas inmigratorias -las cuales portan consigo la meta de resguardar los intereses de los Estados Unidos de América.

La firma de semejante compacto no ofrecerá autoridad ni capacidad adicional a EE.UU. a la hora de tomar en sus manos necesidades urgentes. Esa firma sí hubiese logrado, en cambio, corporizar una invitación para mayor presión internacional y un mayor calibre de críticas.

Estados Unidos tiene la razón al ponderar los costos y beneficios que hacen al convenio. Y, conforme se ha visto, los costos superan holgadamente a los beneficios.

EL LÍDER MAPUCHE CONDENADO

Facundo Jones Huala deberá cumplir una condena de 5 años y siete meses en Chile

Por Loreley Gaffoglio

Infobae, 21 de diciembre de 2018

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Facundo Jones Huala a 6 años de prisión efectiva por el incendio de una vivienda y a 3 años y un día, también de cumplimiento efectivo, por tenencia ilegal de armas, delitos cometidos en enero de 2013.

Si bien la pena total es de 9 años, el tribunal le computó a su favor los 1.178 días de prisión preventiva que el dirigente mapuche cumplió tanto en Chile como en Argentina. De esta manera, el lonco de la Lof de Resistencia en Cushamen deberá permanecer preso en la cárcel de Temuco 5 años y siete meses.

El tribunal también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos y derechos políticos mientras dure la condena. A su vez, le impuso las costas del juicio.