¿CONSECUENCIA
O CAUSA DEL DÉFICIT FISCAL?
Por Héctor GIULIANO
(12.5.2017)
Muy pocos portavoces
del establishment reconocen el problema de la deuda pública argentina – y
ahora, dentro de la misma, el del fuerte crecimiento de la deuda externa oficial – pero quienes lo hacen
suelen plantear que la cuestión de la deuda es grave (en realidad, gravísima) mas
la atribuyen al elevado déficit fiscal producto, a su vez, del alto gasto
público.
Este planteo es
parcialmente falso y en gran medida engañoso porque soslaya que la Deuda -
presentada como una consecuencia o resultante del gasto público general - es precisamente
uno de los factores determinantes de ese gasto y de ese déficit estatal, porque
no sólo es un pasivo que se retro-alimenta sino que sigue creciendo sin
solución de continuidad y en condiciones cada vez más gravosas que pesan sobre
el cuadro financiero fiscal.
La falta de comprensión
de este problema empieza quizás con el hecho que el Presupuesto Nacional no
computa como Gasto Público la amortización de los vencimientos de capital de la
Deuda Pública.
Este año los
vencimientos totales por concepto de capital o principal de la deuda – tomando todas
sus diferentes formas o instrumentos – suman según el Presupuesto 2017 (Ley
27.341) 1.042.500 M$ (equivalentes a 58.200 MD).[1]
La totalidad de este
monto no se paga o cancela definitivamente sino que se refinancia íntegramente
a medida que van cayendo los vencimientos respectivos, esto es, que se paga
deuda con deuda vía novación total de las obligaciones - con el mismo acreedor
o con terceros – y además se toma más deuda nueva.
Así, durante el año
en curso están previstas operaciones de Endeudamiento Público por un total de 1.727.200
M$ (≡ a 96.400 MD), que se usarán para refinanciar totalmente los vencimientos
del ejercicio y agregar 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) por aumento de deuda.
Ello significa que el
gobierno argentino, frente a un quantum de deuda pública sin capacidad alguna
de repago, prevé la renovación total de los vencimientos de capital y la toma
de más deuda; y que ambas se llevan a cabo bajo la misma modalidad de deuda
impagable con refinanciación total.
Esto es importante
resaltarlo porque cuando en el Presupuesto se habla del gasto por Deuda Pública
no se incluye aquí esta masa de capital sino sólo el pago de los intereses de
la Deuda, que son gasto corriente del Estado y que este año suman unos 247.600
M$ (≡ 13.800 MD): un promedio de 680 M$ por día (≡ 38 MD).
De esta manera, el
problema financiero insoluble de mantenerse dentro de un esquema de deuda
impagable no sólo no se resuelve sino que se agrava sistemáticamente,
contribuye a aumentar el gasto público por intereses y, consecuentemente, a
incrementar el déficit fiscal.
La evolución rápida y
fuertemente creciente de estos intereses de la Deuda constituye uno de los
principales factores explicativos del empeoramiento de las cuentas fiscales de
la Argentina.
En el corriente año
el Presupuesto 2017 prevé el pago de intereses por los 247.600 M$ antes citados
mientras que el año pasado éstos habrían sido de 186.500 M$; es decir, que el
aumento del rubro de gastos por Intereses fue del 32.3 %, superior al aumento
promedio general del gasto publico del 2016, que fue del 22.1 %.
Peor aún, si se
tomaran las cifras originales del Presupuesto 2016 el aumento inter-anual
habría sido mucho mayor todavía - del 138 % - porque allí los intereses a pagar
estaban previstos en 104.100 M$ pero durante el ejercicio – primer año de la
gestión Macri – se agregaron unos 83.000 M$ más (en gran medida producto del
arreglo con los holdouts y la toma de nueva deuda a tasas más caras).[2]
EL ENMASCARAMIENTO DE
LA DEUDA.
Desde un punto de
vista técnico el inicio de este problema en cuanto a la presentación de los
datos financiero-fiscales parte de un planteo discutible.
La Argentina, desde
la década de 1980, sigue la Metodología fijada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) que instauró la denominada cuenta
Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), según la cual el Ejercicio
Presupuestario no considera como Gasto las Amortizaciones de Deuda del período
ni como Ingresos las fuentes provenientes del Endeudamiento Público, que se
consignan ambas por separado (“debajo de la línea” según la terminología
tradicional) para determinar el Resultado Financiero o resultado final real del
año.
Esta presentación es
conceptualmente confusa y prácticamente engañosa porque establece una separación de los movimientos financieros más
importantes del presupuesto anual dentro de los gastos y recursos generales del
ejercicio – gastos corrientes y de capital – y muestra aparte las
amortizaciones y financiaciones del período, derivando el tratamiento de la Deuda
del Estado a una proyección de cumplimiento incierto o conjetural, es decir, un
cuadro de obligaciones financieras sujeto a negociaciones que se delegan al
Poder Ejecutivo.
Otrora no era así: en
los viejos manuales de Finanzas Públicas los vencimientos de la Deuda Pública
se mostraban – como corresponde - como Gasto Público directo y concreto del
ejercicio; y de ello resultaba la necesidad lógica de tener que demostrar cómo
se preveía cubrirlos con Recursos del Ejercicio y en qué condiciones precisas.
Ahora, en cambio, se
asume que tales vencimientos de deuda no tendrán amortizaciones netas, con
extinción de las obligaciones de capital, sino que las mismas quedan sujetas a
refinanciación – en el caso argentino, por refinanciación total, hasta el
último centavo – dado que se sobrentiende que tales compromisos se cubrirán
pagando las deudas con nuevas deudas.
Y esto es así porque
se sigue una premisa ideológica o dogmática que sostiene que no hay problema en
tomar deuda sin capacidad de repago en forma indefinida – como la que toma la
Argentina – mientras haya fondos suficientes para poder vivir pagando los
intereses (que son Gasto Público Corriente) y refinanciar entonces
permanentemente el capital o principal; a la vez que tomando deuda adicional
con el mismo criterio.
Este principio,
lógica y financieramente irracional, es la clave del Sistema de Deuda Pública
Perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y que nos mantiene dentro
de un esquema inexorable de deuda impagable.
LA DEUDA COMO CAUSA.
Una de las claves del
funcionamiento impune de este mecanismo de re-endeudamiento permanente es la
complicidad de los gobiernos de turno, de la oposición política y de los
portavoces del establishment financiero en el ocultamiento a la opinión pública
de la deuda como principal factor causal del déficit fiscal.
El Sistema de la
Deuda introduce y sostiene una distorsión en la estructura de gastos y de financiamiento
del Estado:
a) En
primer lugar, se soslaya la gravedad del peso del monto de la Deuda Pública y el
altísimo costo de los Intereses a Pagar por la misma. Este año, los intereses
son el 10.4 % del Gasto Total pero constituyen el 20.5 % del Gasto de la
Administración Central (247.300 M$ / 1.205.000 M$), ya que los otros dos
grandes sectores de la Administración Nacional – Organismos Nacionales e
Instituciones de la Seguridad Social – no tienen deuda o bien sus montos son
irrelevantes. Esto significa que 1 de cada 5 $ del Gasto Público de la
Administración Central se destina a pagar servicios por intereses.
b) Igualmente
se omite comparar el peso relativo por superioridad del gasto público por
Intereses de la Deuda con respecto al de los otros rubros más importantes del
Gasto Total: 97.500 M$ de Seguridad,
94.000 M$ de Defensa, 131.000 M$ de Educación, 14.000 M$ de Ciencia/Tecnología,
46.300 M$ de Salud y 153.600 M$ de Energía/Minería, entre otros.
c) La
Ley de Presupuesto - que emite el Congreso - hace una delegación
cuasi-irrestricta de las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo que le permite
cualquier cosa en materia de aceptación de costos, honorarios y gastos en la
ejecución de la política de endeudamiento del Estado; y de cuyos montos nadie
sabe o pide informaciones ni mucho menos explicaciones.
d) El
gasto por la Deuda Pública y el costo de sus Intereses también aumenta el
déficit fiscal por la aceptación de condiciones gravosas de endeudamiento y,
sobre todo, por la política actual de conversión de Deuda intra-Estado en nueva
Deuda Externa oficial, que conlleva la aceptación de altísimas tasas en moneda
extranjera y la vulnerabilidad por riesgo cambiario de las nuevas obligaciones.
e) Para
poder garantizar el pago de los nuevos y crecientes servicios de intereses en
moneda extranjera – los correspondientes a la deuda actual y los que se prevé
requerir como deuda futura - el gobierno Macri, a través del Banco Central
(BCRA) mantiene una política de retraso cambiario, porque el Estado recauda en
pesos pero los intereses se pagan mayoritariamente en dólares.
f) Tal
atraso cambiario – combinado con las altas tasas de interés que promueve el
BCRA – genera recesión económica, con sus secuelas directas de menor actividad
y empleo; y con ello se afecta la Recaudación Impositiva y Previsional, que
contribuyen también al Déficit Fiscal en forma complementaria al mayor aumento
del gasto por intereses y gastos conexos del servicio de la Deuda.
g) Más
aún, el aumento de las tasas de interés que pagan el Tesoro y el BCRA fijan un
piso cada vez mayor no sólo al gasto público
por este concepto (fiscal y cuasi-fiscal) sino que además su efecto se
transmite a toda la Economía en su conjunto, porque la Tasa de Interés también
es un factor de Inflación y, como tal, erosiona los recursos del Estado y eleva
el Gasto Público.
h) La
combinación oficial deliberada de retraso cambiario y altas tasas de interés
locales induce hoy – a niveles históricos récord – el negocio
financiero-especulativo que no sólo des-estimula las inversiones directas sino
que contribuye a desviar el crédito con destino productivo porque es el
gobierno el que absorbe la mayor cantidad de recursos para sostener así el
costo del endeudamiento público.
Sintetizando lo dicho
hasta aquí (porque la lista de causas y efectos podría seguir): que quienes se
rasgan las vestiduras lamentándose de los altos costos reales de las remuneraciones
del sector público, de la presión tributaria o de los costos logísticos y
laborales existentes en la Argentina, notablemente soslayan incluir este
macro-problema o problema fundamental en las finanzas públicas y en la economía
nacional que es el de la deuda impagable del Estado y sus consecuencias.
Paradójica, o
sintomáticamente, las autoridades gubernamentales y los portavoces del
establishment se lamentan así de los costos distorsivos que pesan tanto en la
Economía como en las Finanzas Públicas y Privadas pero omiten ostensiblemente
mencionar el costo del Sistema de la Deuda Impagable como factor causal y no
solamente como consecuencia retro-alimentaria del déficit del Estado.
[1] Las abreviaturas M$/MD
significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con
redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria
de términos.
Las
conversiones están hechas todas al tipo de cambio de 17.92 $/US$ previsto en la
Ley 27.341 de Presupuesto 2017.
[2] Todos estos datos están
tomados de los presupuestos nacionales respectivos y/o según los mensajes
correspondientes a los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo al Congreso.
