La Nación, 05
DE NOVIEMBRE DE 2015
Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha salido en defensa de la Constitución y ha puesto término a otra gravísima
arremetida del Gobierno contra la Justicia. Con el voto unánime de sus cuatro
miembros, el máximo tribunal declaró ayer la inconstitucionalidad de la ley de
subrogancias del 18 de junio del año pasado, fijó en tres meses el lapso en el
que permanecerán en sus cargos los jueces subrogantes, estableció un régimen
transitorio para designar a estos magistrados que reemplazan a los titulares de
los juzgados vacantes y también declaró la inconstitucionalidad de todas las
listas de conjueces y del reglamento para la designación de subrogantes del
Consejo de la Magistratura.
Las medidas incluidas en la sentencia revisten suma
importancia, desde el momento en que ponen coto a una serie de decisiones
contrarias a la Constitución que el Gobierno arteramente adoptó luego de que en
2013 fracasó su avanzada conocida como "democratización de la
Justicia", merced a la resuelta actuación de colegios y entidades de
abogados de todo el país que obtuvieron decisiones de tribunales inferiores en
su contra, hasta que la decidida acción de la Corte declaró la
inconstitucionalidad de las normas que buscaban facilitar la designación de
jueces afines al Gobierno.
Puesto que al kirchnerismo le es indispensable contar
con una Justicia adicta que le garantice impunidad en los graves casos de
corrupción que salpican a tantos de sus funcionarios y ex funcionarios,
comenzando por la propia Presidenta y su familia, el Gobierno decidió
introducir en tribunales y cámaras decisivas para sus designios a sus alfiles
judiciales, empleando para ello el sistema de subrogancias mediante el cual,
gracias a ley sancionada por el oficialismo ahora declarada inconstitucional,
el Consejo de la Magistratura se vio facultado a nombrar jueces interinos,
escogidos de una lista elaborada por el Poder Ejecutivo con la mayoría simple
de consejeros que hoy ostenta. Éstas fueron precisamente las razones
principales de la inconstitucionalidad resuelta ayer.
En efecto, se llegó al extremo de que el Consejo de la
Magistratura podía elegir subrogantes para un determinado tribunal o para
cierto caso, sin sorteo y sin otorgar prioridad a los jueces designados de
acuerdo con la Constitución y, por si eso fuera poco, con una mayoría inferior
a la requerida para nombrar jueces titulares.
En otras palabras, se creó la figura tácita del juez
ad hoc para operar en favor del Gobierno en causas concretas. Es más, el
kirchnerismo no vaciló en recusar y generar renuncias de magistrados para
introducir allí a sus agentes judiciales.
Esto se vio claramente reflejado en el caso en el que
se debe resolver si es constitucional o no el cuestionado memorándum que el
Gobierno firmó con Irán con la proclamada intención de avanzar en la
investigación del atentado contra la AMIA. Anteayer, el Gobierno había ganado
una batalla importante al conseguir desplazar a Juan Carlos Gemignani, un
camarista de Casación independiente. Con anterioridad, la mayoría kirchnerista
del Consejo había removido al juez Luis María Cabral como suplente de la misma
Sala II de la Casación cuando se encontraba por firmar en contra de la
constitucionalidad de la sentencia.
La decisión de apartar a Gemignani la tomaron dos
abogados que fueron nombrados como jueces subrogantes por el kirchnerismo, que
hicieron lugar a un pedido de recusación del Gobierno en ese expediente. Ambos
debieron haberse excusado de intervenir en él, ya que es ostensible su
parcialidad para actuar en un caso en que se juzga la constitucionalidad de una
decisión del Poder Ejecutivo, el que justamente es una de las partes
interesadas en el resultado de esa causa, tal como sostuvo el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
En su sentencia de ayer, en el caso de Laureano Durán,
juez subrogante a cargo del importante juzgado federal con competencia
electoral de La Plata, la Corte invalidó la resolución del Consejo de la
Magistratura y del decreto presidencial por los cuales se lo había designado.
Otro tanto hizo con el nombramiento de todos los jueces subrogantes designados
en idénticas condiciones. La Corte tuvo en cuenta, además, que cerca de la
cuarta parte de los cargos de los tribunales nacionales y federales están
vacantes y que la práctica corriente en la actualidad es designar subrogantes y
no nombrar jueces mediante el procedimiento que establece la Constitución.
Por añadidura, el fallo que comentamos constituye una
derrota para la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien,
en su absoluta consustanciación con el kirchnerismo, había dictaminado hace
tres días que había que convalidar la resolución del Consejo de la Magistratura
que designó a Durán, y que no correspondía, en el caso de este magistrado,
analizar la constitucionalidad o no de la ley de subrogancias.
La Corte se ubicó en las antípodas de esa manera de
concebir la Justicia y defendió la Constitución, la independencia judicial y la
garantía del juez natural para los ciudadanos, y no de jueces ad hoc
seleccionados a dedo para cumplir una misión prefijada desde el poder político.
Que hoy tengamos que destacar el valor de este fallo
indica el daño que el kirchnerismo infligió a la Justicia. Es mucho y muy grave
lo que el Gobierno pretende esconder con tal de conseguir impunidad en el caso
del memorándum con Irán.
A partir de ahora, cabe esperar que en los tres meses
que permanecerán en su cargos los actuales subrogantes tengan en cuenta el
claro espíritu de lo resuelto por el más alto tribunal del país y actúen en
consecuencia.
