se cumplió la ley en Argentina
Por Pablo Esteban
Dávila
Alfil, 30 octubre,
2020
La abrumadora
mayoría del país suspiró ayer aliviada: las resonantes tomas de tierra de
Guernica, en el conurbano bonaerense, y del campo de la familia Etchevere, en
Entre Ríos, fueron desalojadas por las fuerzas del orden, cumpliendo sendas
resoluciones de la justicia. Previamente había sucedido otro tanto con la
Estancia El Foyel y con el predio destinado a la construcción de una terminal
de ómnibus de Bariloche, ambos episodios en la provincia de Río Negro. Es
increíble: por primera vez en muchos meses, la legalidad pareció recuperar algo
del terreno que había perdido a manos de los usurpadores.
El hecho de que se
celebre que se haya puesto fin a estas anomalías denuda hasta qué punto lo
inaudito se ha apoderado del pensamiento social del país. Una toma de tierras,
públicas o privadas, no deja de ser un delito penado por la ley. Ante un evento
de esta naturaleza, lo lógico es suponer que los poderes públicos, esto es, la
justicia con el concurso del Poder Ejecutivo, pondrán las cosas en su lugar sin
demasiados miramientos. Pero esto no funciona así en la Argentina, al menos
desde diciembre del año pasado.
El gobierno
nacional y su extensión bonaerense están desgarrados por tensiones ideológicas
difíciles de clasificar. Una parte no menor de sus integrantes desprecia al
orden constitucional por considerarlo burgués y conservador, una rémora de la
democracia capitalista y, por lo tanto, ajeno a los intereses populares. Esta
es una categoría que, huelga decirlo, solo ellos conocen y que forma parte de
la intelectualidad de los centros de estudiantes. Esto determina que la mirada
de aquellos sobre la realidad social sea algo difícil de comprender por quienes
consideran que la ley está hecha para ser cumplida.
La toma de tierras
opera como un disparador de estas concepciones supra institucionales que
contaminan el funcionariado. Para importantes sectores del Frente de Todos son
expresiones legítimas de problemas habitacionales generados por un orden social
y económico injusto que ellos están decididos a reemplazar por otro tras sus
escritorios. Los usurpadores, desde esta particular perspectiva, son foquistas
revolucionarios y deben ser tratados como emergentes de las luchas populares.
Obviamente que
este no es un pensamiento que puede homologarse a la totalidad del oficialismo
nacional y bonaerense, pero ejerce una influencia determinante que paraliza la
acción en el preciso momento que sería recomendable tomar medidas enérgicas.
Tómese en consideración que, en la toma de Guernica, transcurrieron 100 días
hasta que se decidió recuperar el predio y devolvérselo a sus propietarios, una
demora que permitió que, en el momento de la irrupción de la policía
bonaerense, hasta 2000 personas estuvieran ocupándolo. El ministro Sergio Berni
necesitó urdir un engaño masivo (dijo públicamente que debía aplazar el
operativo por “razones climáticas” cuando esto no era cierto) y reunir a más de
4.000 efectivos para llevar a cabo el procedimiento sin mayores consecuencias.
Si la decisión se
hubiera tomado en el momento de la usurpación, las autoridades habrían podido
llevar a cabo el desalojo con mucho menos recursos y menor desgaste. Sin
embargo, demoraron lo indecible para hacer algo que, en definitiva, estaban
obligadas a hacer, les gustase mucho o poco la tarea a ejecutarse. La Cámpora
puede que sea una agrupación militante y declaradamente revolucionaria pero,
cuando a sus integrantes les toca gobernar (como lo es el caso de la provincia
de Buenos Aires) deben ceñirse a la ley. Las dudas filosóficas que los asaltan
es una manifestación concreta de la ambigüedad que los mortifica y los induce a
un coma ideológico.
Respecto de lo
sucedido en campo de los Etchevehere es poco lo que se puede decir, excepto que
Juan Grabois y Dolores Etchevehere jugaron a ser revolucionarios de la
vanguardia en un establecimiento ajeno con el propósito -tan banal como
antieconómico- de sembrar rabanitos y cebollas. Porque, más allá del apellido,
el campo que usurparon pertenece a una Sociedad Anónima de la cual Dolores ni
siquiera es accionista. Las semanas que transcurrieron sin que le fuera
restituido a sus dueños es una muestra más de la inoperancia de quienes deben
tomar decisiones, un mal que aqueja no solamente a los políticos sino también a
jueces y fiscales de todas las jurisdicciones.
Resta, por
supuesto, terminar con las usurpaciones en la Patagonia a manos de supuestos
mapuches que dicen, abiertamente, desconocer la Constitución y no ser parte de
la Argentina. En Bariloche y en Villa Mascardi existe un hartazgo social
indisimulable por la situación y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras,
le ha dicho al presidente que debe tomar cartas en el asunto antes de que todo
se desmadre. No obstante, hay funcionarios nacionales que parecen estar de lado
de los okupas y no del Código Civil. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
es una especie de santuario para quienes protagonizan aquellas tomas y un
defensor silente de tal metodología. La ministra de seguridad Sabrina Frederic
se debate entre el comando de las fuerzas nacionales y la biblioteca del
garantismo jurídico, una situación de tensión que la convierte en una especie
de Tupac Amaru entre sus convicciones y los deberes a su cargo.
En este sentido,
el presidente Fernández debería ponderar lo que determinó a Kicillof y a Berni
a proceder de la forma en que lo hicieron y extraer conclusiones válidas para
lo que debe hacerse en los territorios nacionales en Rio Negro. Es evidente que
no tomar decisión alguna frente a las tomas tiene un costo importante. Los
sectores opositores al oficialismo se han hecho fuertes en consignas con las
que muy pocos no podrían estar de acuerdo. Defensa de la Constitución, de la
ley, de la libertad y de la propiedad privada son motores simbólicos poderosos
y que sintetizan diferentes programas de acción en contra de la Casa Rosada. Si
la oposición política logra consolidar la versión de que el Frente de Todos es
contrario a aquellos principios, la cuesta para Fernández se le volverá cada
vez más empinada, independientemente de la crisis económica que lo atenaza.
Kicillof, quizá el
más renuente a ejecutar lo que su ministro terminó haciendo, ha tomado nota de
que sus dudas y coartadas no han hecho otra cosa que minar su credibilidad,
cediendo a las demandas de poner algo de orden en medio del desquicio de
Guernica. Es un ejercicio de realismo político aunque, tal vez para dejar a
salvo sus convicciones progresistas, también se haya dado el permiso de
sostener que los barrios cerrados y los countries son, asimismo, tierras que
han sido tomadas y que no pagan impuestos. La burrada, no obstante que mayúscula
(usualmente es el propio Estado el que demora hasta el paroxismo las
habilitaciones), es un recordatorio de la estirpe ideológica que campea en
quienes gobiernan la mayor provincia argentina.
Como fuere, ayer
se alinearon los astros, por primera vez en mucho tiempo, del respeto a la ley.
Fue su día de gloria. También parecieron inflar el pecho los sectores más
moderados del oficialismo, quienes susurran a los oídos presidenciales que el
horno no está para bollos y que es mejor dar señales de que el país no se
encuentra en manos de irresponsables y delirantes izquierdistas. Las
expresiones de Cecilia Todesca, a la sazón segunda de Santiago Cafiero en la
jefatura de gabinete, avanzan en este sentido. “Por supuesto que hay que
respetar la propiedad privada”, señaló públicamente antes de conocer lo que
sucedería en el conurbano y en Entre Ríos pocas horas después. Más allá de que
parece algo obvio, especialmente en boca de un funcionario, nadie da por
sentado que este sea el pensamiento oficial. Fernández deberá trabajar duro
para demostrar lo contrario.
