y una utopía de Cristina que ya no es posible
Juan Grabois
El Diarioar, 18 de
noviembre de 2022
En su discurso de
ayer Cristina F. de Kirchner planteó algunos temas nodales de la vida política,
económica y social argentina: recomponer el pacto democrático que excluye la
violencia como medio de acción política, lograr un acuerdo nacional sobre los
temas más importantes para el futuro de nuestro país, reconstruir una justicia
guiada por el imperio de la ley, limitar el poder de los sectores económicos
concentrados, deconstruir la bomba del endeudamiento externo, recomponer la
calidad educativa y el desarrollo científico-tecnológico, liberarnos del
tutelaje de los organismos multilaterales de crédito, recuperar el control civil de las fuerzas de
seguridad, proteger los recursos estratégicos como los minerales, los
hidrocarburos, el agua, las rutas del comercio internacional en el marco de un
mundo conflictivo, con nuevas arquitecturas geopolíticas y situaciones
desafiantes como el cambio climático, las crisis sanitarias y las guerras. La
combinación de esos puntos configuran una visión estratégica del país que
ningún otro dirigente puede enunciar.
Punto para Cristina.
Otro de los
aspectos que trató con particular atención fue la distribución del ingreso.
Cristina mostró un gráfico que evidenciaba cómo la masa salarial tuvo picos
superiores al 50% en la participación en el PBI durante los gobiernos
peronistas y peronistas-kirchneristas. Asimismo, cómo el salario en dólares en
2015 constituía el más alto de la región. Podría agregar que el empleo
asalariado privado como proporción de la población adulta total también tuvo
sus picos durante los gobiernos de Cristina.
En cuanto a la pobreza y la indigencia, se puede ver con los datos de la
ODS-UCA la disminución durante aquella década. Son datos objetivos de la
realidad. Le guste a quien le guste. Otro punto para Cristina.
Hay un aspecto,
sin embargo, que me gustaría debatir. Se trata de su perspectiva del Trabajo.
En su discurso, Cristina habló de utopías. Las utopías tienen un valor
fundamental en la construcción de epos de un pueblo que necesita una
refundación. Son como las estrellas que te guían en el camino correcto. Sin
embargo, como ella afirmó, no se las puede alcanzar. El mundo utópico, por su
propia definición, no existe. Veo que con la cuestión del trabajo, tanto
Cristina como el resto de la dirigencia política de su generación, peca de una
nostalgia utópica por el pleno empleo que les impide imaginar creativamente
formas alternativas de trabajo para los sectores excluidos. Dicen que la
existencia determina la conciencia, y esa generación vivió la movilidad social
ascendente casi como un hecho natural: la hija de un colectivero podía ser
abogada y llegar a presidenta. Nuestra generación vivió todo lo contrario, más
allá de los años felices de la primera década de este siglo. El hijo de un
abogado tenía más posibilidades de convertirse en chofer de uber que a la
inversa.
Tal vez por eso
sea hegemónico y políticamente transversal a toda una generación ese imaginario
en el que el sector privado, acompañado de políticas industrialistas adecuadas
y una correcta orientación macroeconómica, permitiría que universalmente la
gente tenga “trabajo y salario”.
En efecto, al
referirse al refuerzo alimentario para personas sin ingreso, Cristina puso el
foco en la cantidad de personas entre 18 y 34 años que se habían inscripto. La
mayor parte de ellas rechazadas por restricciones que a mi modo de ver fueron
excesivas. Dijo entonces que en las dos puntas de la fragilidad, los niños y
los ancianos, podían construirse políticas universales; pero que en la
población adulta, la única política universal es “el trabajo y el salario”, es
decir, el trabajo asalariado. Sostengo que esa afirmación constituye una
expresión de deseos propia de quien vivió en carne propia los mecanismos de
movilidad ascendente del siglo pasado. En mi opinión, se trata de una utopía
nostálgica cuya enunciación es atractiva pero cuya realización efectiva no
tiene viabilidad en este mundo cambiante que ella misma describió.
Veamos los
números. En Argentina tenemos treinta millones de personas en edad de trabajar.
Según los datos de ANSES, sólo seis millones son empleados registrados del
sector privado, otros tres empleados registrados del sector público. Otros
veinte millones de adultos no tienen ingresos laborales propios o son
monotributistas. Seamos conscientes que
apenas un tercio de la población adulta tiene trabajo con plenos derechos: estabilidad,
cobertura de salud, jornada limitada, condiciones de higiene y salubridad,
licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, cobertura por riesgos de
trabajo, sindicatos representativos con personería gremial y convenios
colectivos de trabajo.
Lo interesante del
caso es que, desde la gran remontada 2003-2009 estos números apenas han variado
durante los últimos años. El empleo privado registrado ha oscilado entre 5,6
millones y 6,3 millones desde 2009. Entre los últimos dos censos el empleo privado
registrado no tuvo variaciones (2010 y 2022) mientras la población creció siete
millones. El empleo público tampoco ha variado gran cosa: osciló entre 2,5 y
3,2 millones.
Lo que ha
determinado las grandes variaciones en la tasa de desocupación se explica por
dos modalidades laborales que adolecen de los derechos elementales: los
monotributistas y los informales. A éstos dos grandes grupos podríamos sumarle
los trabajadores de los programas sociolaborales que en general coinciden con
los “monotributistas sociales”. Son estas las tres formas de trabajo que crecen
y las tres comparten una característica fundamental: la ausencia de los derechos laborales, en
particular, de estabilidad y movilidad salarial.
Cuando Cristina
plantea el paradigma de la sociedad salarial lo hace generalmente en
contraposición a los llamados planes sociales. Hay una obsesión nacional en
torno a este subsector que no alcanza ni el 5% de la población en edad laboral
cuando el verdadero problema radica en esa abrumadora cantidad de las
trabajadoras y trabajadores argentinos que se encuentra en situación de
informalidad laboral o bajo la precaria modalidad del monotributo (cat. a y b).
Todo ello, sin contar realidades estadísticamente difusas como los tres
millones de llamados “inactivos”
adultos, término peyorativo con el que se incluyen las tareas de cuidado
generalmente realizadas por mujeres y estudiantes mayores de dieciocho años que
en general, además, trabajan.
Lo cierto es que
según los números del SIPA y el Indec, la clase trabajadora está partida en
dos. Por un lado, trabajadores con
derechos (asalariados registrados del sector público y privado) y por otro,
trabajadores sin derechos (trabajadores informales, trabajadores de programas
sociolaborales y monotributistas). A
efectos prácticos, les llamaremos en adelante sector A y sector B.
La tendencia que vemos, lamentablemente, no
apunta a la creación de once millones de empleos en el sector A que absorba a
los más de once millones de trabajadores del sector B como plantea Cristina.
Muy por el contrario, el sector B tiende a crecer mientras el sector A se
estanca. Las políticas sociolaborales (“planes”) que intentan -bien o mal, con
mayor o menor discrecionalidad, con mejores o peores resultados- abordar este
problema, sólo “benefician” a una pequeñísima proporción del sector B.
Claramente, estas políticas no son el problema, aunque tampoco una solución
sustentable, digna y para todos.
La cuestión,
entonces, está mal planteada. No son planes vs. empleo. Si ésta fuera la
disyuntiva, la respuesta es obvia ¿quién puede estar en contra de que todo
argentino tenga oportunidad de insertarse laboralmente con plenos derechos en
una actividad productiva? Nadie. Absolutamente nadie. Por eso, con mayor o
menor sinceridad, con mayor o menor oportunismo, con mayor o menor grado de
prejuicio, todos los políticos, de
izquierda a derecha, del liberalismo al peronismo, plantean “cambiar los planes
por trabajo” obviando dos realidades: la primera es que la inmensa mayoría de
ese 5% de “planeros” son trabajadores en
actividad, tanto estadística como empíricamente; la segunda, más significativa
aún, es que los llamados planes representan menos una décima parte de la
población trabajadora activa con problemas de empleo. Si los planes fueran el problema, qué fácil
sería la solución.
Como habrá
supuesto el lector atento, nuestra hipótesis es que el trabajo asalariado
registrado no va a absorber a la totalidad de la población con necesidad de
trabajar. Es triste, pero es real. Lo muestran todas las proyecciones
estadísticas. No hay un sólo escenario proyectivo en el que tal cosa suceda.
Desafío a los economistas a mostrar una proyección creíble de pleno empleo para
los próximos diez años. A los que
planteamos este panorama, se nos acusa, por derecha, de promover la vagancia; y
por izquierda, de promover formas precarias del trabajo. Para todos somos de
una u otra forma una suerte de “pobristas”. Detrás de esa promoción de vagos y
precarios, se nos adjudican las más viles intenciones: enriquecernos con la
pobreza, acumular poder político a costa de la gente, dirimir disputas internas
a partir del volumen de planes que “maneja” cada organización, querer
institucionalizar la miseria, etc.
Es muy posible que
haya dirigentes que tengan malas intenciones como sin duda existe un pequeño
porcentaje de personas que cobran “planes” sin cumplir los requisitos
normativos. A ellos, si tras una investigación imparcial y justa de los hechos
se les verifica algún delito o abuso de autoridad, todo el peso de la ley.
Aunque lo que se ha visto hasta ahora son escándalos mediáticos y carpetazos
para dirimir internas.
¿Cuál es el
bosque? Los más de once millones de trabajadores y trabajadoras del sector B.
Decía
anteriormente que los trabajadores de este sector tienen muchos derechos
conculcados, pero el principal es la inestabilidad y la falta de movilidad
salarial. Es que los aumentos salariales derivados de la paritaria no los
benefician y la falta de protección legal los mantiene en una situación de
constante incertidumbre. Hemos visto, por ejemplo, que durante las
restricciones de pandemia se perdieron aproximadamente 3 millones de puestos de
trabajo en este segmento que se recuperaron ni bien las restricciones
finalizaron; por el contrario, en el sector privado regía la prohibición de
despido y el empleo registrado se mantuvo prácticamente estable. Del mismo modo, podemos observar que los
salarios del sector informal son los más castigados por el actual proceso
económico porque sufren la inflación como todos pero no se benefician de los
aumentos como el sector A.
Entonces ¿qué
hacer? La respuesta es pasar del trabajo sin derechos al trabajo con derechos o
como dice la OIT pasar del trabajo informal al trabajo formal ¿Cómo se hace
ésto?
Sin lugar a duda,
una parte del problema se puede resolver con la creación de empleo privado
asalariado, la propuesta de Cristina. Pero de ninguna manera así se va a
resolver todo el problema. Tenemos que pensar creativamente en otras
resoluciones posibles.
En el sector B
existen al menos 2 millones de trabajadores no registrados que trabajan en
PyMEs. El clásico trabajo en negro. Aquí es cuestión de policía del trabajo y
en caso que la empresa no tenga capacidad económica para formalizar a sus
trabajadores, apoyarla con políticas subsidiarias.
Lo más importante,
sin embargo, es pensar un esquema que garantice derechos básicos a los nueve
millones restantes de los trabajadores y trabajadoras del sector B; nosotros tenemos
muchas propuestas al respecto: el desarrollo de la economía popular mediante
cooperativas, unidades productivas y grupos de trabajo para convertir el
trabajo informal de subsistencia en trabajo formal comunitario; el salario
básico universal para que ningún trabajador sufra los niveles de inestabilidad
que caracterizan al sector informal; una política masiva de trabajo garantizado
en actividades socialmente útiles.
No digo que
tengamos la razón, pero al menos son propuestas. Con repetir expresiones de
deseo como “trabajo y salario” o la más marketinera de “pasar de los planes al
trabajo” no resolvemos ningún problema fuera de los focus groups o la
congruencia discursiva con un ideario que no se condice con la realidad.
Repensemos porque de este asunto depende en gran medida el futuro de la Patria:
como decía el gran Simón Rodriguez, “o inventamos o erramos”.
Tal vez las
organizaciones libres del pueblo, tan caras a la doctrina del General Perón,
tengamos algo que aportar en el debate y la solución.
