por Jorge Raventos
Informador Público, • 18/10/2015
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Una de las asignaturas prioritarias de la política
argentina -en principio, un desafío que deberá encarar el próximo gobierno- es
la regeneración de un Estado sólido y eficiente. Las declamaciones estatistas
de los últimos años (en rigor, coartadas para justificar el discresionalismo
gubernamental) se concretaron en un derrumbe de la calidad de las prestaciones
del Estado. La Argentina destruyó su sistema estadístico y las estructuras de
control, se ha quedado virtualmente sin dispositivo de defensa, retrocedió
enormemente en materia de seguridad, vio transformarse el anterior
autoabastecimiento en déficit energético y dilapidación de divisas, en el campo
educativo decayó y retrocedió a las últimas posiciones en las evaluaciones
internacionales, se estancó en materia de salud. Esa enumeración -que podría
continuar- debería incluir pocas honrosas excepciones, como algunos campos de
la investigación científico-técnica (en particular la aeroespacial).
Como telón de fondo de esa catastrófica performance se
observa un proceso de colonización facciosa de la administración pública que
incluye la marginación de personal profesionalmente formado, la instalación de
jerarquías digitadas (sin concursos o con competencias amañadas), la creación
de infinidad de puestos en reparticiones directa o indirectamente sufragadas
con fondos públicos. La única franja de empleo que crece es la del trabajo en
el Estado, y lo hace en paralelo con la decadencia de la calidad de sus
prestaciones.
En los últimos días han trascendido algunas
iniciativas postreras del gobierno destinadas a batir sus propios registros en
materia de empleo público: medio centenar de cargos en el ministerio de
Justicia y 755 en Relaciones Exteriores.
Profesionalizar versus igualar hacia abajo
En este último terreno, la Asociación Profesional del
Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (Apsen, la entidad que
agrupa a los diplomáticos de carrera) ha denunciado que el ministro Héctor
Timerman dispuso que más de la mitad de las 351 posiciones de esa convocatoria
correspondientes al cuerpo diplomático puedan ser ocupadas por personal
administrativo, sin formación específica. Se trataría de un nuevo ejemplo de
erosión de la calidad del Estado.
El personal diplomático argentino es probablemente el
sector mejor formado de toda la administración pública. Está constituido en
altísimo porcentaje por graduados universitarios, con (al menos) un posgrado
especializado en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que manejan
varios idiomas, son reclutados con criterio federal y provienen de un a amplio
arco de carreras iniciales.
Los profesionales diplomáticos tienen dedicación
exclusiva al servicio público; no pueden desarrollar otras actividades
rentadas, con excepción de la docencia, deben intervenir y asumir
responsabilidades en asuntos de una enorme variedad y gravedad: desde
cuestiones que hacen a la integridad soberana del país (asuntos de límites,
diferendos territoriales, defensa de recursos actuales y potenciales de la
nación, etc.) hasta la negociación de acuerdos comerciales o cuestiones de paz
y guerra, pasando por la protección de derechos de ciudadanos argentinos en el
exterior.
Resulta evidente que igualar para abajo, encogiendo
los requisitos para ocupar cargos que entrañan altas responsabilidades actuales
o potenciales, sólo responde a pequeños intereses clientelísticos. El estatismo
verbal se traduce en más gasto público para la creciente incapacidad e impotencia
del Estado nacional.
Entre los temas que los candidatos no han abordado
específicamente están el manejo del aparato estatal, su profesionalización, la
creación y respeto de normas permanentes que rijan la carrera administrativa,
la formación permanente y la evaluación periódica de los agentes.
En una sociedad mundial que cambia vertiginosamente y
que pivotea sobre el conocimiento y la tecnología, un Estado cuyas únicas
transformaciones sean engordar y disminuir sus exigencias y saberes, lejos de
ser un instrumento de soberanía y desarrollo, es un lastre para el país: lo
sofoca, impide la liberación de sus energías.
Probablemente el debate de este asunto ya no se
producirá antes del comicio, pero quien sea que gane (con o sin balotaje)
inevitablemente tropezará con el tema cuando le llegue la hora de gobernar.
