es más letal que el
coronavirus
por César Augusto Lerena
Informador Público, 1-6-20
Entiendo,
técnica y científicamente, que es posible retornar al trabajo si se toman
determinadas precauciones para evitar el contagio con CORONAVIRUS COVID-19 y
los argentinos somos responsables de cuidarnos. Es URGENTE resolver el problema
de LA POBREZA que es más letal e indigno.
El Papa Francisco en el
apartado 49 de la Encíclica Laudato Si’ «El Cuidado de la Casa Común nos dice:
«Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que
afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta,
miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y
económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se
plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o
de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. De
hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último
lugar. Ello se debe en parte a que muchos profesionales, formadores de opinión,
medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en
áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas...».
Francisco refiere a los
miles de millones de excluidos y sobre la forma que está siendo tratado el tema
en los debates políticos o económicos y yo, ampliaría, en los sociales e
incluso religiosos. No me referiré aquí a los excluidos o refugiados en el
mundo, sino a los descartados que conviven con nosotros en la Argentina, porque
a eso estoy apuntando en estas líneas: cómo nos alcanzan a nosotros las
palabras del Papa y, a que, en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, veamos la
viga en el nuestro.
En la Argentina viven 18 millones
de pobres y de estos 1,6 millones son indigentes. Pero los excluidos son muchos
más:
5 millones de personas no tienen las necesidades básicas satisfechas;
el
9,1% son desocupados;
el 47% de la población que no alcanzó el nivel primario
completo;
639.621 personas analfabetas;
499.467 jóvenes nunca concurrieron a un
establecimiento de enseñanza formal;
648.845 hogares que viven cerca de
basurales;
1.141.444 de los hogares están ubicados en zonas inundables;
27,8%
de las personas carecen de vivienda propia, tienen viviendas precarias o viven
hacinados;
otros carecen de elementos de calefacción en zonas frías; 4.324.622
personas viven en viviendas con servicios de provisión de agua y desagüe
insuficiente;
2,6% viven en hogares sin baño;
16,1% de los hogares no cuentan
con agua de red pública para beber y cocinar.
Numerosos argentinos no tienen
cobertura médica para atender sus enfermedades, no disponen de recursos para
pagar los medicamentos y deben concurrir a servicios públicos que les otorgan
turnos de atención para varios meses después; numerosos sufren de enfermedades
crónicas derivadas de la falta de políticas sanitarias o medidas de saneamiento
ambiental del Estado; personas discapacitadas no cuentan con los
establecimientos de educación o de sanidad especializados; menores embarazadas
o madres solteras no cuentan con el apoyo económico y psicológico adecuado;
numerosos ancianos son recluidos en geriátricos lamentables, porque el apoyo
económico del PAMI, IOMA y otras instituciones, es absolutamente insuficiente
para atender adecuadamente a los adultos mayores; menores están internados en
Institutos a la espera de ser adoptados; otros argentinos padecen trastornos
debido al consumo de psicotrópicos; esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y
delirantes; los alcohólicos; los que sufren enfermedades terminales sin ningún
apoyo psicológico o padecen de enfermedades raras con serias dificultades para
disponer del tratamiento específico o genéticas que no pueden evitar; los que
sufren discriminación por su orientación sexual, obesidad, estéticas u otras
razones; los que sufren bullying; los reclusos en cuya prisión están hacinados
y sin posibilidad de recibir la instrucción y el apoyo necesario para la
reinserción en la sociedad, etc.
Pero, también, son excluidos los que por su
disponibilidad económica o educación no pueden acceder a las expresiones
culturales y artísticas, a la tecnología o los que no están motivados para la
lectura, la música o el conocimiento de otros idiomas que les permita acceder
al mundo con mayores probabilidades y lograr un mayor bienestar espiritual,
social y económico.
Los que sufren por no poder
alcanzar un «estado de completo bienestar físico, mental y social».
Es muy interesante que estas
cuestiones relativas a la exclusión social se aborden en Convenciones, se
efectúen Acuerdos y se firmen Tratados, pero no alcanza, como bien plantea la
Encíclica Papal, el que sean incorporadas «casi por obligación o de manera
periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral». La
exclusión, puede ser tratada en foros, en el campo académico o con funcionarios
internacionales, pero, la exclusión la debe resolver cada gobierno, quien se
supone que conoce las razones, las particularidades y la dimensión del
problema; no es una cuestión de lamentarse, pasar estadísticas o hacer grandes
enunciados y promesas en foros, como si el problema lo tuviesen otros -que
también lo tienen- es una cuestión inherente a la responsabilidad del
gobernante de alcanzar el bienestar de su pueblo.
Nos hemos cansado de
escuchar en foros que para tal año aseguraríamos los derechos de las personas,
reduciríamos el hambre y garantizaríamos el acceso al agua. Han pasado más de
70 años de las primeras declaraciones de buena voluntad y, en ese tiempo, han
contraído enfermedades y muerto millones de personas.
En 1948, la Declaración
Universal de Derechos Humanos afirmaba en su artículo 25º que «toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...». En 1966,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 11º se afirmó: «el derecho de toda persona a estar protegida contra el
hambre. Este derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho
fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».
En 1973 la FAO inscribió por
vez primera el concepto de seguridad alimentaria en el orden jurídico
internacional y en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada
en Viena, promovió «la necesidad de garantizar a todos el disfrute de un
auténtico derecho a la alimentación».
El Preámbulo del Código de
Ética CAC/RCP-1979 indica que en el Comercio Internacional de Alimentos «La
alimentación debe ser suficiente, inocua y sana», siendo ello decisivo, para
lograr un nivel de vida adecuado del hombre, la mujer y las familias.
En 1995 en Copenhague se
celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague,
donde se expresó el decidido empeño en la lucha contra el hambre y la
erradicación de la pobreza.
En la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación realizada en 1996 en Roma, el presidente de la República
Italiana Oscar Luigi Scalfaro, entre otras cosas manifestó: «Se trata de una
Asamblea política que quiere afrontar un problema humano gravísimo, en el que
la justicia está sometida a una dura prueba: el problema de los que tienen
suficientes medios de vida, quienes no los tienen, de quienes pueden derrochar
y derrochan y quienes mueren de hambre y desnutrición. Hoy, pues, en la primera
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno dedicada al tema de la seguridad
alimentaria, debe quedar claro para todos, que el objeto de nuestras
reflexiones y de nuestro compromiso, es el reconocimiento de un derecho natural
de la persona humana, del cual se deriva el deber común de tutelarlo, de
hacerlo realidad, para que no quede reducido a una proclamación inútil y vacía.
No se puede admitir que siga habiendo hoy más de 800 millones de personas que
no están en condiciones de satisfacer sus necesidades nutritivas elementales.
Esto es inaceptable para nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, responsables
de la vida de la comunidad internacional, pero es aún más inaceptable en el
plano de la responsabilidad moral, de la cual nadie puede sustraerse. El
llamamiento que surge de la desesperación de una parte muy grande de la
humanidad va dirigido no sólo a los gobiernos, sino también a todos los
miembros de la sociedad civil, comenzando por quienes disponen de las mayores
posibilidades económicas y financieras, en muchos casos excesivas».
El Secretario General de las
Naciones Unidas Boutros-Ghali en la misma Cumbre expresó: «el problema del
hambre no es sólo una cuestión económica, social o política, sino también una
cuestión ética y moral. Porque el hambre es un atentado directo no sólo contra
la integridad física de la persona humana, sino también contra su dignidad
misma. El hambre es un insulto a los valores fundamentales de la comunidad
internacional.
Y somos perfectamente conscientes de que una sociedad se
condenaría al oprobio y el descrédito si, a finales del siglo XX, siguiera
manteniendo lo que Su Santidad ha llamado tan acertadamente "las
estructuras del hambre". Sabemos que quedan por realizar muchos esfuerzos.
Porque perdura el escándalo del hambre. ¡Todavía hoy, una de cada cuatro
personas padece hambre! ¡Ochocientos millones de personas sufren desnutrición
crónica! En este mismo instante, 200 millones de niños menores de cinco años
padecen malnutrición y carencias alimentarias. ¡Esto es inadmisible! Es
totalmente inaceptable ver cómo ciertas partes del mundo rebosan de alimentos,
mientras que otras carecen de productos alimenticios de primera necesidad. Pues
el problema del hambre no es sólo un problema de producción. Es también un
problema de distribución.
Esto supone un rudo golpe para nuestro concepto de la
igualdad y la justicia social. Al señalar a la atención de todas las amenazas
que plantean el hambre y la malnutrición para países y regiones enteras de
nuestro planeta, la Cumbre Mundial coloca claramente el problema del hambre
entre las principales prioridades presentes y futuras de la comunidad
internacional».
El Papa Juan Pablo II,
dirigió una nota al Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas, con motivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada entre
el 13 y 17 de noviembre de 1996 en Roma (Italia), recordándole que el lema de
la Organización era Fiat panis, y que este lema evoca la oración más querida a
todos los cristianos, la que les ha enseñado Jesús mismo: «Danos hoy nuestro
pan de cada día. Así pues, trabajemos juntos sin descanso para que todos, en
cualquier lugar, puedan poner sobre su mesa el pan para compartir».
En la Asamblea General de
las Naciones Unidas (A/RES/55/2, 13.09.2000, 8a. sesión plenaria, 8 de
septiembre de 2000) se aprobó por Res. 55/2 la “Declaración del Milenio” que en
sus puntos más salientes indicaba: «Que nosotros, Jefes de Estado y de
Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del
6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de un nuevo milenio, para
reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta, como cimientos
indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo…Reconocemos
que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras
sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los
principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.
En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto
de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en
particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro. Que no debe
negarse a ninguna persona ni a ninguna Nación la posibilidad de beneficiarse
del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres. Que los problemas mundiales deben abordarse de manera tal
que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los
principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o
los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados. Que
resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno
propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. Que no escatimaremos
esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las
condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema… Estamos
empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner
a toda la especie humana al abrigo de la necesidad. Que el logro de esos
objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos
públicos en cada país…Que decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre; igualmente,
para esa fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de
acceso a agua potable o que no puedan costearlo».
Cinco años después de la
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en la Alianza
Internacional contra el Hambre, los Jefes de Gobierno ratificaron «la voluntad
política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria
para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos
los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas
subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015»; reconociendo
(punto 3) «que los progresos hechos no son suficientes para alcanzar el
objetivo de la Cumbre. Reconociendo que la responsabilidad de garantizar la
seguridad alimentaria nacional incumbe a los gobiernos nacionales en
cooperación con la sociedad civil y el sector privado…» y subrayando (punto 4)
«que las estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria
deberían, entre otras cosas, incluir medidas encaminadas a aumentar la
productividad agrícola y la producción y distribución de alimentos. Acordando
promover el acceso de los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad a
los alimentos, el agua, la tierra, el crédito y la tecnología, lo que ayudará
también a generar ingresos y a crear oportunidades de empleo para las personas
pobres y, en consecuencia, contribuirá a reducir la pobreza y el hambre».
La propuesta en octubre de
2001 del entonces candidato a presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
del Proyecto Fome Zero expresó la voluntad de «transformar en prioridad
nacional el tema del hambre y abordarlo desde la acción planificada y decisiva
del Estado, impulsada por la participación social. Con la victoria en 2003 se
transformó en la principal estrategia gubernamental a partir de la cual
orientar las políticas económicas y sociales, y se inició la implementación del
Programa Fome Zero bajo la coordinación del Ministerio Extraordinario de
Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, a partir de un gran esfuerzo
jurídico de elaboración de los instrumentos de la política de seguridad
alimentaria. Entre estos, la creación del Programa Tarjeta Alimentación,
destinado a la compra de alimentos por parte de las familias, que permitió
unificar las transferencias de renta a las familias en situación de inseguridad
alimentaria y nutricional».
Por su parte, el Papa
Francisco, en su carta del 16 de octubre de 2013 dirigida al Director General
de la FAO Sr. José Graziano, en ocasión de realizarse la Jornada Mundial de
Alimentación calificó de «un escándalo que exista el hambre y malnutrición en
el mundo» y criticó «el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de
alimento».
En el 2015 venció el plazo
impuesto en el 2000 en las Naciones Unidas por los gobiernos, entre ellos el
argentino, para reducir en un 50% del hambre. El plazo se cumplió y, el drama
crece, mueren y viven en la exclusión millones de personas y, aumenta el número
de refugiados.
Los gobiernos argentinos han
incumplido sus obligaciones y la ley: la Constitución Nacional en su artículo
41º indica que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano…» y en el artículo 42º establece
que «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la
relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a condiciones de trato equitativo y digno», para lo cual «Las
Autoridades proveerán a la protección de esos derechos... ». En el Capítulo IV
artículo 75º inc. 23, se da facultades al Congreso para «Legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos…», donde el alimento y el agua -elementos indispensables para la vida-
deben estar al alcance de todos, sin discriminación, para asegurar el
desarrollo del hombre y la mujer, y garantizar su salud y la de su familia.
Este Derecho Constitucional
no es una dádiva. No puede ser confundido con una dádiva.
Y ello, se agrava en nuestro
país, porque, insólitamente, aunque nos sobran alimentos para exportarlos, nos
faltan para que los consuman las poblaciones vulnerables de nuestro país. Es
doblemente indigno que un país con recursos alimenticios tenga ciudadanos
desnutridos, con hambre, expuestos al mal desarrollo físico e intelectual. Una
vergüenza nacional. Representa, como diría, Bernardo Kliksberg, un verdadero
escándalo ético.
Pese, a que hay que destacar
el trabajo encomiable que realizan numerosas ONGs para paliar el hambre en la
Argentina, tratando de cubrir las carencias nutricionales de las personas más
vulnerables, supliendo la obligación del Estado de generar trabajo para que se
cumplan aquellos versos de José Hernández: «debe trabajar el hombre para
ganarse su pan»; es indigno, que hombres, mujeres, niños y ancianos deban
recibir un alimento de subsistencia como una limosna y no como un derecho
previsto en la Carta Magna, hasta tanto se les provee un empleo a todos los
conciudadanos, conforme a las capacidades e incapacidades que el propio Estado
ha provocado con sus políticas de educación, salud y desarrollo nacional.
Ya me he referido al Plan de
Alimentación que lleva el gobierno nacional a través del otorgamiento de una
Tarjeta Alimentaria, la que, si bien es un importante paliativo, su aplicación
-a mi entender- debiera reformularse, porque se limita a ser asistencial,
concentra las compras en los grandes supermercados y no provoca el desarrollo
productivo e industrial de la pequeñas y medianas empresas (PYMES) para generar
nuevas fuentes de empleo.
«El reto del hambre y de la
malnutrición no solo tiene una dimensión económica o científica, que refiere a
los aspectos cuali-cuantitativos de la cadena alimentaria, sino también y,
sobre todo, una dimensión ética y antropológica».
El Cuidado de la Casa Común
es indelegable, aumenta la degradación de los pueblos el solo exponer a
terceros a su exclusión social y, deja de manifiesto, la incapacidad del
gobernante para iniciar un camino esforzado y sostenido, destinado a poner fin
-definitivamente- a esta vergüenza.
Cuidar la Casa Común, es
como refiere el Papa Francisco, «escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres». Es imposible en un ambiente inapto, con pobres comiendo de la
basura y, una sociedad que transita imperturbable la miseria y la exclusión.
Cuidémonos del Coronavirus y
aprestémonos a resolver definitivamente el problema de la pobreza que, con el
avance de la tecnología, será creciente, si no buscamos nuevas formas de
generación de empleo.
