por Enrique
Guillermo Avogadro (Nota N° 796)
"La tolerancia llegará a tal nivel que las
personas pensantes
tendrán
prohibido hablar para no ofender a los imbéciles".
Fedor
Dostoviesky
Para intentar
ocultar la repugnante exhibición de impunidad que significó la libertad de
Amado Guita-reo Boudou, el ex Vicepresidente condenado por nada menos que 16
jueces por haber robado la imprenta de fabricar dinero (Ciccone) -todavía no
comenzó el juicio por la defraudación a la Provincia de Formosa- a cárcel e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se ha vuelto a poner
sobre el tapete la extraña discusión sobre el número de desaparecidos durante
el régimen militar de 1976/1983. Como excusa, esta vez se usaron sendas
participaciones de Ricardo López Murphy en televisión, en las cuales sentó su
posición, que comparto plenamente.
A la ley
promulgada por la entonces Gobernadora, María Eugenia Vidal, que literalmente
prohíbe discutir el fantasioso número de 30.000 desaparecidos en el ámbito
provincial, esta semana se sumó un proyecto presentado por el ínclito pero
ignoto Senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, que prevé sancionar a quien
ponga en duda ese número, estableciendo penas de cárcel para los infractores.
Pero a esa dogma
de cancelación que, como tal, pretende ser correcta y que no acepta
impugnaciones, se contraponen hechos y cifras oficiales. Los informes de la
CONADEP (1984), la Secretaría de Derechos Humanos (2006) y el Registro Único de
Víctimas del Terrorismo de Estado contabilizaron menos de 9.000 desaparecidos. Las mismas certezas surgen del Parque de la Memoria,
implantado en la costanera porteña, donde se colocaron 30.000 chapitas para
recibir los nombres de esos teóricos argentinos faltantes; la enorme mayoría de
ellas continúa en blanco pese a que, para intentar rellenarlas, se retrotrajo a
1955 el derecho a la membresía, además de incluir a quienes cayeron combatiendo
o fueron asesinados por las mismas organizaciones terroristas a las que
pertenecían.
Han pasado ya 38
años desde que los militares dejaron el poder, y se han pagado miles de
millones de dólares en indemnizaciones a los deudos de todos ellos, tiempo
suficiente y dinero más que tentador como para que los parientes de alguno de
los más de 21.000 inventados casos hubieran reclamado; bastaba con arrimar el
número de documento. Sin embargo, para los dueños del relato nada permite
ponerlo en duda, ni siquiera los dichos del propio creador de ese número mágico
(Luis Labraña, ex montonero, https://tinyurl.com/26bkxth9)
que confesó que lo había hecho, ya en 1977, para suscitar la generosidad
crematística de fundaciones europeas instalando la idea de un inexistente
genocidio que, de todas maneras, aún no estaba tipificado como delito en la
época de los hechos.
Los organismos de
derechos humanos argentinos, que tanto han lucrado y robado con su discurso
sesgado acompañando a Néstor Kirchner y ahora al Presidente Pinocho, se
rasgaron las vestiduras ante los presuntos excesos de la represión oficial en
Chile, Colombia y Bolivia, pero firmaron -con los archivados presidentes que
integran el Grupo de Puebla- un claro respaldo a los regímenes asesinos de
Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tuvo una curiosa epidemia post-rebelión que,
esta misma semana, mató a seis generales.
En realidad, el
caso Boudou no debiera llamarnos la atención porque lo mismo ha sucedido con
muchísimos políticos presos (no presos políticos, como pretende el
kirchnerismo) por corrupción durante la extendida década en que los
organizadores de esa asociación ilícita ocuparon la Casa Rosada; los poquísimos
aún detenidos están cerca de recuperar la libertad por haber cursado Plastilina
1 y 2 u origami mientras estaban en prisión. Si a ese disparate de nuestra
legislación penal se le suma que los fiscales que militan en Justicia Legítima
compiten para acceder a los pedidos de estos delincuentes de guante blanco, no
queda espacio para la sorpresa, pero deja claro qué sucedería si Cristina
Fernández consiguiera desplazar a Eduardo Casal para nombrar un Procurador del
palo.
En cambio, debiera
perturbarnos si comparamos la situación de tamaños ladrones -con su procesada
jefa a la cabeza- con la que sufren cientos de ancianos (militares, policías y
civiles) presos en las mazmorras de esta democracia tan peculiar que
transitamos o internados en el pseudo Hospital Penitenciario, que carece de
infraestructura y de medicamentos adecuados para atender a gerontes. Ellos,
cuyo promedio de edad es de 78 años y padecen todo tipo de enfermedades, son
retenidos en las cárceles pese a la diseminación del virus, mientras que a
miles de asesinos y violadores se los dejó en libertad arguyendo el peligro de
contagio, muchos de los cuales han vuelto a delinquir.
La sociedad
argentina, siempre hipócrita, eligió a aquellos ciudadanos para endilgarles,
sin pruebas y en juicios totalmente amañados, el mote de caníbales y el Estado,
desde 2003 y sin solución de continuidad, decidió comérselos; por el contrario,
los terroristas que asaltaron cuarteles en democracia durante el gobierno de
Juan Perón y asesinaron oficiales y conscriptos, no sólo gozan de una
injustificable libertad sino que han sido indemnizados con sumas millonarias.
Los sicarios togados, esos jueces que se disfrazan de machos corajudos frente a
ancianos que comparecen ante los estrados extraviados, con la mente perdida y
hasta en camilla por estar cuadripléjicos, a los cuales continúan repartiendo
alegremente condenas a perpetuidad, son los mismos que cobardemente tiemblan
ante Cristina Fernández y son vilipendiados y humillados por ésta cada vez que
la habilitan a montar sus vacuos e ilícitos espectáculos públicos.
Pertenezco a una
generación a la cual Montoneros y ERP amenazaron su vida; si no tuvimos miedo
entonces a sus trágicos padres, resultaría ridículo que lo tuviéramos a sus
farsantes y bastardos hijos, nazis de Puerto Madero. Por eso, y porque ninguna
ley mordaza logrará callarnos ni hacernos huir de nuestro país, les pregunto:
¿tienen ya listas las celdas en que nos encerrarán por seguir pregonando la
verdad?
Bs.As., 31 Jul 21
