Por Juan Federico
La Voz del Interior, 15-9-18
Fue la frase de la semana judicial en Córdoba. El
domingo último, en una nota publicada en La Voz, el juez del Tribunal Oral
Federal N° 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, no anduvo con vueltas al momento de
trazar un diagnóstico sobre la lucha contra el narcotráfico en la provincia.
“Hace 25 años que soy juez y la Policía de Córdoba
actuó siempre de la misma manera. En todo este tiempo, nos hemos encontrado con
procedimientos truchos, o que faltaba droga de los secuestros. Armaban las
causas, que terminaban siendo nulas. (....) Hoy se nota la falta absoluta de
colaboración para perseguir a las bandas organizadas. Sólo se dedican a recibir
llamados y secuestrar quioscos de venta al menudeo”, resaltó.
A su lado, otro magistrado, José Fabián Asís, del Oral
2, acotó que cuando tras el “narcoescándalo” de 2013 desapareció la división
Drogas Peligrosas, que tenía numerosas investigaciones de causas complejas en
trámite, “no entró una causa más”.
No hizo falta que los jueces plantearan una mirada más
inteligente ni que pretendieran que los investigadores pusieran mayor ahínco
para ir por el corazón financiero de este fenomenal mercado clandestino, para
que muchos se agarraran la cabeza.
Desde el gobernador Juan Schiaretti hasta otros
funcionarios judiciales de la torre ubicada a metros del parque Sarmiento, el
abanico de repercusiones que la entrevista generó dejó al descubierto que el
evidente avance narco tiene en su represión una de las explicaciones.
Aunque varios se anotaron para criticar los dichos de
los jueces por “no aportar datos” y “ensuciar a todos los investigadores”, lo
concreto es que los magistrados repitieron lo que desde hace unos años vienen
subrayando los fiscales de instancias anteriores: desde que Córdoba
“desfederalizó” la lucha contra el narcotráfico y los “quioscos” pasaron a la
órbita provincial, en el fuero nacional se advierte una virtual parálisis, con
contadas excepciones, en la lucha contra los que trafican drogas en grande.
En lo que va del año, en promedio, cada tribunal
federal de Córdoba sólo tuvo un juicio narco por mes. Se trata casi del último
goteo de varias causas acumuladas desde antes. Por eso ahora estos jueces se
pusieron en alerta.
Un informe judicial a nivel nacional ya advierte que
en la provincia es muy bajo el porcentaje de procesos judiciales de este tipo.
En tanto, en el balance de gestión 2017 del Ministerio
Público Fiscal, los fiscales federales de Córdoba señalaron que en la provincia
la lucha contra el narcotráfico se llevaba a cabo con múltiples carencias. Y
remarcaron una descoordinación importante entre la Fuerza Policial
Antinarcotráfico (FPA, que investiga los “quioscos”) y el resto de las fuerzas
nacionales.
A cinco años de la puesta en práctica de esta ley,
continúa el cuestionamiento de su inicio.
Una suerte de celo profesional y disputa territorial,
que motivan que la información recopilada en la base de la pirámide clandestina
no llega a aquellos que tienen que investigar a los que se encuentran en la
cúspide.
Dos días después de los dichos de los magistrados, en
Buenos Aires se firmó un acuerdo Nación-Provincia con la idea de avanzar pronto
en una sola mesa de acción, para que todas las partes involucradas cooperen
para lo más obvio: empezar a trabajar en conjunto para ir del narcomenudeo al
narcotráfico, e incorporar más calidad a la cantidad estadística que hoy
muestra la FPA.
Estos son sólo algunos de los nuevos lemas. Es como
que recién ahora todo volviera a comenzar, mientras en los barrios hace mucho
que la venta de todo tipo de drogas se tornó estructural. Una porción social
que se sumerge aún más, mientras el tiempo se pierde en repetir el mismo
diagnóstico.
