Por Felipe Frydman
Infobae, 12 de junio de 2020
El presidente Fernández
anunció que la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin S.A. es un
paso hacia la soberanía alimentaria. El ministro Guzmán expresó en un reportaje
en Perfil publicado el 7 de junio que el objetivo es lograr la soberanía
política y también la soberanía económica, “algo que se ha sacrificado”. El
Gobierno parece señalar que ha comenzado una nueva etapa donde la Argentina
debería alcanzar su soberanía después de 204 años de declarada la independencia
en 1816
.
El general Perón ya utilizó
la bandera de la soberanía política, independencia económica y justicia social
para consolidar la hegemonía de su movimiento político durante su primer
gobierno. La creación de las empresas Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado,
Aerolíneas Argentinas, Dirección de Agua y Energía y ENTEL se convirtieron en
símbolos de la independencia económica. El Estado también sumó las empresas
alemanas bajo la Dirección Nacional de Industrias del Estado.
El concepto de soberanía
alimentaria fue parte de una proclama política en los años 90 planteando el
derecho de los pueblos a diseñar sus políticas alimenticias y promover la
producción en forma sustentable a través de cadenas de distribución que permitieran
retribuir a los productores con precios más altos. Incluyó también garantizar
el acceso de los campesinos a la tierra, el agua, semillas y crédito. Este
planteo supone que la producción de alimentos para la exportación es impuesta
por las empresas multinacionales que arrasan con las pequeñas unidades de
producción y fuerzan el desplazamiento de los productores a los centros
urbanos. El derecho a la seguridad alimentaria está recogido en las
Constituciones de Ecuador de 1998, Venezuela de 1999 y de Bolivia 2009.
Nicaragua dictó la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en 2009.
La Argentina tiene una
estructura productiva diferente a los países que proclaman la soberanía
alimentaria. Las condiciones naturales permiten una producción no solo para
satisfacer las necesidades internas sino que constituyen una fuente de
abastecimiento para más de 400 millones de personas. El exceso de producción se
destina a satisfacer la demanda internacional previéndose que aumentará en los
próximos años como consecuencia del incremento de la población y cambios en los
hábitos de consumo. Es el principal sector económico excedente de divisas.
La agitación de la soberanía
como plataforma política constituye una crítica a las políticas desarrolladas
por todos los gobiernos anteriores incluyendo el período 2003/2015, donde el
Estado habría cedido capacidad de decisión frente a poderes internacionales. El
ministro Guzmán reconoce las limitaciones cuando dice que “hoy tiene un Estado
debilitado con poco margen de acción”. El rol del Estado aparece entonces como
central para recuperar la soberanía, pero no se aclara si en función de fijar
las políticas macro o si también incluye la participación directa en la
producción con empresas testigos como se define la intención para la
expropiación de Vicentin S.A.
En el mismo sentido, la
participación directa del Estado también conlleva un mensaje para las
inversiones extranjeras, a pesar de que en 2014 no hubo ninguna oposición a las
adquisiciones de Noble y Nidera por la empresa china COFCO. El mensaje de
expropiación centrado en la soberanía alimentaria o las referencias a la
soberanía política parecerían a orientarse a limitar la participación de las
inversiones extranjeras porque implicarían una pérdida de independencia. Esta
posición contrasta con la tendencia en los países emergentes de crear
condiciones favorables para recibir inversiones ante la falta de capitales
tanto privados como públicos para un desarrollo autónomo.
La expropiación de Vicentin
S.A. abre varios interrogantes sobre la orientación económica porque aparece en
un momento donde se discuten varias alternativas. La falta de precisión o las
referencias a planteos considerados superados no alientan las perspectivas para
generar un clima de confianza para las inversiones.
El
autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University
of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
