los anarcocapitalistas
Claudia Peiró
Infobae, 24 Feb,
2024
Elisa Carrió
rompió el silencia para advertir que, aunque Javier Milei “no mintió en la
campaña electoral” porque “siempre se definió como anarcocapitalista”, el
problema es que nadie averiguó qué significaba.
La llegada a la
presidencia del primer gobernante que se declara abiertamente anarcocapitalista
despertó el interés por las ideas y la génesis de esta corriente. Pero para la
gran mayoría, éstas son del orden de la utopía, por lo tanto irrealizables y
por ello desestimadas. Probablemente incluso por quienes votaron con entusiasmo
a Milei, como señala Carrió.
“El
anarcocapitalismo es una filosofía política y una teoría económica que es
totalmente antiestatista. No es republicano, busca abolir al Estado”, advirtió
la líder de la Coalición Cívica. Para Milei, la casta “es todo lo que tiene que
ver con el Estado”, agregó.
“El Estado es una
asociación ilícita”, había dicho el Javier Milei candidato, y recientemente lo
repitió como presidente.
En su discurso en
Davos, defendió el capitalismo de libre empresa como única herramienta para
terminar con la pobreza, a la vez que trató de “socialistas” -léase
empobrecedores- a todas las corrientes políticas de la actualidad, “ya sea que
se declaren abiertamente comunistas, socialista, socialdemócrata, demócrata
cristianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o
globalistas”.
¿Qué propone
entonces el anarcocapitalismo que defiende Milei?
Esta corriente no
tiene nada que ver con anarquismo tradicional, de izquierda, que se oponía al
Estado pero abogaba por formas colectivas de organización, como el
cooperativismo y la autogestión.
La corriente
anarco capitalista cuestiona la existencia del Estado en todas sus dimensiones
y funciones pero, a diferencia del anarquismo de izquierda, que combatía la
propiedad privada de los medios de producción, esta tendencia considera a la
propiedad privada como el valor fundamental del sistema.
A diferencia del
liberalismo clásico que busca limitar el campo de acción del Estado y sus
mecanismos de intervención, el libertarianismo rechaza de plano el Estado.
“La de Milei no es
la crítica a un Estado sobredimensionado o con ñoquis, que yo comparto -señaló
Elisa Carrió-. Es más que eso: es el Estado mismo lo que quiere abolir. Todo
tiene que ser manejado por sistemas privados”.
La igualdad
económica y la justicia social son rechazadas categóricamente por esta
corriente. En palabras de Javier Milei, “el concepto de Justicia Social es
aberrante, es robarle a alguien para darle a otro”. Es “un trato desigual
frente a la ley, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los
valores morales al punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de
saqueadores”, agregó.
Al igual que el
liberalismo clásico, el anarcocapitalismo reivindica un sistema en el cual cada
persona es plenamente propietaria de sí misma, del fruto de su trabajo y de
todo lo que haya obtenido mediante cooperación voluntaria con otros, mediante
intercambio o por donación o herencia. Cada uno es responsable de sus actos,
por lo tanto también de sus compromisos y de sus pérdidas o deudas contraídas.
No cabe por lo
tanto, esperar auxilio público. En su cruce con el gobernador de Chubut, el
Presidente lo dejó claro. La provincia tiene una deuda y ésta debe ser
ejecutada, sin importar el costo social.
Toda forma de
organización coercitiva es considerada ilegítima por el anarcocapitalismo.
Esto, llevado al extremo, abarca al mismo Estado que, como cualquier otra
organización, sólo debería tener legitimidad ante aquellos que voluntariamente
lo acepten. Desde esta perspectiva, lógicamente, los impuestos directos e
indirectos y todas las reglamentaciones fijadas por el Estado a las actividades
privadas son ilegítimas.
La clave del éxito
de cualquier empresa, de cualquier iniciativa, es su carácter voluntario. Eso
basta para garantizar la satisfacción y el beneficio a sus participantes.
Otra diferencia
con el liberalismo clásico, es que los anarcocapitalistas no creen que el
Estado sea necesario para garantizar la propiedad privada. Por el contrario,
éste es el primer “criminal” contra la propiedad privada, como suele decir
Milei.
Toda forma de
propiedad colectiva termina llevando al totalitarismo. Porque si hay propiedad
colectiva, es necesario administrar y para ello crear una institución. Eso
genera una autoridad que se extiende a todos y termina coartando la libertad.
Libertad y
propiedad son inescindibles para esta corriente que considera posible organizar
la sociedad a partir de respetar esos derechos.
Murray Rothbard
(1926-1995), autor de The Libertarian Manifesto (1973), fue quien intentó
fusionar la escuela austríaca con el liberalismo clásico y el anarquismo, y fue
quien acuñó la expresión “anarquismo de propiedad privada” y luego
“anarcocapitalismo”.
Milei, que bautizó
a uno de sus perros con el nombre de este intelectual, se posicionó desde el
comienzo como un ultraliberal, antisistema, y adoptó la etiqueta de
anarcocapitalista sin ambages, pese a tratarse de algo muy parecido a una
utopía.
Pero ese rótulo,
hasta ahora poco escuchado entre nosotros, tiene detrás una corriente económica
y filosófica. Es la más liberal de todas las corrientes liberales. Como su
nombre lo indica se alimenta de dos fuentes: del anarquismo y del liberalismo a
la vez.
El eje principal
es el rechazo al Estado, la que consideran ilegítimo, y a toda forma de
contrato social impuesto. Se oponen radicalmente a toda forma no voluntaria de
redistribución de la riqueza. Defienden un capitalismo sin Estado, lo que daría
lugar a una sociedad económicamente eficaz y moralmente deseable, según la
definición de Pierre Lemieux autor del Que-Sais-je ? (¿Cuánto sé? PUF, 1988)
dedicado al anarcocapitalismo.
Cada ser humano es
plenamente propietario de su persona y del fruto de su trabajo. La venta de
órganos -quizás el único planteo de Milei en campaña que hizo arquear las cejas
de sus seguidores- es parte del ideario del anarcocapitalismo. Por el
contrario, su defensa de la vida desde la concepción no está en el programa de
esta corriente, que es partidaria del aborto, del sucidio asistido y de la
eutanasia, y de la prostitución. O sea, la persona es libre de vender su
cuerpo, entero o por partes.
La idea de una
sociedad sin estado es tan utópica que hasta cuesta imaginarla. Y cabe
preguntarse, como Carrió, si quienes lo votaron llegaban a representarse las
consecuencias concretas de privatizar o directamente eliminar servicios e
instituciones públicas.
Mucho menos habrán
imaginado que los recortes a la casta podían afectarlos a ellos. Pero si “la
casta” es todo el Estado, es indudable que los recortes a fondos que van por
ejemplo al pago de sueldos de docentes -como ya ha sucedido- afectarán la
provisión de un servicio que la sociedad argentina todavía considera
imprescindible y altamente asociado a lo público.
El anarco
capitalismo propone que las funciones incluso más tradicionales o básicas del
Estado sean llevadas adelante por empresas privadas.
En toda
circunstancia y ámbito la regulación del mercado será siempre más eficaz que la
de un gobierno o administración pública. Por lo tanto, todo debe ser
privatizado, incluso servicios como la seguridad pública, en sentido amplio, es
decir: la policía, la justicia y la defensa.
La crítica
generalizada de Milei en Davos -donde como vimos no dejó corriente política en
pie- deriva de la idea de que todos ellos apuestan a un refuerzo del Estado
como solución a los problemas. Cuando la solución, para él, es lo contrario.
Pero Milei tiene el desafío no menor de demostrar que una sociedad sin Estado
es posible, ya que la experiencia, a nivel de un país, no tiene antecedentes.
El camino para
lograrlo ha sido formulado, al menos en la teoría, por exponentes de esta
corriente. Lo primero es suprimir los subsidios y las reglamentaciones, luego
vender las empresas y los servicios públicos y, en una segunda etapa,
privatizar también la educación, la salud y finalmente la seguridad.
La libre oferta y
demanda mejorará esos servicios y disminuirá sus costos. La ineficiencia de la
gestión estatal se traduce en cambio en derroche y en una carga enorme sobre
los contribuyentes.
Si, además, se
reduce la actividad del Estado en lo administrativo y judicial, el gasto
público se verá drásticamente achicado, lo que redundaría en baja de impuestos
e incremento de la calidad de los servicios.
En defensa de la
propuesta de privatizar la seguridad, los anarcocapitalistas argumentan que en
muchos países el número de agentes contratados para seguridad privada ya supera
a la pública. En cuanto a la justicia, ponen como ejemplo los tribunales de
arbitraje, cada vez más usados y mucho menos costosos. En cambio, allí donde
toda la justicia es estatal, las causas se acumulan y los procesos se vuelven
interminables. “Para Milei la Justicia es arbitraje privado; el Parlamento no
debería existir, los ministerios tampoco”, aseguró Carrió.
La convicción de
los anarcocapitalistas es que toda la actividad de una sociedad puede
realizarse siguiendo el modelo de transacciones entre privados.
“Según Milei, la
gente no tiene derechos, sino intercambio de voluntades. El pobre pacta con el
rico, puede pactar 16 horas de trabajo”, ejemplificó Elisa Carrió, bajando a
tierra estos postulados teóricos. La ex diputada resaltó también que Milei no
comparte el concepto cristiano de “compasión”. “Para él los jubilados son una
distorsión del Estado. No le importa cómo viven las familias”, afirmó.
Para los
anarcocapitalistas toda forma de distribución no voluntaria de las riquezas es
algo contra natura. O sea, caridad individual sí, asistencia social, no.
La igualdad solo
puede ser de derechos. La igualdad de bienes, o la redistribución de la
riqueza, sólo puede ser realizada con medidas que coartan la libertad. Por lo
tanto, la única desigualdad condenable es la del derecho, pero todas las demás
-sociales, culturales, económicas- no pueden combatirse sin interferir con la
libertad.
El
anarcocapitalismo todavía debe demostrar que verdaderamente será sinónimo de
mayor productividad, mejores condiciones de vida, menos tiempo de trabajo,
menores impuestos y cargas sociales, etc.
Antony P. Mueller,
economista alemán que considera que “el sendero a la verdadera libertad es la
privatización sistemática”, escribió en un artículo en Contrepoints, medio
liberal francés, que “en lugar de crear nuevas leyes y nuevas instituciones, la
misión consiste en abolir las leyes y las instituciones”. Algo que estaba en el
espíritu de la Ley Ómnibus de Javier Milei que, por momentos, parece encarnar
plenamente la misión, y no solo en el discurso.
Es necesario, dice
también Mueller, instalar en la opinión pública la idea de que la solución a
sus problemas radica en la reducción de la política y del Estado. “Para ello,
hay que tener la voluntad de exigir y realizar la privatización del mayor
número posible de instituciones públicas”.
La ineficiencia de
muchos servicios públicos y el gigantismo estatal alimentan sin duda las
convicciones libertarias y generan receptividad en una ciudadanía cansada del
maltrato a que es sometida cotidianamente por servicios que no son tales. Y
explican en buena medida el triunfo de Milei.
Es difícil medir
sin embargo hasta qué punto esos votantes comprendieron la amplitud de las
convicciones del Presidente en el plano de la abolición del Estado. O de las
funciones que, con mayor o menor eficiencia, siguen siendo subsidiarias de lo
privado.
El salto de la
inflación, que claramente le está ganando a los ingresos -en el caso de las
jubilaciones, de modo dramático- probablemente no se condice con la idea que la
mayoría se ha hecho de lo que significa enfrentar a “la casta”.
