las razones por las cuales los ex ministros Garré y Martínez no declararon ante
la Comisión Bicameral
Por Andrés
Klipphan
Infobae, 14 de
julio de 2019
Infobae tenía la
información desde el 27 de junio del año pasado. Pero decidió esperar hasta que
la Comisión Bicameral que debe investigar la tragedia y la búsqueda del ARA San
Juan por parte del Estado finalizara su tarea, para publicarlo. Comprobado lo
que cinco fuentes distintas habían revelado, ahora se puede asegurar que los ex
ministros de Defensa Nilda Garré -que cumplió funciones en las presidencias de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández- y Julio Martínez, quien fue nombrado en
el cargo por el presidente Mauricio Macri -y fue reemplazado por el actual jefe
de esa cartera, Oscar Aguad- realizaron un "pacto" junto a las
bancadas del oficialismo y el peronismo, que se selló a fuego. Ninguno de los
dos iba a ser llamados a declarar por la muerte de los 44 tripulantes del buque
de guerra.
El acuerdo se
cumplió a rajatabla. Pero no había manera de que Oscar Aguad no pasará por el
mal trago de enfrentar en el Senado a los dolientes familiares que presenciaron
su exposición.
De todas maneras
los diputados y senadores oficialistas lo cuidaron, y lo hacen al día de hoy ya
que el martes firmarán el informe final "en disidencia" ya que la
mayoría de los integrantes de la Bicameral le enrostrarán a él las
"responsabilidades políticas" del siniestro del único submarino de
guerra que estaba operativo.
Según pudo saber
Infobae de boca de los protagonistas, al menos cinco diputados y senadores
habían propuesto citar a Martínez ya que este dejó el cargo 120 días antes de
la tragedia.Es decir que si el buque de guerra no estaba en condiciones de
patrullar el mar argentino, él podría ser más responsable que el propio Aguad
que apenas había aterrizado en el Edificio Libertador.
Sin embargo cada
uno de esas solicitudes fue boicoteada. Y Garré fue una de las voces que
apoyaron la decisión de la no comparecencia del actual senador radical y
precandidato de Juntos por el Cambio a la gobernación de La Rioja.
La situación de
Garré es especialmente particular y cuestionable. Como actual diputada, y
presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, integró –y aún lo hace- la
Bicameral que abordaría –y así lo hizo- durante su investigación situaciones
que la involucraban de manera directa y ya se sabe, nadie se investiga a sí
mismo. Sino lo contrario.
La ex
funcionaria kirchnerista estuvo a cargo durante los primeros años de la
reparación de media vida que se le había realizado al ARA San Juan; en la que
no se cambiaron a nuevas las baterías que fallaron después del ingreso de agua
por el sistema Snorkel y derivó en incendio y posterior implosión.
El informe de la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuestionó a la gestión de Garré por
varias razones, entre ellas porque el proyecto original establecía que el
trabajo debía realizarse en dos años a un costo de $27.933.272; pero se
extendió por casi seis años y el costo final fue de $57.752.000 pesos.
Garré intentó en
todas sus intervenciones cuestionar y desacreditar cualquier testimonio que la
podía complicar, como fue el de Héctor Otero, el síndico de la SIGEN ante el
Ministerio de Defensa que declaró ante los parlamentarios el 16 de agosto de
2018.
Por esta
"incompatibilidad", los familiares de los malogrados tripulantes del
submarino solicitaron que Garré se aparte de la Bicameral.
Garré no solo no
renunció a la Bicameral, sino que fue respaldada por la mayoría de sus pares
oficialistas.
Como se ve, apenas
nacida la Comisión parlamentaria se puso límites a sí misma, aunque no todos
estaban de acuerdo, pero tampoco protestaron, al menos en voz alta.
Si se quería
conocer la verdad sin concesiones, ¿por qué razón no fueron citados como
testigos tanto Garré como Martínez?
Una respuesta
posible es que quedaría al desnudo la desidia que desde hace al menos dos
décadas persiste del poder político hacia las Fuerza Armadas que han visto
mermado su presupuesto que no les alcanza ni siquiera para realizar el mantenimiento
básico a aviones, barcos y tanques.
El senador
Martínez también debería aclarar qué ordenes impartió cuando llegó a sus manos,
en diciembre de 2016, la auditoría que demostraba que el ARA San Juan no estaba
en condiciones óptimas para realizar tareas de inteligencia sobre buques
extranjeros, ya sean pesqueros ilegales, o de guerra británicos, como consta en
la documentación de la causa.
Si hasta tenía
limitaciones para sumergirse a un tercio de su capacidad operativa por falta de
controles y mantenimiento.
El ex ministro
radical, además, tendría que haber explicado el recorrido que tuvo ese informe
desde que llegó a sus manos, y las instrucciones que le dio a la Armada. O si
dispuso de una partida presupuestaria especial para realizar los trabajos allí
recomendados. En total eran 15 observaciones que los técnicos habían realizado
sobre el funcionamiento del submarino.
Martínez también
podría haber aclarado si él en persona le informó a su sucesor sobre las tareas
pendientes que pesaban sobre el navío de guerra.
Cuando la
senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, interrogó a Aguad sobre este punto,
el día en que expuso por primera vez ante la Bicameral –el 16 de abril de 2018-
, el ministro dijo no haber estado enterado sobre la existencia de esa documentación.
Según la
trazabilidad de ese instrumento público, una vez firmado por los auditores y
peritos de la Marina pasó, a fines de 2016, a manos del auditor interno del
ministerio de Defensa, Pablo Lestingi.
Si se observa el
organigrama ministerial, queda claro que el auditor depende solo del ministro.
El 6 de
noviembre de 2018, el auditor declaró ante la Bicameral y con sus respuestas
salvó la ropa del antecesor de Aguad y del propio Aguad.
En la página 8
de la transcripción que se realizó sobre la ponencia el diputado del Frente
para la Victoria Guillermo Carmona le preguntó:
–¿Informó al
ministro de Defensa –en ese momento entiendo que el doctor Julio Martínez–
sobre los detalles (de la auditoría y las novedades halladas en el ARA San
Juan)?
–No, no, no; no
le informé; no, no le giré el informe, respondió Lestingi de manera textual.
Asombrado,
Carmona lo consultó si desde la auditoría, y ante la gravedad de los hallazgos
en el ARA San Juan, entre ellos la falta de ingreso "en dique seco para saber
el estado de las válvulas de comunicación externa-interna", si se
"tomaron medidas" y si se "realizó un seguimiento de los
hallazgos".
Lestingi sin
ponerse colorado respondió: "No, porque eso queda a cargo de la
Sindicatura General… Perdón, la supervisión, pero el seguimiento de los
hallazgos tiene que llevarlo adelante la Inspectoría General de la
Armada".
Inmediatamente
después el mismo diputado quiso saber si, una vez que Martínez fue reemplazado
por Aguad, "se informó al nuevo ministro sobre el estado del
submarino" a lo cual el auditor responsable dijo: "Estamos en la
misma situación", es decir que no se le advirtió tampoco a Aguad.
Como se ve, al
menos de estas declaraciones se desprende que desde las auditorías de control y
durante las últimas gestiones ministeriales nunca se encendieron las luces
rojas por las deficiencias con las que el submarino salía a patrullar.
Pero si los
ministros no habían leído las alertas sobre el estado de los materiales del
submarino, ¿sucedía lo mismo en la Armada?
Sobre este punto
Lestingi le dijo a los parlamentarios: "La auditoría con las observaciones
fueron enviadas a cada una de las áreas responsables de la Armada. Ellos fueron
notificados de esos desvíos o de esos incumplimientos. Cada área de la Armada
dijo que estaba de acuerdo con el hallazgo que se había realizado. La misma
Armada reconoce que está en vías de solucionarlo y de resolverlo. Si a esto le
sumamos que el jefe del Estado Mayor de la Armada (por Marcelo Srur) toma
conocimiento y aprueba este informe, podemos decir que el circuito está como
cerrado dentro del área de la Armada Argentina. Las encargadas de garantizar la
operatividad de sus… a efectos de guerra, de sus elementos de guerra. La
operatividad está a cargo de ellos, de la Armada".
Es decir que así
como el auditor "salvó" a los ministros de Cambiemos,
"enterró" a los mandos superiores de la Armada.
Entre las dos
personas que serán más cuestionadas dentro de la fuerza militar figuran la
plana mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), por entonces a cargo
del capitán de navío Claudio Villamide, o sea el jefe directo de Juan Pedro
Martín Fernández, el comandante del ARA San Juan; y el Comando de
Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), que estaba a cargo del
contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. El COAA era el encargado de
supervisar el mantenimiento y el buen funcionamiento del submarino y la
capacidad operativa de la tripulación.
De todos modos,
las consideraciones sobre López Mazzeo son menos contundentes que las que se
realizan sobre Villamide.
El dictamen de
la Bicameral que se firmaría el martes, además de cuestionar severamente a la
cúpula de la ARA, deja muy mal parado a Aguad y hasta ahora no menciona ni a
Garré ni a Martínez aunque hay quienes en disidencia podrían agregar esos
nombres.
Sobre Aguad se
afirma que de "forma burda" fue capaz de afirmar con todo
convencimiento "que se comenzó el operativo SAR –búsqueda y rescate del
submarino- antes del tiempo establecido en el protocolo pero no toma conciencia
que los inicios de dichas faces están supeditadas al vencimiento del intervalo
de las comunicaciones de seguridad (INTERCOM), que en este caso, luego de
tomado conocimiento del incendio eléctrico se le había impuesto al ARA San Juan
SUSJ por el Comando de la Fuerza de Submarinos en 36 horas lo cual es
claramente excesivo dada la situación gravísima por la que estaba atravesando
la nave y su tripulación, acaso el Ministro no se da cuenta que el sano
criterio indica que el intervalo tendría que haber sido reducido como máximo a
6 horas con lo cual consecuentemente se hubiera producido el adelantamiento de
los plazos y por lo tanto el operativo SAR debería haberse iniciado
antes".
Mayoritariamente
los parlamentarios también decidieron objetar a Aguad porque "en su
primera declaración ante la comisión reconoció que sabía que las fuerzas
armadas 'todos los días tienen que salir a ejercitar con elementos que son muy
antiguos y todos los días con el Jesús en la boca rogando que no pase
algo'", con lo cual, especulan en el informe, Aguad "estaba al tanto
del estado de la flota y de las maniobras que se hacían".
También se lo
descalifica porque "en lugar de instruir él la investigación de lo
sucedido le delegó esa función al jefe de la armada, el vicealmirante Marcelo
Srur, o sea que le confió tal responsabilidad a la persona a quien el mismo ya
observó que cometía muchos errores y que presumiblemente tendría algún grado de
responsabilidad".
Como ya informó
este medio de manera exclusiva, ni Aguad ni Srur estaban en el país el día 15
de noviembre de 2017, día en que se perdió contacto con el buque de guerra.
El ministro
estaba en Canadá y el jefe de la Armada en Uruguay. La trágica línea de tiempo
marca que cuando ambos se enteraron del incendio registrado en el submarino
este ya estaba a poco más de 900 metros de profundidad.
López Mazzeo, a
cargo del Comando de Alistamiento y Adiestramiento, estaba en el Chaco
supervisando una campaña de vacunación cuando la flota de mar se encontraba en
las etapas finales de uno de los mayores ejercicios de los últimos 30 años, que
además había viajado para el Chaco aún en conocimiento del incendio ocurrido en
el submarino y a sabiendas de la falta de comunicación con el ARA San Juan.
La semana pasada
el oficialismo intentó postergar la publicación del informe de la Bicameral
hasta después de las elecciones, esgrimiendo en vano un arsenal de maniobras
dilatorias las cuales no tuvieron eco en el resto de los integrantes de la
Comisión.
¿Lo volverán a
intentar el martes enarbolando un escrito a fin de incorporar al texto sus
disidencias en cuanto a las responsabilidades políticas asignadas al ministro
Aguad intentando licuar esa responsabilidad sumando a los últimos titulares de
la cartera de Defensa que hasta ahora quedaron al margen gracias al pacto de
palabra que firmaron apenas nacida la Comisión?
En pocas horas
se develará el misterio y los familiares de las 44 víctimas sabrán si los
diputados y senadores bregaron por conocer la verdad, o una vez más primó la
corporación política y los pactos que de éticos, tienen muy pocos.
