Detienen en Uruguay a un general en actividad
La Justicia de Uruguay procesó ayer con prisión preventiva al general del Ejército Miguel Angel Dalmao, el primer militar en actividad enviado a la cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Dalmao y el general retirado José Chialanza fueron procesados por el juez en lo penal Rolando Vomero por considerarlos “coautores del homicidio muy especialmente agravado” de la docente y militante comunista Nibia Sabalsgaray, perpetrado en junio de 1974, consignaron las agencias Ansa y DPA en base a información de medios de comunicación uruguayos.
Sabalsagaray, profesora de Literatura en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, al oeste de Montevideo, fue detenida en su domicilio el 29 de junio de 1974 y trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmao se desempeñaba como alférez.
Horas después de su traslado se comunicó que la joven se había suicidado, lo que fue rechazado siempre por sus familiares y por sus abogados defensores.
Dalmao era hasta ayer comandante de la División de Ejército 4, que tiene su sede en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, en el este del país.
Los procesados cumplirán prisión en una cárcel especial para militares, donde desde 2006 están recluidos 17 oficiales retirados, entre ellos, el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), todos por delitos de lesa humanidad.
El homicidio de la docente fue excluido de la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional para ese caso, por pedido de su hermana, Estela Sabalsagaray, quien argumentó que en su detención habían participado civiles, solicitud aceptada por el anterior presidente Tabaré Vázquez.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada durante el gobierno de José María Sanguinetti, permitió desde 1986 la impunidad de militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
Encuesta. Una encuesta difundida ayer mostró que el 52 por ciento de los consultados se opone a la propuesta de la coalición oficialista Frente Amplio de poner fin a una ley de amnistía a militares que actuaron en la represión antisubversiva durante la dictadura entre 1973 y 1985.
La encuesta de Interconsult, publicada por el diario Ultimas Noticias , mostró 32 por ciento está a favor y 16 por ciento no sabe o no contesta.
La consulta se hizo en 820 hogares a personas mayores de 16 años entre el 28 y 31 de octubre en localidades de 5.000 y más habitantes, con una base de confiabilidad del 95 por ciento y margen de error de 3,3 por ciento.
La propuesta del Frente Amplio, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es una legislación interpretativa que eliminaría tres artículos claves de la ley de amnistía, dejándola virtualmente inoperante.
El panorama es distinto en el Senado de 31 miembros, donde si bien el Frente Amplio tiene mayoría de 16 votos, dos senadores de la coalición y posiblemente un tercero rechazan la propuesta, debido a que la ley fue ratificada en sendos plebiscitos, en 1989 y en 2009.
Los senadores Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa anunciaron su rechazo y está en duda el voto del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Saravia dijo que el resultado de la encuesta “refuerza nuestra posición”.
La Voz del Interior, 9-11-10
La Justicia de Uruguay procesó ayer con prisión preventiva al general del Ejército Miguel Angel Dalmao, el primer militar en actividad enviado a la cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Dalmao y el general retirado José Chialanza fueron procesados por el juez en lo penal Rolando Vomero por considerarlos “coautores del homicidio muy especialmente agravado” de la docente y militante comunista Nibia Sabalsgaray, perpetrado en junio de 1974, consignaron las agencias Ansa y DPA en base a información de medios de comunicación uruguayos.
Sabalsagaray, profesora de Literatura en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, al oeste de Montevideo, fue detenida en su domicilio el 29 de junio de 1974 y trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmao se desempeñaba como alférez.
Horas después de su traslado se comunicó que la joven se había suicidado, lo que fue rechazado siempre por sus familiares y por sus abogados defensores.
Dalmao era hasta ayer comandante de la División de Ejército 4, que tiene su sede en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, en el este del país.
Los procesados cumplirán prisión en una cárcel especial para militares, donde desde 2006 están recluidos 17 oficiales retirados, entre ellos, el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), todos por delitos de lesa humanidad.
El homicidio de la docente fue excluido de la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional para ese caso, por pedido de su hermana, Estela Sabalsagaray, quien argumentó que en su detención habían participado civiles, solicitud aceptada por el anterior presidente Tabaré Vázquez.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada durante el gobierno de José María Sanguinetti, permitió desde 1986 la impunidad de militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.
Encuesta. Una encuesta difundida ayer mostró que el 52 por ciento de los consultados se opone a la propuesta de la coalición oficialista Frente Amplio de poner fin a una ley de amnistía a militares que actuaron en la represión antisubversiva durante la dictadura entre 1973 y 1985.
La encuesta de Interconsult, publicada por el diario Ultimas Noticias , mostró 32 por ciento está a favor y 16 por ciento no sabe o no contesta.
La consulta se hizo en 820 hogares a personas mayores de 16 años entre el 28 y 31 de octubre en localidades de 5.000 y más habitantes, con una base de confiabilidad del 95 por ciento y margen de error de 3,3 por ciento.
La propuesta del Frente Amplio, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es una legislación interpretativa que eliminaría tres artículos claves de la ley de amnistía, dejándola virtualmente inoperante.
El panorama es distinto en el Senado de 31 miembros, donde si bien el Frente Amplio tiene mayoría de 16 votos, dos senadores de la coalición y posiblemente un tercero rechazan la propuesta, debido a que la ley fue ratificada en sendos plebiscitos, en 1989 y en 2009.
Los senadores Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa anunciaron su rechazo y está en duda el voto del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Saravia dijo que el resultado de la encuesta “refuerza nuestra posición”.
La Voz del Interior, 9-11-10
