El gobierno de
Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70.000
municiones en Bolivia
Cecilia Devanna
LA NACION, 27-7-21
Durante el
gobierno de Alberto Fernández se extendió dos veces la autorización temporaria
de las 70 mil municiones enviadas a Bolivia por la gestión de Mauricio Macri.
El dato se desprende de la propia documentación presentada por la Agencia
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en el marco de la denuncia realizada
por el actual gobierno contra Macri y parte de su gabinete.
Las renovaciones
de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo
argumento inicial que dio el macrismo: proteger la Embajada argentina en el
país vecino. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez.
El informe de la
ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
denunciante en el caso, tiene 42 páginas con documentación sobre el tema. Allí,
con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las
autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y
con el detalle expreso de las 70 mil municiones calibre 12/70, que son eje
central de la acusación.
En ambos casos la
autorización fue por 90 días corridos y bajo el argumento de “brindar seguridad
y protección al embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”.
El caso por el
presunto envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio, tras la
difusión de la acusación del caso por parte del canciller boliviano, Rogelio
Mayta. Cuatro días después de eso, el gobierno argentino denunció que Macri,
los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, montaron un plan para “poner
material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el
poder en el vecino país”.
Todos ellos
desmintieron la acusación, que alcanza también a la entonces cúpula de
Gendarmería Nacional, y sostienen que se trata de una operación. Al tiempo que
resaltaron la buena relación con varios funcionarios de Morales, a quienes les
dieron asilo y protección cuando cayó el gobierno de Evo Morales, en noviembre
de 2019.
El fiscal del
caso, Claudio Navas Rial, emitió ayer un nuevo dictamen en el que consideró que
los nuevos elementos aportados por los denunciantes -en la ampliación de la
denuncia presentada la última semana- “permiten robustecer preliminarmente la
hipótesis del caso originalmente trazada”.
Navas Rial apuntó
también al rol que pudo haber tenido en el caso el entonces Comandante de la
Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Caliba, quien quedó formalmente imputado
en el caso.
Hasta ahora los
gendarmes señalados eran el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero; al
exdirector de Logística de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski, y al de
Operaciones Carlos Miguel Recalde.
De acuerdo a la
acusación, Caliba habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, “las
tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y
municiones aparentemente enviados”.
En tanto que
también se refirió a la coordinación que habría mantenido durante esos días con
las autoridades de la nueva conducción de la Policía Boliviana, y “en la
presunta puesta en marcha extemporánea de un procedimiento tendiente a la
formalización del pase de manos de municiones y armamentos que ya se había
concretado previamente y con su intervención”.
En las últimas
horas la justicia también recibió el sumario administrativo de Gendarmería, con
información sobre lo sucedido, que fue abierto con una orden directa del
Presidente.
La denuncia contra
el macrismo
La avanzada del
Poder Ejecutivo en el caso comenzó el 12 de julio último, cuando denunció a
Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico. Fue cuatro días
después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre
de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda
reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden
constitucional en Bolivia”.
La denuncia llevó
la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y
Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes
Marcó del Pont, y fue ampliada días después. Allí también la AFIP se presentó
como querellante a través de la Dirección General de Aduana (DGA), lo que fue
aceptado por la justicia.
Ser querellante en
un caso es central para poder conocer y tener una participación activa en el
expediente. Un querellante puede desde pedir medidas hasta apelar decisiones
con las que no concuerde.
