por trabar los juicios de jubilados
Por Ismael Bermúdez
Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.
Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.
Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.
Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.
Clarin, 16-11-10
Por Ismael Bermúdez
Por la cuestión jubilatoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y abogados previsionalistas volvieron a denunciar al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Esta vez fue porque el Gobierno no convoca a la Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos el año pasado por el cual debían implementar una serie de medidas en favor de los jubilados.
Clarín accedió a la carta que el CELS y los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Horacio González -patrocinantes de la denuncia- enviaron al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón.
Allí señalan que, en junio de este año, “se acordó la conformación de una comisión de seguimiento periódico de los compromisos asumidos, coordinada por la Cancillería”, que fijó “la primera reunión para el 22 de septiembre”. Y a renglón seguido agregan que “lamentablemente, hasta el día de la fecha, la segunda reunión de trabajo no se ha concretado” y “no hemos recibido comunicación alguna para reprogramar la reunión inicialmente concertada para el 22 de septiembre y luego suspendida”.
Como se recordará, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, tras un acuerdo de “solución amistosa” la ANSeS se comprometió a: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
Ninguno de estos compromisos fueron cumplidos. Como adelantó este diario el sábado pasado, en lo que va de este año, hasta octubre, l as apelaciones a los fallos de primera instancia sumaron 26.083 , casi un 25% más que en igual período de 2009. A eso se agregan 80.620 nuevas demandas iniciadas por los jubilados, con lo que este año la litigiosidad previsional volvería a marcar un nuevo récord.
Estas nuevas demandas, se agregan a un stock de 400.000 juicios, cuya magnitud es tal que la Corte Suprema debió declarar “feriado judicial” durante 3 semanas, hasta el próximo 19 de noviembre, en 7 Juzgados de esta Capital para que los empleados puedan trasladar expedientes a otras instalaciones.
Para el abogado Horacio González “es inconcebible que el Estado no respete los fallos de la Corte, dilate deliberadamente el pago de las sentencias judiciales firmes, oponga todo tipo de excepciones y chicanas para prolongar los pleitos y siga apelando, a pesar que se comprometió internacionalmente a no hacerlo”.
Clarin, 16-11-10
