Por Héctor GIULIANO
(7.6.2020)
A contrario sensu de lo que dice el
presidente Alberto Fernández en cuanto a que “La economía se destruye por la pandemia,
no por la cuarentena”,[1]
lo que hoy está distorsionando y/o destruyendo en la práctica la Economía
Argentina no es la pandemia de coronavirus sino la Política de Cuarentena generalizada
adoptada por su gobierno con el argumento de contenerla.
Con el agravante que las drásticas
medidas adoptadas se están llevando a cabo en el marco de informaciones
oficiales discutibles.[2]
Como bien lo ha explicado el Dr. Oscar
Botta – médico pediatra y especializado en Salud Pública – estamos frente a la
singular contradicción de que la cuarentena, que normalmente se aplica a los
enfermos, en la actualidad se está imponiendo en forma sistemática también a
todas las personas sanas.[3]
Los costes de esta Política de Paro de
la actividad económica bajo la falsa antinomia de Vida versus Economía está
causando daños no reversibles a la actividad económico-financiera de nuestro
país, a las finanzas públicas y a la salud física y psicológica de la
población.
CUMPLIENDO LA RECETA RECESIVA DEL FMI
En materia de Economía y de Finanzas
cuentan los hechos y no las palabras, las declaraciones o los eslóganes
oficiales, que la mayoría de las veces sólo sirven para eludir exponer las
realidades y también para enmascararlas.
El ex presidente Macri firmó a mediados
de 2018 un Acuerdo de préstamo Stand-By (SBA) con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por 57.000 MD[4]
que se encuentra vigente y que no ha
sido cuestionado por la administración Fernández.
Más aún, hoy se analiza incluso la
posibilidad de que a los 44.000 MD ya desembolsados por el Fondo se le puedan agregar los 13.000
MD restantes.
El Acuerdo SBA de Junio de 2018
contempla un programa o receta clásica
de Ajuste Fiscal por parte del gobierno argentino para poder garantizar el pago
de los servicios de la Deuda Pública – especialmente los de la Deuda contraída
bajo Jurisdicción o Ley Extranjera con Acreedores Privados – además de la
devolución del crédito recibido del FMI, cuyos vencimientos se concentran en el
período 2022-2023.
El SBA impone además – en línea con la
Política de Ajuste Fiscal señalada en el párrafo anterior - la realización de
tres Reformas Estructurales a implementar por el gobierno argentino: las
Reformas Laboral, Previsional e Impositiva.
Las dos primeras, ya están en curso de
cumplimiento fáctico desde la administración macrista hasta la fecha:
1. La Reforma Laboral, cuyo objetivo de
base es abaratar el coste salarial en la Argentina, lo que se está consiguiendo
a través de la caída sistemática de los salarios reales, carcomidos por la
Inflación, a lo que se agrega actualmente la baja también de los salarios
nominales de los trabajadores; con el agravante que ambas cosas se realizan por
acuerdo de partes entre los sindicatos de la CGT y la parte patronal
representada por la UIA, con el auspicio del gobierno nacional.
2. La Reforma Previsional, así
denominada para enmascarar el objetivo concreto de reducir las
jubilaciones/pensiones y planes sociales en términos reales – carcomidos por la
Inflación – y ahora también nominales, debido a la suspensión de la Ley de
Movilidad Obligatoria. Y
3. La Reforma Impositiva, de la que en
estos momentos críticos no se puede hablar en público pero en cuyo proyecto se
encuentra trabajando en secreto una comisión que estaría formada por
funcionarios de los Ministerios de Economía y de Producción.
Esto es, que en medio de la nueva Crisis de Deuda heredada
de la administración Macri y mientras el país está sumido en sus peores
condiciones de vida económica, financiera y fiscal, con graves daños a la Salud
de la población, el gobierno Fernández se encuentra negociando y a punto de
llegar a un acuerdo con los Acreedores de la Deuda Externa mejorándoles la
Oferta de Canje original del 21.4 y aliado para ello en tales negociaciones con
el FMI, a quien en más de una oportunidad el actual presidente Fernández le
imputó la “co-responsabilidad” por el desastre gestado bajo el gobierno anterior.
AMPARANDO LA CONSPIRACIÓN MACRISTA DE LA
DEUDA
A esta situación de iliquidez e
insolvencia del Estado Argentino no se llegó por decisiones imprevisibles del
gobierno Macri y de su funcionariado superior responsable (que provenía
justamente - en su gran mayoría - de entidades financieras internacionales y
locales actuando en virtual conflicto de intereses) sino que fue producto
directo de la Política Macrista de Gobernar con Deuda sin capacidad de repago,
lo que llevó a la corrida cambiaria de Abril del 2018 y a la nueva Crisis de
Deuda que se arrastra hasta la fecha.
La gestión Macri agravó las condiciones
del endeudamiento público por tres vías concurrentes:
1. Tomando masivamente Deuda en Moneda
Extranjera en forma sistemática y sin demostración alguna de capacidad de pago.
2. Acortando la vida media de las nuevas
colocaciones de títulos públicos, lo que llevó a un lógico agravamiento del
perfil de vencimientos de la Deuda. Y
3. Aumentando el monto y la proporción
de Deuda Externa con Acreedores Privados y con Organismos Financieros
Internacionales (con el FMI a la cabeza) mientras disminuía la participación
relativa de la Deuda Intra-Estado, que podía servirle como amortiguador parcial
de la nueva Crisis de Deuda en que sumió al país.[5]
En Abril de 2018 se produce un hecho
clave: los grandes Fondos de Inversión (FI) de Wall Street comunican al
entonces Ministro de Finanzas Luis Caputo – y éste a su colega el Ministro de
Hacienda Dujovne y al presidente Macri - que no seguirán renovando los
vencimientos de la Deuda Externa y a fin de ese mes se produce una gran corrida
cambiaria, liderada por el Banco Morgan Stanley.
Con ello caen las cotizaciones de los
Bonos Argentinos en la Bolsa de Nueva York y también en la de Buenos Aires, con
aumento del Riesgo-País a niveles inmanejables.
En ese momento, los títulos públicos de
nuestro país caen a niveles de bonos basura, a 40, 35 y 30 % de su valor
nominal; y como tales son comprados por nuevos Fondos Buitre (FB) que subintran
a jugar y/o reforzar sus posiciones en la Deuda Argentina a medida que la misma
se deteriora en forma irremisible: la misma Deuda que hasta ese momento la
administración Macri – por vía de los Ministerios de Finanzas y de Hacienda,
del BCRA y de la propia presidencia – vendía a la opinión pública como
manejable, cumplible y compatible con un Crecimiento anunciado pero que no
llegaba.
El presidente Macri, frente a esta
crisis derivada de su Política irresponsable de gobernar tomando deuda en gran
escala y sin capacidad de pago vio así como sus aliados financieros pasaban a
controlar la mayoría de la Deuda Externa de nuestro país adquiriendo a precios
bajísimos títulos argentinos que luego iban a reclamar a su valor nominal
mientras las posibilidades de cumplimiento de tales obligaciones ya eran
imposibles para el Fisco.
En estas condiciones, Macri decidió no
encarar – como hubiera debido – negociaciones para la reestructuración de la
Deuda cuya crisis él mismo había generado y, en cambio, fue apresuradamente
a pedir asistencia financiera
extraordinaria al FMI para cubrir un triple objetivo: 1. No discontinuar el
pago de servicios de la Deuda a los Acreedores usando para ello el préstamo del
Fondo, 2. Sobrevivir financiera y políticamente hasta fin de su mandato, y 3. Traspasar
su Crisis de la Deuda agravada a la próxima administración electa de modo que –
en consonancia con el interés de los acreedores y de las autoridades del FMI –
el nuevo gobierno se encontrase en peores condiciones de negociación y, por
ende, más debilitado en caso de querer modificar la situación heredada para que
se lograse así un mayor allanamiento a los Fondos Buitre, que fueron sus
aliados hasta el cambio de gobierno de Diciembre pasado.
Este proceso se aceleró con los
resultados de las PASO en Agosto y luego con la derrota electoral de Octubre
pasado junto con el creciente descontrol de la situación monetaria y cambiaria,
del mayor proceso inflacionario y del reperfilamiento de la Deuda del Segundo
Semestre, que fue traspasada abiertamente a la nueva administración Fernández. Aunque
sin que éste denunciara esta maniobra coordinada entre el gobierno saliente, el
FMI y los nuevos Fondos Buitre.
Peor aún, después de haber amagado
denunciar esta conspiración fáctica pergeñada bajo la gestión macrista – referencia a la “pesada
herencia recibida”, a la irresponsabilidad y situación de desastre
económico-financiero existente y a la co-responsabilidad del FMI en la Crisis –
el presidente Fernández se allanó rápidamente a las condiciones traspasadas,
dejó que – fuera de lo declarativo – asumiese sin objeciones la estructura del
endeudamiento recibido, no plantease reserva alguna sobre la cuestión de la
ilegitimidad de gran parte de la Deuda transferida, no denunciase el
comportamiento de los nuevos Fondos Buitre, declinase denunciar las oscuras
razones del FMI en su mega-préstamo a la Argentina y, por el contrario,
encarase una nueva alianza con el organismo, proclamase su voluntad a ultranza
de no incurrir en cesación de pagos (default) y adoptase la contradictoria
política de “pagar a los bonistas mientras se negocia” la reestructuración de
una deuda impagable.
En la medida en que se aproximan los
tiempos de decisión del nuevo Megacanje Fernández las posibilidades de avance
en este planteo concesivo devienen cada vez más peligrosos y contrarios a la
defensa de los intereses financieros del Estado.
CONSOLIDANDO EL TÁNDEM MACRI-FERNÁNDEZ
Probablemente la principal confusión que
existe en el análisis de esta “errónea estrategia de negociación” seguida para
la nueva reestructuración de la Deuda Externa reside en creer que el nuevo
gobierno Fernández vino a replantear el problema del endeudamiento argentino y
no a mantener la vigencia del Sistema de Deuda Perpetua que lo rige.
Y esto es así no sólo por las concesiones
unilaterales de la nueva administración citadas en el acápite anterior sino por
el hecho que la finalidad del nuevo Megacanje en curso de negociación es, en el
fondo, lograr un reperfilamiento bajo condiciones algo más benignas y quedar
habilitado así para que el país vuelva al mercado internacional de capitales,
es decir, para que vuelva a endeudarse.
Dicho con otras palabras: que el objeto
práctico del nuevo Megacanje Fernández no es salir sino quedarse dentro del
Sistema de la Deuda.
El Ministro de Economía Martín Guzmán
planteó en su Oferta de Canje original de Abril al menos tres condiciones clave
en cuanto a las variables financieras que intervienen en toda decisión de
re-estructuración de Deuda: 1. Una mínima quita del 5.4 % sobre el Valor Nominal
de los Bonos Elegibles (para Fondos Buitre que los habrían comprado al 30 % de
su valor), 2. Un Plazo de Gracia para no pagar Capital ni Intereses hasta el
fin del actual gobierno Fernández (pasándole así el peso del convenio de pago a
la próxima administración), y 3. Una Tasa de Interés promedio ponderada del
2.33 %, con régimen rápidamente creciente del 0.5 al 4.875 % (que representaría
una rebaja de más del 60 % contra las tasas que la Argentina paga actualmente).
Los acreedores – nucleados en tres grupos
diferentes de bonistas extranjeros – rechazaron de plano esta oferta. Algunos
de ellos plantearon separadamente esquemas de alternativa, aunque estrictamente
hablando sus términos se desconocen en detalle porque las negociaciones son
secretas, bajo acuerdos de confidencialidad firmados por el gobierno argentino y
bajo anonimato de los acreedores dado que el gobierno Fernández no ha realizado
un Censo de Acreedores que permita saber verdaderamente quién es quién en
materia de acreencias contra el Estado y por qué títulos, importes y
condiciones.
Peor aún, estos grupos acreedores
exigieron que fuese la administración Fernández quien les presente una Nueva
Oferta y no ellos una Contra-Oferta, con lo que pusieron en posición aún más
comprometida de negociación al gobierno argentino.
Siendo así que en estos momentos el
presidente Fernández y el Ministro Guzmán se encuentran ultimando los detalles
de dicha nueva propuesta para ser elevada a los acreedores financieros por la
Deuda Externa del Estado.
Notablemente, pese a que el FMI – por su
condición de organismo financiero internacional y por sus acuerdos de préstamo,
que tienen categoría de Tratados Bilaterales con el país - es acreedor
privilegiado y con derecho a cobro antes que los bonistas privados, en los
hechos parece haber declinado tal condición y haberse subordinado, en cambio, a
la precedencia de los Fondos Buitre.
EN CONCLUSIÓN:
Las escasas informaciones oficiales
concretas de que se dispone y los pocos trascendidos periodísticos, que se
conocen en forma fragmentada, no permiten aventurar conjeturas acerca del
resultado de las negociaciones, que se viene esperando como inminente.
Más el tiempo no juega a favor sino en
contra de la Argentina porque la dilación de cualquier arreglo implica que en
el ínterin el país sigue pagando y/o devengando los intereses de los bonos
vigentes (que tienen una tasa muy superior – entre el doble y el triple – de la
que hoy se estaría negociando, dada la caída generalizada de las tasas
internacionales de referencia).
Por ende, a medida que pasa el tiempo,
con la política de “pagar mientras se negocia” el gobierno Fernández acumula
importes que actúan como “prima de negociación” a favor de los acreedores: una
suerte de gran pago contado acumulativo que en los seis meses que lleva la
actual administración habría superado ya los 5.000 MD; sin tenerse idea de
cuántos de los intereses devengados se abona en efectivo y cuanto se capitaliza
sobre los Intereses Corridos.
El agravamiento de la situación
económica general del país como producto de las medidas de prevención contra la
discutible pandemia del Covid 19, el desequilibrio creciente de las finanzas
públicas y el consiguiente aumento incalculable del Déficit Fiscal agravan el
panorama de esta pandemia y la incertidumbre acerca de la post-pandemia, que
será el momento en que – nuevo Megacanje mediante – las autoridades deberán
mostrar los acuerdos logrados en valores absolutos y demostrar qué, cuánto, cómo
y cuándo va a tener que pagar la Argentina como producto de tales arreglos.[6]
Mientras tanto, el país sigue parado
bajo condiciones alienantes de vida social, económico-financiera y política; y
sin contar con demostración alguna de cómo logrará el gobierno la capacidad de
repago necesaria para cumplir los futuros acuerdos, como no sea volviendo a
endeudarse en el mercado internacional de capitales.-
[1] La Nación del 6.6.2020 y
otros medios de prensa.
[2] El autor de la presente
nota - con fecha 4.5.2020 - dirigió una carta al Presidente de la Nación
pidiendo que el gobierno informe a la opinión pública acerca de las causales de
muerte debidamente certificadas de los fallecimientos que se han producido
hasta la fecha por causa de Covid 19; y que esta información se realice a
través de un listado simple que contenga mínimos datos básicos de los enfermos
– esencialmente edad y patologías pre-existentes - e identifique además a los
médicos responsables de tales certificaciones. Pero hasta el presente no se ha
tenido respuesta ni noticia acerca de dicha carta, que fue registrada con el
número EX-2020-32874584-APN-DNAIP-SG.
[3] Reportaje televisivo en
TLV1 del 27.5 pasado.
[4] Las abreviaturas MD/M$ y
B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de Pesos respectivamente y
se expresan siempre con redondeo, razón por la que pueden darse mínimas
diferencias entres totales y sumatoria de términos.
[5] Al 31.12.2015 – fin del
gobierno Kirchner (CFK) – la composición de la Deuda Pública en cabeza del
Estado Central, por un total de 240.700 MD era la siguiente: 74.000 MD (31 %)
en manos de Acreedores Privados, 29.000 MD (12 %) con los Organismos
Financieros Internacionales, y 137.700 MD (57 %) de Deuda Intra-Estado
(fundamentalmente ANSES, Banco Central-BCRA y grandes Bancos Oficiales, con el
BNA-Banco Nación a la cabeza).
Al
31.12.2019 – fin del gobierno Macri – el quantum de la Deuda había pasado a 323.00
MD y su composición había variado en forma muy agravada: 120.600 MD (37 %)
Privados, 73.400 MD (23 %) Organismos Internacionales y 129.100 MD (40 %) Deuda
Intra-Estado.
Esto es, que bajo la administración Macri hubo un
fortísimo incremento de la Deuda Externa con Acreedores Privados y Organismos
Internacionales (particularmente con el FMI) contra una disminución del monto y
el porcentaje de la Deuda Intra-Estado.
En
ambos casos, no se computan aquí dentro de los totales los Cupones PBI, por un
valor aproximado de 13.500 MD.
[6] Los condicionantes
financieros son tan peligrosos como los legales: por ejemplo, a las nuevas
cláusulas de incumplimiento cruzado (cross default), que establecen que el
incumplimiento de un solo bono puede disparar la aceleración u obligación de
pago anticipado de todos los restantes se suma el compromiso – ofrecido por el
gobierno argentino ante la SEC - la Comisión de Valores Norteamericana – en cuanto a que los Bonos Viejos canjeados
no se cancelarían en forma definitiva con la emisión de los Nuevos Bonos a entregar
con el próximo Megacanje Fernández sino que serían depositados en un
Fideicomiso, en Estados Unidos, como garantía de que, en caso de
incumplimiento, se resucitarían las operaciones originales.
Y
esto para un arreglo, combinado con los nuevos Fondos Buitre que se está
negociando con el gobierno, con un horizonte de hasta 27 años de plazo.
Este
tema del Fideicomiso Argentino fue detectado y está explicado en un trabajo
reciente de Javier Llorens, titulado “Deuda externa: la deuda vieja queda como
garantía y la reducción de intereses no es tal”, editado en el sitio STDP con
fecha 20/04/2020:
