Por Urgente24, 08 de agosto de 2016
Alieto Guadagni, uno de los integrantes del grupo de
ex secretarios de Energía que firmó una propuesta para la reconstrucción energética
y el problema tarifario difundida el domingo 07/08, advirtió que si la
controversia por las tarifas "no se resuelve con celeridad puede haber una
situación de crisis importante en empresas, distribuidoras y transportadoras.
Viven con la caja al día, los accionistas no hacen nuevos aportes".
En declaraciones a AM 950 Belgrano, señaló que “el
freno judicial a los aumentos en la tarifa de electricidad afectará la
operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan",
además de “afectar la cadenas de pagos, el plan de inversiones” y hasta generar
una potencial "situación de disolución” de las compañías.
Una semana antes, en un comunicado a la Comisión
Nacional de Valores, había informado que, de persistir, el bloqueo le generará
un déficit de caja de aproximadamente $7.000 millones en el año, al tiempo que
“pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo
inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de
usuarios”.
Guadagni, sin embargo, calificó al ajuste de
“tremendo, de una magnitud inédita en la historia Argentina” y que “hubiera
requerido un enfoque integral técnico, político y jurídico", el cual
precisó como “un consenso, una política de Estado".
Explicó que en ese sentido “en nuestro documento
insistimos en que esto requiere un acuerdo político porque son transformaciones
y reajustes importantes que hay que hacer y tiene cierto costo político que
debe ser compartido entre el gobierno y la oposición".
E hizo hincapié en que "si bien hay dudas
jurídicas, recomendamos las audiencias públicas porque nos parece sensato. Es
la oportunidad de explicar a la opinión pública de manera clara cuáles son las
razones para hacer los aumentos."
Recordó en ese aspecto que "la audiencia pública
es informativa, no es vinculante. Sirve para despejar las dudas de la
comunidad, de los pequeños consumidores".
Convocatoria a fuerzas políticas
Fue enfático en el programa Duggan Bien Temprano, que
conduce Pablo Duggan, a la hora de recomendar al gobierno que convoque a las
fuerzas políticas para explicar la realidad de la situación, por qué a
diciembre del año pasado había una enorme divergencia entre costos, precios y
tarifas y “acordar un sendero de recuperación gradual con una clara explicación
a la sociedad que dé lugar a las audiencias públicas".
Por otra parte, indicó: "Hay que normalizar los
entes, integrarlos con personas profesionales independientes. No se puede ser
miembro de un ente si se está vinculado a una empresa productora, distribuidora
o consumidora." Y agregó: "Hay gente que está violando la ley".
Concluyó que "los cortes de luz han venido
creciendo, han aumentado de manera sustancial no sólo en cantidad sino en
duración", para destacar que "el problema es muy grande y por eso se
debe lograr una masa de apoyo sustancial porque no son medidas simpáticas.
Tienen que ser claras, transparentes y bien explicadas".
Puso como ejemplo que el precio del crudo desde el
segundo trimestre del 2014 está fijado en la Argentina por encima de las
referencias internacionales, con impacto en los precios de los derivados
(nafta, gasoil) que también tienen valores locales por encima de las
referencias internacionales.
Pero que paralelamente “el precio del gas en boca de
pozo en la Argentina también es un precio administrado y su cotización ha
estado por muchos años por debajo del costo de oportunidad que marcan los
sustitutos que contribuyen a satisfacer el déficit de producción doméstica (gas
de Bolivia; GNL en Escobar; Bahía Blanca y Chile; o gasoil para generación
térmica)”.
De modo que “los precios de la generación eléctrica,
los más atrasados respecto a las referencias que marcan el costo marginal y el
costo promedio, han estado soportando costos crecientes debido a la mayor
dependencia de la generación térmica (que genera a partir de gas o de los
combustibles líquidos sustitutos fuel oil o gasoil)”.
Reflexiona que “la aplicación de una política de
Estado es una tarea mayúscula que corresponde al funcionariado del gobierno que
fue democráticamente elegido para gobernar la Argentina en el período
2015-2019, pero su aplicación solo será posible si ese funcionariado tiene el
acompañamiento de las fuerzas que configuran la oposición y que estén
representadas en el Congreso Nacional”.
Ex secretarios, se ofrecen
El documento del Grupo de exsecretarios de Energía,
que firmaron Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto, Alieto Guadagni,
Jorge Lapeña, Daniel Montamat; Raúl Olocco, había puesto de relieve que “estuvo
siempre claro que la resolución del problema del crónico atraso de las tarifas
energéticas era un tema político de primera magnitud para el nuevo gobierno
democrático que asumiera sus funciones el 10 de diciembre de 2015, y un tema
político de magnitud exige siempre para su solución una política de Estado”.
Y distinguió entre las “Tarifas Energéticas”, que son
reguladas por el Estado, y los “Precios Energéticos”, que deben surgir de
mercados competitivos y no distorsionados, para argumentar que deben tener un
tratamiento diferenciado a la hora de encarar los aumentos.
Indica sobre el particular que las tarifas energéticas
estaban notoriamente atrasadas; y el sistema de precios energéticos era un
sistema distorsionado que formaba parte de una política irracional, a su vez
influenciada por lobbies empresariales y gremiales.
Enumera la herencia que dejó el gobierno saliente y el
desafío que entraña para la actual administración:
1) la extraordinaria caída de las reservas comprobadas
de hidrocarburos y particularmente la de gas natural en el período 2000- 2014;
2) la caída crónica de la producción nacional de
petróleo desde el año 1998 hasta el año 2015;
3) la caída de la producción de gas natural desde
2004;
4) la disminución de la inversión exploratoria y con
ello la no incorporación de nuevos yacimientos de hidrocarburos;
5) el crecimiento de los costos de producción de
hidrocarburos y la caída de la productividad en todas las cuencas;
6) la pérdida del autoabastecimiento energético en
2010 que el país mantuvo desde el año 1989.
Consenso preelectoral
"La Declaración de Compromiso elaborada por
nuestro grupo y firmada entre mayo y agosto de 2014 – un año antes de las
elecciones nacionales- por 4 candidatos a la Presidencia de la Nación y varios
precandidatos (Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes
Binner, Ernesto Sanz y Julio Cobos), además de varios líderes partidarios (UCR,
PS, GEN) contenía una visión programática común que aseguraba criterios
generales homogéneos para establecer prioridades; modos de gestión;
priorización de problemas; etc. La Declaración tuvo por objetivo explícito ser
aplicada como política de estado a partir del 10 de diciembre de 2015."
Consta de 14 puntos que se refieren a los siguientes
temas:
-Política de Estado
-Planeamiento Energético Estratégico
-Diversificación de las Fuentes Primarias de Energía
-Objetivos para la Construcción de Centrales Nucleares
-Biocombustibles
-Eficiencia Energética
-Roles de la Nación y las Provincias
-Marco Jurídico para los Hidrocarburos
-Programa de Exploración Petrolera
-Integración Energética Regional
-Gestión de YPF
-Precios y Tarifas
-Desarrollo Energético Sustentable
-Medidas de Urgencia y Transición.
El grupo de exsecretarios de Energía se ofreció para
actuar como facilitador si los firmantes de tan importante e inédita
coincidencia programática, a dos años de la firma de dicho instrumento,
pudieran realizar una evaluación de la marcha de la implementación de dichos
acuerdos; y en especial en este caso crítico de las Tarifas y de los Precios de
la Energía.
Las líneas maestras del plan de Gobierno para la
Energía en el período 2015-2019, dentro del concepto más global de una Política
de Estado, suscripto por las fuerzas políticas establecieron para el tema de
las tarifas específicamente lo siguiente:
“Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir
los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a
estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los
subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta
de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y
con el objetivo de finalizar el período definido con un set de precios y
tarifas que reflejen costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables
según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios
focalizados (tarifa social) que incluirá a los consumidores de gas licuado de
petróleo (gas en garrafas)”, expone.
Y si bien concede que las decisiones adoptadas
tuvieron como referencia lo firmado en la declaración de compromiso, indica que
los ajustes tarifarios en el primer semestre adolecieron de explorar mecanismos
de consenso que hubieran evitado la especulación política cortoplacista.
Finaliza el documento alertando que “no hay nada peor
para los consumidores y para las empresas energéticas que la indefinición y la
judicialización de temas tan sensibles para la sociedad”.
Convoca por lo tanto a usuarios, trabajadores de las
empresas energéticas; responsables de las empresas energéticas e inversores
argentinos y extranjeros a buscar “salir del atolladero”, y urge que se acelera
el proceso de normalización de los entes reguladores del gas y la energía
eléctrica.
