del laboratorio uruguayo en materia de drogas
Matias Dalla
Fontana
Infobae, 11 Feb,
2024
Las cosas no han
tenido los resultados esperados para el Uruguay, según distintas voces
jerarquizadas, desde que el ex presidente José Pepe Mugica se reuniera con el
magnate George Soros en 2013, para pedir apoyo financiero al objetivo de
liberalizar la droga. “Uruguay es un modelo y servirá como laboratorio para
todo el mundo”, sostuvo el megamillonario por aquel entonces.
La regulación
fracasó, en opinión del actual secretario de la Junta Nacional de Drogas,
Daniel Radio. Este funcionario, vale aclarar, no viene de las filas
conservadoras, sino todo lo contrario, pertenece a un partido de la izquierda.
El estado de la cuestión a partir de la liberalización en el rioplatense país
oriental, parece estar más signado por sombras que luces. La Junta Nacional de
Drogas, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) hicieron público en 2023 el informe “Zonas grises,
mercados legales e ilegales: 10 años de la regulación de cannabis en Uruguay”.
Hace una década,
en su encuentro con el financista Soros, el ex mandatario Mugica decía: “El
Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la gente que queda enferma.” En
este razonamiento la gente ya no es afectada por las condiciones objetivas de
la droga, esto es, por su toxicidad, adictividad y psicoactividad, sino que
queda enferma sencillamente por el impacto en su propia subjetividad,
determinado por sus condiciones singulares. En esta maniobra de
individualización del peso del problema de la droga, simultánea con una
resignación por parte del sistema político, del cometido de reducir la
presencia del consumo en la ciudadanía, el progresismo devino, en cierta forma,
en amanuense del libertarianismo mercantilista. El propio Estado asume en sus
propuestas, con un talante fatalista que contrasta con el supuesto ideal de
progreso, que ya nada se podría hacer al respecto del avance del consumo. Y
asume, al unísono, que las responsabilidades de los daños responden a variables
individualistas en el ejercicio de un supuesto derecho al goce. Al
sanitarismo le cabría en este corrimiento pro-libre circulación de las
mercancías, reducirse a paliar los daños del descarte. Casi un estado-placebo.
Y resignar cualquier ideal de fondo, de tipo de la construcción de una
comunidad centrada en valores integrales, tales como el desarrollo colectivo y
el perfeccionamiento de personas sanas.
Para reflexionar
desde una remembranza, cabe citar que cuando era cuestionada una oleada de
reformas estructurales en las relaciones estado-mercado-sociedad, emprendidas
en la Argentina por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, este referente
del liberalismo argumentaba que la causa de los fracasos yacía en no haber
podido avanzar más a fondo, es decir, frente al fracaso, debía avanzarse más en
la misma dirección. La lógica argumental de los responsables del vecino país en
materia de reformas liberalizadoras de la droga emulan a las ensayadas por
Cavallo: “Al Estado se le va la moto con el control”, dijo el secretario de la
Junta Nacional de Drogas. “Tenés que tener cannabis a buen precio, acceso a
variedad de cannabis y puntos de venta. A mí me parece que esas son las tres
cosas centrales que uno tiene que tener. La única que cumplimos es buen
precio”. Si la liberalización fracasa, liberalizar aún más, parece ser el
axioma.
Rosario Queirolo,
politóloga y profesora de la Universidad Católica del Uruguay, estudiosa del
impacto de la ley, ha declarado que fue demasiado “ambicioso” el objetivo
securitario que marcó el entonces presidente uruguayo José Mujica en sentido de
pretender disputarle el negocio de la marihuana a los narcos. “Ese mecanismo
causal no funciona”, dijo Queirolo a BBC Mundo. “Se reguló el mercado de
cannabis e igual siguieron creciendo los homicidios o las tasas de rapiñas”.
Además, el número
de usuarios registrados aumentó más de un 150% desde 2018 según registros
totales en el mercado regulado. 19% es la porción de uruguayos mayores de 16
años que ha vuelto a consumir marihuana luego de probarla, de acuerdo a una
encuesta de la empresa Cifra realizada en mayo de 2022. Lo alarmante es su
ponderación en términos comparados, puesto que esa cantidad casi duplica el 10%
que declaraba lo mismo en 2016. Es decir, si la liberalización aumenta,
aumentan las adicciones, por lo menos en adolescentes.
Mientras, lo que
pasa en el mundo es que países insignia del ideal propagandístico
progresista-libertario, ante la revisión de sus fracasos, están accionando en
sentido contrario, con capacidad de autocrítica. Según UNDOC - Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- a escala mundial, el número de
personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los
39.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años. La legalización del
cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de
narcóticos persisten, es una de las principales conclusiones del informe anual
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),
correspondiente a 2022.
“Vemos con
preocupación la trivialización con respecto al uso no médico del cannabis, la
tendencia a su legalización, principalmente en Latinoamérica y parte de
Europa”, expresó César Arce Ríos, vicepresidente segundo de la JIFE, en
entrevista con Noticias ONU. El informe de la JIFE destaca que los mercados
ilegales de marihuana siguen activos en las jurisdicciones donde se ha
legalizado el consumo, pese a que la legalización apostaba a desarticularlos.
Según los datos disponibles representan el 40 % en Canadá, casi el 50 % en
Uruguay y el 75 % en California.
Mientras la
ciencia y la evidencia han arrojado con sobrada solvencia las pruebas del daño
que produce el cannabis en el desarrollo humano, un modismo ideológico
financiado por el oenegeìsmo global y receptado por sectores académicos
amañados con la improvisación política, ha impuesto como lugares utópicos
algunas experiencias de países que son usados como argumento liberalizador. Sin
embargo, son justamente estos países los que están revisando sus posiciones
ante los fracasos. Muy a contramano de Uruguay, que pretende profundizar las
mismas fórmulas ante el avance del consumo en adolescentes, por ejemplo.
En Holanda, el
estado, por ejemplo, ha operado, pese al mito, desde el año 2000 prohibiendo la
nueva radicación de coffe shops en el 81% de los municipios. Desde 2023 el
ayuntamiento de la propia Ámsterdam, impostada meca del adaptacionismo
desregulador, anunció que se prohibiría fumar cannabis en las calles de algunos
de sus barrios. El caso sueco no
es distinto en cuanto a avanzar en la autocrítica y reorganización, luego de
evidenciados los daños que produjera el consumo. En el estudio Swedden`s
succesful drugs policy: a review of the evidence, publicado en 2007, UNDOC
realiza una revisión cronológica de las sucesivas acciones del país citado y
destaca que, a partir de 1970, se inicia un nuevo enfoque basado en el
fundamento de que “Las drogas son inaceptables en la cultura de nuestra
sociedad.” Asentados en este valor de fondo, los sucesivos gobiernos fueron
logrando que el número de consumidores fuera disminuyendo año a año, por debajo
del promedio europeo.
Quedan pendientes
algunas preguntas liminares. Si la ciencia viene demostrando el daño
neurológico del consumo de marihuana, especialmente para el desarrollo normal
infantil y adolescente, y las reformas liberalizadoras no consiguen disminuir
el consumo, sino más bien lo contrario, lo aumentan, ¿a qué fines específicos
sirven los sectores políticos cuando predican lo que predican? ¿Dónde queda el
principio cristiano de la justicia social cuando el sanitarismo reduce su
sustento a un mero derecho individual al goce?
[El autor es
psicólogo (U.C.A.), ex Puma, fundador de Proyecto Deporte Solidario. Fue
Subsecretario de Prevención, estadística e investigación de la Nación en
materia de drogas]
