JORGE SÁNCHEZ CÓRDOVA

 

 el banquero señalado por los bolsos de López, contestó la acusación de Cristina Kirchner

 

Infobae, 26 de Agosto de 2022

 

El martes, a través de un descargo en vivo que fue difundido en redes sociales, la ex mandataria aseguró que la Justicia nunca se interesó en investigar de dónde provenían los dólares que tenía José López en los bolsos que intentó esconder en un convento de General Rodríguez. La vicepresidenta asoció los fajos termosellados encontrados a Sánchez Córdova, según CFK, un aliado de Mauricio Macri y Daniel Angelici en la Comisión Directiva del club Boca Juniors.

 

“Comodoro Pro no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obras Públicas eran de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

 

Ayer, jueves, la ex Presidenta dio más detalles de su sospecha. Publicó en Twitter una nota enviada por el FBI en abril de 2014 a los tribunales federales argentinos en donde se precisa que parte del botín que tenía José López había sido importado por el Banco Finansur en octubre de 2011, fecha durante la cual Sánchez Córdova tenía el control accionario y era presidente de la entidad financiera.

 

“¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelici”, analizó Cristina Kirchner.

 

Y completó: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 10/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue”.

 

Este viernes llegó la respuesta. El empresario dio su versión de los hechos en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre. Según reveló, efectivamente el banco Finansur importaba dólares para luego vendérselos a casas de cambio, corredores de bolsa y otras entidades que en aquel entonces estaban necesitadas de billetes porque se habían acelerado los retiros de depósitos por parte de los ahorristas con las primeras restricciones cambiarias impuestas en el inicio del segundo mandato de CFK.

 

“El juzgado encuentra USD 100 mil que dicen Reserva Federal, investiga y envía una nota donde informa que esos billetes habían sido recibidos por el Banco Finansur. A partir de eso, se creó la leyenda de que nosotros le habíamos dado USD 3.200.000 a López y eso no es cierto. El ministro tribunal determinó que sólo USD 100 mil de esa partida que había recibido el Finansur estaban en los bolsos de López, o sea, menos del 10% del monto total del dinero”, aseguró Sánchez Córdova.

 

El empresario informó además que fue técnicamente imposible determinar cuándo salió el dinero del banco: “El juzgado nos allanó, vio la documentación y determinó que era imposible seguir la trazabilidad del dinero”.

 

Sánchez Córdova recordó que en 2016 vendió la mayoría de su paquete accionario. Rechazó también la versión sobre su amistad con el ex presidente Macri, a quien efectivamente conoció como dirigente de Boca Juniors, pero con quien no tiene -según declaró- una relación estrecha. Para graficar el vínculo que los une, ironizó: “Miren cuán amigo de Macri soy que durante su gestión como Presidente el Finansur terminó quebrando por una decisión del Banco Central y yo terminé arruinado”.

 

“Yo no sé por qué Cristina Kirchner hace esto y me nombra con nombre y apellido. Pero yo quiero lo mismo que ella: pido que se investigue y que salga a la luz el origen de los 9 millones de dólares que tenía López para que quede en claro que sólo 100 mil pasaron por el Finansur. Hace tres días que estoy caminando por las paredes con este tema”, puntualizó .

DIEGO LUCIANI

le contestó a Alberto Fernández: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones”

 

Martín Angulo

 

Infobae, 25 de Agosto de 2022

 

El fiscal federal Diego Luciani le respondió hoy al presidente Alberto Fernández luego que el jefe de estado dijo ayer que espera que no se suicide como Alberto Nisman. “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación”, dio Luciani.

 

En diálogo con Infobae, el fiscal agregó que no tomó personal lo que dijo el jefe de Estado. “No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje”, sostuvo el fiscal.

 

“Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, dijo ayer a la noche Alberto Fernández en un reportaje con el canal de noticias TN. El fiscal no lo vio. En las últimas semanas decidió desconectarse de todas las repercusiones que tuvo su alegato por el juicio de la obra pública en el que pidió que Cristina Kirchner sea condena a 12 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita que defraudó al estado con las obras públicas que de manera irregular recibió el empresario Lázaro Báez. Tampoco vio la respuesta a su alegato que el martes hizo la vicepresidenta por sus redes sociales.

 

Pero las repercusiones le llegan. Ayer a la noche comenzó a recibir mensajes de lo que había dicho Alberto Fernández. Y Luciani entendió que se había pasado un límite, por lo que decidió salir del bajo perfil que tiene.

 

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”, dijo Luciani en diálogo con este medio.

 

“No lo tomo como personal. Tenemos que pensar en cuidar las instituciones. No se cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión”. agregó.

 

Consultado por las críticas que hizo Cristina Kichner, Luciani prefirió no responder: “Vamos a escuchar los alegatos de su defensa en el juicio”.

 

Alberto Fernández consideró que la acusación de los fiscales Luciani y Sergio Mola es débil. “En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, señaló y descartó que pueda indultar a la vicepresidenta si es condenada: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia”.

 

Tras los dichos del Presidente, ayer a la noche la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación salió a respaldar a Luciani.

 

La entidad que preside el fiscal federal Carlos Rívolo señaló a través de un comunicado que “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: ‘Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal’”.

 

La asociación recordó que el artículo 109 de la Constitución Nacional señala que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. “Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de criticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”, agregó la entidad.

 

Tras los alegatos de la Fiscalía, el juicio por la obra pública continuará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. La primera será la del ex funcionario de vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa que tienen los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.

FISCALES DE AMÉRICA LATINA

 cuestionaron a Alberto Fernández por su comunicado contra Luciani y Mola

 

Infobae, 24 de Agosto de 2022

 

La Federación Latinoamericana de Fiscales se sumó a los cuestionamientos por la decisión del presidente Alberto Fernández de apoyar, en su calidad de titular del Ejecutivo, a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el pedido de condena a 12 años de prisión, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”: la entidad afirmó que este tipo de declaraciones ponen en crisis la democracia y la separación de poderes y advirtió que la “independencia judicial” debe estar garantizada en una república.

 

“Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de la doctora Fernández de Kirchner. Pero esta clase de pronunciamientos que hizo el presidente tienen un fin político: lo hace porque es su compañera de fórmula. No saldría un comunicado así por un ciudadano común”, dijo a Infobae Ronald Segura, presidente de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. “Esta situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es totalmente inadecuado”.

 

Tras afirmar que “al emitir ese comunicado, el presidente está violentando la carta democrática americana y la división de poderes”, el titular de la agrupación latinoamericana afirmó que ahora se está hablando de movilizaciones y que les preocupa la seguridad personal de los fiscales. “Ya contamos cuatro fiscales asesinados en la región ( Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”.

 

El comunicado que lleva el titulo de “Caso de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de la República de Argentina” señala que se “viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.

 

Según se señaló, “consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.

 

Y se añadió que “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder. En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”.

 

“Hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público, después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que ‘El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad…', adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, dice el escrito

 

“Dichas expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”, sostuvo la agrupación.

 

“Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, se agregó.

 

El texto del comunicado afirmó que “este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.

DROGA

 http://www.mario-meneghini.blogspot.com/2022/08/difusion-del-cannabis.html

NO HAY ESTADO

 sin una adecuada Inteligencia estatal

 

Por Miguel Angel Toma

 

Foro Patriótico Manuel Belgrano, 21-8-22

 

El mal funcionamiento de las instituciones no se arregla  destruyéndolas. Cuando funcionan mal se las debe reconstruir.Esto tiene  particular significación cuando de inteligencia se trata.

 

Si no se  tiene claro qué hacer con ella, lo que no se debe es decir que hay que  deshacerla simplemente porque es políticamente correcto o porque queda  bien frente a un progresismo al que hay que seducir por conveniencia  electoral.

 

Plantear su disolución es, en el mejor de los casos,  irresponsable, propio de una visión comarcal que no entiende la  naturaleza y profundidad de las amenazas internas y externas que afectan  los intereses estratégicos de la Nación.

 

Veamos cómo fue la  conducta del kirchnerismo al respecto. Cuando la Secretaría de  Inteligencia no fue funcional a sus intereses como gobierno, la  desfinanció y gestó una estructura ilegal y paralela en cabeza militar,  como en los tiempos del terrorismo de Estado.

 

Esto ocurrió  mientras se negociaba el Memorándum de la Impunidad con Irán y dicha  Secretaría era una piedra en el zapato por apoyar al fiscal Alberto  Nisman en la investigación del atentado a la AMIA, que confirmaba  palmariamente la responsabilidad de ese país y de Hezbollah en la  voladura.

 

Y como en los años de plomo, el fiscal terminó asesinado  y la estructura de inteligencia legal que lo apoyaba, destruida por la  purga que barrió con sus mejores oficiales.

 

Periodistas,  empresarios, opositores, curas y todo otro que implicara una amenaza a  los fines de mantener en el poder a la nomenklatura gobernante, era  objeto de seguimientos o campañas de desprestigio producto de ese  espionaje interno, al que ya hemos definido como ilegal y paralelo.

 

Muchas  fueron las carpetas encontradas en la casa particular de la actual  Vicepresidente cuando el juez Bonadío allanó su domicilio en Calafate  con información o escuchas telefónicas ilegalmente obtenidas.

 

Al  desmantelar la Secretaría de Inteligencia se priorizó el interés  circunstancial de un gobierno por sobre los intereses permanentes de la  nación. Es que todas las autocracias confunden gobierno con Estado. Los  Luises decían “L’ etat c’est moi” . Max Weber las conceptualizó como la  visión patrimonialista del Estado.

 

Dicho de otra manera, si las  instituciones no sirven al interés faccioso y circunstancial del  gobernante autoritario, este las disuelve. Pero otros, no por  autócratas, sino por ignorantes, terminan diciendo lo mismo. Eso sí,  siempre argumentando algún fin moralmente elevado o políticamente  correcto.

 

Normalmente se recurre a la necesidad cierta de su  profesionalización. Esta propuesta es común a unos y a otros. Cuando en  realidad lo primero que hay que hacer es despartidizar, reestructurar y a  partir de ello recuperar los mejores cuadros desplazados o convocar a  provenientes de diversos ámbitos e instituciones y formar a las nuevas  generaciones. Y ni que hablar de la incorporación de nuevas tecnologías.

 

Las  instituciones de inteligencia no pueden ser la variable de  financiamiento de la militancia rentada ni sus fondos reservados  utilizados para pagar mano de obra externa para la persecución, el  control o la represión social.

 

Unos y otros también coinciden en  desmembrarla: la Inteligencia criminal sólo en las fuerzas de seguridad,  la inteligencia estratégica militar en manos de las Fuerzas Armadas y  la inteligencia exterior en la Cancillería.

 

Pero ¿quién sintetiza a  todas ellas? ¿Quién debe hacer la fusión en una visión integral que  permita también un combate integral contra esas amenazas?

 

Vayamos a  un ejemplo de lo que nos enfrentamos. Hoy en la Triple Frontera  conviven y se articulan el EPP (Ejército Popular Paraguayo), PCC (Primer  Comando Capital), CV (Comando Vermelho), Hamas, Hezbollah, opera la  inteligencia cubana e Iraní con apoyo de Venezuela, y la narcoguerrilla  remanente de las FARC y Sendero Luminoso.

 

Se sabe, por ejemplo,  que tienen vínculos con las CAM en Chile (ya a principios de los ‘90  Moshen Rabbani fundó una mezquita en Temuco). En nuestro país, las RAM  se vincularon con las FARC, concretamente con el prófugo Facundo Jones  Huala. Desde perfumes truchos hasta droga o un Kalashnikov se puede  comprar con delivery en Ciudad del Este.

 

Precisamente por esa  ciudad ingresó en 1994 a nuestro país Hussein Ibrahim Berro, el  militante de Hezbollah que se inmoló en la voladura de la AMIA. Y el  avión venezolano iraní tripulado por miembros de la fuerza AL Quds  estacionado en Ezeiza, casualmente hizo escala en esa ciudad.

 

Este  cocktail explosivo de grupos con objetivos distintos pero intereses  coyunturales convergentes se puso de acuerdo, cada uno puso su parte y  terminó asesinado en Colombia por sicarios el fiscal paraguayo Marcelo  Pecci, que los investigaba a todos ellos. Cualquier similitud con lo que  le pasó a Alberto Nisman no es pura casualidad.

 

El desafío de  eliminar estas amenazas que afectan la vida, los bienes y la libertad de  nuestro pueblo, la soberanía y la integridad territorial, como así  también agrede a nuestra instituciones por su enorme capacidad de  corromper ¿puede ser abordado por agencias separadas que no tengan un  punto de fusión que integre la información parcial, elabore inteligencia  estratégica y coordine las operaciones para neutralizarlas?

 

Bajo  ningún punto de vista, es la única respuesta posible. Queda claro,  finalmente, que sin un centro que integre, elabore y coordine lo que de  su ámbito específico obtienen las fuerzas de seguridad o las fuerzas  armadas, todo esfuerzo será parcial e inconducente. Y esa función es la  que define a una central de inteligencia, como sabiamente ha planteado  la ley 25.520.

 

(Publicado en Clarín) -

 

Miguel Angel Toma fue secretario de  Inteligencia y diputado nacional. Referente de la Fundación Encuentro  Federal del Peronismo Republicano.

5.231 MILLONES DE PESOS

de fraude al Estado

 

Infobae, 22 de Agosto de 2022

 

El fiscal federal Sergio Mola dijo hoy que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares. Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.

 

Mola terminó de analizar la parte económica de las irregularidades de las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y concluyó que el fraude al estado fue de 5.321.049.272,47 de pesos. Para eso se apoyó en una planilla donde describió cada una de las obras y el monto del perjuicio.

 

En esta última audiencia Cristina Kichner no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidente.

 

Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.

 

“A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, dijo Mola sobre quien era funcionario de Planificación.

 

Al final de la jornada está previsto que los fiscales hagan el pedido de pena para todos los acusados. El fiscal Luciani acusó el viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sostuvo Luciani. La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

 

La expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina Kirchner. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.

 

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani en su primera audiencia, el 1 de agosto.

 

Los acusados en el juicio son 12: Cristina Kirchner, Báez, De Vido, Fatala, López, Periotti, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.

 

Cuando finalicen los alegatos de la Fiscalía será el turno de las defensas. Cada una de las 13 tendrá tres audiencias para exponer su postura. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del Tribunal es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.

 

En la audiencia de hoy se sumó un anuncio sorpresivo de Cristina Kirchner. Por su cuenta de la red social Twitter anunció que quiere declarar mañana. “He instruído a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.

COMUNICADO

 

 DEL BLOQUE ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA

Responsables y víctimas propiciatorias

La justicia de Córdoba ha anunciado con grandes titulares que “ya se detuvo a quien sería responsable” de los atentados contra los bebés en el Neonatal, que causaron muertes y secuelas graves.

No solo lo anunció: la inmoló a través de todos los medios posibles como víctima propiciatoria para calmar la angustia y la bronca de la población. Cuando la furia de la sociedad amenaza con herir a los miembros de los grupos de poder, los que ese poder  pretende proteger a cualquier precio, necesita desviar hacia una víctima “sacrificable” esa amenaza.

Quienes tenemos años y memoria, recordamos los casos de Wali y  el del primer imputado en el caso Nora Dalmaso, entre otros. No tenemos ningún elemento de juicio para saber si Brenda Agüero es o no culpable. No afirmamos ni una cosa ni la otra, pero advertimos que ya hemos conocido como son los cuatro pasos para construir un culpable sin pruebas, y este Poder Político que tiene injerencias abusivas y horribles en el Poder Judicial es de poco fiar, por lo cual el Fiscal deberá estar bien dedicado y enfocado para que no le construyan un culpable, o si fuere responsable, que no se diluyan los caminos hacia los otros coautores o encubridores.

Pasos de  construcción de un culpable:

1.Se determina quién va a ser el culpable. Tiene que ser alguien indefenso.

2.Los punteros del gobierno que están en todos lados, declaran que puede ser ella.

3.Una pericia, para la cual se elige cuidadosamente el profesional, concluye que su personalidad es compatible con la realización de estas conductas.

4.La acusada se desmorona anímicamente…

Y vamos tirando hasta que lleguen las elecciones y después veremos si hay datos fidedignos para condenar o no. Pero se quiso calmar el dolor de los padres y la ira del público, arrojando nombre, fotos, dirección, detalles familiares. Que, aún si fuera culpable, se debieron preservar en la etapa de instrucción.

Y acá aparece otro dato sugestivo: se encarga al fiscal Garzón llevar adelante la compleja  investigación de estos casos a pesar de que no le corresponde a su distrito sino al IV, en donde, además, se radicaron las primeras denuncias; y a pesar de que está avocado al mega juicio que empieza el martes  en el que la provincia está demandada por millones de dólares.

Era el último Fiscal al cual se  podía designar aquí.

Entre tanto, como en todo proceso judicial donde todo es confuso y se amontonan declaraciones no oficiales (de ministros, ex ministros, legisladores oficialistas y, esta vez, hasta del mismo gobernador) se olvida que también están en la picota todos los profesionales de la salud que prestan servicio en el Hospital y que nada tienen que ver con el caso. Desde ver vacíos sus consultorios por el miedo a concurrir hasta recibir por las redes y a viva voz insultos e imprecaciones.

Y mientras tanto los que sí tienen responsabilidades institucionales ciertas y comprobables, miran para otro lado y son sustraídos de la atención pública, no vaya a ser que el pueblo de Córdoba vea las manchas de la sangre inocente en sus manos. Existen desde el 2008 protocolos y Comités de Vigilancia de Mortalidad Materna e Infantil y  Comités de Seguridad en los hospitales cordobeses. ¿No dieron la alerta? ¿Por qué? Y si la dieron ¿por qué no se actuó para proteger a los recién nacidos?

Como legisladores de esta provincia exigimos verdad y justicia. Nos comprometemos a seguir de cerca todo el proceso para que así sea.

 

Leg. María Rosa Marcone – Leg. Gerardo J. Grosso