EL CONURBANO BONAERENSE

 

desafío político de la Argentina

Pascual Albanese

Foro Patriótico, 17-7-21

 

Cuando se reitera el lugar común del carácter electoralmente decisivo de la provincia de Buenos Aires como la “madre de todas las batallas” y se alude al atrincheramiento político  del gobierno nacional en ese territorio, y en particular al rol decisivo que asume en esa caracterización el conurbano bonaerense, que es la principal base de sustentación de Cristina Kirchner y por lo tanto ha quedado convertido en el  foco casi excluyente de la preocupación  gubernamental, suele subestimarse un factor cualitativo: el Gran Buenos Aires es el mayor desafío social que afronta hoy la Argentina y su resolución efectiva  no tiene un carácter provincial sino una dimensión eminentemente nacional. Las dos grandes crisis de gobernabilidad registradas desde la restauración de la democracia en 1983, derivadas de la escalada hiperinflacionaria en junio de 1989 y del colapso económico  de diciembre de 2001, tuvieron como detonantes los saqueos a los supermercados en el conurbano. Desde entonces hasta hoy, la amenaza de los saqueos en ese cinturón geográfico es un fantasma que  periódicamente alarma a los gobiernos en las cercanías  de las fiestas navideñas.

 

Esta realidad está asociada hoy a un punto de consenso unánime entre los distintos sectores políticos y sociales: el asistencialismo, surgido como una respuesta coyuntural impulsada por Eduardo Duhalde frente a la emergencia derivada de la crisis de diciembre de 2001 y transformada luego por Néstor Kirchner en una extraña suerte de “política de Estado” profundizada por Cristina Kirchner  y continuada por Mauricio Macri, es un modelo agotado. Los propios dirigentes de los movimientos sociales, que pretenden  expresar a los sectores excluidos, sostienen que los actuales programas de asistencia ya no alcanzan para satisfacer las crecientes demandas de sus representados y promueven su reconversión integral en programas de empleo y capacitación profesional.

 

Esa visión estuvo detrás de la discusión suscitada semanas  atrás cuando el gobierno aumentó los fondos asignados a la Tarjeta Alimentar y dirigentes representativos de esos movimientos sociales objetaron la medida por considerar que era más apropiado destinar esos recursos a las cooperativas de trabajo de la economía popular. Esa misma necesidad de reconversión de los programas sociales ha sido asumida públicamente, entre otros, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Conviene subrayar que en este punto coinciden los movimientos próximos al gobierno y las agrupaciones enroladas en la oposición, que en los últimos tiempos han ganado más espacio y ocupado la calle. Desde el oficialismo, Fernando Navarro, Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete y uno de los líderes del Movimiento Evita, reconoció que “la mayoría de la gente nos pide trabajo, no un plan”. Emilio Pérsico, Secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social y otro de los máximos   dirigentes del Movimiento Evita,  señaló que “el plan social es una política de emergencia, pero en el tiempo enferma. La cultura de vivir del Estado es muy mala y la economía popular tiene que ayudar a toda la economía. La Argentina se va a poner de pie  a través del trabajo y no de los planes sociales”. Desde los movimientos ubicados en la oposición, que incluyen en primer lugar al Polo Obrero, Humberto Tumini, dirigente de Barrios de Pie, un nucleamiento aliado hoy electoralmente a Florencio Randazzo, afirma: “Queremos vivir del trabajo y un salario. Así no va más. Hay que generar trabajo”.

 

La particularidad del Gran Buenos Aires reconoce profundas raíces históricas. El 17 de octubre de 1945, que  constituyó el acontecimiento  político más importante de la historia argentina del siglo XX, marcó también la aparición del conurbano bonaerense en la vida nacional. La Argentina fue una antes y otra después de aquel día. Félix Luna, en las últimas páginas de su clásico libro “El 45”, relata su sorpresa y la de muchos de sus compañeros del activismo universitario de la época ante la sorpresiva irrupción en las calles de Buenos Aires de decenas de miles de personas cuyos rostros resultaban para ellos casi irreconocibles.  Lo mismo parece ocurrir hoy con algunos analistas políticos que, como consecuencia de las apariciones televisivas de un personaje como Dipy o de una ocasional referencia de Cristina Kirchner al fenómeno de L-Gante, parecen haber descubierto un mundo que les era  absolutamente desconocido.

 

Era irrupción de la “otra Argentina”, resultado de un monumental aluvión inmigratorio originado en el incipiente proceso de industrialización comenzado en  la década del 30, que  motivó la migración masiva de centenares de miles de familias que se trasladaron desde el interior hacia Buenos Aires.   Cabría decir que la historia de la Argentina moderna es producto de dos grandes aluviones inmigratorios. El primero, a partir de 1880, fue protagonizado por los millones de inmigrantes europeos que arribaron al puerto de Buenos Aires y llegaron a modificar la estructura demográfica de la población argentina. Este segundo aluvión inmigratorio, bautizado como el de los “cabecitas negras”, también tuvo como destino Buenos Aires, pero no provino de Europa, no descendió de los barcos, para usar una metáfora cara al presidente Alberto Fernández,  sino que surgió del interior profundo de la Argentina. El conurbano bonaerense quedó conformado desde entonces como una singular síntesis demográfica de la Argentina.

 

Setenta y seis años después de aquel 17 de octubre resulta imposible entender la realidad  argentina sin comprender lo que significa el Gran Buenos Aires, que en menos del 1% del territorio alberga al 25  % de la población y concentra el “núcleo duro” de una pobreza estructural en constante ascenso. Según el Observatorio Social de la UCA, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza aumentó sostenidamente en la última década, una etapa que comprende tanto al segundo mandato de Cristina Kirchner como al gobierno de Mauricio Macri. En 2011, el porcentaje era del 25,9% (levemente inferior al de diciembre de 2001) y a fin de 2020 del 44,7%.  En los primeros dieciocho meses del gobierno de Alberto Fernández, los efectos de la pandemia profundizaron esa tendencia. Agustín Salvia habla de una “segunda oleada” de pobreza que involucra a una franja de la clase media baja que se ve empujada hacia abajo en un trágico espiral de movilidad social descendente.

 

Una radiografía estructural elocuente de este panorama es el  “Relevamiento Nacional de Barrios Populares”, realizado en 2017 y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular era Carolina Stanley. Su resultado contabilizó  a nivel nacional  4.100 asentamientos y villas de emergencia, que en su conjunto ocupan una superficie de 330 kilómetros cuadrados (casi una vez y media la superficie de CABA), habitados  por más de tres millones de  personas, un número equivalente a la población de Córdoba o Santa Fe. 1.612 de esas villas y asentamientos están situadas en la provincia de Buenos Aires y la inmensa mayoría en el conurbano. En ese inédito censo, participaron los movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cáritas, los sacerdotes villeros y  organizaciones no gubernamentales como Un Techo para Mi País. Fue un trabajo casa por casa, donde el rol del INDEC fue sustituido por el de las organizaciones sociales.

Este relevamiento, unido a la sanción parlamentaria de un proyecto de ley, presentado por los diputados Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot, que habilitó la expropiación de los terrenos ocupados por esos asentamientos y villas de emergencia, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso en diciembre de 2018, o sea también bajo el gobierno de Macri, abrió la posibilidad de otorgar certificados de domicilio a los ocupantes de esas viviendas para facilitar sus trámites personales, la obtención de documentación y hasta la solicitud de servicios públicos. Resulta imposible exagerar la trascendencia de estos avances, no sólo por su contenido en sí, sino por sus implicancias de largo plazo.

 

En la base de cualquier sistema de instituciones está siempre el tema de la propiedad, más específicamente del derecho de propiedad. La ocupación ilegal de tierras en las periferias de los grandes centros urbanos es una constante de la historia argentina desde mediados de la década del 80. El primero registrado periodísticamente fue en 1980 en Solano, en el partido de Quilmes. En La Matanza, Luis D’ Elía alcanzó notoriedad como fundador de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). Desde entonces, este proceso fue creciendo exponencialmente y ha creado una “legalidad paralela”. En la década del 90 hubo dos iniciativas orientadas a encauzarlo: la llamada “Ley Pierri”, de 1992, denominada Ley de Regularización Dominial, y el “Plan Arraigo”, que estableció la entrega de tierras fiscales. Ambas experiencias, aunque parciales y acotadas, fueron sendos progresos  en materia de legalización de títulos de propiedad.

 

Para el estudio de esta cuestión crucial, es inevitable remitirse a los trabajos de Hernando de Soto, un economista peruano de formación liberal, autor de “El otro sendero” y “El misterio del capital”, dos libros imprescindibles  para indagar en las características de la informalidad económica y su relación con la marginalidad social.  En la década del 90, De Soto coordinó un singular trabajo de investigación sobre ciertos rasgos de la pobreza en distintos países de América latina, Asia y África y en las naciones de Europa Oriental recién salidas del comunismo,  cuyo resultado ayudó a iluminar la comprensión del fenómeno.

 

Entre otros ejemplos, el estudio reveló que en Perú el valor de las propiedades inmuebles extralegalmente poseídas por los pobres sumaba unos 74.000 millones de dólares, cifra cinco veces mayor a la valorización total de la Bolsa de Valores de Lima y catorce veces mayor que toda la inversión extranjera directa radicada en el país a lo largo de toda su historia independiente. En la misma época, en Filipinas, el valor de la propiedad inmueble sin título era de 133.000 millones de dólares, que era cuatro veces la capitalización de las 216 compañeras registradas en la Bolsa de Valores de Manila, siete veces el total de los depósitos en los bancos comerciales, nueve veces el valor del conjunto de las empresas estatales y catorce veces el valor de toda la inversión extranjera directa instalada en el país. En Egipto, el capital en propiedad inmueble carente de títulos legales suficientes sumaba entonces unos 240.000 millones de dólares, que era treinta veces el valor de todas las acciones en la Bolsa de Valores de El Cairo y 55 veces el monto de toda la inversión extranjera directa. Lo mismo ocurría en Haití y en los demás países investigados.

 

La conclusión de esa investigación de De Soto, realizada hace más de veinticinco  años, fue que solamente el valor de los inmuebles en posesión, pero no en propiedad legal, de los pobres en los países emergentes en el antiguo Tercer Mundo y los países que salían del comunismo duplicaba el valor total del circulante monetario de Estados Unidos y era casi equivalente al valor total de las acciones de las empresas que cotizaban en las veinte principales bolsas de valores del mundo. Este  cálculo  no estaba circunscripto a los bienes inmuebles. Computaban también los demás activos en poder de los pobres de los países emergentes, que se manejan en informalidad, como sucede en la Argentina en el emporio de La Salada. Es más que obvio que una actualización de esas cifras arrojaría hoy un resultado aún mucho más sorprendente.

 

La contrapartida es que estos recursos, realmente formidables, constituyen, tal cual describe De Soto, un gigantesco “capital muerto”. Sus propietarios están imposibilitados de transferirlos legalmente y no son sujetos en el sistema financiero, por ausencia o insuficiencia de los títulos correspondientes. El producto del trabajo incesante de toda la vida de centenares de millones de personas puede ayudar a solventar, mejor o peor, su subsistencia cotidiana, pero no les sirve para movilizar económicamente esa riqueza ni para integrarse plenamente en el sistema productivo y salir de la marginalidad social. Si bien en la Argentina no existe un estudio semejante, un simple  cálculo  aritmético surgido de ese relevamiento de 2017 y de los activos de la economía informal exhibidos en las ferias de La Salada y en otros emprendimientos semejantes, permite inferir la existencia de activos por valor de varios miles de millones de dólares, cuya libre utilización podría redundar en un formidable ascenso del nivel de vida de sus propietarios.

De Soto sostiene que no  se trata de teorizar sobre nuevas reglas sino de descubrirlas en la realidad. Relata sus increíbles experiencias en Indonesia: “paseaba por los campos de arroz, sin preocuparme por dónde estaban los linderos de las propiedades. Pero los perros lo sabían. Cada vez que cruzaba de una finca a la otra, ladraba un perro distinto. Aquellos perros ignoraban el derecho formal pero tenían claro cuáles activos controlaban sus amos. Les dije a los ministros que los perros de indonesia contaban con la información básica que ellos necesitaban para establecer un sistema de propiedad formal. Escuchar los ladridos en un recorrido por las calles de la ciudad y sus caminos del campo podían permitirles ir escalando la enredadera de las representaciones extralegales regadas por el país, hasta hacer contacto con el contrato social vigente. “Ah”, exclamó uno de los ministros, “¡Jukum Adat!” (la ley del pueblo)”.

 

Concluye De Soto: “descubrir la ley del pueblo fue la forma como los países occidentales construyeron sus sistemas de propiedad formal”. Porque “la ley que prevalece hoy en Occidente no surgió de polvorientos tomos o compendios legales del gobierno. Es una cosa viva, surgida del mundo real y creada por personas comunes y corrientes antes de que llegaran a manos de los abogados profesionales. La ley del pueblo tuvo que ser descubierta antes de ser sistematizada”. En ese sentido, vale examinar  la evolución de la legislación de tierras en Estados Unidos, que en muchos casos tendió a la legalización de la propiedad extralegal.

 

 En la visión de De Soto, “no tiene sentido continuar pidiendo economías abiertas sin encarar el hecho de que las reformas económicas en curso sólo les abren las puertas a las elites pequeñas y globalizadas y excluyen a la mayoría de la humanidad. Hoy la globalización capitalista está preocupada por interconectar solo a las elites que viven dentro de la campana de vidrio. Retirar la campana de vidrio y acabar con el apartheid en la propiedad requerirá ir más allá de las fronteras actuales, tanto las económicas como las de la ley”.

La necesidad ineludible de apertura económica no se reduce entonces  solamente a una apertura internacional, a una apertura hacia afuera. Requiere también una apertura hacia adentro y hacia abajo, para integrar plenamente esas modalidades de la economía popular. Eva Perón decía: “queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios”.  Los centenares de miles de compatriotas que habitan en los asentamientos y las villas de emergencia del conurbano bonaerense, del Gran Córdoba, el Gran Rosario y los cordones periféricos de la mayoría de las ciudades grandes y medianas constituyen un testimonio de esa realidad, que el Papa Francisco sintetiza con el término de “descartables”.

 

Hay un estudio realizado hace unos años  por Ernesto Schargordsky, ex rector de la Universidad Di Tella  y Sebastián Galiani, investigador de la Universidad de Maryland, que compara la evolución de la suerte de familias del barrio de Solano en Quilmes que en algún momento resultado beneficiarios de la entrega de títulos de propiedad de su vivienda y de sus vecinos que no habían sido incluidos en ese proceso que demuestra cómo los propietarios y sus familias habían tenido en los años posteriores un progreso económico y educativo claramente superior al de sus vecinos.

 

Es imprescindible entonces encarar una profunda reforma estructural, destinada a volcar hacia la actividad formal a millones de argentinos condenados a la marginalidad, de modo de que puedan gozar de la seguridad jurídica que otorga el reconocimiento del derecho de propiedad de sus bienes inmuebles y de sus pequeños negocios y micro-emprendimientos empresarios, recurrir al crédito para financiar sus actividades económicas y comprar y vender libremente en una economía de mercado que funcione sin restricciones arbitrarias ni discriminaciones injustas.

Para ello, en palabras de De Soto, es necesario descubrir y aplicar “la ley del pueblo”. En la Argentina no hace falta escuchar el ladrido de los perros. La militancia de los movimientos sociales, con el auxilio de la Iglesia Católica y la participación de los vecinos, han cumplido esa tarea de identificación de la propiedad informal en las villas de emergencia y los asentamientos. De esa manera, se abre un camino posible para avanzar hacia una plena integración social, recreando una nueva oleada de movilidad social ascendente, como la impulsada por el primer peronismo a partir de 1945. Es impensable recorrer este camino sin el activo protagonismo de los sectores sociales involucrados.

 

Pero, tal como se desprende de las investigaciones de De Soto, esta acción de legalización de los derechos de propiedad exige complementarse, en una perspectiva más general, con la búsqueda de caminos idóneos para la legalización de las empresas informales y la regularización del trabajo no registrado, lo que demanda una actualización del régimen laboral para promover la contratación de nuevo personal y un blanqueo laboral  masivo, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. 

 

En términos estructurales, la pobreza está indisolublemente ligada a la informalidad laboral y esta última, a su vez, con la ilegalidad. Según las estimaciones más confiables, en la Argentina un trabajador informal gana, en promedio, un salario 40 % inferior que uno “en blanco”. Esa situación afecta a más de un tercio de la fuerza de trabajo del país. En un escenario en que la ilegalidad es el medio de vida natural para millones de personas es  ingenuo, y hasta hipócrita, rasgarse las vestiduras ante el crecimiento de la inseguridad ciudadana o el avance del narcotráfico en el Gran Buenos Aires. También es peligrosa la simplificación de anatemizar como “mafia” a cualquier organización informal. En lugar de estigmatizar, es más aconsejable analizar para entender. Como  señalaba el filósofo judío Baruch Spinoza, “ni reír, no llorar, comprender”.

 

En ese sentido, necesario crear mecanismos para alentar la legalización de las empresas informales y la regularización del trabajo no registrado. En el libro “Conurbano infinito”, una compilación de trabajos coordinada por el padre Rodrigo Zarazaga, un sacerdote jesuita que dirige además el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús (CIAS), hay un par de estudios muy interesantes sobre el fenómeno de la Salada.

 

Así como no se puede entender prácticamente nada de la Argentina si no se comprende lo que pasa en el Gran Buenos Aires, no se puede entender nada de lo que sucede en Buenos Aires si no se comprende lo que significa, en términos sociales, la cuestión de los asentamientos y, en términos económicos, la Salada, algo que parecería remoto para la “clase pensante” del país. A sólo un par de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires existe  un gigantesco emporio comercial, que llegó contar con alrededor de 7.800 puestos de venta de mercaderías, cabeza de todo un conglomerado nacional, las denominadas “saladitas”, instaladas en más de 400 ciudades del todo el país, con más de 45.000 puestos de venta. El volumen de ese negocio es incalculable porque prácticamente no se pagan impuestos, al menos en el sentido formal del término, salvo por supuesto las contribuciones ilegales a las policías locales o las autoridades municipales. Del valor comercial de la actividad habla una cifra contundente, que asombraría al propio Hernando De Soto: el metro cuadrado de alquiler de un puesto en La Salada es parecido al del metro cuadrado de un departamento standard en Puerto Madero.

 

No alcanza con definir a La Salada como una red comercial. Corresponde agregarle su enorme importancia en la estructura de la industria textil argentina. Hay cerca de 30.000 talleres clandestinos que funcionan como proveedores  de La Salada y también de casi toda la producción y comercialización textil de la Argentina. Un tercio de la industria textil nacional está directa o indirectamente vinculada con La Salada. Porque miles de esos talleres clandestinos, que fabrican ropa barata de baja calidad para vender en La Salada, son también proveedores de la industria textil formal, que terceriza en ellos su producción para reducir sus costos y poder competir en el mercado. Es un enorme conglomerado que no figura en los registros oficiales, aunque varios millones de argentinos se vistan con indumentaria adquirida en lo que el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno definió alguna vez gráficamente como “el shopping de los pobres”.

Vale consignar que La Salada nació en la década del 90 por iniciativa de un pequeño grupo de comerciantes de la comunidad boliviana que, cansado de pagar sobornos exorbitantes a la policía de la provincia de Buenos Aires o a los inspectores municipales para poder instalar sus puestos de venta en la vía pública, ocupó predios abandonados en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, y tuvo un desarrollo acelerado que alcanzó su esplendor con la megacrisis de 2001.

El emprendimiento funciona también como un polo de desarrollo local. Como la feria funciona solamente dos o tres veces por semana y los puestos no tienen lugar suficiente para la guarda de la mercadería, al terminar la jornada, se habilitaron en las cercanías garajes u otros espacios como galpones para ese almacenamiento. De eso viven también miles de familias. Otras tantas obtienen o mejoran su sustento acarreando esa inmensa masa de objetos desde y hacia los lugares de venta. Esa complejísima trama logística demanda también un aparato de seguridad, donde cumplen un papel relevante las denominadas “barras bravas” de varios clubes de fútbol.

 

En sintonía con estas actividades, funciona  también un sistema financiero propio, que tiene distintas modalidades. Una de ellas, originada en la comunidad boliviana, es un sistema por el cual un grupo de personas abona mensualmente una cuota cuya suma total se sortea cada mes entre sus aportantes. El ganador de ese sorteo recibe esa suma como crédito para su emprendimiento y sigue aportando su cuota pero no vuelve a participar del sorteo hasta que todos los demás hayan sido beneficiarios de un crédito similar. Esto requiere también la existencia de un sistema judicial propio, obviamente “sui generis”, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los contratos. Es, en síntesis, no sólo una “economía paralela” sino un ”estado paralelo”, integrada con el conjunto de la comunidad por el hecho de que los miembros de esta última se abastecen en aquélla. Tanto es así que en alguna oportunidad, las organizaciones que nuclean a los feriantes llegaron a proponer una regularización de su situación fiscal, o sea empezar a pagar impuestos si se les otorgaba autonomía municipal, o sea el poder para gobernar el territorio y administrar sus  propios recursos.

 

Mientras la problemática de la pobreza tiene su máxima expresión en el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, que alberga al 38% % de la población y aporta un porcentaje semejante del producto bruto interno, recibe apenas el 18,8% de los fondos de la coparticipación federal.  Los municipios del conurbano reciben el 55% del total que coparticipa la provincia, pero concentran el 65% de su población y el 74% de la pobreza bonaerense. Es una bomba social que exige ser desactivada. En 1991 Carlos Menem y  Eduardo Duhalde crearon el Fondo del Conurbano Bonaerense, que  desapareció de hecho tras  la crisis de diciembre de 2001.

 

Esta situación patentiza también un déficit  del sistema institucional. Cuando en 1853 fue sancionada la Constitución Nacional no existía, ni era imaginable, nada parecido a lo que hoy es el conurbano bonaerense. En los registros del INDEC, el Gran Buenos Aires recién aparece por primera vez en el Censo Nacional de 1947. Ese vacío normativo tiene consecuencias prácticas. Las localidades de González Catán y Gregorio de Laferrere, que pertenecen al partido de La Matanza, tienen cada una más población que la suma de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que cuentan en el Congreso  Nacional con tres senadores y cinco diputados, mientras las dos primeras ni siquiera son cabeceras de un municipio. Esto hace que distritos como La Matanza sean ingobernables. En ellos, además, abunda la ilegalidad porque es una forma de supervivencia.

El principal desafío para la gobernabilidad de la Argentina es brindar una respuesta a esa realidad del Gran Buenos Aires. Porque el conurbano bonaerense no es un problema exclusivamente bonaerense. Es un problema nacional. Su solución requiere el equivalente de un ”Plan Marshall”. Pero la sustentabilidad económica de un proyecto de semejante envergadura, que supone impulsar un proceso de reindustrialización internacionalmente competitiva de la economía, en particular de la pequeña y mediana empresa, que constituyen la principal fuente de empleo, exige la formulación de una estrategia nacional, surgida de un amplio consenso político y social, con la participación del conjunto de las regiones del país, que permita transformarla en una “política de Estado” para la Argentina.

 

En términos prácticos, podríamos sintetizar las bases de esa “política de Estado” en cinco puntos fundamentales:

1°) La creación de un Fondo específico consagrado a financiar las expropiaciones necesarias para la implementación de la ley que impulsa la transferencia de la propiedad a los habitantes de las villas o asentamientos. Este fondo podría integrarse, en principio, con los mayores ingresos fiscales derivados del incremento de las exportaciones agropecuarias.

 

2°) La reconversión integral de todos los programas asistenciales en planes de empleo y capacitación. Esa modificación permitiría el monto de subsidio pueda computarse a cuenta del salario del beneficiario como empleado en una pequeña o mediana empresa y el establecimiento de la contrapartida de la obligatoriedad de la escolaridad y/o la asistencia a un programa de capacitación laboral para favorecer la empleabilidad a través de una mayor calificación profesional.

 

3°) La actualización de la legislación laboral para incentivar la contratación de nuevo personal en las pequeñas y medianas empresas, a fin de promover la incorporación a la economía formal de los millones de trabajadores en negro actualmente privados de sus  derechos laborales y carentes de cobertura de salud.

 

4°) El diseño y la puesta en marcha de un programa de infraestructura que contemple la conectividad. Una de las innovaciones más significativas y recordadas del gobierno de Eco Morales en Bolivia fue la creación del Teleférico  que unió a la localidad de El Alto, en las afueras de La Paz, con el centro de la ciudad y permitió que varias decenas de miles de trabajadores pudieran realizar en menos de una hora el viaje hacia sus lugares de trabajo que tradicionalmente ocupaba no menos de tres horas de su vida cotidiana.  En la nueva era de las comunicaciones, esa conectividad física tiene que estar acompañada por otra tan importante como aquélla, que es la conectividad virtual, el acceso a Internet, que en la era del conocimiento tiende a constituir la principal raya divisoria entre la inclusión y la exclusión social. Lo ocurrido durante la pandemia con la falta de presencialidad escolar  es un claro testimonio de ese contraste.

 

5°) Un rediseño institucional que promueva, por un lado,  la descentralización política de los municipios, para impulsar el gobierno de cercanía, o sea colocar lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre los asuntos locales, y por el otro  creación de nuevos  mecanismos legales para la coordinación de la Región Metropolitana, con la participación de los municipios del conurbano y el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires,e modo de avanzar en un proceso de integración urbana. La Argentina está estructurada en cinco regiones que buscan afrontar y resolver conjuntamente problemas comunes: Norte, Nordeste, Nuevo Cuyo, Centro y Patagonia. Sólo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires están afuera de ese proceso de regionalización. En este caso específico, vale resaltar que todas las inversiones que se realicen para mejorar la infraestructura y las condiciones de habitabilidad en las zonas más sumergidas del conurbano bonaerense generan inevitablemente un mejoramiento de las condiciones de vida y una consiguiente una valorización del precio de las propiedades de todas las zonas aledañas, incluidos varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, en una suerte de “derrame de abajo hacia arriba”.

 

Pero la sustentabilidad económica de esta acción transformadora está enmarcada en la formulación de una estrategia de desarrollo integral y de descentralización productiva, asentada en el aprovechamiento  integral de los recursos naturales, en particular de la agroindustria, y orientada en el mediano y largo plazo, a promover una redistribución  de la  población y una paulatina modificación en la estructura demográfica argentina. El economista e historiador Pablo Gerchunoff lanzó recientemente la  provocativa consigna de una “alianza popular exportadora”. Es una alianza entre los sectores populares, cuyo principal asiento territorial está en el conurbano bonaerense, y la franja empresaria tecnológicamente más avanzada y tecnológicamente más competitiva de la Argentina, cuya expresión más importante, aunque no la única, es el polo agroalimentario que tiene su epicentro en la Región Centro, particularmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

 

Vale precisar que esa idea planteada por Gerchunoff no parte de la nada. Organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y varias organizaciones sociales, entre ellas la Unión de Obreros y Empleados de la Construcción (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, elaboraron el año pasado las bases de un Plan de Desarrollo Humano Integral, que Juan Grabois bautizó como “un plan Marshall criollo”.  En su contenido figura, entre otros puntos, la necesidad de “una alianza virtuosa entre el sector privado  y la economía popular”, para encarar la urbanización de los barrios populares y plantea una descentralización productiva que incluya  la creación de nuevas colonias agrícolas en tierras fiscales, para favorecer una desconcentración de la población. También a mediados de 2020 la mayoría de las entidades representativas de la cadena agroalimentaria, nucleadas en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAI) formularon un programa nacional de desarrollo, presentado oficialmente ante el gobierno nacional y el Parlamento, cuyos lineamientos fundamentales trazan una perspectiva de mediano y largo plazo para la economía argentina.

 

Para que esta convergencia social pueda materializarse en los hechos tendrá que estar acompañada por una reformulación del sistema de poder político instaurado en diciembre de 2019, a partir de la aparición de una expresión política animada de una visión nacional y sustentada en una fuerte presencia  y arraigo en el conurbano bonaerense.