provincias, 57%;
Nación, 43%
Carlos Ruckauf
Infobae, 25 de
Diciembre de 2022
“...la cuota de la
Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipables de la Nación” -
del fallo de la Corte
El problema de
fondo de las provincias argentinas es que mientras la Constitución establece
que somos un país federal, el esfuerzo de todos se lo queda el gobierno
central.
El sistema de
recaudación fiscal está en manos de la Nación que “coparticipa” poco más de la
mitad de lo recaudado, a las verdaderas generadoras de riqueza.
Además de ello,
con maniobras presupuestarias, obtiene fondos de libre disponibilidad que
utiliza discrecionalmente.
La provincia más
perjudicada es la de Buenos Aires. Ella recibe, aproximadamente, la mitad de lo
que aporta al Tesoro Nacional. Por eso se conformó el llamado Fondo de
Reparación Histórica y reitera el justo reclamo de la administración
provincial.
Desde esa realidad
debe analizarse la reciente medida cautelar decidida por la Corte Suprema y la
forma de cumplirla. No se trata de sacarle fondos a la Provincia de Buenos
Aires, ni a ninguna otra.
Es un gobierno
central ultra expandido el que debe bajar su gasto excesivo y distribuir mejor
el esfuerzo de todos.
Basta como ejemplo
que Alberto Fernandez gobierna con más del doble de los Ministros, Secretarios
de Estado, Subsecretarios y Directores Generales que Nestor Kirchner, de quien
dice ser “continuador’'.
El Presidente no
solo ha cometido, comete y, seguramente, cometerá errores garrafales en la
conducción del Estado. También tiene la costumbre de amplificarlos con
declaraciones grandilocuentes que causan más daño.
El desacato a la
Corte Suprema de la Nación constituye un acto jurídico de tremenda gravedad,
que aleja la posibilidad de nuevas inversiones en el país, complica las
existentes y nos aísla cada vez más.
Todo conflicto
judicial debe ser tratado con cautela, más cuando su efecto multiplicador
afecta al futuro de nuestra Patria.
La medida cautelar
del Supremo Tribunal tiene fundamento en los errores cometidos por Alberto
Fernandez y no en la justicia del reclamo de la Provincia de Buenos Aires.
El costo del
gobierno federal es tan monstruoso como ineficiente. La Salud Publica es un
desastre, no solo no sabemos cuánto costaron las vacunas que compraron, ni
siquiera han encargado las bivalentes que podrían salvar miles de vidas el año
próximo. Los ciudadanos padecen un incremento en la violencia del delito ante
la pasividad de una Justicia abolicionista, nuestra Política Exterior es
errática, nuestra Defensa Nacional está en situación alarmante.
Convendría
recordar a Mandela: ”Cuando tienes lo que los poderosos quieren, prepárate para
evitar que te lo roben”.
La estrepitosa
caída del nivel de vida de la clase media impide que muchas familias paguen las
matrículas del próximo año y sus hijos vuelvan a una Educación Pública
devastada y desfinanciada.
La inflación del
último año ha sido galopante, los ingresos fijos (salarios, jubilaciones,
planes sociales) no alcanzan y la mitad de los argentinos está bajo la línea de
pobreza.
Ante la derrota en
los estrados judiciales hubo, otra vez, reuniones tumultuosas y declaraciones
delirantes. Entre ellas, el ataque a los miembros de la Corte Suprema como si
fueran “instrumentos de la derecha desestabilizadora”.
Conviene recordar
que todos ellos tienen pergaminos de juristas de nota y dos, una historia en el
peronismo, que ninguno de los que los critican pueden empardar.
El ministro de
Economía ha (¿había?) logrado reconstruir las relaciones con EEUU, el FMI, el
BID y los inversores para tratar de evitar, en 2023, un colapso financiero.
La guerra en
Ucrania sigue un largo y doloroso sendero, un drama para su sufrido pueblo y
una continuidad de desajustes en la economía global.
Argentina tiene
todo, gas, litio, petróleo, alimentos, agua, pero sin reglas de juego claras y
permanentes, sin seguridad jurídica, sin capacidad ,seriedad, eficiencia y
honestidad en la conducción de la Nación, seguiremos sufriendo.
Los gobernadores
no deben fogonear un “conflicto de poderes” con la Corte Suprema, que va a
causar innumerables problemas para sus propias administraciones, ni aceptar una
puja distributiva entre ellas.
Deben decidir, de
una vez por todas, cumplir con el mandato de la Constitución Nacional e
impulsar una Ley Nacional de Coparticipación Federal, disminuyendo lo que
recibe el gobierno central.
