por Jorge Ingaramo
Informador Público, 25-4-17
Acuerdo de Competitividad Agropecuaria.
Las políticas del gobierno del Presidente Macri
beneficiaron al sector agropecuario pampeano de manera más que evidente, al
instrumentar la eliminación de los ROEs y de la mayor parte de los Derechos de
Exportación, y al promover un mercado libre y único de cambios, con escasa o
nula intervención del Banco Central.
La respuesta no se hizo esperar: se re-equilibró en
parte el portafolio de cultivos, en favor del trigo, el maíz y el girasol,
favoreciendo planes de siembra más sustentables y permitiendo la aplicación de
parte del paquete tecnológico disponible, lo cual se ve reflejado en una
importante cosecha 2016/17, pese a los inconvenientes climáticos.
Pero no todas son buenas, ya que es visible el cambio
de humor en los productores, a raíz del atraso del Tipo de Cambio al cual deben
comercializar sus producciones. El ingreso de dólares para financiar el déficit
público, el vinculado al blanqueo y las mayores facilidades para endeudarse en
el exterior provistas al sector privado -luego del arreglo buitre-, generan
sobreoferta de divisas que no encuentran una demanda sostenida por las
inversiones e importaciones.
Se abandonó el objetivo de reducir el déficit fiscal a
un nivel que impida el avance de la inflación y del atraso cambiario. En los
meses que restan para las elecciones, todo parece indicar que atravesaremos la
combinación de altas tasas de interés en pesos, precio de la divisa atrasado,
elevados costos para producir medidos en dólares (La Argentina cara), sin que
se obtengan resultados en el combate a la inflación.
En este marco, el gobierno nacional ha organizado
programas sectoriales, basados en acuerdos de alcance parcial para el sector
involucrado.
Como no se observa vocación de cambio macroeconómico y
"los políticos" asumen que en las elecciones de octubre se discutirá
poco y nada de economía y mucho "de política", es que propiciamos, en
esta nota, un Acuerdo de Competitividad Agropecuaria, que alivie al campo en
esta coyuntura macro poco favorable y permita que los brotes verdes, que son
más un "rebote" que un cambio de largo plazo, se transformen en una
política sostenible de promoción de las inversiones y la competitividad de la
cadena de valor agroindustrial. El campo debería comprometerse a maximizar las
inversiones de mediano y largo plazo, en el marco de un Plan Estratégico que de
previsibilidad a la obtención de los "frutos maduros".
Las propuestas
Algunas propuestas de mejora en la competitividad,
para asegurar el largo plazo, son:
Se propone una inmediata reforma tributaria, parcial,
pero posible, que va a bajar los costos y muy probablemente los precios al
consumidor. Posponer para 2018 una reforma "integral" es penalizar a
los sectores más competitivos Las medidas son:
Reducción del 17,1 al 10% en el Impuesto a los
Combustibles que grava al gasoil. La incidencia fiscal de esta medida es baja,
pero favorece al agro y reduce el costo de los fletes camioneros. La
reactivación ya visible puede licuar los costos fiscales.
Bajar, por seis meses, la alícuota del Impuesto a los
Débitos y Créditos Bancarios, por el que se recauda aproximadamente 1,5% del
PBI. Hoy se paga, en total, el 1,2%. Reducirlo al 1%: 0,50% para el débito y
0,50% para el crédito. Dopo vediamo.
Creación de un Fondo, co-administrado entre Nación y
Provincias, para eliminar por etapas o por sectores, el Impuesto a los Ingresos
Brutos. Hace 25 años que se propone la transformación de este impuesto, hoy en
cascada, que grava acumulativamente las cuatro etapas de la producción, en un
Impuesto a las Ventas Finales, como es el Tax, en los Estados Unidos. Nunca
sucedió. De las cuatro etapas: materias primas, industria, mayorista y
minorista, se propone eliminar el impuesto en la primera etapa. Esto podría
significar una caída anual de M$ 80.000 a 90.000 en la recaudación de las
provincias.
El Fondo a crearse podría tener tres financiamientos:
a) congelamiento del gasto de consumo del Tesoro
Nacional en los niveles de 2016, es decir un ahorro presupuestario de M$
73.886;
b) aplicación de la recaudación por multas del
blanqueo, luego de cubrir los M$ 90.000, necesarios para la reparación histórica
de los jubilados y c) disminución de los sueldos de los funcionarios políticos,
para que sólo perciban "la paritaria" del 18% que propone el
oficialismo, (alternativa: "cláusula gatillo", pero todo el
incremento se paga con bonos).
Fortalecer las inversiones y el desarrollo agrícola
del país, promoviendo el uso de semilla legal y la protección y defensa de los
derechos de propiedad intelectual, en cumplimiento de Tratados Internacionales
y las Leyes que contemplan derechos de obtentor y derechos de patente. La
semilla fiscalizada, la erradicación de la semilla ilegal (bolsa blanca) y la
reglamentación del uso propio, sólo bajo las condiciones acordadas con el
titular de los derechos de propiedad intelectual, permiten el reconocimiento de
dichos derechos sobre las innovaciones contenidas dentro de una semilla.
Asegurar un sistema integral y unificado de cobro en la semilla de los derechos
de propiedad intelectual. Los titulares de los derechos del obtentor (sobre el
germoplasma) y el titular de los derechos de patente (sobre una invención
biotecnológica aplicada a las plantas), deben tener la libertad de establecer
las condiciones para su uso (acuerdos privados voluntarios).
Promoción fiscal de la fertilización, entendida como
inversión en tierra, para reponer nutrientes a los suelos que lo demanden.
Doble deducción en Ganancias.
Reforma de dos artículos del Código Civil y Comercial
de la Nación, que impiden -al estar redactados de manera contradictoria- los
contratos y las transacciones en dólares. Atenuación parcial del "riesgo
monetario", en el que incurre toda producción como la agrícola, por
ejemplo, cuando enfrenta, con ingresos dolarizados, al menos el 35% de sus
costos, que se encuentran pesificados.
Agilizar la instrumentación de coberturas de seguro
agrícola, distintas a la ya difundida de granizo y adicionales. Promover,
mediante compensaciones estatales, la cobertura de otros riesgos
re-asegurables, por ejemplo: rindes mínimos zonales. La política pública, de
manera complementaria con la actividad privada, debería incluir la creación de
un modelo para la atención de eventos extraordinarios no asegurables. Conviene
tener, junto a una política de cuidado ambiental, una cobertura para las
catástrofes o los eventos no asegurables.
Promoción de un sistema de créditos y depósitos en
dólares, con menores encajes bancarios y menores tasas de interés, para
financiar sectores exportadores. Sólo un mínimo de los depósitos de
particulares, en dólares, ha sido derivado a crédito promocional para la
exportación del campo y sus industrias, que producen dólares.
Empleo del FONDAGRO (fideicomiso) como capital semilla
(promoviendo la participación privada de cuota-partistas) para financiar
reconversiones tecnológicas y productivas. Creación de fideicomisos para recría
vacuna, vinculados a un aumento en la producción de novillos gordos de
exportación. Subsidio explícito a la implantación de pasturas, para mejorar
índices de terneros logrados y aumentar (de 20 a 33%, en dos años) la
participación de novillos en la faena.
Decidido combate al comercio desleal, a la evasión
impositiva y a las prácticas sanitarias y de comercialización interna, que
generan el denominado "doble estándar" en las producciones ganaderas,
principalmente en la carne vacuna.
Intensificar las mejoras en las logísticas de
transporte y comercialización: profundizar la hidrovía, promover los bi-trenes,
reducir la edad promedio del parque camionero, acelerar la inversión en las
principales rutas de comunicación y poner en valor el Belgrano Cargas, etc..
Estas iniciativas deben ser evaluadas, considerando su impacto social-regional.
Si se aplica, promover la Asociación Público-Privada.
Prepararse para festejar los FRUTOS MADUROS. Pero,
¡con moderación!
