Alieto Aldo Guadagni
La idea de justicia social responde a la vocación de construir una sociedad razonablemente igualitaria en términos económicos, sociales y políticos, y de contribuir a un mundo de paz, ya que como sostiene la carta constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo (1919): “La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.
El principio básico de la justicia social es la igualdad de oportunidades, más allá de las circunstancias de origen económico, étnico, social o de género.
Es cierto que la mayor parte de las desigualdades son sociales y, por lo tanto, eliminables, pero lograr este objetivo exige un formidable esfuerzo político, ya que muchas desigualdades están amparadas por consolidadas estructuras de poder. El mundo globalizado vive un cambio acelerado, basado en tecnologías que están levantando nuevas barreras de clase entre incluidos y excluidos en esta revolución tecnológica. Estamos inmersos en un período de transición histórica. Estos nuevos conocimientos se convierten en los pilares de la acumulación de capital, el crecimiento de la productividad y el fortalecimiento de núcleos de poder económico concentrado.
América latina no es tan pobre en términos productivos como para tener más de 200 millones de pobres con una población de 530 millones y que 80 de ellos no tengan acceso a una adecuada alimentación. Con menos desigualdad habría menos pobres. El grado de desarrollo de cada país es crucial para definir la importancia de las políticas distributivas y del propio crecimiento en el abatimiento de la pobreza. En los países más pobres de América latina, el grueso del esfuerzo para reducir la pobreza depende del ritmo de acumulación de capital. Cuando hay poco para repartir, el crecimiento es la clave para abatir la pobreza. Pero el cuadro es diferente en los países con mayores niveles de ingreso que, sin embargo, exhiben altos índices de pobreza. En estos países de mayores ingresos con gran desigualdad, las políticas distributivas son centrales para abatir la pobreza. Estas naciones necesitan seguir creciendo, pero no de cualquier manera, ya que la justicia social reclama crecimiento con equidad.
La igualdad de oportunidades es meramente declaratoria si no se basa en la asignación de recursos fiscales, que deben ser orientados con criterios distributivos a favor de los núcleos con menores ingresos. La reforma tributaria es central en este esquema fiscal: el gasto fiscal progresivo debe ser financiado por impuestos a la renta y a la propiedad rural o urbana, que son más progresivos que los impuestos indirectos al consumo o a las transacciones.
(Extractado de: La Nación, 20-3-08)
La idea de justicia social responde a la vocación de construir una sociedad razonablemente igualitaria en términos económicos, sociales y políticos, y de contribuir a un mundo de paz, ya que como sostiene la carta constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo (1919): “La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.
El principio básico de la justicia social es la igualdad de oportunidades, más allá de las circunstancias de origen económico, étnico, social o de género.
Es cierto que la mayor parte de las desigualdades son sociales y, por lo tanto, eliminables, pero lograr este objetivo exige un formidable esfuerzo político, ya que muchas desigualdades están amparadas por consolidadas estructuras de poder. El mundo globalizado vive un cambio acelerado, basado en tecnologías que están levantando nuevas barreras de clase entre incluidos y excluidos en esta revolución tecnológica. Estamos inmersos en un período de transición histórica. Estos nuevos conocimientos se convierten en los pilares de la acumulación de capital, el crecimiento de la productividad y el fortalecimiento de núcleos de poder económico concentrado.
América latina no es tan pobre en términos productivos como para tener más de 200 millones de pobres con una población de 530 millones y que 80 de ellos no tengan acceso a una adecuada alimentación. Con menos desigualdad habría menos pobres. El grado de desarrollo de cada país es crucial para definir la importancia de las políticas distributivas y del propio crecimiento en el abatimiento de la pobreza. En los países más pobres de América latina, el grueso del esfuerzo para reducir la pobreza depende del ritmo de acumulación de capital. Cuando hay poco para repartir, el crecimiento es la clave para abatir la pobreza. Pero el cuadro es diferente en los países con mayores niveles de ingreso que, sin embargo, exhiben altos índices de pobreza. En estos países de mayores ingresos con gran desigualdad, las políticas distributivas son centrales para abatir la pobreza. Estas naciones necesitan seguir creciendo, pero no de cualquier manera, ya que la justicia social reclama crecimiento con equidad.
La igualdad de oportunidades es meramente declaratoria si no se basa en la asignación de recursos fiscales, que deben ser orientados con criterios distributivos a favor de los núcleos con menores ingresos. La reforma tributaria es central en este esquema fiscal: el gasto fiscal progresivo debe ser financiado por impuestos a la renta y a la propiedad rural o urbana, que son más progresivos que los impuestos indirectos al consumo o a las transacciones.
(Extractado de: La Nación, 20-3-08)
