el informe de
“PPT” sobre el negocio de la ruta marítima
Tribuna de
Periodistas -28/06/2021
La última
investigación de “Periodismo para Todos: Box” (PPT) tuvo como centro la
negociación para la licitación del control a la Hidrovía. Esta ruta navegable
que conecta al país con el océano se extiende por más de 1.653 kilómetros para
que las embarcaciones de carga puedan salir y entrar al país.
Los ríos Paraná,
Paraná de las Palmas y Río de la Plata son los principales canales que conectan
con esta vía, lo cual representa casi el 70% del comercio exterior. A su vez,
también se extiende más distancia para conectar la nación con Brasil, Paraguay,
Bolivia y Uruguay. Por otro lado, representa una de las rutas de mayor volumen
de contrabando y narcotráfico.
Según explicó
Jorge Lanata, en el oficialismo se desarrolla una disputa por el destino de la
concesión. Mientras que el presidente Alberto Fernández quería extender la
licitación a firmas internacionales, los sectores más kirchneristas de la
gestión buscan apropiarse de la caja que representan el negocio detrás de esta
ruta marítima.
La investigación
detalla que la Hidrovía necesita de un mantenimiento a causa de la variación
del cauce del río. Este servicio representa también una potencial inversión
para multiplicar las exportaciones del país. El informe de “PPT” indicó que el
principal nombre que se quedaría con esta responsabilidad es el de la firma
china Shanghai Dredging Company. Se trata de una compañía ligada con el
empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y socio de los chinos
en la represa de la provincia de Santa Cruz.
La primera
sospecha, según declara la diputada nacional Mariana Zuvic, es la estatización
del control para luego “entregarle llave en mano” a la firma oriental. Se trata
de un vínculo más con firmas de naciones como China, Rusia, Venezuela y Cuba.
Cristina Kirchner
impulsa un proyecto para crear una comisión bicameral que controlará dicha
licitación, su funcionamiento y el capital que involucra. La caja implica un
negocio de casi 300 millones de dólares, sin contar las operaciones de
contrabando.