Clarin.comPolítica23/02/16
Alcadio Oña
En Santa Cruz, cuatro de cada diez personas ocupadas son empleados
públicos: el 41%. En La Rioja, la misma relación canta 37%, un 35% en Catamarca
y 31% en Neuquén.
Las cuatro provincias encabezan el ranking que mide el papel del Estado
en la ocupación y, de seguido, habla de la escasa influencia de las actividades
privadas dentro el producto bruto de cada una.
Hacia la base de la pirámide se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe y la Ciudad Autónoma, con rangos que van del 13 al 17%, lo cual implica
mayor desarrollo; no que tengan pocos empleados públicos sino que tienen menos
en términos relativos.
Son datos del Cippec, un instituto dedicado a analizar las políticas del
Gobierno central y de los gobiernos subnacionales, y corresponden al año 2013.
Suficiente como para afirmar que se trata de una fotografía y arriesgar que en
muchos casos hoy las porciones del Estado empleador son bastante más grandes. A
la película le faltan los contingentes que luego llegaron del brazo de La
Cámpora, de otras organizaciones kirchneristas y de partidos oficialistas de
diversos colores.
Todo viene a cuento de la carga que el gasto salarial representa dentro
de los presupuestos provinciales. Seguro que mediaron muchas cosas en la
costrucción de un cuadro semejante: desde la incapacidad o la desidia para
crear trabajo privado, los retrasos de las actividades productivas y la
decisión de evitarse problemas con el desempleo, hasta la mano de la política y
del amiguismo. Pero es lo que existe.
Y eso que bien o mal existe viene a cuento de algo que ahora mismo está
debatiéndose: el aumento a los docentes. Porque ha pasado siempre y pasará
nuevamente que aquello que se decida en esa paritaria será trasladado a las
demandas del resto de los gremios estatales, como los de la administración
pública, la salud y la justicia y, de hecho, las policías.
El combo completo significa mucha plata y la secuencia dice que si
existe un cortocircuito puede haber unos cuantos cortocircuitos juntos.
Un ejemplo, para que se entienda mejor qué está en juego: hoy los
docentes bonaerenses son alrededor de 360.000, y 651.000 todos los empleados
públicos de la Provincia según cifras del Ministerio de Economía de la Nación
de 2013.
No fue casual, entonces, que María Eugenia Vidal hubiese sido de los
primeras en saltar contra la decisión unilateral del gobierno de Mauricio Macri
de acordar, en la paritaria docente nacional, un 40% para el sueldo inicial de
los maestros. Y aunque Macri ordenó dar marcha atrás y aclarar que eso incluía
el fondo de incentivo, quedaron el precedente y un problema bien expuesto.
Costará hacerles entender a los estatales que el 40 no es 40, pero está
claro que las finanzas bonaerenses no dan para un incremento generalizado de
esa magnitud, ni aún con ayuda del poder central, sino quizás para uno menor al
30%.
Subido a su proyecto presidencial, el año pasado Daniel Scioli armó un
verdadero zafarrancho con las cuentas provinciales: convalidó un aumento del
45,8% en el gasto público global y otro del 48% para el gasto en personal que
por sí mismo explica bastante el 45,8%. Son estadísticas de ASAP, una
asociación especializada en finanzas públicas, que llegan al tercer trimestre;
es obvio que incorporando los aguinaldos al cabo del período los porcentajes
fueron todavía mayores.
Vidal puede meter mano en otras partidas, aunque la cuestión es que el
volumen de la planilla de personal ya arranca desde un piso alto.
Cosas semejantes ocurrieron con el resto de las provincias, pues en el
conjunto esas partidas se comen la mitad de los presupuestos. O mucho más:
hasta 62% en Salta y Río Negro y alrededor de 60% en Tierra del Fuego, Tucumán
y La Rioja.
Creada por el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la
consultora Economía & Regiones pone el foco allí donde está el foco: estima
que cada punto de aumento salarial significa un costo fiscal de $ 5.000
millones en el paquete provincial. Mayor o menor de acuerdo a cuánto personal
emplee cada jurisdicción.
Si el reajuste final en la paritaria docente fuese el 32% promedio que
entre los bandazos llegó a admitir el ministro de Educación, Esteban Bullrich,
su proyección al total arroja un plus nada menos que de 160.000 millones de
pesos.
Parece evidente que alzarse con el rédito político de comenzar las
clases en término y sin paros animó la solución Bullrich, tan evidente como que
ni él ni Marcos Peña, el jefe de Gabinete, vieron los efectos colaterales. Otro
fallido donde la regla manda cuidar las formas mediáticas.
En ese espacio la Nación puede actuar con la enorme ventaja de no tener
docentes y de una partida salarial que apenas consume el 10% de su presupuesto,
porque un montón de funciones, como la Justicia, la educación y la salud,
fueron transferidas a las provincias. Habrá mucho empleo público en el interior
y anchas capas ineficientes, pero culpar a los sueldos luce parecido a regar
fuera de la maceta.
“El Estado no puede funcionar como un aguantadero de la política”,
afirmó ayer Macri. Así la responsabilidad sea de otros, eso no es todo ni es
posible que eso haga desaparecer un dato de la más pura realidad: la pulseada
por la distribución de los recursos públicos.
Desde hace unos cuantos años, todos los de la era K, el reparto de la
recaudación impositiva nacional es notoriamente desigual, tanto que de cada 4
pesos que ingresan 3 se quedan en el gobierno central y hay sólo 1 dividido
entre 24 jurisdicciones.
Luce extemporáneo que ahora los gobernadores peronistas y no peronistas
reclamen fondos que jamás le habían reclamado a los Kirchner. O pretendan hacer
valer un decreto de Cristina que devolvió a las provincias el 15% de la
coparticipación que va a la ANSeS. Más que oportunista, un decreto envenenado,
porque justo antes de irse dejó el costo de un remedio que pudo haber aplicado
durante sus dos mandatos.
Ni hace falta decir que es un tironeo donde se cruzan plata y política.
Tal vez más adelante los gobiernos provinciales atiendan el problema del
sobredimensionamiento de sus estados y apuesten a la actividad privada, solo
que hoy por hoy los urge la falta de recursos. Y hacen valer eso que le escasea
al macrismo: votos en el Congreso para sacar varias leyes clave.
Justamente porque cada uno conoce las necesidades de otro, resulta bien
probable que tras los tironeos al final haya fumata. Porque les conviene a
todos.
