UNA INÉDITA ALIANZA

 

Por Ricardo Carpena

Infobae, 10 de Agosto de 2020

En una iniciativa inédita, sindicatos tradicionales y movimientos sociales se unieron con el auspicio de la Iglesia para lanzar esta tarde el Plan de Desarrollo Humano Integral, un “anteproyecto” que propone crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas, en lo que uno de sus impulsores, el dirigente social Juan Grabois, había calificado como un “Plan Marshall criollo”.

 

Sus impulsores aseguran que con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.

 

Aunque esta versión local es más modesta, el Plan Marshall fue un programa mediante el cual Estados Unidos procuró la recuperación económica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.

 

La propuesta surgió de Grabois, líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y fue conversada en los últimos meses con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quienes se sumaron a la iniciativa que también incluye la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.

 

“Venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo porque los trabajadores que represento entran y salen de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad y uno de los sectores apropiados es la construcción”, dijo a Infobae Gerardo Martínez, uno de los sindicalistas que participó de esta propuesta, que ahora será presentada al Gobierno para que sea analizada.

 

 

El plan contempla una inversión inicial con un costo de $750.000 millones anuales y, según lo que proponen sus organizadores, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. El resto se va a financiar “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional”.

 

La iniciativa fue anticipada a principios de mayo al presidente Alberto Fernández por Grabois durante un encuentro en la Quinta de Olivos y luego a la vicepresidenta Cristina Kirchner por representantes de esa misma agrupación.

 

De la presentación del plan, que se realizó en la sede del gremio de la construcción, en la Avenida Belgrano al 1800, Capital, participaron los sindicalistas Martínez (UOCRA), Moyano (Camioneros), Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Avalos (SMATA) y los dirigentes sociales Grabois, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros, además de representantes de la Iglesia (aunque no estuvo, uno de los que participó de las conversaciones iniciales fue el obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara).

 

Esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal.

 

Los gremios tradicionales ven organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por Castro e integrada por Grabois, una amenaza para el sistema de recaudación sindical y de obras sociales, ya que busca ser reconocida por la CGT y que los trabajadores informales aporten a la seguridad social para tener cobertura médica y jubilación.

 

La propuesta presentada por sindicatos y movimientos sociales en un documento de 40 páginas incluye los siguientes puntos: “Crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.

 

Respecto del fomento de la construcción y la integración urbana, el primer punto del plan, sus impulsores procuran “una alianza virtuosa entre el sector privado y el sector de la economía popular”, para el cual propone “una planificación con metas y cronograma, gestionada desde una unidad ejecutora centralizada, diseñado para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, creación de nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales”.

 

El siguiente punto de la propuesta contempla “repoblar la Argentina y conectarla con transporte multimodal”, con una “relocalización sustentable de parques productivos atada al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la red ferroviaria conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser fiscalizada de manera trasparente en origen”.

 

Otro de los aspectos incluidos en este proyecto es “crear un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero y permita descontar del impuesto a las ganancias (cuarta categoría) un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”. Y agrega que “El fondo tendrá una administración transparente con un sesgo de inversión orientado hacia lo productivo y la dinamización del mercado interno, con rentabilidad financiera y rentabilidad social”.

 

Además, se propone “crear el Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados”, que, afirman sus impulsores, se trata de “una inversión de 750.000 millones de pesos anuales con retorno fiscal del 33%”.

DEBATE SOBRE EL DESARROLLO NUCLEAR

por Antonio Rossi

Informador Público, 9-8-20

Eclipsado en los últimos meses por el avance del coronavirus y la crisis económica que ha afectado negativamente a casi todas las actividades productivas y los ingresos familiares, el sector nuclear argentino ha vuelto ser motivo de debate y análisis entre los especialistas y profesionales del área energética.

Esta vez las miradas y contrapuntos se focalizan en las acciones y medidas que debería adoptar el actual gobierno que encabeza Alberto Fernández respecto de la futura construcción de Atucha III, la cuarta central atómica del país.

El proyecto nuclear quedó sobre el tapete con la entrada en escena del “master plan” denominado “Plan Federal Quinquenal de Expansión de Obras de Infraestructura Energética” que difundió la Secretaría de Energía comandada por Sergio Lanziani.

Dicho plan quinquenal plantea un ambicioso programa de obras destinado a potenciar el sector energético con tres grandes iniciativas: la ampliación de la red nacional de transmisión eléctrica, el tendido de un nuevo gasoducto que iría de Vaca Muerta hasta el sur de Brasil y la construcción de la usina nuclear de Atucha III mediante un convenio con China.

La nueva planta de uranio enriquecido aportaría 1.200 MW de energía y demandaría una inversión total de 7.900 millones de dólares financiada por el Gobierno y empresas de China.

El proyecto de Atucha III -que elevaría en un 68% la capacidad de generación del sector nuclear- se basa en los siguientes puntos centrales:

--La encargada de la ingeniería, la provisión y construcción de la central mediante un contrato EPC sería la empresa China National Nuclear Corporation (CZEC).

--La central es del tipo Hualong-Once PWR de última generación y el contratista deberá localizar el 40% del costo del EPC para asegurar la participación de proveedores nacionales de bienes y servicios.

--El plazo de ejecución sería de 99 meses con una vida útil de la usina de 60 años.

--El costo de la obra se cubre con un préstamo chino por el 85% del total y un aporte local del 15%. La tasa del financiamiento en dólares sería Libor más 2,75%. El repago del crédito está previsto al final del periodo de construcción en 24 desembolsos semi anuales de capital e intereses.

--Las obras permitirían la creación de 7000 puestos de trabajo directos durante el pico de construcción (73 millones de horas-hombre) y 500 empleos de calidad durante la etapa de operación.

Según el “master plan” de Lanziani, la negociación del contrato EPC está prácticamente cerrada y solo restaría acordar dos puntos que hacen a la máxima limitación de responsabilidad del contratista y el monto máximo de las penalidades.

Tras la aparición del megaplan, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) -que agrupa a especialistas, académicos y ex reguladores que tienen como objetivo “la construcción de un sistema energético soberano que ponga la energía al servicio de la población y la Nación”- salió a plantear sus objeciones a la iniciativa oficial que centraliza el desarrollo nuclear solo en la construcción de una usina de uranio enriquecido con tecnología china y deja de lado la opción de una central tipo Candu de uranio natural para la cual Argentina está más capacitada y cuenta con más recursos humanos, técnicos y financieros.

Por medio de un documento de trabajo, el IESO advirtió que “sería una decisión grave para las capacidades soberanas de Argentina en el futuro mediato volcarse únicamente a la construcción de una central de uranio enriquecido, cancelando así el uso de sus capacidades de ingeniería, construcción, montaje y fabricación de componentes e insumos, incluyendo el agua pesada y el combustible para la generación nuclear con uranio natural, con la consecuente desaparición de estos activos en los que se invirtió tanto esfuerzo y dinero a lo largo de más de 50 años”.

El documento -que surgió tras una reunión virtual donde participaron unos 30 expertos y ex funcionarios del área nuclear- puso de relieve las siguientes discrepancias y definiciones:

--El insumo fundamental para asegurar la provisión de energía nuclear no es el recurso uranio, base del combustible involucrado, sino el conocimiento. Para las centrales de uranio enriquecido, el recurso crítico es la tecnología de enriquecimiento. Y en el caso de la usina de uranio natural, el recurso crítico es la fabricación de agua pesada.

--La provisión de agua pesada es necesaria en gran escala al comienzo de la vida de la central de uranio natural, y luego en pequeñas cantidades de reposición a lo largo de su vida. La del servicio de enriquecimiento de uranio para la tecnología correspondiente, en cambio, es necesaria al menos cada 18 meses y, según el modelo de reactor, cada 12 meses.

--El carecer de la capacidad de enriquecer uranio somete, entonces, a las naciones que incorporen centrales de uranio enriquecido a una situación de dependencia, que se acentuará en la medida que las centrales nucleares vayan reemplazando a la generación térmica de fuentes fósiles.

--Argentina no tiene capacidad creíble de enriquecer uranio. La planta de Pilcaniyeu usa una tecnología cara y obsoleta, y su estado actual es dudoso pues se encuentra detenida desde 2016.

--Si bien China no participa en el núcleo de países que impulsan, desde el Grupo de Suministradores Nucleares, las políticas de limitación de la difusión de las tecnologías aludidas, no hay motivos para pensar que esté dispuesta a transferirla. Ya en 2015, los negociadores chinos descartaban de plano y sin lugar a discusión tal posibilidad.

Ante ese panorama, los técnicos del IESO consideran que lo más conveniente para el país sería avanzar con la denominada “Opción Nuclear 1 + 1” que consiste en la compra de la central china con las obras civiles cargo de empresas nacionales y el inicio, en paralelo, de la construcción y montaje de una central CANDU con una alta participación de componentes y mano de obra locales.

FRENTE A LA SUBLEVACIÓN DE LOS JUECES

Joaquín Morales Solá

La Nación, 8 de agosto de 2020 

Es una situación casi sin antecedentes en la historia. Dos Cámaras de apelaciones de la Justicia se pronunciaron contra un proyecto del Gobierno (ni siquiera contra una decisión firme) y sin tener un caso concreto que las habilitara a decidir. No lo pueden tener, porque un propósito como es la reforma judicial, que debe ser aprobado por el Congreso, no agravia a nadie por ahora. Esa fue la muestra más cabal del hartazgo de los jueces por las arbitrariedades de los dirigentes políticos del Gobierno. 

Una reforma judicial cargada de consejeros, pero que carece de la opinión de magistrados, de fiscales y hasta de los propios jueces de la Corte Suprema. Desde la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, el kirchnerismo insiste en la teoría de que la política debe tener más injerencia en la estructura de la Justicia, porque esta es una corporación inexpugnable y endogámica. Aquella reforma de hace 14 años se reservó para el oficialismo el mayor número de miembros del Consejo, el organismo de la Justicia que debe administrar las designaciones, los ascensos, las sanciones y hasta las destituciones de los jueces. La ideóloga de aquella reforma fue Cristina Kirchner, entonces senadora. Esa reforma fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ahora espera que la Corte Suprema confirme o anule ese fallo.

La nueva reforma que anunció Alberto Fernández nació herida porque vino acompañada por dos hechos que la deslegitiman. Uno es la presencia del abogado Carlos Beraldi en la comisión asesora sobre la reforma y sobre el futuro de la Corte Suprema. Vale la pena repetir que Beraldi es el principal abogado defensor de Cristina Kirchner. Su presencia en esa comisión fue un acto de poder claro, rotundo y explícito de la expresidenta. Beraldi aconsejará sobre el destino de la Corte, que es la instancia en la que se resolverán definitivamente todas las causas contra Cristina, la mayoría por supuestos hechos de corrupción. ¿Qué influirá más en Beraldi? ¿La necesidad de un tribunal mejor para el país en la cima de la Justicia o los intereses de su defendida? La respuesta es obvia. Cobra honorarios para lograr el sobreseimiento de la actual vicepresidenta. El propio Beraldi debió advertir que su presencia en esa comisión entra en colisión con cualquier noción de la ética. El Presidente también debió advertirlo.

Convulsión y malestar: el clima que reina en los tribunales por la reforma judicial del Gobierno      

El segundo hecho es la abierta persecución política por parte del cristinismo contra el procurador general, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Ocupa interinamente ese cargo desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Casal es un funcionario de carrera de la Justicia (tiene no menos de 45 años de antigüedad), quien llegó a ese cargo porque la seguía en el orden jerárquico a Gils Carbó. Algunas cosas son obvias, pero deben ser repetidas: a Casal no lo nombró Macri, sino la ley. El problema del cristinismo es que no controla a Casal. Esto también es cierto. 

El desempeño de Casal ha sido ejemplar desde que está a cargo de ese lugar estratégico de la Justicia. Los fiscales tienen autonomía propia y son virtualmente un cuarto poder del Estado. El kirchnerismo acusa a Casal de dos hechos insignificantes y lo amenaza con un juicio político imposible, porque necesita los dos tercios de cada cámara del Congreso para enjuiciar al procurador general. No tiene ese número ni siquiera en el Senado. Una de las acusaciones que le hacen a Casal consiste en que se negó a fusilarlo en la Plaza de Mayo al fiscal Carlos Stornelli , una bestia negra para el kirchnerismo porque investigó la causa de los cuadernos, el relato más escandaloso de la corrupción kirchnerista. A Stornelli le hicieron una operación en Pinamar para enlodarlo y le abrieron una causa en Dolores, donde está un juez cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla. Casal le abrió un sumario a Stornelli y lo sancionó con un apercibimiento por "falta grave". No se había cuidado. Ese fue el error de Stornelli, no una inexistente complicidad. Demasiado poco, demasiado tolerante.

Cristina Kirchner logró otra vez encoger el nosotros y ampliar el ellos. No sabe hacer política si no es fracturando y maltratando, y no está dispuesta a cambiarlo

El segundo hecho consiste en que Casal envió al consejo evaluador de los fiscales (que el propio Casal creó para no quedar él solo con la suma del poder en la procuración) el caso de la fiscal Gabriela Boquín, acusada de maltrato y de acoso laboral. El consejo evaluador aconsejó por unanimidad abrirle un sumario a Boquín. Casal aceptó esa disposición del consejo, integrado por fiscales de todo el país. Boquín no forma parte de Justicia Legítima, pero es la fiscal del caso del Correo, propiedad de la familia Macri; ella sostiene que Macri cometió todos los delitos posibles. Heroína para el cristinismo. 

Debería ser condecorada por Casal. La fiscal y el procurador del Tesoro, el vengativo Carlos Zannini, habían pedido a la Cámara Comercial que le negara a la familia Macri el recurso ante la Corte Suprema por el caso del Correo. Boquín y Zannini quieren la quiebra del Correo. En un trámite exprés, la Cámara, con las firmas de las juezas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez de Díaz Cordero, aceptó el pedido de Boquín y de Zannini. Cristina llegó siempre a la Corte Suprema. Macri, no. El expresidente les donó a sus hijos las acciones que le pertenecen a él en el Correo. Es una persecución no contra Macri, sino contra los hijos de Macri. Esa inferencia es coherente con la certeza de los Kirchner: ellos, sostienen, fueron perseguidos por la Justicia por orden de Macri. Tal convencimiento lo comparte Alberto Fernández. No les queda otro atajo: hablar de una persecución política abstracta e imprecisa les evita responder sobre las pruebas que existen en la Justicia y que asedian a los Kirchner por la corrupción durante sus gobiernos.

La obsesión contra Macri es similar a la que tiene Cristina por su propia impunidad. En la semana pasada, la vicepresidenta se quejó públicamente porque la Cámara Federal revocó una decisión de la jueza María Servini María Servini por la que esta ordenó el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, incluidas las de Macri, durante más de tres años de los cuatro en los que este fue presidente. Se trata de una denuncia de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa contra Macri porque este se habría querido quedar con sus medios de comunicación. La Cámara le ordenó a Servini que acote la investigación al tiempo que considere esencial porque estaba violando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es el teléfono de quien fue jefe del Estado. Cristina aceptó con aquella queja de que ella y Cristóbal López son lo mismo. Otra sala de la Cámara Federal confirmó en esos mismos días el procesamiento de Cristóbal López por el lavado del dinero que este obtuvo por defraudar al Estado en tiempos de Cristina.

La preocupación de la mayoría de los jueces se refiere a las amenazas de ampliar la Corte Suprema. Muchos son críticos de algunas decisiones de la Corte, pero saben que si el Gobierno logra arruinar a esos cinco jueces supremos, el destino de ellos será mucho peor. Final de partida. Los presidentes de las asociaciones de magistrados y de fiscales, Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, criticaron duramente la reforma. El Gobierno cambió el camino para llegar al mismo destino. No se propone aumentar el número de jueces de la Corte, dice, sino ampliar las funciones de esta para que pueda interceder en cualquier tramo de los procesos. Cuando hayan convertido a la Corte Suprema en un tribunal más de apelaciones, dirán que el aumento del trabajo justifica un aumento del número de jueces. Todo se reduce a un juego dialéctico.

La Corte Suprema confirmó en estos días la condena a Luis D'Elía por la toma de una comisaría. Podría confirmar también en los próximos días la condena a Amado Boudou. Pero tiene una bala de plata: confirmar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006. Si hiciera eso, los consejeros volverían a ser 20 (en lugar de los 13 actuales) y el titular de la Corte asumiría la presidencia del Consejo. 

La Corte nunca será indiferente, ahora o después, a la sublevación de los jueces. Cristina logró otra vez encoger el nosotros y ampliar el ellos. No sabe hacer política si no es fracturando y maltratando. Guiada por ese estilo conoció el naufragio. No está dispuesta a cambiarlo.

LA USINA DE PENSAMIENTO ALBERTISTA

debatió políticas y proclamó: "Somos militantes"

Maia Jastreblansky

La Nación, 9 de agosto de 2020 

Alberto Fernández evita promover una vertiente política propia pero tiene un colectivo de pensamiento "albertista" que hoy sustenta su proyecto político. Agenda Argentina es el nombre de la usina de intelectuales afín al Gobierno que hoy se dio cita en un extenso foro virtual para debatir políticas públicas en una atmósfera militante.

"Alberto nos dijo: «Esto es con ideas y con músculo militante». Somos militantes, nos pusimos circunstancialmente el traje de funcionarios. Somos una gran familia del campo nacional y popular. Las peleas se hacen de lado cuando se amenaza el hogar. El Frente de Todos fue esto", dijo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al cierre del encuentro vía Zoom bajo el título "Hablemos de Transformaciones".

Y agregó: "Con el gobierno anterior hubo persecuciones concretas a muchos compañeros, pero las políticas de destrucción fueron hacia todos los argentinos ¿A quien le fue bien? A algunos amigos del expresidente, no mucho más".

Las dificultades del Gobierno para relanzar la gestión         

El ministro coordinador proviene del Grupo Callao, el think thank que lideró el Presidente cuando caminaba en el llano y una de las 12 agrupaciones que integran el colectivo de pensadores "albertistas".

Aunque su constitución fue previa al Frente de Todos y a la candidatura de Fernández, por su formato y sus características, en su origen Agenda Argentina ineludiblemente planteó un paralelismo con Carta Abierta, el grupo de intelectuales que contribuyó a construir la narrativa kirchnerista durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Agenda Argentina comenzó en el año 2018 como una iniciativa de colectivos que se daban cita en el bar palermitano de La Rabia. Hoy tiene a varios de sus integrantes en cargos del Gobierno. Entre ellos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

"Aquí confluyen grupos de intelectuales de orígenes progresistas, peronistas, kirchneristas, de izquierda e independientes", señaló en diálogo con LA NACION el sociólogo, abogado y docente de la UBA Nahuel Sosa. Hoy es uno de los coordinadores del grupo junto con Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

"Argentina multipolar". El Gobierno prepara un plan de infraestructura para desconcentrar la economía           

Uno de los invitados al foro fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque. "Para enfrentar la pandemia financiera necesitamos mucha unidad y no caer en peleas tontas", manifestó sobre la coalición de gobierno.

Con un perfil más técnico, aunque con algunas licencias políticas, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán , expresó : "Una economía tranquila es un concepto estructural, es tener seguridad económica. Tenemos que tener cinco objetivos: tener una economía inclusiva, producir con valor agregado, no chocar con la restricción externa y lograr un modelo que sea federal y soberano".

El colectivo

La usina de pensamiento "albertista" debatió políticas y proclamó: "Somos militantes"La usina de pensamiento "albertista" debatió políticas y proclamó: "Somos militantes"

"El Estado que se viene tiene que coordinar más y ser más preciso. Pero primero es necesario un trabajo de construir un gran consenso sobre objetivos políticos comunes", dijo Todesca durante el foro.

Una de sus notas distintivas que destacó Agenda Argentina es su perfil generacional. "Involucra a intelectuales y cuadros técnicos de entre 35 y 45 años e incorporó a su agenda temáticas como la ecología y el feminismo", dijo Sosa. El colectivo "albertista" había editado el libro Hablemos de Ideas, prologado por Fernández.

Una de las autoras de ese libro fue Frederic, quien se incorporó desde el Frente Federal Ciencia y Universidad. La ministra dijo: "Hay que revalorizar a la política y eso exige disipar las visiones apocalípticas y negadoras". La ministra pidió "reevaluar la ley de estupefacientes" y manifestó: "No podemos entender a la política de seguridad solo como combate del delito. Está intimamente conectada con paliar la desigualdad social. Más policías no es más seguridad, no es por ahí, hay que mejorar la calidad".

Entre otros ministros y funcionarios disertaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidades).

LA CAÍDA DE PORT STANLEY

Juan Luis Gallardo

La Prensa, 06.08.2020

Empiezo por aclarar que yo llamaré Port Stanley a la capital de las Islas Malvinas hasta que seamos capaces de recuperarlas para llamarla Puerto Argentino. Aunque lo mejor sería devolverle su antiguo nombre de Puerto Soledad, denominación preciosa aplicada en homenaje a Nuestra Señora de la Soledad.

Y no llamo Falklands a las islas porque el nombre de Malvinas es anterior a su usurpación por los ingleses. Este nombre deriva de Malouines, como las llamó Luis Vernet en homenaje a la ciudad de Saint Maló, de donde provenía su familia. Antes eran conocidas como Islas Sansón.

Pues bien, todo esto viene a cuento a raíz de un amable intercambio de emails que he tenido con mi amigo Nicolás Kasanzew, derivado de un artículo publicado por él en La Prensa sobre el general Galtieri.

Y, si bien el artículo es una defensa del general, señalando que no era un general borracho como se ha dicho malévolamente, le formula algunos cargos. Entre ellos, que no debió mantener al frente de la defensa al general Menéndez, que no estaba dotado para realizarla eficazmente.

Yo también fui de esa opinión. Y la expresé en un extenso poema que hizo camino y titulé Celebración y Elogio para un Corte de Manga. Compuse el mismo para celebrar el gesto dedicado a las cámaras de la BBC por el entonces teniente primero Carlos Federico Domínguez Lacreu. En un pasaje del mismo dije:­

"El general Menéndez, la Historia ha de juzgarlo,/­

ya resignó su sable sin llegar a empuñarlo./'"­

Le reprochaba entonces a Mario Benjamín Menéndez no haberse atrincherado en Stanley, defendiendo hasta quemar el último cartucho la capital insular. De allí mi referencia a que no hubiese llegado a empuñar su sable.

Pero debo desagraviar al general. Porque, en efecto, poseo ahora un dato que entonces no tenía.­

Arturo Pérez-Reverte, el gran escritor español, fue corresponsal de guerra cuando la de Malvinas, cubriendo el conflicto desde Comodoro Rivadavia. Y envió un artículo a España donde explica, entre otras cosas, que ya en la parte final del conflicto, Menéndez no pudo librar lo que se conoce como combate de localidad, es decir casa por casa, pues la edificación de las que se alzan en Port Stanley impide hacerlo. Ya que, al igual que tantas viviendas patagónicas, están hechas de madera  y los tiros atraviesan fácilmente sus paredes.

Le agradezco el dato a Pérez-Reverte y pido disculpas al general Menéndez que, por haber fallecido, no estaba en condiciones de rebatir mi opinión.  ­

EL CASO URIBE

y la desproporcionalidad de la detención preventiva

El Ojo Digital, 05 de Agosto de 2020

 Juan David Escobar Cubides

En la República de Colombia, la figura legal de la detención preventiva se ha convertido en una pandemia que no tiene parangón. Dicha institución, regulada por la legislación penal colombiana, ha generado la necesidad inexorable de valorar con rigor, y, en estricto sentido, el funcionamiento de la misma -siempre en el concierto del proceso penal. En tal sentido, resulta vital delimitar qué o cuáles argumentos y fundamentos motiva o debe motivar el sujeto procesal, a efectos de imponerse dicha medida.

Por ello, será lícito subrayar que la privación de la libertad del imputado dentro del proceso penal solo puede tener lugar para lograr la consecución de tres fines: el primero, evitar la obstrucción de la justicia; el segundo, asegurar su comparecencia al proceso; y el tercero, evitar un peligro para la sociedad. Estos mismos presupuestos fueron confirmados en sentencia C-469 de 2016 de la Corte Constitucional, donde señaló que el Código de Procedimiento Penal habilita la imposición de la detención preventiva en todos aquellos supuestos en los que, además de una inferencia razonable respecto de la eventual responsabilidad del imputado, la medida de aseguramiento se mostrare necesaria para evitar que aquél obstruyera el debido ejercicio de la justicia, y, resultare probable que el mismo no compareciere al proceso o bien no cumpliere con la sentencia, o que el mismo constituyere un peligro para la seguridad de la sociedad.

Acto seguido, un año después en la sentencia C- 221 de 2017, la misma Corte resolvió que la detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal, con el propósito de garantizar otros fines constitucionales. Hasta este punto, las reglas son claras.

En consecuencia, lo que habrá de determinarse de cara al particular es la conveniencia de detener preventivamente a una persona que no ha sido lo suficientemente oída, ni mucho menos vencida en juicio, lo que, de sumo, puede constituir una flagrante violación a sus derechos constitucionales, fundamentalmente al ser la libertad la regla general y su privación, la excepción a la misma.

En rigor, ello atenta contra el principio de igualdad de armas, conforme jamás guardará la misma proporcionalidad el defenderse en libertad que el tener que hacerlo bajo la tensión de la prisión intramural o domiciliaria.  

El interrogante que la ciudadanía colombiana habrá de plantearse, finalmente, es el siguiente: ¿es tenido en consideración el respeto por los derechos humanos al momento de dictarse la detención preventiva? La respuesta en este caso no es afirmativa -como quiera que las reglas de la experiencia dan cuenta de las graves vulneraciones en perjuicio de los derechos fundamentales que padecen los imputados. Sobre todo, cuando se trata de líderes de magnitud en la sociedad.

Es en esta instancia donde es menester traer a colación la reciente medida de detención preventiva contra el Senador Alvaro Uribe, la cual resolvió la sala de instrucción de la Corte Suprema. Será difícil compartir esta decisión, al igual que tantas otras; contrario sensu, amerita el planteo de sendas apreciaciones.

En primer lugar, la medida no es necesaria, oportuna, proporcional, pertinente, ni mucho menos justificada, habida cuenta de que no existe inferencia razonable acerca de la posible responsabilidad del imputado -del Senador, en este caso. La Corte Suprema de Justicia no ha logrado demostrar fehacientemente la existencia de una inferencia que fuere razonable y que la llevara a hacer uso de la medida. Vaya sorpresa: desconociendo dicha realidad, decidió sancionarla, de todos modos.

En segundo  orden, Alvaro Uribe ha comparecido ante todos y cada uno de los llamados que le ha hecho la administración de justicia, incluso a sabiendas de las escasas garantías procesales con las que ha contado, en virtud de que la filtración de asuntos procesales a medios masivos de comunicación por parte de magistrados no es secreto para nadie.

Infortunadamente, la Corte Suprema se encuentra hoy integrada por magistrados que adolecen de un infortunado sesgo ideológico, el cual ha quebrantado la dignidad del aparato jurisdiccional. Verbigracia, aún se desconocen los motivos por los cuales el magistrado Barceló filtrara información relativa al Proceso Uribe, a medios de comunicación capitalinos. ¿Qué intención podría detectarse en ese proceder? ¿Por qué razón el magistrado no ha respondido sobre su conducta?

En tercer lugar, ¿qué obstrucción podría ocasionar Alvaro Uribe al referido proceso, toda vez que el mismo se encuentra en manos de su Juez Natural, es decir, la Corte Suprema? ¿Quién podría ser tan ingenuo para concluir que un Senador cuenta con potestades que le permitirían entorpecer un asunto bien conocido por el alto tribunal? ¿Qué clase de desmedido poder sería ese?

Una cuarta apreciación invitará a preguntarse por el efectivo peligro que un Senador podría constituír con perjuicio para la sociedad cuando, amén de oficiar como alto dignatario del Estado, es también fuertemente respaldado por una abrumadora mayoría de ciudadanos colombianos. Antes, bien; ¿no sería más exacto concluir que una corte suprema de justicia declarada y abiertamente politizada consignaría un riesgo muy superior para la democracia en la República de Colombia? 

En apariencia, los altos magistrados de la Corte desconocieren que la detención preventiva es la excepción -no la regla. A los efectos prácticos, se le ha dictado prisión preventiva a un ciudadano cuya inocencia no ha sido desmentida ni contrastada en proceso judicial alguno, quien tampoco se inclinará por fugarse, conforme sus antecedentes así lo certifican holgadamente; quien menos aún podría consignar un peligro para el elemento probatorio -ni mucho menos para la sociedad- pero que, adicionalmente, ha desplegado múltiples conductas emparentadas con la rendición de cuentas ante el sistema judicial. ¿Realmente existen motivos creíbles para determinar su captura?  

Suele reiterarse que 'Nadie está por encima de la ley', y esto es así. En tal virtud, la sociedad colombiana exhibe serias dificultades a la hora de comprender que elementos criminales pertenecientes al consorcio narcoguerrillero FARC continúen disfrutando de las mieles del poder con abyecta impunidad, mientras que aquellos que han trabajado con esmero para neutralizarlos sean hoy perseguidos y luego capturados -peor aún, y como ya se dijo, sin ser vencidos en juicio. A efectos de ilustrar este planteo, recuérdese que, en el pasado, el criminal Jacobo Arenas supo expresar que la verdadera lucha revolucionaria implicaba tomarse la rama judicial, con el objeto de aniquilar al adversario. Tras su muerte, ese vaticinio ha comenzado a cumplirse -diríase al pie de la letra.

Complementariamente, otro gravoso aspecto que hace a la medida de aseguramiento en perjuicio del Senador Alvaro Uribe poco tiene que ver con el hecho de que sea encerrado en su domicilio, ni con la eventualidad de que cese su función legislativa. En rigor, la gravedad de la cuestión se vincula con que su detención se convierte en un fallo condenatorio, sin importar que abunde material probatorio desde el cual argumentar en favor de su inocencia. A la postre, y conforme puede observarse, la Corte Suprema se ha esmerado en condenar a Uribe, a como diera lugar. Proscenio que, necesariamente, exigirá una pronta intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el epílogo, será preciso recordar que el alto tribunal que hoy persigue a Uribe es la misma Corte Suprema que en su oportunidad ayudó a liberar al genocida Santrich. Vienen a la mente las siempre vigentes palabras de Francisco de Quevedo: 'Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón'.

CORONAVIRUS

 Denegatoria de prisión domiciliaria en los juicios de lesa humanidad

por Silvia E. Marcotullio

Informador Público, 4-8-20

LOS HECHOS:

Según registra el diario La Nación del 24/7/2020, en esa fecha se constató en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo donde había setenta detenidos, 28 casos positivos de corona virus y un muerto por esa causa Juan Domingo Salerno, en tanto otro, Edelberto González de la Vega, días antes falleció por neumonía estando alojado en el mismo pabellón de los infectados. También en esa Unidad 34 se detectaron 11 casos entre el personal penitenciario. Sigue el informe consignando que todavía están detenidos en los servicios penitenciarios 225 ancianos, cuyo promedio de edad es de 75 años. 

La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad al comenzar la pandemia recibió 107 pedidos de prisión domiciliaria, de los cuáles el 73% fueron denegados. Prosigue la nota informando que los contagiados fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza donde, para alojarlos separadamente, desocuparon un pabellón también con ancianos imputados o condenados en esos juicios que debieron ser trasladados a pabellones de presos comunes carentes de elementales condiciones para el alojamiento de gerontes, tratándose algunos de personas que se encuentran en sillas de ruedas y en otras condiciones invalidantes.

Cabe consignar que es de público conocimiento (1) que dentro de los dos primeros meses de la cuarentena en todo el territorio nacional se liberaron más de 4.500 presos comunes , el Poder Judicial les concedió la prisión domiciliaria con motivo del coronavirus, a jóvenes, algunos muy peligrosos, sin estar comprendidos en los casos previstos por la ley 24.660 para ser acreedores a aquélla, ni tampoco pertenecientes a la franja etaria -más de 65 años- considerada de riesgo para protegerlos de la peste con ese beneficio.

2) LOS DERECHOS VIOLADOS:

Nuestra visión de este asunto está dada desde la perspectiva de un historial de desconocimiento sistemático del Derecho en la administración de justicia en los llamados juicios de lesa humanidad: ab initio con la promoción penal cuando estaba prescripta la acción, seguido de un arrasamiento de casi todas las garantías procesales, con prisiones preventivas escandalosamente excedidas en su tiempo y culminando con condenas sin pruebas. Para colmo de la sistemática conculcación del Derecho con este determinado sector de la sociedad, hoy estamos ante un capítulo más con los actos judiciales producidos en ocasión de la pandemia que nos acosa.

En nuestro concepto la cuestión tiene tres planos de análisis:1) Los derechos humanos avasallados. 2) La perspectiva desde el derecho penal del enemigo. Y 3) La prisión domiciliaria denegada ilegalmente.

Por último, nos aproximaremos a las posibles responsabilidades penales de los juzgadores y de los agentes del Ministerio Público intervinientes, dejando de lado el enfoque psicológico-moral de la conducta de los perpetradores que, a ojo de profano, se aproxima a la perversidad; lo que no será objeto de este comentario que se ceñirá a lo estrictamente jurídico.

2.1)  La violación de los derechos humanos:

La conducta delictiva por parte de miembros de los tres poderes del Estado en esta clase de juicios fue abordada en nuestra monografía editada en agosto de 2015, encuadrando aquélla como delitos de lesa humanidad, y extendiendo el tema en otro trabajo en abril de 20182 a los gobernantes de ese momento; brevitatis causa a ellos me remito. Al caso que nos ocupa ahora, las mayoritarias denegatorias de las prisiones domiciliarias en estas circunstancias de la salud pública, le es aplicable lo allá dicho, con solo dos precisiones particulares: (1) Se refiere exclusivamente a la conducta de los agentes judiciales y fiscales intervinientes y (2) que esta conducta de ellos encuadra también en violación de derechos humanos por ser delitos -homicidios, etc .- que reúnen las condiciones de: (a) el sujeto activo es

el Estado (en este caso) por medio de uno de sus tres poderes; (b) el sujeto pasivo es un sector perfectamente determinado de la sociedad, los presos procesados o condenados en los denominados juicios de lesa humanidad y (c) la causa es por motivos políticos… u otros actos inhumanos ( la enumeración del Estatuto de Roma art. 7 no es taxativa). De modo que, de resultar los hechos de los agentes judiciales y fiscales algunos de los delitos allí enumerados, por las circunstancias previstas en los puntos a), b) y c), son encuadrables en delitos de lesa humanidad y consecuentemente imprescriptibles.

1 La Nación 1/8/2020

2 SILVIA E. MARCOTULLIO: “Juicios de lesa humanidad. ¿Solo prevaricato de los jueces o delitos de lesa humanidad por los tres poderes?” (2015) y “Breves reflexiones sobre una inquietud. Continúa la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”. (2018). Ambos de libre circulación por las redes sociales.