La Voz del Interior, 16 de marzo de 2018
Jaime Iglesias vive en Bilbao. Cada año, en mayo,
cuando llena la planilla para presentar el pago del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) debe decidir si marca o no la casilla 105 que le
indica al Estado que uno le da un 0,7 por ciento para el sostenimiento de la
Iglesia Católica. Si no rellena ese ítem, el dinero no será destinado a fines
religiosos.
Según la Conferencia Episcopal Española (CEE), en 2016
la Iglesia Católica recibió por ese aporte unos 249 millones de euros, que
provinieron del 34 por ciento de los españoles que optaron por donar su dinero.
España es un ejemplo de cómo el Estado ha decidido llevar adelante su relación
con la Iglesia Católica sin que medie un aporte obligatorio. Tema, el de la
financiación, que en Argentina abrió un nuevo capítulo de debate a partir de la
decisión del Gobierno nacional de dar a conocer las asignaciones que, por
Presupuesto nacional y con el amparo de la Constitución, reciben los obispos.
Según explicó el miércoles el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, el Estado destinará este año unos 130.421.300 pesos para la remuneración
de los religiosos (46.800 pesos por meses para cada obispo diocesano).
Ayer, la cifra del gasto generó reacciones diversas y
hasta hubo una advertencia de parte del obispo de La Plata, Monseñor Héctor
Aguer, quien dijo que “la Iglesia no podría prescindir de eso, es un aporte
importante”.
El miércoles, otro obispo, monseñor Sergio Buenanueva,
de San Francisco, había afirmado que hay que debatir cómo se financia la
Iglesia Católica. “Hay una necesidad de revisar tanto el Presupuesto de culto
como el destino que se le da”, dijo a La Voz. Y citó casos para tomar como
referencias, como el de Italia, donde el Estado actúa como ente recaudador y
después distribuye.
En Italia, se aplica el llamado “ocho por mil” (“otto
per mille”), también sobre el Impuesto a la Renta. En ese caso, los ciudadanos
pueden decidir a qué religión irá el dinero.
Así, se puede optar por las iglesias Católica,
Adventista del Séptimo Día, Asamblea de Dios (Pentecostales), Valdense y
Metodista, Evangélica Luterana, o por la comunidad judía. Todas reconocidas
como cultos oficiales por el Gobierno italiano.
Según el Ministerio de Finanzas de aquel país, en 2017
la suma alcanzada fue de 986 millones de euros.
La otra opción es decirle al Gobierno que la plata no
vaya a ninguna iglesia y que sea usada para fines sociales (desastres naturales
o asistencia a refugiados).
El caso alemán
Alemania el país que más dinero aporta a la Iglesia
Católica. Lo hace a través del “impuesto eclesiástico”. Allí, en 2016, y según
cifras del diario alemán Handelsblatt, recaudaron más de 6.000 millones de
euros. ¿Cómo? Los católicos deben donar un nueve por ciento de sus impuestos a
la Iglesia. No es sólo una cuestión de voluntad: si uno fue bautizado, el
Estado lo sabe y cobra. Por lo tanto, para no pagar, hay que optar por la
apostasía (renunciar formalmente a la religión).
Eso sí: los que no pagan no pueden recibir la comunión
ni otros servicios religiosos, según la Conferencia Episcopal Alemana.
