Avanza en la Justicia una investigación contra el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Jorge Pérez Tamayo, acusado de haber hecho "imposiciones arbitrarias e irregulares" para impedir que pudiera volar la empresa Aerovip, cuya propiedad comparten la familia de Carlos Avila y un fondo inversor.
El fiscal federal Jorge Di Lello presentó ayer un requerimiento de instrucción, paso procesal imprescindible para que la causa contra Pérez Tamayo y otros cuatro acusados pudiera avanzar. En su escrito, Di Lello solicitó que Avila fuera citado a declarar como testigo y pidió medidas preventivas para controlar a la APLA y sus "constantes entorpecimientos de la circulación aerocomercial". Pérez Tamayo fue quien declaró el paro el día en que Aerolíneas comenzaba a operar desde Ezeiza.
Este expediente se inició por una denuncia de los representantes de Aerovip, que acusaban a Pérez Tamayo -entre otros- de haber presionado a funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y haber logrado que no le otorgaran a la compañía el certificado para explotar los servicios de vuelos regulares a Montevideo y Punta del Este.
Ante la Justicia, la ANAC argumentó que se resolvió la nulidad parcial de la resolución 619 del 13 de julio pasado (en favor de la empresa) porque no se habían cumplido todas las verificaciones necesarias. Aquella resolución, del jefe anterior de la ANAC, Rodolfo Gabrielli, había concedido el permiso pedido por Aerovip. Pero su sucesor, Alejandro Granados (hijo), dio marcha atrás.
Según el fiscal, el cambio "se habría realizado en el marco de imposiciones arbitrarias e irregulares efectuadas por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
La Nación, 26-11-10
