Las altas
cargas sociales y la proliferación de planes asistenciales llevan a que mucha
gente gane más trabajando como informal que contratado por una empresa que
cumple con todas las normas. Con incentivos tan perversos no sorprende que la
informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado.
El
Día del Trabajador motivó unánimes discursos destacando la importancia del
empleo formal como instrumento de progreso y equidad. Esto contrasta con las
evidencias que muestran que los
asalariados registrados en empresas privadas y en el sector público representan
apenas el 47% de los ocupados. Es decir, menos de la mitad del mercado de
trabajo. El resto se integra por un 30% de cuentapropistas y un 23% por
trabajadores asalariados no registrados también conocidos como empleados “en
negro”. Si bien algunos cuentapropistas son trabajadores formales, la gran
mayoría también son informales.
¿Por qué es tan masiva la informalidad?
Dentro de la multiplicidad de factores explicativos resulta muy sugerente un
telegrama, al que tuvo acceso IDESA, de renuncia de un trabajador de Tucumán
enviado a su empleador que dice textualmente: “Por la presente, presento mi renuncia en forma indeclinable como así
también solicito en carácter de urgente la baja laboral ya que significa un
perjuicio en mi economía, al no poder acceder a ciertos beneficios como ser
planes sociales y otras asignaciones”.
Si
bien no se pudo determinar la autenticidad del documento no deja de ser
pertinente analizar su consistencia. Para ello, tomando datos del INDEC
referidos al 4° trimestre del 2020, se puede hacer el siguiente cálculo:
●
Un empleador para poner en blanco un trabajador
tiene que pagar, sumando salario bruto más cargas sociales, unos $ 67 mil mensuales.
●
El trabajador recibe como salario de bolsillo,
es decir neto de aportes, unos $ 45 mil.
●
Trabajando en la informalidad ganaría unos $20 mil que sumados al programa
Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar por otros $ 20 mil llega a unos $40
mil.
Estos
datos son aproximados, pero muestran que es
muy factible que en la informalidad se consigan mejores ingresos que con un
empleo formal. Hay que tener en cuenta que una persona de bajas
calificaciones, si consigue un empleo formal, seguramente es con un salario
inferior al promedio. Además, el cálculo no considera otros programas
asistenciales administrados por diferentes organismos nacionales, provinciales
y municipales que también exigen no tener empleo formal. Es decir, que los
incentivos a trabajar en la informalidad son mucho más fuertes que los
calculados en este ejemplo. Los datos confirman una realidad a la que se
enfrenta mucha gente, especialmente, la más vulnerable.
Con
un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos
y brinda servicios de baja calidad se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la
generación de empleos de calidad. Esto garantiza insuficiencia de empleos
de calidad y bajos salarios. La imposición de muy altas cargas sociales, que
aumentan los costos laborales y baja la remuneración de bolsillo, es un ejemplo
concreto e ilustrativo de cómo las malas políticas publicas estimulan la
informalidad.
En
este marco, la pobreza se vuelve crónica, masiva y estructural lo cual da pie
al agigantamiento del asistencialismo. Pero, lejos de ser una solución se convierte en un factor que contribuye a
darle sustentabilidad a la pobreza. En primer lugar, porque la máxima
aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos,
pero no sustituye el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a
las familias. En segundo lugar, porque el asistencialismo genera una alta
rentabilidad política. Esto explica la proliferación de programas asistenciales
que tienen como principal objetivo generar material de comunicación para que un
funcionario aparezca entregando algo a una familia vulnerable.
Ordenar
los programas asistenciales para evitar la manipulación de la gente con fines
políticos es muy importante. Pero el progreso social depende crucialmente de
dinamizar el empleo de calidad. Para
ello es imprescindible un contexto más amigable para la inversión productiva.
Esto requiere un ordenamiento integral del sector público. Es imposible lograr
el crecimiento económico para sacar a la gente de la pobreza con un Estado
desordenado que es la fuente de la inestabilidad y el empobrecimiento.
