martes, 21 de enero de 2014

LA POLÍTICA ES SERVICIO Y NO UN MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO


La Rioja (AICA): 3-1-14


El obispo de La Rioja, monseñor Marcelo Colombo, presidió por primera vez desde su llegada a la provincia el inicio del nuevo año con la tradicional celebración del Tinkunaco, o encuentro del Niño Alcalde y San Nicolás, y en ese marco, sostuvo que la vocación política, ejercida con nobleza y honestidad, puede cambiar la vida de la gente, a la vez que criticó el ejercicio de la actividad para el enriquecimiento personal.

El obispo advirtió que "nadie debe pensar en la función pública como un lugar de enriquecimiento personal o familiar, sino como aquel espacio concreto donde darse enteramente" a fin de cambiar la vida de la gente. "Y me refiero a un cambio positivo, de crecimiento, de auténtico desarrollo, de plena inclusión", agregó.

La procesión del Niño Alcalde tuvo inicio pasadas las 20, partiendo desde la catedral, para recorrer las calles San Nicolás de Bari hasta Avellaneda, y continuar luego hasta la intersección con Pelagio Luna, 25 de Mayo y tras el encuentro con el patrono de la diócesis, San Nicolás de Bari, retornar al templo mayor. Como es habitual, la celebración congregó a miles de fieles.

Monseñor Colombo convocó a los riojanos a "seguir apostando a la construcción de una sociedad más justa y fraterna", a no desalentarse por los "sinsabores del camino que inevitablemente plantean conflictos". “No es justo mirar desde afuera y verlo todo mal sin jugarse de verdad y limpiamente por el bien común”, enfatizó Colombo.

El prelado invitó a las autoridades políticas "a profundizar en el camino del ejercicio de la gestión de gobierno como un servicio, el cual les pide la generosidad y abnegación de trabajar para todos los riojanos, sin excepción, con una mirada preferencial sobre los más pobres y los jóvenes, muchas veces afligidos por la falta de horizontes y de modelos válidos".


El obispo concluyó pidiendo a todos los riojanos trabajar "con pasión y sin descanso, por construir la amistad social". Agregó: 

lunes, 20 de enero de 2014

HAY 10.869 EMPLEADOS MUNICIPALES EN CÓRDOBA



 Por Rubén Curto

El particular universo que componen empleados y funcionarios de la Municipalidad de Córdoba hace ya varios años que pasó el umbral de los 10 mil habitantes, con lo cual adquirió el rango virtual de una “ciudad” puertas adentro del Palacio 6 de Julio.

En efecto, los empleados son 10.869 y la mitad de ellos ingresó al municipio en la última década. En promedio, cada uno le cuesta a las finanzas municipales 20.602 pesos mensuales. Sus buenos sueldos le ganan a la inflación: en noviembre, pagar sus sueldos insumió 33,5 por ciento más que en igual mes de 2012. Y cuatro de cada 10 están empleados en áreas de Salud o Educación.

Esa población relativamente estable, con leve tendencia a la suba –siempre ingresan más agentes de los que se van– tiene su propio estatus: estabilidad plenamente asegurada en sus cargos (salvo los funcionarios políticos del Ejecutivo), que sólo es alterada cada tanto por despidos con causa por flagrantes violaciones a las obligaciones mínimas de empleado, por caso, no faltar más de 10 veces sin justificación.

Rumbo a 11 mil

En total la plantilla municipal asciende a 10.869 personas, de las cuales 9.703 (89,3 por ciento) son activos plenos. También hay 658 “regularizados” que no son otra cosa que exmonotributistas pasados a situación de contratados en 2012 y 508 pasivizados, que ya no asisten a trabajar y cobran un porcentaje del sueldo.

Con inercia. El intendente Ramón Mestre arrancó su gestión con 10.024 agentes a enero de 2012, con lo cual ya ha sumado 845 trabajadores. Ese número incluiría los 658 regularizados mencionados con anterioridad y queda un remanente propio de 187 empleados.

Chau inflación. El costo salarial total de esa masa de agentes fue en noviembre de 243,7 millones de pesos, lo que implica una suba interanual del 33,9 por ciento, respecto de los 182 millones de pesos, de noviembre de 2012. En el mismo período el salario neto de los empleados también subió un 33,5 por ciento, o sea entre seis y siete puntos por encima de la inflación.

$ 20 mil. El costo salarial promedio por agente (lo que le cuesta a la administración por todo concepto) ascendió en noviembre a 20.602 pesos, mientras que el salario bruto promedio (sin los descuentos de ley) fue de 16.498 pesos, y el salario neto promedio (de bolsillo), 10.670 pesos.

Saladitos. Más de la mitad de los empleados (exactamente el 51,7 por ciento) le implican al municipio costo salarial por encima de los 19.500 pesos, con este desagregado: un 9,24 pro ciento de la plantilla cuesta entre 19.500 y 21 mil pesos; un 18,72 por ciento, entre 21 mil y 25 mil pesos; y un 23,8 (o sea uno de cada cuatro), más de 25 mil pesos.

Extra. Casi 17 millones de pesos de la masa salarial corresponden a bonificaciones, que son adicionales de entre un 10 y un 50 por ciento del sueldo que perciben muchos agentes. De ese total, casi 7 millones de pesos corresponden a trabajadores que perciben extra del 30 por ciento por mano de obra especializada.

Caja gremial. Sobre los pagos salariales corrientes del mes de noviembre impactaron descuentos por 59,4 millones de pesos. 52 millones de pesos fueron por los descuentos de ley (aportes jubilatorios y obra social). Del resto, lo más significativo fueron los 4,3 millones de pesos que embolsó el Suoem (gremio de los municipales): 2,3 millones por el pago de cuotas sindicales y otros dos millones de pesos por códigos de descuento (compras, créditos).

Médicos y maestros. Cuatro de cada 10 municipales se desempeñan en las áreas de Salud (26,28 por ciento) y Gobierno (17 por ciento). También tiene alto peso relativo Educación, con el 16,7 por ciento y llama la atención la bajísima incidencia de Desarrollo Urbano, con un 7,25 por ciento, pese a que es el área vinculada a la ejecución de obras y prestación de servicios.

Sexo fuerte. Hay un fuerte predominio en la cantidad de hombres por sobre las mujeres en Desarrollo Urbano, con proporción de 8,5 a 1,5 para los primeros, mientas que en educación las mujeres ganan la pulseada 9 a 1. Sin embargo, permanece inalterable el hecho de que los hombres ocupan los cargos más jerarquizados y cobran mejores salarios. Considerando a los trabajadores activos, el costo salarial promedio para los hombres es de 24.008 pesos, contra 20.785 pesos de las mujeres. Lo propio ocurre con el salario bruto promedio: 19.264 pesos los hombres y 16.616 pesos las mujeres.

Instrucción. El nivel de estudios de los municipales está bastante repartido y con un relativamente alto perfil de formación. Hay un 32,8 por ciento con título universitario o terciario de 5 o más años; 25,8 por ciento de universitario o terciario de tres años; y 33,2 por ciento con título secundario; sólo un 2,4 por ciento cuenta con ciclo básico.

Contraste

Más de la mitad de los 10.869 empleados actuales ingresó al municipio en la última década. Tres de cada 10 tienen entre seis y 10 años de antigüedad, o sea que ingresaron durante la gestión de Luis Juez (2003-2007) y otro 22,2 por ciento lo hizo en los mandatos de Daniel Giacomino y Ramón Mestre. Incluso con esa renovación, se trata de una planta bastante longeva. Sólo el 2,72 por ciento tiene menos de 24 años de edad y casi un 10 por ciento, entre 25 y 29 años.

Para irse. 183 trabajadores cumplen los requisitos para jubilarse y todavía no lo hacen. Son mayoría de mujeres (46 de Salud y 47 de Gobierno). En enero de 2012, la lista de agentes en esa condición se elevaba a 300.

A medias. Hay 508 trabajadores pasivizados, que perciben un porcentaje de su sueldo, pero no van a trabajar. 117 son de Salud y 85 de Desarrollo Urbano. A 379 les faltan cinco años para jubilarse y cobran el 70 por ciento del sueldo, mientras que a otros 50 les faltan hasta seis años para retirarse.


La Voz del Interior, 20-1-14

viernes, 17 de enero de 2014

MACRI COINCIDIÓ CON SCIOLI

 sobre la posibilidad de que las FF.AA. luchen contra los narcos

La Nación, Viernes 17 de enero de 2014

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, coincidió esta mañana con el debate que propuso el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sobre la posibilidad de revisar el rol de las Fuerzas Armadas para que se incorporen en la lucha contra el narcotráfico.

"No tenemos un estado de situación real con lo que está pasando, por eso tenemos que comprometernos todos", aseguró en declaraciones a Radio Continental. Y agregó: "El documento [elaborado junto con miembros de la oposición tiempo atrás] consta de muchas cosas, pero hay que agregarle la colaboración de las fuerzas armadas por los niveles de violencia que propone la problemática".

El jefe de la Ciudad reconoció la importancia de que todos, más allá de sus diferencias políticas, estén comprometidos en la búsqueda de la solución.

En simultáneo, admitió la presencia y el crecimiento de villas en Buenos Aires y en la Capital, donde se produce y comercializa droga. "Estamos trabajando. La metropolitana ha hecho varios operativos. Es un tema que me tiene muy preocupado", señaló.

LA PROPUESTA DE SCIOLI

Scioli agitó ayer la polémica sobre el papel de los militares al plantear la posibilidad de revisar la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico.

"Seguramente, en algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, el rol de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente es un tema de seguridad interior", afirmó el mandatario bonaerense.


Cabe recordar que la legislación prohíbe su intervención en cuestiones internas, aunque con esa frase Scioli pareció apoyar un drástico cambio en el rol que desde el regreso de la democracia se les ha asignado a los militares. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa, que preside Agustín Rossi, aseguran que el tema no está en debate para el Gobierno.

QUITAN FUNCIONES A LA SEDRONAR

 y la lucha contra el narcotráfico pasa a Sergio Berni

 La Nación, Viernes 17 de enero de 2014

A partir de hoy, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) deberá achicar su nombre y Sergio Berni tendrá más poder. A un mes y medio de la asunción de Juan Carlos Molina al frente del organismo, la Presidenta le traspasó la tarea de combatir el narcotráfico al secretario de Seguridad.

A través del decreto 48/2014, publicado hoy en el Boletín Oficial, el segundo de la ministra de Seguridad, María Rodríguez, tendrá en su cargo la dura pelea contra los traficantes de drogas, algo que ya ocurría en los hechos.

El Gobierno busca "una más eficiente gestión y coordinación con las otras jurisdicciones nacionales y provinciales vinculadas con la materia [por la lucha contra narcos], y posibilitando una más rápida respuesta a las demandas de la sociedad", según reza la letra del decreto firmado por Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la ministra Rodríguez.

Desde que llegó al cargo, el padre Molina inició en la Sedronar profundos cambios, por orden de la jefa de Estado. Denunció que la secretaría estaba virtualmente "paralizada" e inició una auditoria interna para identificar responsables. Así, desplazó funcionarios en cargos clave y los reemplazó por militantes kirchneristas.

Provenientes de la agrupación Kolina, de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, llegaron Carlos Jacomet -ex subsecretario de Desarrollo Social en San Luis- como subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones; y Sonia Aiscar, a cargo de la Subsecretaría de Control de Sustancias Psicoactivas.


A su vez, de la Fundación Valdocco, presidida por el propio Molina, llegó Darío Garribia -un contador de 29 años-, como subsecretario de Coordinación Administrativa y Cooperación Internacional.

jueves, 16 de enero de 2014

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: MÁS IMPUNIDAD PARA LOS DELINCUENTES




Diana Cohen Agrest | LA NACION

(ArgentinosAlerta.org)

La reforma del Código Penal suele ser justificada con el argumento de que, con el tiempo, el hoy vigente fue perdiendo coherencia. No es un tema menor, en la medida en que el discurso jurídico aspira a validar una estructura que establece la "verdad institucional" y a implementar los recursos legales para proteger esa fuente de autoridad. Sin embargo, la reforma presentada profundizará la brecha entre la pérdida de legitimidad del discurso jurídico-penal y las demandas de la ciudadanía.
La orientación del anteproyecto del Código, que se firmó en diciembre pasado, se inscribe en una inversión valorativa que aquejó a la Justicia de las últimas décadas en la Argentina. Tanto es así que, según el texto, serán un atenuante "las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor o partícipe como resultado de la ejecución del hecho" (art. 18.e).
Entiéndase bien: si al cometer el delito el delincuente sufre un daño, desde alguna lesión física hasta si se vale de su hijo inimputable para delinquir y el niño muere, esa pérdida será un atenuante para quien fue artífice de la muerte de su hijo (y de los inocentes, que ni son contemplados por la ley).

También serán atenuantes el ser menor de 21 años y "las circunstancias personales, económicas, sociales e individuales que limiten el ámbito de autodeterminación" (art. 18.2.c), espectro tan amplio e impreciso que servirá de instrumento privilegiado en el ejercicio de una discrecionalidad interesada en el dictado de sentencias por parte de jueces cómplices del negocio judicial.
Y, lejos de poner un freno a las arbitrariedades, la nueva normativa dice, en el art. 78.1, que quien mató por "emoción violenta", además de recibir la exención de prisión, puede ser beneficiado con la probation (¿tal vez para volver a emocionarse violentamente frente a otras víctimas potenciales?).


No sólo eso: según la letra del anteproyecto, "no se tomarán en cuenta el reproche por personalidad, juicios de peligrosidad ni otras circunstancias incompatibles con la dignidad y la autonomía de la persona" (art.1.b), con lo cual la "peligrosidad", considerada por los autores del nuevo Código como un concepto que se usa para estigmatizar y perseguir a los presuntamente más débiles, será eliminada como agravante: los violadores no serán considerados peligrosos y los homicidas (que a menudo matan encapuchados y con facas) no deberán ser ni "estigmatizados" ni perseguidos por su condición de "débiles".
Adviértase que en este Código inequitativo y discrecional -que condice con los disvalores de gran parte de nuestra dirigencia, sin distinción partidaria- la "dignidad" y la "autonomía" de las víctimas, tanto las de las vidas arrancadas como las de las víctimas sobrevivientes y las colaterales, parecen no tener cabida.
El anteproyecto, asimismo, ratifica fallos aberrantes que dictaminaron la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia que, según el garanto-abolicionismo, es usado para estigmatizar e impedir la libertad condicional. De manera tal que un homicida serial será juzgado como si, con cada víctima, inaugurara su historia criminal.

La reincidencia, sostiene este ideario, implica que cuando se juzga a un individuo por un delito y se tiene en cuenta un delito anterior, se lo está juzgando dos veces por el mismo delito. Este argumento es un disparate lógico que confunde dos niveles; uno es "el crimen", como concepto abstracto, y otras son las instanciaciones concretas de dicho concepto: cuando tras ser condenado por un delito anterior se recae en otro, esto es, cuando un crimen se suma a otro, hay dos hechos y dos víctimas... y un único y mismo liberado por una justicia penal irracional. Y pese a que la "reinserción" es una meta tan utópica como cínica, desmentida por los hechos, con la reforma del Código "el registro de las sentencias condenatorias caducará" de manera tal que se borrará la historia delictiva de un asesino serial.

La codificación de las penas alternativas a la prisión -las que ya se aplican con los resultados conocidos: liberados que vuelven a violar o matar- estipula que la prisión podrá sustituirse por "detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de las instrucciones judiciales o multa reparatoria" (art. 22).
Contradiciendo los datos de la realidad, esta respuesta "humanitaria" procura que el delincuente pueda "reinsertarse" en sus grupos de pertenencia, familia, trabajo, comunidad y sociedad, con lo cual un triple homicida terminará recibiendo el "aplauso para el asador" dominguero o bien pintando las paredes de la escuelita del barrio.
Incluso el cumplimiento efectivo de la pena podrá hacerse en libertad, pues "el juez podrá reemplazar la pena de prisión o lo que falte por cumplir de ella por igual tiempo de una o más penas alternativas" (art. 30). Este recurso jurídico cumple un antiguo sueño de Zaffaroni, quien insistía en uno de sus textos en que en lugar de llamarlas "medidas" alternativas debían ser llamadas "penas" alternativas, porque de no hacerlo, el reo debía cumplir la pena de prisión a la que se le sumaba la "medida" alternativa.
En cambio, si se toman literalmente las "penas" alternativas como una modalidad del castigo, éstas reemplazan a la prisión, de la cual queda exonerado el delincuente. Con esta legitimación de la impunidad, nunca mejor dicha la expresión "hecha la ley, hecha la trampa": la pena es de cumplimiento efectivo, pero en esas modalidades que poco o nada tienen de penosas.
Uno de los miembros de la comisión de la reforma, el diputado Pinedo, se justificó afirmando que "hay sectores muy extremos que lo que quieren es matar a todos los delincuentes", reduccionismo simplista que elude que cuando se reclama la pena de muerte, al igual que cuando se ajusticia por mano propia -respuestas disfuncionales a la inacción de la Justicia-, el metamensaje condensa la voluntad popular de imponer justicia cuando el Estado desconoce que su función última es garantizar la vida de los ciudadanos.

Las denostadas "leyes Blumberg" son invocadas para justificar la necesidad de un nuevo Código y citadas recurrentemente cuando se trata de denigrar las propuestas de una justicia cínicamente llamada "de mano dura". Cuando, en verdad, si se hubiese respetado el declamado principio jurídico de proporcionalidad entre el delito y la pena, materializado en los hechos, la justicia de la última década habría impedido la masacre por goteo.
Aplicando criterios judiciales anclados en la ideología garanto-abolicionista, el Código pasa por alto el principio constitucional de igualdad ante la ley: es tan victimario el genocida o el policía acusado de gatillo fácil como el asesino callejero, y es tan víctima el secuestrado, torturado y desaparecido durante la dictadura como el secuestrado, torturado y asesinado Axel Blumberg (por mencionar un nombre entre miles de la lista de la impunidad que crece día a día).
Según trascendió, ignorando el contrato social que fundamenta el Estado de derecho, el Congreso excluiría de las audiencias a la sociedad civil. Más que exclusión, es un síntoma: si se contemplaran los valores vigentes de la sociedad, se alentaría la misma participación que se promovió en la promulgación de las leyes civiles durante la última década. Pero temeroso de la demanda de justicia a la que llaman, ampulosamente, "demagogia punitiva", los cómplices de este zafarrancho caen en una dictadura antipunitiva mediante la cual pretenden imponer valores rechazados por la ciudadanía a la cual deberían responder.

Con la pérdida de veracidad de los criterios del discurso jurídico-legal, la República, la República otra vez perdida, queda cautiva del ideario garanto-abolicionista que desconoce los reclamos de una ciudadanía a la que pretenden representar: para quienes viven en el marco de la ley, el derecho a la vida. Y para quienes lesionan las vidas inocentes, la prisión, sin eufemismos ni atenuantes.
En vista de la escalada delincuencial consentida por la indiferencia de los poderes del Gobierno durante la última década, ¿podremos luchar por una refundación de la Justicia a través del saneamiento de las corporaciones judiciales, penitenciarias y de nuestra dirigencia política cómplice?

Con voluntad civil, ¿acaso llegará el día en que podremos enjuiciar por omisión en el cumplimiento del ejercicio de funcionarios públicos a los jueces que incurren en ello? La realidad, al fin de cuentas, se construye a fuerza de utopías.

martes, 14 de enero de 2014

CARDENAL TURKSON ANIMA A TRABAJAR EN LA FORMACIÓN DE POLÍTICOS CATÓLICOS



ROMA, 12 Ene. 14 / 02:56 pm (ACI/EWTN Noticias).-


Con motivo del 50 aniversario de la última encíclica del Beato Juan XXIII, Pacem in Terris (Paz en la Tierra), el Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Cardenal Peter Turkson, invitó a las universidades católicas en Filipinas a formar políticos que ayuden a aplicar la Doctrina Social de la Iglesia.

“Abramos nuevos espacios de la imaginación intelectual por encima de la lógica del mercado y tratar de ayudar a las personas a superar la separación debilitante entre fe y vida”, animó.

En un amplio informe presentado durante la Conferencia Nacional de las Universidades Católicas en las Filipinas el 9 de enero en Davao, el Cardenal Turkson insistió en los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y el magisterio ofrecido por los pontífices, comenzando por el Beato Juan XXIII hasta las últimas declaraciones del Papa Francisco.

El representante de Justicia y Paz en el Vaticano analizó cómo a través de la investigación, el compromiso social y la enseñanza, las universidades pueden apoyar la educación de los católicos en la política, y del mismo modo ofreció ejemplos concretos de cómo constituir recursos para la preparación de la clase gobernante de un país.

“Las universidades deben mantener un compromiso no negociable con la búsqueda de la verdad. Especialmente hoy, en un mundo impulsado por los medios de comunicación, la investigación de la universidad debe ser capaz de leer detrás de los titulares chillones para hacer brillar la luz de la verdad en aquellos que son considerados los principales retos políticos de esta generación: guerras, economía política, pobreza, la migración humana y crisis ecológica”, señaló.

Por último el Cardenal Turkson animó a las universidades a una renovada capacidad de educar a las nuevas generaciones y a pensar críticamente transmitiendo los conocimientos necesarios para actuar en el campo de los valores y el bien común, porque según dijo “hoy día es cada vez más necesario ser profesionalmente y técnicamente competente”.


“Las universidades deben enseñar a los estudiantes a crear una síntesis armónica y ordenada entre los valores espirituales y científicos, técnicos y profesionales”, concluyó.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Virtual parálisis en la Sedronar, tras la llegada del cura Molina

Por Lucila Barreiro 

Un mes y medio después de la designación del cura Juan Carlos Molina al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el organismo está paralizado y reina un clima de incertidumbre, agravado por los despidos de funcionarios de experiencia y la escasa presencia de su titular. Además, no hay nombramientos oficiales en los principales cargos directivos y la mayoría de los nuevos integrantes están poco familiarizados con el ejercicio de las funciones públicas.

"Es la primera vez que pasa en la Sedronar que sacan a todos los directores. Es un organismo muy técnico, que requiere de conocimientos, no es político", señaló a LA NACION un empleado que sigue en el organismo.

Tampoco se ha formalizado el desdoblamiento de la Sedronar anunciado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en diciembre pasado, para traspasar el área de la lucha contra el narcotráfico al Ministerio de Seguridad y dejar que la secretaría adopte un perfil más ligado a la asistencia y la prevención.

Según fuentes consultadas por LA NACION, existe una puja con Seguridad por áreas clave para la lucha contra el narcotráfico, como el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpe), que desde la secretaría insisten en mantener, y que contradice la nueva orientación anunciada por el jefe de Gabinete.

Entre los objetivos que planteó Capitanich la semana pasada, se mencionó que la Sedronar buscará "garantizar la presencia del Estado en las zonas geográficas más afectadas; una brigada de lucha contra el paco; la digitalización del registro de precursores químicos, y la contención y asistencia al adicto".

Por el momento, sólo se ha avanzado en acuerdos con algunas provincias para la creación de centros de día, en conjunto con el Ministerio de Planificación. Además, fuentes del organismo aseguran que Molina "internamente no existe". El titular se ha volcado a las tareas asistenciales, vinculadas al recorrido por zonas afectadas, pero no parece tener influencia en el organismo, cuya acefalía había sido cuestionada por la Iglesia y por la Corte Suprema.

Al desorden administrativo general se suman la ola de despidos y el desconcierto entre los trabajadores. "No se labura. Nadie sabe qué hacer, porque muchos de nosotros estamos ligados a cuestiones de seguridad y no de asistencia. En vez de darle un impulso (a la Sedronar), la pararon", indicó una fuente.

Pese a las reiteradas consultas de LA NACI0N, desde la Sedronar dijeron que no querían hablar sobre la situación de la secretaría ni de las actividades que lleva a cabo el organismo.

De las noticias publicadas en la página oficial de la Sedronar puede extraerse parte de los integrantes de la gestión actual. La mayoría proviene de la agrupación kirchnerista Corriente de Liberación Nacional (Kolina), que lidera la ministra Alicia Kirchner, y de la Fundación Valdocco, que preside Molina.

Entre los que llegaron de la mano de la ministra de Desarrollo Social, aparecen Carlos Jacomet -militante de Kolina y ex subsecretario de Desarrollo Social en San Luis- como subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones; Ignacio Puerta, como director de Asistencia y Reinserción Social, y Sonia Aiscar -también de Kolina-, a cargo de la Subsecretaría de Control de Sustancias Psicoactivas, antes liderada por el secretario interino de la Sedronar, Julio Postiglioni.

Por el lado de Molina, aparecen el director nacional de Prevención de las Adicciones, Flavio Cuoco, y Darío Garribia -un contador de 29 años-, como subsecretario de Coordinación Administrativa y Cooperación Internacional, hoy a cargo de los temas contables de la Sedronar; ambos vinculados a la fundación.

Sin embargo, como no hay nombramientos oficiales, el único habilitado para firmar los expedientes es Molina, lo cual contribuye aún más al desorden administrativo. "En Renpre hay 15.000 expedientes frenados porque no hay quien los firme", indicó una fuente.

Por otra parte, fuentes afirman que el "desmantelamiento" de la Sedronar ha estado sujeto a mecanismos cuestionables. Muchos empleados recibieron el telegrama de despido entre el 22 y el 24 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, y no fueron recibidos por Molina.

El diputado Mario Fiad (UCR) dijo a LA NACION que están preocupados porque "no avizoran cambios" desde la designación de Molina. "No es sólo ocupar el puesto, sino desarrollar políticas públicas", concluyó..
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La lucha contra el narcotráfico ya pasó al Ministerio de Seguridad

Por Hernán Cappiello 


Tras la asunción de las nuevas autoridades de la Secretaría para la Lucha contra las Drogas (Sedronar), la coordinación de la represión del narcotráfico sigue estando en los papeles en el organismo. En la práctica, está en manos de la Secretaría de Seguridad que maneja Sergio Berni. Así lo revelaron a LA NACION funcionarios del Gobierno que trabajan en el área y fuentes que conocen cómo trabaja hoy la Sedronar.

Luego de la asunción del padre Juan Carlos Molina, el 29 de noviembre pasado, se anunció que la Secretaría iba a centralizar el área de prevención y asistencia, y que la coordinación de la represión iba a quedar en manos de Berni. En la letra, esto es imposible sin modificar la ley de creación del Sedronar. No obstante, en la práctica, es un hecho.

De todos modos, aun después de la designación de Molina, se realizó en la Secretaría una reunión de coordinación de fuerzas de seguridad de las provincias, convocada por Salvador Julio Postiglioni, que estaba a cargo de la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico. Fue otro encuentro de intercambio de información general, pero que no se tradujo en trabajos concretos, recordó un de los asistentes en diálogo con LA NACION

En cambio toda la coordinación entre las fuerzas federales se sigue realizando desde la estratégica Dirección de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad. Está a cargo de Sebastián Fernández Ciatti, licenciado en Ciencias Políticas que trajo Berni del ministerio de Alicia Kirchner. Allí se desempeñó como director de emergencias. Nada cercano al delito.

El intercambio de información no estuvo exento de tironeos. Se trata de datos sensibles cuya revelación frustra operativos y pone en riesgo la vida de los investigadores. Al comienzo, las autoridades pretendían que les informaran los datos secretos de las causas en trámite, pero a la postre se estableció que la información se iba a socializar cuando hubiera detenidos y procesados.

En la Dirección de Inteligencia trabajan policías y gendarmes retirados que hacen análisis de los casos, no sólo de drogas, y de allí surge información que orienta nuevas investigaciones, como la determinación de los corredores de ingreso de aviones con droga; las modalidades de ocultamiento; los nombres que conectan diversas bandas, o el seguimiento de extranjeros desconocios que llegan al interior para hacer inversiones que llamen la atención.

Un aliado insustituible del trabajo antidrogas de las fuerzas federales es la colaboración internacional. Se realiza a través de los enlaces de las policías extranjeras que están destinadas a sus embajadas en la Argentina. El intercambio siempre fue fluido y personal. Se basaba en la confianza que los enlaces extranjeros tenían con el funcionario local, a quien le entregaban la información sobre un cargamento de llegada inminente o un sospechoso de interés. Es que muchas veces con la revelación se ponía en juego la vida de un infiltrado que obtuvo el dato o del informante que hizo la infidencia.

Durante la gestión de Nilda Garré, la orden fue cortar la relación directa con los enlaces y que se centralizara por medio del Ministerio de Seguridad. El resultado fue que la colaboración internacional quedó en cero.

Todo se agravó en febrero de 2011, con el escándalo diplomático que se desató cuando el canciller Héctor Timerman en persona evitó el ingreso de una carga sensible de un avión norteamericano que llegó con personal invitado a dar un curso aquí.

En el ínterin, la agencia antidrogas norteamericana, la DEA, por sus siglas en inglés, redujo su presencia en la Argentina. Se cerraron dos puestos de comando. Uno fue en la frontera norte, que estaba financiado por Estados Unidos y proveía computadoras y vehículos, y pagaba el alquiler de la casa en Salta que albergaba a los gendarmes argentinos. También se cerró la base de Eldorado (Misiones). Con el alejamiento de Garré y la recomposición de las relaciones con Estados Unidos, volvió lentamente el intercambio de información, Hoy, la DEA en la Argentina tiene cinco personas y piensa reducir a tres su dotación.

Hay una relación fluida con la policía española a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. (PSA). Están contentos los españoles por los operativos antidrogas que hicieron en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con información de sus colegas de la PSA.

Tienen presencia en la Argentina los enlaces de la alemana Bundeskriminalamt (BKA), la policía criminal federal, de la policía francesa y de la policía italiana, y hasta la de policía húngara, con quien se realizaron en 213 exitosos operativos.

El nivel de cooperación se incrementó. Pasó de cero, hace dos años, al 50 por ciento, aunque con dificultades y desconfianzas. Se retomó la relación personal con los enlaces, aunque la información es compartida con la oficina de inteligencia criminal del ministerio.

La Nación, 12-1-14